Editorial semanal de Tesis 11
Justificada indignación y sentimiento de impotencia brota de todo aquel que abrazado a convicciones democráticas y al imperio del estado de derecho, tomó conocimiento de las dos últimas resoluciones de la Cámara Federal porteña relacionadas al intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación
Se trata de fallos derivados de los cursos judiciales que se tramitan en dos distintos juzgados tras un hecho terrorista de tan inusitada gravedad institucional que hasta puso en riesgo, de haber prosperado, el desemboque en un conflicto social de impredecible final. Ahora, en las condiciones en que han quedado las cosas, nada ni nadie está en condiciones de asegurar que hechos de esta naturaleza no se repitan, tal como oficialmente también lo reconoce el propio juez, el Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.
Por eso, previo a adentrarnos en el despliegue de hechos que respaldan nuestras conclusiones, corresponde advertir del engaño, por ilusorio, de limitar este conflicto a una problemática meramente judicial, ocultando así su esencia, que es política, porque encierra la permanente disputa por acumular ganancias y poder por parte de la trilogía conformada por el capital concentrado, las corporaciones mediáticas y parte del Poder Judicial. Y en tanto subsista esta matriz, CFK seguirá convencida, como lo expresó en la reciente reunión de la UOM, en Pilar, que "de la justicia no espero nada "... (que no espero ) ..." que la justicia investigue, porque me quieren de acusada y no de víctima"
Considerando que el hecho por sí sólo y la envergadura política de CFK, por lejos la figura de mayor volumen político a nivel país, dan incuestionable trascendencia a este proceso judicial, vale contrastarlo con los hechos que lo preceden y rodean y las resoluciones adoptadas por la Cámara Federal:
1.- La evidente negativa de la CSJN en proveer los medios humanos y materiales para la prosecución de las tareas investigativas, pese a la explícita solicitud formulada desde el inicio
2.- La equiparable conducta del Procurador General, el Dr. Eduardo Casal, interino desde la forzada renuncia de Gils Carbó, hace ya cinco años, acosada por el macrismo, y a quien le cabe la facultad de designar fiscales suplementarios, tal como en el pasado se hizo en otros casos de infinita menor trascendencia.
3.- Una carátula que desconoce la gravedad institucional de los hechos porque los equipara a cualquier delito de los que cotidianamente se tiene noticia, restringiendo con ello la capacidad de procedimientos operativos aplicados a la investigación, propias de un caso de terrorismo.
4.- El accionar del Gobierno de la CABA y de la policía que de él depende, artífices del espacio liberado en torno a la residencia de CFK, de la colocación de contenedores con piedras, del emplazamiento del espionaje fotográfico, de la represión a simpatizantes, autoridades K y al mismísimo Máximo Kirchner, todo en los días previos al atentado.
5.- El rechazo de la jueza María Eugenia Capuchetti, convalidado por la Cámara Federal, de tramitar en un mismo y único proceso judicial las investigaciones referidas al intento de asesinato, que está a su cargo, y por otro, el del delito de intimidación pública e incentivación a la violencia por los militantes ultraderechistas de Revolución Federal, a cargo del Dr. Martínez de Giorgi, contradiciendo incluso el dictamen de este último para quien ese vínculo existe. De haberse unificado las causas, ello facilitaría determinar eventuales lazos y conexiones entre uno y otro, abarcar en toda su magnitud e interrelaciones el alcance de un acto político y criminal. Pero a priori se los desvinculó.
6.- La reticencia e inauditas demoras para recolectar pruebas, ordenar pericias y convocar a testigos y sospechosos. A título de ejemplo el del Diputado Gerardo Milman, sus colaboradoras y socias, la de la vecina Ximena de Tezanos Pinto, el del ultraderechista Hernán Carol, la conducta de la Policía de la Ciudad y la de algunos de sus efectivos, etc.
Hechos todos que demuestran el desinterés por el conocimiento de toda la verdad, por llegar hasta el hueso y determinar a los auténticos responsables, intelectuales y financieros.
Pero además, hablamos de la Sala I de la Cámara Federal, la integrada por el ya conocido arquero del Liverpool, Mariano Llorens, amigo de Mauricio Macri y los Drs. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los mismos que todavía ocupan los cargos designados a dedo por el macrismo, sin acuerdo del Senado, por lo que su legalidad ya fue impugnada hace dos años por la Corte. Es la misma Corte cuyo presidente es también el autodesignado titular del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la promoción y remoción de los jueces. Titularidad que se autoimpuso tras restaurar de modo inconstitucional una ley derogada hace más de 15 años por el Congreso Nacional. Nada es obra de la casualidad. Y a modo de síntesis, hablamos de la Sala que por sus fallos se la identifica como Sala M (por macrista) y a sus integrantes como Jueces del Lawfare, versión moderna del fascismo, al decir del Dr. Carlos Rozanski
En medio de este escenario, ahora que comenzaron a aparecer indicios de las fuentes financieras y su vinculación con los jerarcas más radicalizados de la derecha, en particular el PRO, indicios que exigen la profundización de las pesquisas, esa Sala I de la Cámara Federal considera imperioso cerrar la investigación a cargo de la Dra Capuchetti y elevar el caso a juicio oral, claro que limitado a las actuaciones respecto a los únicos tres perejiles detenidos infraganti en ocasión del atentado. Conclusión: el intento de asesinato a la Vicepresidenta, antes un mero montaje armado para la autopromoción política, según la corporación mediática, pasa ahora, rendido ante las evidencias de la realidad, a ser obra de unos " loquitos sueltos" y como tal, carente de valor como hecho político trascendente. Calcado del argumento esgrimido por Mauricio Macri y otros encumbrados personajes del mismo palo. Objetivo, ocultar uno de los modus operandi del poder real: el uso del dinero, la justicia y la violencia y de paso, advertir a los demás, en particular a las organizaciones populares que "conmigo no te metas; conmigo no se jode", como diría Patricia Bullrich. Contribución a la formación del sentido común.
Por otro lado, y no obstante la misma insuficiencia de investigaciones, la Cámara acelera los tiempos y con una desacostumbrada velocidad le ordena al otro juzgado, al del Dr de Georgi y aún antes de que éste se expida sobre el procesamiento, a liberar a sus cuatro encarcelados, los del contacto con los Caputo, con las antorchas arrojadas a la Casa Rosada, las guillotinas, las bolsas mortuorias, las horcas, los agravios y el convite al desparrame de muertos. Notable contraste con los encarcelados preventivamente y algunos por años, por aplicación del "poder residual" de la Doctrina Irurzum o el lawfare de los cuadernos de Centeno o el del falso testimonio sazonado con soborno oficial para condenar a Amado Boudou, durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
El entramado fáctico y judicial expuesto hasta aquí es el que ilustra y fundamenta la esencia política de este problema, que al principio hemos anticipado. Esencia que también la encontramos en la impugnación a la expropiación de Vicentín, al amparo contra la limitación a las tarifas para los servicios de TV, telefonía e internet declarados de interés público, contra la ley de medios o el privilegio de no tributar ganancias por parte de los jueces, el rechazo a la reforma judicial y la ampliación de la corte o la sarta de juicios como la llamada Causa Vialidad, fabricados para encarcelar y proscribir a CFK y lo que ella representa, el movimiento popular y así de seguido.
Disputa que es una constante pero que ahora, en el marco local y mundial de un neoliberalismo con signos de agotamiento y en crisis; con pueblos disconformes que exigen cambios, el poder real recurre cada vez más a la violencia asociada al fascismo para perpetuarse y subsistir. De eso dan cuenta las experiencias a nivel global, comenzando por los países de Europa y los EE.UU.
Los pueblos, todos quienes sueñan con otro modelo de sociedad y de país, uno inclusivo y con democracia participativa y un funcionamiento social basado en una sana y pacífica convivencia, quienes quieren una transformación de la realidad con perspectiva de contenido popular, deben inexorablemente construir un contrapoder capaz de enfrentar y doblegar el dominio del que hoy los somete. Pero sólo pueden alcanzar esa meta si sus agrupamientos sociales, gremiales y culturales despliegan luchas por sus reivindicaciones legítimas de modo coordinado y ajustado al principio de la unidad, acompañado del debate cultural, ideológico, que sumado a la experiencia, eleven su volumen, su organización y conciencia política y transformen el sentido común, base para la construcción de su hegemonía. Este es el desafío.
TESIS 11
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