Petroleras en Mar del Plata: ¿Por qué
se mantiene la medida judicial que
frena la exploración?
Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.
El Juzgado Federal 2 aplicó el “principio precautorio” y rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de la empresa noruega Equinor para explorar el Mar Argentino. Aunque había sido aprobada por el Ministerio de Ambiente, encabezado por Juan Cabandié, el Juez determinó que no existe “un análisis científico riguroso” sobre los impactos acumulativos.
“La Justicia escuchó a la ciudadanía», «la lucha de las comunidades costeras define», fueron los mensajes de satisfacción que atravesó a integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y otras organizaciones socioambientales como Greenpeace tras la decisión del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, de mantener la cautelar que impide las actividades de exploración petrolera de la empresa Noruega Equinor a solo 300 kilómetros de Mar del Plata. “El fallo hace cumplir las garantías ambientales que forman parte de nuestra Constitución, la Ley General de Ambiente y el ‘principio precautorio’. Hay argumentos sólidos para la resolución que tomó el juez, quien se pudo mantener al margen del poder empresarial y político”, destacó el asambleísta y demandante en la causa Kanki Alonso.
El Gobierno, la empresa noruega y el Municipio de General Pueyrredón – a cargo del intendente Guillermo Montenegro, que meses atrás presentó una cautelar para suspender la actividad– habían solicitado que se habilite la exploración. “Ésto demuestra que los argumentos que veníamos sosteniendo desde las comunidades costeras, así cómo de distintos organismos científicos y organizaciones socioambientales son más que contundentes”, celebraron desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que mantuvo varios días de acampe frente al Juzgado Federal N°2 a la espera de la resolución.
En el fallo publicado ayer, el juez Martín consideró que el Ministerio de Ambiente de Nación incumplió con dos puntos ordenados por la Cámara Federal de Apelaciones para levantar la medida cautelar que impide el avance de Equinor sobre el Mar Argentino. La resolución señala que se “han ignorado” las advertencias de déficits de información y certeza presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales para llevar adelante el Plan de Gestión Ambiental y que no existe “un análisis científico riguroso” sobre la evaluación de impactos acumulativos de las tareas de exploración y explotación que el Gobierno busca desarrollar en la denominada Cuenca Argentina Norte (CAN).
En ese sentido, la resolución del juez federal pone de relieve que la exploración que pretende habilitar el Ministerio de Ambiente para la “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina, CAN 100, 108, 114”, a Equinor no puede desconocer los impactos acumulativos de las otras áreas ya licitadas –en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri– a Shell Argentina (“Argentina Sísmica 3D CAN 107 y CAN 109”), a YPF (“Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 Argentina”) y Total Austral (“Adquisición sísmica 3D off-shore en CAN 111 y CAN 113”). Según las presentaciones hechas por Equinor en la causa, el resto de las petroleras proyecta iniciar sus actividades durante 2023.
“Aun concediendo (pese a las falencias indicadas) que no haya superposición temporal y/o espacial entre las actividades propias de cada proyecto individualmente considerado, no se explica de qué modo ello podrá evitar la generación de posibles impactos acumulativos o sinérgicos”, advierte Martín en su resolución.
En cuanto al punto incumplido por el Ministerio de Ambiente respecto de darle valoración y participación a la Administración de Parques Nacionales (APN) para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental, el juez apunta: “No se encuentra en el Plan de Gestión Ambiental ninguna alusión a los déficits de información que refiere la APN, ni se hace una valoración de los mismos, indicándose si son correctos o errados, y las razones de ello”. En ese sentido, sostiene que Equinor “no incorporó referencia alguna respecto de la gran mayoría de las observaciones indicadas, que éstas se han ignorado, o incorporado con un grado de generalidad y escaso rigor científico que resulta evidente hasta para un observador lego en la materia”.
¿A qué referencias se refiere Martín? En los informes de la APN, según señala el fallo, se reconoce que “existe superposición de la actividad exploratoria con áreas de alimentación y migración” para la ballena franca austral, destacando que “el bloque CAN 114 se encuentra en su punto más cercano a una distancia aproximada de 25 km de la propuesta de AMP bentónica Agujero Azul”.
Además, el informe de la APN reitera que existe “escasez de información” en muchas áreas respecto de la biodiversidad marina en el área a explotar, por lo que considera necesario tareas en articulación y coordinación con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina y financiar relevamientos costeros mientras ocurran las exploraciones.
Los señalamientos del juez no se quedan solo en el rol de la empresa sino también apuntan contra la dirección de Parques Nacionales. “El director de la APN omite abiertamente gran parte del informe de su propio organismo, sin explicación alguna”, sentencia.
“La Administración de Parques Nacionales reconoce que no tenían información, que no hay inversión en ciencia para la protección de la biodiversidad. Esto evidencia que las transferencias del Estado para la Ciencia son a los sectores privados para el extractivismo y no para el conocimiento y la preservación del patrimonio natural. Esa información no es algo que se pueda generar de un día para el otro y el plan estratégico de explotación de hidrocarburos del Gobierno generará efectos de sinergía, de acumulación de los impactos antrópicos”, analizó Alonso, demandante e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en diálogo con Tierra Viva.
Y destacó el principio esbozado por el juez Martín para sostener la cautelar que frena la exploración sísmica: “La Ley General de Ambiente plantea que ante incertidumbre o falta de conocimiento hay que regirse por el principio precautorio”. A pesar del fallo, el Ministerio de Ambiente realizó este miércoles una audiencia pública por el proyecto de perforación exploratoria en el “Pozo Argerich”, que está en el CAN 100 a cargo de Equinor, o sea, en el proyecto cuestionado por el fallo judicial de ayer.
El camino judicial que mantiene el freno a las petroleras en Mar del Plata
La decisión judicial que bloqueó el permiso del Ministerio de Ambiente para avanzar con la exploración offshore en Mar del Plata fue dictada por Martín en marzo pasado, tras la presentación de la cautelar por parte de varios ciudadanos e integrantes de la asamblea, bajo el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro, y de un grupo de organizaciones ambientalistas locales junto a Greenpeace, con el patrocinio de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas.
En ese momento, el intendente municipal, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), también realizó una presentación cautelar para revisar el permiso para Equinor, posición que modificó en su última presentación ante la Cámara de Apelaciones, avalando el inicio de las actividades.
La presentación había sido respuesta ante el desconocimiento del Ministerio de Ambiente de las exposiciones realizadas en audiencia pública en julio de 2021 y el dictado de la resolución 436/2021, el último día hábil del año, para dar luz verde a Equinor. El Gobierno junto a la empresa Equinor apelaron la decisión de Martín –incluso lograron apartarlo de la causa por un lapso de tiempo– y el 3 de junio pasado (cuando el Poder Ejecutivo celebraba los 100 años de YPF en Tecnópolis), la Cámara Federal de Apelaciones suspendió la cautelar, pero ordenó una nueva Declaración de Impacto Ambiental y puso las cinco condiciones a cumplir que Martín evaluó en la sentencia de ayer:
- Dar participación y valorar la opinión de la Administración de Parques Nacionales, ya que la zona de exploración contempla una zona de migración y reproducción de la Ballena Franca Austral, considerada Monumento Nacional.
- Valorar las intervenciones participativas (audiencias públicas) organizadas a nivel nacional y municipal
- Incluir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización de la actividad
- Contemplar los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos de la actividad extractiva
- Que las indicaciones de Declaración de Impacto Ambiental sean dictadas de forma asertiva y no potencial o condicional.
Esa fallo había sido celebrado por el Gobierno como luz verde para avanzar con la exploración de Equinor y de esa manera actuó el ministro de Ambiente Juan Cabandié, quien aprobó una nueva Declaración de Impacto Ambiental el 8 de agosto a través de la Resolución 07/2022 y se presentó en la causa para documentar el cumplimiento de los 5 puntos que debían solventar la flamante resolución con el objetivo de dar inicio a los planes de explotación offshore frente a las costas marplatenses. Algo que el fallo de Martín dejó trunco.
“Sin dudas, esto es un resultado que refleja el trabajo activo de la ciudadanía comprometida, la comunidad científica y las organizaciones civiles”, destacó Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace y aseguró que “junto a las organizaciones con las que presentamos la demanda en enero, entregamos extensos argumentos jurídicos y científicos a la justicia, que hoy se ven reflejados en esta resolución”. “Seguiremos trabajando para frenar definitivamente el avance de estos proyectos offshore, por el Mar Argentino, las personas, y las generaciones futuras”, adelantó.
Una política de explotación offshore que avanza a pesar del Poder Judicial
A pesar de que los dos puntos incumplidos por el Ministerio de Ambiente, según el juez Martín, son centrales respecto de la preservación de la biodiversidad marítima y los impactos que la exploración y explotación tendrá en las costas bonaerenses; el magistrado descartó el pedido de las organizaciones socioambientales para que de declare la nulidad de la resolución 07/2022 y dio por cumplidos tres puntos.
Los puntos cumplimentados según la resolución son los referidos a la cuestión semántica de la redacción de la nueva Declaración de Impacto Ambiental de forma “asertiva” –a pesar de las inconsistencias argumentativas descriptivas en el fallo– y otro por la incorporación de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente como organismo de control.
El punto más sensible que dio por cumplido el juez Martín fue el de la “valoración” de las audiencias públicas realizada por el Municipio de General Pueyrredón y a la consulta nacional desarrollada por el Gobierno a través de la plataforma virtual Consulta Pública. Ambas en mayo pasado. Estas consultas fueron duramente criticadas en la causa y públicamente por las organizaciones socioambientales, por no cumplir con todos los criterios establecidos en el Acuerdo de Escazú.
“Para que sea una instancia de participación temprana se debió realizar la consulta antes de otorgar derechos a las empresas, y el diálogo tiene que ser abierto. Cuando no existe la posibilidad de opinar libremente y no se contempla la posibilidad de rechazar el proyecto estamos ante una mímica de participación”, había señalado en mayo pasado el coordinador del área de legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Santiago Cané, a Tierra Viva.
En el caso de la consulta nacional, la Cámara de Apelaciones no valoró el rechazo que generó el proyecto en cuestión durante la audiencia de julio de 2021 sino que amplió la mirada sobre el resto de las actividades de exploración y explotación proyectadas: por lo que la consulta que presentó como argumento el Ministerio de Ambiente fue sobre otros dos proyectos: la exploración sísmica 3D en el CAN 102 y en el CAN 100 –cuyo permiso está en cuestión en la causa en manos del juez Martín– en la perforación exploratoria en el “Pozo Argerich”.
Precisamente, la audiencia pública sobre la perforación exploratoria “Pozo Argerich” –que estaría en manos de Equinor en la zona CAN 100 en la que el juez ordenó no avanzar– se realizó este mismo miércoles, a horas del fallo judicial. “Que puedan avanzar con una audiencia pública tras un fallo es una demostración más de prepotencia en el ejercicio de la función pública. Vamos a estar hablando de algo que la Justicia dice que no se puede hacer”, denunció Alonso, en diálogo con Tierra Viva, a la espera de participar en la audiencia.
Por el momento, la exploración offshore a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata continúa paralizada por el Poder Judicial. “Hacer saber al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que deberá dar efectivo cumplimiento a los recaudos a la fecha insatisfechos, manteniéndose hasta tanto la orden cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones”, resolvió el juez federal.
Fuente: Agencia Tierra Viva
La causa contra Porta Hnos. viaja
a la Corte Suprema
Por Soledad Sgarella, Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.
Porta Hnos es la única empresa en el mundo que produce bioetanol a base de maíz transgénico en medio de nuestras casas, en el propio barrio. Con todos los peligros ya comprobados que esto genera, la empresa sigue funcionando como si nada. “¿Qué está primero? ¿Los grandes negociados, el poder? ¿Qué somos nosotros, nuestras vidas? Estamos en peligro y nuestros cuerpos ya no dan más, necesitamos que Porta se vaya”, dicen desde VUDAS, quienes viajarán este fin de semana a Buenos Aires junto a la Asamblea Fuera Porta y otras organizaciones socioambientales a exigir que la causa contra la empresa ingrese a la Corte Suprema de la Nación.
Dios atiende en Buenos Aires, dicen. No lo sabemos, pero por lo pronto, la Corte Suprema sí. Y hacia allá parten las vecinas y su red, quienes hace una década luchan contra el monstruo que las acecha cada día, para exigir la erradicación de la planta ilegal sin afectar las fuentes de trabajo, una remediación ambiental y el resarcimiento para lxs afectadxs.
Comprobado: contaminación, enfermedades dérmicas, oculares, cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y riesgo permanente de explosión. La empresa sigue funcionando como si nada, tras años de luchas e informes de todo tipo que justifican la urgencia de su traslado, y con el aval de un Gobierno y la desidia de una Justicia que no pone el foco en la vida sino en el crecimiento empresarial. Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) llevan años luchando.
Imagen: cobertura colaborativa Fuera Porta
“Ir a Buenos Aires ha sido todo una construcción de un año, hace mucho que venimos pensando con las vecinas que debemos ir allá. Pero esta idea no fue solo de las vecinas, sino de todos aquellos vecinos de otros espacios, compañeros, hermanos de luchas, de la red que tan amorosamente nos une. Teníamos que ir todos, todes, porque el tema Porta no es sólo Porta, no es lo que suceda en el patio de mi casa, es lo que le sucede a muches, en cada familia, es lo que vemos a diario en Córdoba. Cómo se vulneran derechos a la naturaleza y la naturaleza somos nosotras también. Cómo se vulneran los derechos en la familia, en los proyectos de vida, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en la comida que comemos. Cómo se vulneran derechos sin tener en cuenta políticas públicas que preserven la vida y la salud de las personas”, cuenta con claridad Silvia Cruz, una de las integrantes de VUDAS.
Desde la organización saben que hay responsables, que tienen nombre y apellido y por eso decidieron denunciar a través de las estructuras del sistema judicial. Pero el sistema judicial, afirman, sólo tiene expedientes. “No tiene sentires ni afectos, no dice ahí lo que significa vivir acá ni lo triste que es ver que hay vecinos que se van porque ya no pueden padecer más lo que padecen. No dice del temor de las noches, ni del miedo a enfermarse, ni del miedo a que se incendie todo, a dormir poco, a escuchar mucho ruido, a sentir mucho olor. El sistema judicial no sabe lo que significa salir al patio, lo que significa cada día dejarlo todo y sentarnos a organizar lo que vendrá”, asegura Silvia.
Hace tres años, en 2019, el Juez Hugo Vaca Narvaja confirmó lo que se venía denunciando: Porta Hnos. produce bioetanol en un barrio residencial sin Estudio de Impacto Ambiental, en incumplimiento de la Ley 10208 de Políticas Ambientales de Córdoba, junto a otras normativas vigentes. “Pero en lugar de exigir el cierre inmediato de la fábrica o aplicar el principio precautorio -que habilita determinar el cese de la producción ante el riesgo-, el Juez le otorgó a la empresa diversos plazos de tiempo para que se adecúe a la Ley. Luego de esta instancia, la fábrica presentó en 2020 una recusación a la Cámara Federal de Apelaciones a la cual los Jueces Ávalos, Montesi y Veléz Funes aún no han dado respuesta. Al considerar que las instancias judiciales no han sido suficientes para resguardar los derechos y al verse en situación de riesgo, se decide a mediados del 2021 pedir un recurso extraordinario: llevar la causa a la Corte Suprema de la Nación, cuyo ingreso depende de la Secretaría de Juicios Ambientales, en manos del secretario de jueces, el Sr. Néstor Cafferatta”, aclaran desde VUDAS. 
Imagen: cobertura colaborativa Fuera Porta
Viajar a la provincia donde están los poderosos no es fácil. “No es algo así nomás, hay que juntar mucho dinero y es dinero que no se tiene”, expresan las vecinas. “Y aún así pensar en hacerlo. Todo eso que no dice un expediente lo vamos a ir a decir nosotras, en red, este fin de semana. Lo diremos con arte, lo diremos con música, lo diremos con radio abierta, lo vamos a decir y vamos a intentar entregar la carta en manos, al señor Cafferata, quien hace un año que tiene en su Secretaría la causa, leyéndola, estudiándola y necesitamos urgentemente que la eleve a juicio y que el juicio sea favorable, con el cierre y la relocalización de la empresa Porta hermanos. Una empresa ilegal hasta el día de hoy y contaminante hasta el día de hoy. Merecemos vivir y que esa vida sea digna, disfrutar con nuestra familia y hacer justicia por los que ya no tienen voz”.
¿Qué más decir? se pregunta Rosa Acuña, otra de las integrantes del colectivo, y asegura que queda mucha bronca e impotencia durante todo el recorrido administrativo y que, hasta el día de hoy, el Estado hace oídos sordos y mira para otro lado. “¿Qué está primero? ¿Los grandes negociados, el poder?¿Qué somos nosotros, nuestras vidas? Estamos en peligro, ya lo hemos dicho miles y miles de veces y hasta que no suceda algo catastrófico no van a actuar. Yo dejo mi vida por mi gente, vecinos, familias y algún día llegará la justicia. Por eso seguimos de pie hasta que Porta se vaya. Porque queremos una vida digna y para que nunca más haya una empresa contaminante en zonas urbanas, para eso vamos a la Corte Suprema a pedir no, a exigir, al jefe de los jueces que se haga justicia”.
María Rosa Viñolo, vecina de San Antonio, enfatiza en que la Secretaría de juicios ambientales ya tuvo suficiente tiempo para leer el expediente. “Exactamente 15 meses. Es hora de que eleve nuestra causa juicio. Nuestros cuerpos no dan más, necesitamos justicia. Necesitamos que Porta cese su producción, que Porta se traslade y que nuestro pedacito de territorio vuelva a ser sano, agradable para vivir, que podamos nuevamente recibir en nuestra casa amigos y familias”.
Luche como una vecina: un cómic para historizar
María Rosa nos cuenta que, al principio, la idea de hacer un cómic les pareció una forma rara de expresar y plasmar su día a día en el barrio, durante estos años tan duros. Pero que luego, al verlo terminado, notaron con mucho agrado que tanto les vecines como ellas mismas estaban representadas en esos dibujos y relatos. “Fue algo muy bello ver cómo se puede expresar de una forma no dramática tantos años de padecer en esta fábrica. Luciana Mautoni, Marcos Oviedo y Marina Fernández supieron captar y plasmar en 17 hojas nuestra lucha y no sólo eso, en cuatro carillas más, podrán encontrar toda la historia detallada llevándote a páginas donde encontrarán con un código QR, toda nuestra lucha desde el comienzo”.
Imagen: cobertura colaborativa Fuera Porta
Por su parte, Rosa Acuña reafirma: “Llevamos 10 años de lucha contra este monstruo, como bien lo dice el cómic, un monstruo en nuestro barrio. En la publicación se refleja toda la realidad que vivimos día a día, y lo venimos plasmando en la revista que hoy estrenamos en forma de historieta y que queremos que llegue a cada casa de forma informativa”.
El cómic se enmarca en las acciones de difusión y financiamiento para el viaje a Buenos Aires y tiene como objetivo contar la transformación en las vidas cotidianas de las vecinas desde que detectaron el peligro que la fábrica implicaba para todes.
Imagen: cobertura colaborativa Fuera Porta
“Cada uno de esos recuadros, cada una de esas pinturas -desde los colores hasta los personajes- representan una historia. Y la historia es una acción y un sentir: hay que detenerse un poco de tiempo en cada cuadro y ver cada detalle y pensar qué significa. No es tan fácil pasar las hojas”, dice Silvia Cruz y concluye: “Hay que detenerse, hay que detenerse a mirar en profundidad y darle vida a esos personajes y pensar qué es vivir en San Antonio. Realmente representa y nos representa, representa una historia que todavía no tiene fin, por lo menos aún no tenemos un fin para festejar. Tampoco sé si habrá festejo completo, pero no tiene fin… habría que dibujar ese fin, habría que pensarlo y, tal vez, soñarlo. Se lo debemos les vecines… construir y terminar de construir esta historia”.
—La publicación ilustrada está disponible de manera libre y gratuita en el sitio web de la organización, así como el cronograma de actividades para el domingo y el lunes.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: cobertura colaborativa Fuera Porta.
Fuente: ANRed
Merlo: Desalojan a 400 familias del
Barrio La Resistencia y hay 4
detenidos, entre ellos una joven
madre
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.
Habían ocupado un predio abandonado. Hay heridos y 4 detenidos por la Bonaerense. En el predio hay gran cantidad de mujeres con sus hijos, una de ellas está detenida. Es el único refugio para muchas de ellas que se encuentran huyendo de la violencia de género. Vecinos y agrupaciones movilizaron exigiendo la inmediata libertad.
Las familias volvieron a instalarse en el predio luego de la represión que sufrieron el pasado 8 de octubre, y la respuesta del gobierno una vez más fue el desalojo. Según cuentan los vecinos, hay al momento cuatro detenidos y varios heridos producto de la represión. Una de las detenidas es una joven madre de una niña discapacitada.
En este momento una delegación de vecinos, acompañados por el concejal del PTS-FITU David Maidana, se encuentra en las puertas de la comisaria 5ta de Pontevedra exigiendo la liberación de los detenidos.
Denuncian que al igual que la vez anterior, el desalojo fue llevado adelante sin orden judicial, en un predio que no se conoce dueño alguno. Entre los detenidos se encuentra una madre soltera de una niña con discapacidad.
Así queda claro una vez más que la prioridad del gobierno provincial de Kicillof y el municipal que conduce Menendez está muy alejada de facilitar el acceso a la vivienda a las cientos de miles de familias que no cuentan con una vivienda digna.
La semana pasada Belen nos contaba: “Soy mamá de 3 hijos, sufrí violencia de género por parte de mi ex pareja que llegó incluso a quemarme. Y el gobierno no me ayuda”. Y graficaba: “En los alquileres no te aceptan con hijos y encima son impagables. No tenemos dónde ir, por favor que alguien nos escuche”.
Es la realidad de gran cantidad de mujeres en el predio, algunas de las cuales están embarazadas, y donde también hay adultos mayores y discapacitados.
Reproducimos el comunicado de los vecinos:
Urgente !!!
20/10/2022
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vuelve a Reprimir al Barrio La Resistencia!!!
COMUNICADO URGENTE
SOMO 400 FAMILIAS, LA MAYORIA MUJERES Y NIÑOS.
CONVOCAMOS URGENTEMENTE A ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION.
Ruta privincial 1001 y Coronel Conde
VECINAS Y VECINOS BARRIO LA RESISTENCIA
Realizaron una «muralla humana»
bajo el lema: Ni Arcoiris con los
abusadores ni su madre a prisión
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.
La Mesa Justicia por Arcoiris realizó este viernes 21 de octubre a las 18 horas en Plaza de Mayo una potente e inspiradora “muralla humana” para proteger a una niña, de seis años de edad, ante la orden de la jueza de menores Alicia Nicolasa de las Mercedes Valdez de que retornen a La Rioja.
Arcoiris se encuentra junto a su mamá Delfina Silva Zárranz en la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio reservado y medidas de protección vigentes, debido a las reiteradas situaciones de abuso sexual por parte de su abuelo paterno en la provincia de La Rioja y a las amenazas por parte del progenitor.
«Esto es una encerrona: si viajan a La Rioja hay altas posibilidades de que Delfina quede detenida y que Arcoiris sea entregada al progenitor, que es el entorno del abuso sexual. Y eso no lo vamos a permitir», advirtió Ale Glatzel, de la Mesa Justicia por Arcoiris.
Fotos y Videos: Resumen Latinoamericano
No pasarán gritaban con fuerza las mujeres que armaron una muralla humana para proteger de la in-justicia patriarcal riojana a ArcoIris y Delfina
Arcoiris está actualmente en CABA con su mamá, Delfina Silva Zárranz. Tiene domicilio reservado y medidas de protección vigentes, «debido a las reiteradas situaciones de abuso sexual por parte de su abuelo paterno en la provincia de La Rioja y a las amenazas por parte del progenitor», recordó el comunicado de los organizadores del acto previsto para las 18.
Las organizaciones reclaman que se reconozca a la Ciudad de Buenos Aires como «centro de vida» de la niña, que se sostengan las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, que la mamá de Arcoiris pueda declarar en las causas en forma virtual y que cese «el hostigamiento judicial y criminalización de la madre protectora».
«Esto es una encerrona: si viajan a La Rioja hay altas posibilidades de que Delfina quede detenida y que Arcoiris sea entregada al progenitor, que es el entorno del abuso sexual. Y eso no lo vamos a permitir», advirtió Ale Glatzel, de la Mesa Justicia por Arcoiris.
LA CIDH pidió información del caso
Desde 2018 la madre de Arcoiris realizó cinco denuncias por abuso sexual.
La niña relató, en más de una oportunidad, ante distintas personas y profesionales intervinientes, ser agredida sexualmente por su abuelo paterno.
Esta semana, la CIDH requirió al Estado argentino información sobre la situación de la niña Arcoiris y de su mamá. El Estado argentino tiene 10 días para responder la solicitud. La respuesta de la CIDH es ante la presentación de una medida cautelar por parte de las abogadas y la abuela de la niña “ante la grave situación que ambas sufren”. Lo confirmaron las letradas Élida Barrera e Ivana Cattaneo.
Acción completa:
El oficialismo cierra filas con el
presupuesto 2023: hay dictamen
y concesiones a la oposición
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.
Se prepara la votación de la segunda etapa del ajuste del FMI el próximo martes. Este jueves la Cámara de Diputados emitió dictamen sobre el Presupuesto 2023 con una larga lista de modificaciones concedidas a Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los cambios? ¿Quiénes apoyan? Los números de las prioridades y la desigualdad.
Los oficialistas Sergio Palazzo, Carlos Heller y Marcelo Casaretto al frente de la Comisión que emitió el dictamen del Presupuesto 2023 l Foto: HCDN
El presupuesto 2023 tiene dictamen y llegará al recinto para buscar la media sanción el martes 25 de octubre a las 12.30 hs, en una jornada que puede durar más de 20 horas.
Este jueves la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, finalizó el debate para el rumbo económico 2023 con un dictamen firmado por todos los miembros del Frente de Todos (inclusive los cuatro diputados que la integran y no acompañaron el acuerdo con el FMI), y dos aliados de otros bloques. Fueron Córdoba Federal (Ignacio García Aresca que firmó “en disidencia”, parte del Interbloque Federal) y Provincias Unidas (el misionero Diego Sartori).
Juntos por el Cambio logró que se incorporen muchos de sus pedidos, pero con las últimas modificaciones del dictamen, prefirió no firmarlo y “estudiarlas los próximos días”. Saludaron nuevamente la “racionalidad fiscal” de este presupuesto (por el ajuste), y mostraron la voluntad de votarlo en general en el recinto, y solo oponerse a algunos de sus artículos. Los únicos que no van a acompañarlo son los once diputados de la Coalición Cívica, que probablemente se abstengan, y el monobloque del liberal Lopez Murphy que adelantó su rechazo.
Será el último presupuesto del gobierno del Frente de Todos, con la particularidad de estar totalmente atravesado por el ajuste que exige el acuerdo con el FMI votado en marzo de este año y diseñado en Estados Unidos. Como dijo Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, “es hijo del pacto con el Fondo Monetario Internacional que avalaron las dos fuerzas mayoritarias”. También señaló que el fuerte ajuste que contiene es algo que “ya no niegan ni los propios sectores del Frente de Todos”. Ahí están las razones de las repetidas felicitaciones de Juntos por el Cambio, que en la voz del diputado del PRO Luciano Laspina, celebró “el reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible” y “un cambio histórico” del kirchnerismo “en su forma de interpretar los problemas».
A pesar de la lapicera de Washington en este presupuesto, los sectores del Frente de Todos que habían cuestionado el acuerdo con el FMI, se preparan para votarlo al igual que la oposición de derecha. Durante todo el debate, los diputados y diputadas referenciados con la vicepresidenta, se limitaron al silencio o a hacer algunos modestos pedidos de modificaciones que no cambian en nada lo esencial de esta hoja de ruta. Lo graficó Paula Penacca de La Cámpora, que intervino solo para “solicitar la creación de tasas de seguridad de aviación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
La única bancada que va a rechazarlo en defensa de los intereses de los trabajadores y sectores populares, será la del Frente de Izquierda.
¿Cuáles fueron las modificaciones?
Hubo dos tandas de cambios. Al inicio de la Comisión, Carlos Heller dio lectura a las primeras concesiones incorporadas, pedidas por Juntos por el Cambio y otros bloques opositores. Fueron alrededor de diez artículos, los más importantes sobre los subsidios al transporte del interior del país y las deudas con Cammesa. Dos de los reclamos más fuertes de la oposición, y claves para conseguir el apoyo del Interbloque Federal y Provincias Unidas.
Como adelantamos el miércoles, Sergio Massa había cerrado un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande (oficialistas y opositores) para aumentar los subsidios al transporte del interior de $66.000 a $85.000 millones. En la redacción, se aclara que esta cifra es “un piso”, de tal forma de dejar abierta la posibilidad de nuevos incrementos. Se mantiene sin embargo, el reclamo de más fondos para el 2022 sobre todo para desactivar el paro de trabajadores de la UTA del interior que reclaman los mismos salarios que sus pares del AMBA.
Por las deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), las provincias lograron que no se vean afectados los recursos que reciben por la coparticipación de impuestos nacionales. Son las empresas distribuidoras de energía las que tienen enormes deudas con el Estado por no pagar la energía que compran, a pesar de que han trasladado a los usuarios los tarifazos. Hasta mediados de septiembre la deuda superaba los $500.000 millones, con Edenor y Edesur en el podio de deudores. En el texto original del presupuesto, el gobierno proponía cobrar esa deuda descontando de los recursos de coparticipación que reciben las provincias. Ese es el punto que se eliminó, explicitando la responsabilidad de las jurisdicciones en cobrar las deudas en un plan de hasta 96 cuotas, y de lo contrario podrán retenerles fondos pero no de la coparticipación.
La segunda tanda de cambios se incorporaron al cierre de la Comisión, luego de las intervenciones y pedidos tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos. Del lado de la coalición opositora, impusieron la incorporación de una “cláusula gatillo” para evitar discrecionalidad en la utilización de fondos si se supera la recaudación del estado por una inflación mayor a la prevista. La preocupación de Juntos por el Cambio está en el año electoral que viene, y buscó poner límites al oficialismo para hacer uso de recursos extras. Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada o la recaudación supera el 10%, el poder ejecutivo estará obligado a enviar una ley complementaria al Congreso para fijar el destino de esos nuevos recursos. Una modificación que tiene un reconocimiento implícito de que la pauta de inflación del 60% que fijó el gobierno para el próximo año, no es creíble.
Fue Nicolás del Caño quien insistió en este punto, pero desde otra óptica: denunció que la alta inflación, que es intrínseca al acuerdo con el FMI, seguirá siendo “el mecanismo principal de ajuste” contra las mayorías. “Dibujar el número de inflación en el presupuesto es para licuar partidas fundamentales. La jubilaciones, la asistencia social, los presupuestos de educación de salud, lo que va a vivienda, el salario de los trabajadores estatales que ha perdido en los últimos años”, explicó el diputado de la izquierda.
Los pedidos de diputados y diputadas del Frente de Todos estuvieron dirigidos a reforzar algunas partidas de asistencia social, educación, programas de niñez y adolescencia, ReNaBap, que en total sumarán $320.655 millones según indicó Carlos Heller.
Es que el presupuesto presentado por Sergio Massa contiene hachazos en áreas sensibles que afectan a los sectores más pobres. Los ajustes fueron de tal magnitud que hasta la UCR y Evolución Radical también señalaron la necesidad de aumentar partidas de asistencia social y educación. El caso de las partidas para la niñez y la adolescencia es una de las más gráficas: según informes de ACIJ, Unicef Argentina y CIPPEC, el presupuesto 2023 en ese área es 10% menor al de este año cuando la pobreza hasta los 14 años alcanza el 51%. La Asignación Universal por Hijo contenía por ejemplo una reducción del 12,1%: un recorte que difícilmente será revertido con los incrementos anunciados en el dictamen.
Otra de las incorporaciones fue un artículo para que los jueces, empleados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público paguen el impuesto a las ganancias. Un privilegio que mantiene gran parte de la casta judicial. En la llamada “Separata” que contiene el Presupuesto de Sergio Massa, se detallaron una parte de los millonarios beneficios que le otorga el Estado a empresas y jueces, y cuánto le cuesta al pueblo trabajador esa transferencia de ingresos. En el caso de los privilegios del poder judicial, en el 2023 implicarían $237.850 millones. La incorporación del artículo fue a propuesta del oficialista Marcelo Casaretto, y desde Juntos por el Cambio dijeron que la apoyarán. La noticia generó revuelo en la casta judicial que se prepara para seguir defendiendo sus privilegios.
Sin embargo los beneficios tributarios (entre exenciones impositivas y regímenes de promoción) que van en su mayoría al bolsillo de grandes empresas totalizan en el presupuesto 2023 casi $3.700.000 millones. Es decir que el privilegio de la casta judicial solo representa el 6,4% de ese total. Según los datos que dio el propio el ministro de Economía, las grandes empresas reciben además otros beneficios por la vía de gastos presupuestarios por un monto similar al detallado en la Separata, representando en total casi 5% del PBI contra un 1,7% del PBI destinado a programas sociales. Si bien incorporaron la eliminación del privilegio de jueces y funcionarios del poder judicial, ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio quisieron cuestionar los privilegios de grandes empresarios que se otorgarán en 2023 según la Separata. Por ejemplo a la minería ($58.074 millones), los que reciben empresas como Mercado Libre por la ley de economía del conocimiento ($53.036 millones), automotrices ($19.816 millones) y hasta bancos.
Casi todas esas cifras son superiores a la partida incorporada en las modificaciones para la construcción de barrios populares (del ReNaBap) que será de un total de $27.000 millones para el 2023. Para completar el cuadro, mientras diputados oficialistas celebraron la modesta partida incorporada, se conoció un nuevo desalojo con represión y detenidos a familias sin techo en Merlo, provincia de Buenos Aires.
En este punto, la voz opositora fue nuevamente la de Nicolás del Caño que sostuvo “Cuando se dan beneficios como el dólar soja, o cuando se votan acá retenciones cero hasta el 2031 para las grandes patronales automotrices, ninguna separata: lo votan a dos manos todas las fuerzas políticas, obviamente menos del Frente Izquierda”.
Las modificaciones finales del dictamen se completan con un aumento de los impuestos internos a los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego, que se puedan deducir de Ganancias hasta un 40% de los gastos educativos de una familia, el cobro del 15% sobre todos los planes de salud de obras sociales y prepagas para el Fondo Solidario de Redistribución, la compensación a La Rioja por la coparticipación, el reclamo de zona franca de los misioneros, entre otros.
A pesar de las grandes coincidencias de Juntos por el Cambio con el presupuesto y las concesiones otorgadas por el oficialismo, mantienen otros reclamos que no fueron incorporados. Centralmente tres: eliminar o modificar el artículo que le da facultades al gobierno para modificar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones), eliminar los artículos que dan nuevos beneficios de blanqueo, y explicitar el congelamiento de la planta estatal. Si bien Luciano Laspina del PRO las enumeró (junto a la “cláusula gatillo” que sí fue incorporada) como “condiciones mínimas” para acompañar el presupuesto, el espíritu de la mayoría de la coalición opositora será acompañar en general el proyecto de ley que llegue al recinto, y oponerse sólo a algunos artículos o sumar otros durante la sesión del próximo martes.
El Frente de Todos no tiene intenciones de modificar estos artículos, y seguramente queden como matices que les permitan a ambas coaliciones diferenciarse en algo en el mar de consensos para hacer más ajuste.
La defensa del sector agroexportador, los que más han ganado en los últimos años, es una bandera histórica de Juntos por el Cambio. Pero en el afán del oficialismo de recaudar dólares para pagarle al FMI, también han acercado bastante sus posiciones. El diputado de la izquierda agregó otro dato contundente al respecto. Del Caño expuso que el “dólar soja” que otorgó el gobierno, le costó al pueblo argentino en menos de un mes, un valor equivalente al 84% del presupuesto de lo que se destinará en Salud para todo el 2023. Mientras tanto “los trabajadores del Hospital Garrahan están reclamando por recomposición salarial, también a los residentes y concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires reclamando que se los reconozca y contra los bajísimos salarios y el pluriempleo” agregó.
Hasta la sesión del martes próximo las negociaciones seguirán entre ambas coaliciones. La intención del Frente de Todos es conseguir la mayor cantidad de voluntades para darle media sanción en Diputados. Con las directrices centrales de ajuste ya tiene asegurados buena parte de los votos.
El Congreso se encamina a concretar la segunda etapa del “virreinato del FMI”. Este presupuesto 2023 es la continuación de ese pacto de sometimiento por reconocer la estafa de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Esta vez, con más consensos con Juntos por el Cambio y al interior del propio Frente de Todos.
Los acuerdos de los palacios le siguen dando la espalda a las necesidades más urgentes de las mayorías. Puertas adentro podrán ponerle el moño al ajuste, pero el veredicto final está afuera. Donde no hay sueldos que aguanten, la pobreza azota y el malestar crece.
Fuente: Izquierda diario
Puentes de Agua: Encuentro y
festival para los pueblos en
Andalgalá
Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2022.
Este sábado 22 y 23 de octubre se realizará el Encuentro y Festival para los pueblos: Puente de Agua en Andalgalá, Catamarca. Este encuentro tiene el objetivo de intercambiar experiencias de lucha contra los extractivismos y pensar estrategias comunes de lucha.
Nora Cortina Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, envía su apoyo y solidaridad al pueblo de Andalgalá:
Difundimos la gacetilla de prensa convocando al Encuentro y Festival para los pueblos:
Defensorxs del Agua y los territorios de todo el país confluirán entre el 22 y 23 de octubre en la localidad catamarqueña de Andalgalá en el Encuentro y Festival para los Pueblos: Puentes de Agua, con el objetivo de intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar la diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes de lucha.
La idea del Encuentro-Festival nació después de las detenciones de Aldo Flores y Enzo Brizuela el 30 de mayo pasado, con el objetivo de acompañar la lucha de la Asamblea El Algarrobo. Este colectivo se formó en 2009, cuando se conocieron las primeras noticias sobre el mega emprendimiento minero Agua Rica. Pero la resistencia contra el extractivismo tiene más de 20 años. En Andalgalá ya sabían, por tener instalado en sus cerros el yacimiento Bajo La Alumbrera (activo desde 1997), que la mega minería no deja en las comunidades más que pobreza, división y tierra devastada. Y por eso no estaban ni están dispuestos a dejar que el proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (MARA) continúe.
De hecho, desde hace 12 años que el pueblo camina todos los sábados, de manera ininterrumpida, para expresar que NO hay licencia social para la mega minería. Ya van más de 650 caminatas.
Esta resistencia generó sus reacciones. Como sucedió en Choya el 3 de mayo pasado cuando el pueblo que frenaba el avance de las máquinas mineras fue baleado por la policía, y se produjo la detención ilegal de Karina Orquera, vecina de Choya. O como cuando los reprimen cada 15 días por estar sosteniendo un bloqueo en el cerro para evitar la contaminación de las nacientes de agua. Las reacciones también se expresan con las patotas parapoliciales que los hostigan permanentemente y cuando los fiscales se apoderan de los celulares de lxs manifestantes para destruir la evidencia que da cuenta de la violación sistemática de derechos. También cuando en cada decisión que toma el gobierno se propicia el avance de las empresas transnacionales dando cuenta de la Dictadura Minera a la que se somete a toda la población.
Actualmente hay alrededor de 100 causas judiciales contra compañeros y compañeras que defienden la tierra, el agua y la vida. Causas en las que sistemáticamente se ordenan indagatorias, detenciones y allanamientos injustificados. Otra forma de violencia institucional contra los pueblos y territorios de sacrificio, otra manera de justificar el Ecocidio, culpabilizando a las víctimas.
En el resto de la provincia la situación también es difícil: Antofagasta de la Sierra, Ancasti, Belén y Fiambalá son algunas de las comunidades afectadas por la mega minería. Los proyectos, en distintas etapas de avance, se distribuyen a través de toda la región.
Pero la realidad de Catamarca no es excepcional ya que a lo largo y ancho del país los proyectos extractivistas se multiplican, poniendo en riesgo la vida de los pueblos. Frente a esto, las comunidades nos organizamos, resistimos y construimos alternativas de vida.
En este contexto, el encuentro en Andalgalá apunta a convertirse en una caja de resonancia de todas las luchas a través del intercambio de experiencias y sobre todo para comenzar a delimitar estrategias comunes, respetando los procesos de cada territorio, para reafirmar la autonomía y las diferentes formas de cuidar y de habitar en y con la tierra.
Dossier elaborado hacia el Encuentro y Festival para los pueblos: Defensa del Agua
CONVOCAN:
Asamblea El Algarrobo .
Pueblo de Choya
Después de la Deriva
Biblioteca Popular Tupac Amaru
No a la Mina Esquel
Asamblea de Ancasti por la Vida
Red Trasandina de Mujeres Diaguitas Ancestras del Futuro
Abrazo al Aconquija
ProEco Grupo Ecologista
Colectivo de Derechos Humanos Yopoi
Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo
Museo del Hambre
Círculo Soberanía Alimentaria UNSAM
Cronopias, Colectivo de Comunicación ambiental y popular
Multisectorial Santa Catalina
Conciencia Solidaria
Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida
Multisectorial Provincial Paren de Fumigarnos , Santa Fé
Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes – Avellaneda
Marcha Plurinacional de los Barbijos
Multisectorial Humedales Rosario
Coordinadora BFS
Dirección Nacional de Políticas Socio-Ambientales de la CTA Autónoma
Envio:ResumenLatinoamericano
22.10.2022 / Declaraciones
"Se puede ordenar": Massa sobre la economía argentina
El ministro de Economía aseguró que se está "matando por cuidar los precios" y destacó la importancia de "tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante". También habló sobre lo "bravo" que es negociar con el FMI.
Massa dio el viernes una entrevista en Paren la mano y se refirió a negociar con el FMI como algo "bravo" y agregó: "Tenés que negociar con alguien al que le debés dinero. Es como ir al banco cuando te endeudaste mal con la tarjeta y decir: 'Te tengo que pagar de otra manera'. Es lo mismo. Y además una tarjeta a la que varias veces... le diste. ¡Es picante!".
"Es un Ministerio muy particular el de Economía en la Argentina. Ahora me estoy matando por cuidar los precios. Y todos los días es un combate. Los sábados y domingos sigo laburando por que no se puede cortar", comentó y agregó: "Veníamos de una economía bastante complicada, por la pandemia y la guerra, que aunque esté lejos en el mundo está afectando mucho, y a nosotros ya nos salió 5 mil palos en invierno, por el combustible que hubo que importar y que pagamos más caro. Ese es un tema que nos perjudicó mucho y nos afectó la macro, se fue el gasto y ahora hay que acomodar".
"Los países funcionan cuando consumen lo que producen. Como en tu casa: cuando gastás de más con la tarjeta lo tenés que pagar y si no te alcanza la guita, no gastás. Se puede ordenar, sí, es difícil porque tenemos una situación social delicada, tenemos a muchos pibes en la pobreza, mucha gente que tiene laburo pero no le alcanza, pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante", subrayó.
En esa línea, reiteró: “No creo en las cosas mágicas que dicen que en un chasquido se resuelve la inflación. Hay que tener métodos para construir algo sano”.
Consultado por una posible candidatura presidencial para 2023, Massa destacó: "Mi familia pesa mucho". Además remarcó que tiene "un compromiso de, en algún tiempo, mirar la política desde afuera".
"No sé si el tema es retirarse o no retirarse, claramente en mi casa el planteo es 'elijamos en algún momento un tiempo para tener una vida familiar'. Por ahí cuando yo era intendente de Tigre, la cosa era mucho más local y había mucho más tiempo familiar. El destino es el destino, pero yo quiero cuidarlos a ellos, claramente", señaló.
Al analizar el periodo desde su asunción como ministro, Massa consideró: “El país está un poquito mejor que cuando me tocó hacerme cargo, más estabilizado pero todavía es complicado y el esfuerzo más grande es seguir estabilizando lo que tiene que ver con los dólares y bajar la inflación despacito”.
22.10.2022 / Política
Cecilia Moreau y Pablo Moyano analizaron beneficio para Camioneros que se incluyó en el Presupuesto 2023
La presidenta de la Cámara de Diputados recibió al líder de Camioneros, con quien dialogó sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 130 mil trabajadores de esa actividad.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió este viernes al líder del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, con quien dialogó sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 130 mil trabajadores de esa actividad.
"A partir de un acuerdo entre Camioneros y el Ministerio de Economía se le incluyó al proyecto una modificación sobre el Impuesto a las Ganancias que establece la exención de los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres para el pago del tributo, en beneficio de más de 130 mil trabajadores", se informó oficialmente.
En el comunicado se expuso que "de esta manera, Camioneros logró dar respuesta a un reclamo histórico, ya que era el único gremio de transporte hasta el momento que tributaba Ganancias sobre comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo".
También participaron del encuentro, Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Nicolás Aliano, jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; los diputados nacionales Paula Penacca y Hugo Yasky; y de Camioneros: Oscar Pérez, Sergio Sánchez, Carlos Zolezzi, José Luis García y Oscar Borda.
El proyecto de Presupuesto 2023 se tratará el próximo martes en el recinto de la Cámara baja, con rnumerosas modificaciones a pedido incluso de diputados del propio Frente de Todos. El cambio más sorpresivo fue el artículo que elimina la exención al impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial.
Fuente:Politicargentina
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