6 de noviembre de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 


Detenida por un aborto tardío

Un castigo más allá de la ley

Abogadas Lesbotransfeministas reclamaron a Fiscalía una persectiva de género.

Por Sonia Tessa
El juez Álvaro Campos dictó la prisión preventiva. 

Mientras D. T., de 36 años, continúa presa en Cañada de Gómez, acusada de homicidio calificado por haber tomado pastillas para terminar con un embarazo avanzado, la Colectiva de Abogadas lesbotransfeministas cuestionó la acción punitiva. “Por más extraño que parezca, en noviembre de 2022 una fiscal quiere pedirle prisión perpetua a una mujer por haber abortado”. Se refieren a Gabriela Lescano, del Ministerio Público de la Acusación y también al juez Álvaro Campos de dictar la prisión preventiva tanto a ella, como a su vecino, una persona con miocardiopatía hipertrófica. La Colectiva se presentó ante la fiscal regional María Eugenia Iribarren para solicitar “la adopción de medidas correctivas y sancionatorias que estime pertinentes, como así también que se lleven a cabo capacitaciones efectivas en materia de género con un enfoque interseccional, herramienta que entendemos no existe hoy en muchos y muchas agentes fiscales”.

Al comienzo de esta semana, el hallazgo de dos fetos en el patio de una casa de Cañada de Gómez generó títulos sensacionalistas, alimentados por las comunicaciones oficiales de la fiscalía, que hablaban de un embarazo de más de 30 semanas y del nacimiento con vida. También se difundieron datos erróneos, como que los fetos estaban enterrados. La mujer acusada dijo haber tomado pastillas abortivas para interrumpir un embarazo, y no hay ninguna prueba de que supiera de cuántas semanas estaba. Como ya se publicó, D.T. vive en un grave estado de vulnerabilidad social, con consumo problemático de estupefacientes, cinco hijos que están en custodia de otras personas porque ella no puede hacerse cargo y una voluntad manifiesta de no tener más hijos. Sin embargo, no tuvo acceso a un método anticonceptivo definitivo ni transitorio. De hecho, no hay registros de su paso por un centro de salud en los últimos meses. 

“Pedimos sanciones para la fiscal por el desconocimiento del derecho y por actuar en desconocimiento de los derechos humanos”, dijo la presidenta de La Colectiva, Daiana Araya, a Rosario/12. 

Durante la audiencia imputativa del miércoles, la defensora oficial Florencia Chaumet planteó su oposición a la calificación legal y cuestionó el exceso punitivista en la pretensión fiscal. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal rechazó también que le hayan tomado declaración estando internada, en pleno puerperio, sin asistencia legal, lo que incumple las garantías constitucionales.

Ante la situación, intervienen las abogadas lesbotransfeministas, quienes cuestionan "varias cosas". "Por un lado, la calificación legal, ya que sinceramente no entendemos de dónde sale. No hay ni siquiera elementos para justificar que se hable de homicidio, sobre todo cuando la acción que llevó adelante esta chica es la ingesta de pastillas para realizar la interrupción del embarazo”, explicó la abogada. 

También rechazan la prisión preventiva. “Sabemos que es una medida excepcional y en este caso no entendemos en qué podría contribuir a la investigación que la persona esté detenida”, afirmó.

Por eso, la Colectiva critica también al juez. “Campos fue fiscal de la oficina tematizada en Género del Ministerio Público de la Acusación, previo a su designación como juez. Sin embargo, pareciera que en esta oportunidad decidió no aplicar perspectiva de género o tiene una interpretación muy particular de la misma”, dijeron desde la Colectiva.

“Nosotras entendemos que el poder judicial no interpreta las leyes internas a la luz de los derechos humanos y los tratados internacionales que tienen rango constitucional. Intentan calificar un delito diciendo que estos fetos eran bebés, pero en realidad nada de eso existió en la audiencia, porque ni siquiera se sabe de cuántas semanas estaba la chica. No hay ni siquiera una autopsia que aclare cómo fue eso”, expresó Araya, y señaló que en la medida pericial se los denomina como fetos. 

También desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional Rosario cuestionaron la acción judicial. “No se configura ninguno de los supuestos para los cuales se dicta la prisión preventiva, ninguna de estas dos personas tiene posibilidades de obstruir el proceso ni de fugarse a ningún lado y son dos personas que tienen comprometida su situación de salud”, dijo Lucrecia Aranda, que integra la Campaña y planteó: “hay un cierto alarde punitivista”.

La activista puso el foco en la “presión social, mediática, por cómo ha sido presentado este caso. Creo que no es gratuito decir una mujer que enterró a sus bebés, es una suma de falsedades que construye un relato de una mujer absolutamente perversa, que teniendo la posibilidad de acceder a un aborto decidió porque sí dejar que el embarazo avanzara y los mató y los enterró. Toda una suma de falsedades, porque nada de esto está probado en la causa”.

Aranda subrayó que “en la autopsia preliminar no se ha establecido ninguna de las hipótesis que está manejando la fiscalía para haber cambiado la carátula de aborto ilegal a doble homicidio calificado por el vínculo”. Plantean que “la intención de esta mujer en todo momento entendió que se estaba practicando un aborto, en las condiciones que pudo”.

La integrante de la Campaña también indicó que vivir a tres cuadras del hospital de Cañada de Gómez -como argumentó la fiscal- no es una garantía de acceso a la salud. “Yo quisiera saber cuántos carteles, cuántos afiches, cuánto acceso tuvo a conocer sus derechos en sus anteriores visitas o pasos por el hospital, cuánto fue contenida esta persona para que, teniendo un problema de adicción que era conocido por el estado, no se le hubiera ofrecido la colocación de un DIU (dispositivo intrauterino) por ejemplo, cuando ella tenía, y manifestaba, su voluntad de no seguir teniendo hijos”.

 

Por su parte, Araya puso el eje en la ausencia estatal previa. “El estado no te ve cuando tenés tantas vulneraciones juntas hasta que te criminaliza por lo que hiciste”, planteó. “Este es un claro escenario de abuso de poder punitivo que pone en riesgo derechos conquistados por la historia de los movimientos sociales feministas”, dijeron desde la Colectiva y señalaron: “No solo resulta absurdo, sino que además es inconstitucional, arbitrario, en extremo punitivista y carente de sentido. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué no vuelva a embarazarse y a abortar? La postura que tomó la fiscalía es clasista y antiderechos”.



FUEGO

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego reportó durante el último viernes una serie de incendios en jurisdicción de las ciudades entrerrianas de Victoria y Diamante y ahora añadió uno más en Gualeguay. Entre los focos activos en cinco provincias argentinas, ayer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que en Entre Ríos se registran incendios en Victoria (Carpincho), Diamante (Nutria) y Gualeguay (Hormiga), frente a las costas de Rosario, Coronda y Villa Constitución, respectivamente. 



El socialismo rechaza acusaciones de los radicales

Ningún acuerdo con el gobierno

Diputados y diputadas del Partido Socialista negaron "rotundamente" las maniobras para designar jueces de pequeñas causas.

Desde el socialismo recordaron su gobierno impulsó los concursos públicos

El bloque de diputados y diputadas Socialistas de la provincia de Santa Fe negó "rotundamente la existencia de cualquier tipo de acuerdo" y repudió "cualquier intento político de asociar a nuestro partido con algún tipo de maniobras para designar jueces y fiscales que no sea según los mecanismos establecidos", en relación con la denuncia de diputados radicales. "Reafirmamos nuestro histórico compromiso con la transparencia y calidad institucional, y los concursos públicos que pusimos en marcha durante nuestros gobiernos provinciales y locales", dijeron desde el Partido Socialista. 

"Desde que llegamos al gobierno de la provincia en 2007, apelamos a transparentar los concursos públicos y a elegir funcionarios judiciales y de cualquier índole por su idoneidad y aptitud, y desde nuestro lugar de oposición es lo que le hemos reclamado siempre al gobierno provincial y seguiremos haciendo en esta oportunidad". Es que diputados radicales referenciados en Maximiliano Pullaro indicaron que la elevación de pliegos sin respetar el orden de mérito surgido por concurso para jueces comunitarios de pequeñas causas surgía de un acuerdo del gobernador Omar Perotti con el Partido Socialista. "Es escandaloso: de 36 pliegos remitidos, en solo 7 casos se respeta el orden del puntaje de oposición”, señaló el legislador radical Juan Cruz Cándido.

Desde el socialismo puntualizaron que "el Poder Ejecutivo, como responsable del proceso de selección, arma las ternas y eleva nombres al Poder Legislativo para su aprobación o rechazo en virtud de un examen, de antecedentes y de una entrevista. La Legislatura es la que luego evalúa ese proceso y da acuerdo o no a esos pliegos".

Y prometieron que evaluarán "responsablemente cada uno de esos pliegos" y solo prestarán acuerdo "para aquellos que respeten la legalidad y cuyos postulantes sean idóneos para el cargo propuesto".

En el comunicado, aprovecharon para exigir "transparencia en la designación de todos los cargos judiciales" y "ejemplaridad en el proceso de concurso de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincia de la Defensa Penal (SPPDP), apelando a la total independencia del jurado y a la citación de los ministros y funcionarios a cargo". 

En una clara crítica a sus aliados de la UCR, desde el Partido Socialista afirmaron: "Nos llama la atención que algunos sectores de la política dirijan las críticas al Socialismo, ensucien con nombres propios a personas sin mostrar pruebas, como si nuestro partido hoy fuera gobierno y como si esos pliegos estuvieran aprobados". 

"No vamos a permitir ni a tolerar falsas acusaciones, extorsiones ni aprietes públicos propios de una forma de hacer política que no compartimos ni aceptamos", expresaron.



Evo Morales fue la figura central de la feria en Santa Fe

"La única manera de garantizar la paz es con justicia social"

El expresidente de Bolivia habló con Rosario/12 sobre América Latina, el triunfo de Lula y lo plurinacional. "Mientras haya injusticias, habrá luchas", dijo.

Por Leo Ricciardino
Evo Morales fue el centro de atención en la Feria del Libro Nacional y Popular de Santa Fe. 

El ex presidente de Bolivia Evo Morales fue el centro de atención más importante de la Feria del Libro Nacional y Popular que organizó en Santa Fe el diputado provincial Leandro Busatto. Y que incluyó también las presencias del dirigente chileno y exdiputado Marco Enriquez Ominami y del propio presidente argentino Alberto Fernández, en una de las jornadas más trascendentes de la feria. Fiel a su estilo, con su tono tranquilo pero de una enorme profundidad política, Morales evaluó la significancia del triunfo de Lula en Brasil, la articulación de los movimientos de liberación en toda América Latina y aseguró que “mientras haya injusticias, habrá lucha”. También dejó su marca con un concepto que lo acompaña desde que lanzó su proyecto de estado Plurinacional: “Para nosotros la plurinacionalidad es la unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad”, aseguró.

Para el expresidente Evo Morales, el triunfo de Lula en Brasil “levanta mucha esperanza para la patria grande y da la posibilidad de fortalecer Unasur y Celac, que son instituciones que garantizan la integración de los pueblos de los Estados de América Latina y el Caribe. Es un gran desafío para los presidentes acompañar con decisiones sociales y políticas públicas la liberación de América Latina”, afirmó sobre lo que consideró "una rebelión democrática en Sudamérica". 

-Cómo interpreta este momento en el que tras el encarcelamiento de Lula en Brasil y el golpe de Estado que le dieron a usted en Bolivia, sin embargo están de vuelta en el centro de la escena política. Es como que hay esperanzas porque si no parece que todo se lo lleva la derecha...

-En mi caso, los presidentes de México, Argentina, de Venezuela, de Cuba, ex presidentes como (de Colombia, Ernesto) Samper, (José Luis) Rodriguez Zapatero; me salvaron la vida. Las luchas siguen mientras haya injusticias y desigualdad. La única manera de garantizar la paz es con justicia social. La derecha habla de paz pero con intervención militar, esas son nuestras profundas diferencias. (Barak) Obama, (Donald) Trump organizaron el Grupo de Lima con el expresidente de Argentina (Mauricio Macri), con el presidente de Brasil, con el presidente de Perú, de Colombia; ahora nos preguntamos ¿no hay Grupo de Lima para frenar la revolución bolivariana en Venezuela? Allí (Nicolás) Maduro triunfó y es una lección que nos deja Hugo Chavez. Por eso para mí el triunfo de Lula fue una rebelión democrática en Sudamérica. Y a partir de estos triunfos debemos garantizar los procesos para la liberación.

-¿Qué opina sobre estos mensajes de odio que hoy proliferan de parte de sectores vinculados a la derecha y extrema derecha?

-Es una pena que algunos grupos neofascistas los impulsen después de casi 200 años de las repúblicas en América Latina, no se puede entender que algunos piensen que hay personas de primera y de segunda. Nosotros impulsamos el Estado Plurinacional, y  para nosotros la plurinacionalidad es la unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad. Es garantizar la libertad y la identidad de nuestros pueblos. Hay un objetivo profundo en lo económico y en lo político, tiene que ver con la soberanía y la independencia del Estado. Garantizando la libertad, la identidad y la dignidad para los pueblos de América Latina. Casi a 200 años de la doctrina inmoral Monroe, planteamos desde Unasur: América Plurinacional de los Pueblos para los Pueblos. Y eso está en proceso, es una forma de garantizar la liberación de nuestros pueblos.

-Este marco político que usted describe además ¿debe terminar garantizando la redistribución del ingreso?

-Nuestra experiencia mediante la revolución democrática y cultural fue garantizar primero la refundación de Bolivia, es decir contar con un estado Plurinacional frente al estado colonial. Segundo, en lo económico fue importante la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas, hay que garantizar que los servicios básicos sean un derecho humano y por lo tanto no pueden ser un negocio de los privados. Y tercero, la redistribución de la riqueza que nos ayuda para reducir la pobreza. Bonos, rentas, transferencias para las familias más humildes. Nosotros también apoyamos a los pequeños proyectos productivos, toda una agenda programática para reducir la pobreza, por eso en un corto tiempo cambiamos Bolivia y nos convencimos que otro país era posible. Y eso se construye con la unidad, gobernando para el pueblo y con el pueblo. 


HOMENAJE

En el nombre de Viviana

El próximo jueves, a las 18, será la presentación oficial del premio Viviana Nardoni sobre Derechos Humanos en el marco del Festival de Cine Latinoamericano Rosario. La distinción se instituye "desde el afecto y en reconocimiento a los valiosos aportes que Viviana realizó a la gestión cultural y en especial a su entrañable vínculo con el Festival de Cine Latinoamericano". La propuesta conjunta se presenta como "una forma de hacer perdurable su legado a través del cine: que se sigan visibilizando las desigualdades en clave latinoamericana bajo su nombre". En el encuentro se proyectará la serie “Fragmentos de Vida” compuesta por tres testimonios sobre el terrorismo de Estado en Argentina, con los relatos de Nélida Turlione, Ramón Etchegaray y la propia Nardoni, quien fue historiadora, comunicadora social, militante, gestora cultural y directora del Museo de la Memoria entre los años 2015 y 2020. Murió en junio de este año, a los 69 años. 




Continúa la causa por el alquiler de una casa para Gendarmería en Santa Fe

La contratación directa fue digitada por Corral

La Cámara Federal revocó la falta de mérito al ex funcionario Mariano Hoet y al comandante Pedro Ortubia y serán investigados por incumplimientos de deberes.

Por Juan Carlos Tizziani
Corral direccionó una operación inmobiliaria con fondos del municipio. 

Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario (Sala B) revocó la falta de mérito del ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Santa Fe Mariano Hoet y del comandante de Gendarmería Pedro Ortubia en una causa que investiga una operación inmobiliaria del ex intendente José Corral con fondos del municipio: el alquiler de la casa del diputado nacional del PRO Álvaro González -en el casco histórico de la ciudad- que operó como comando de Gendarmería durante tres años, entre 2016 y 2019 y significó para el dueño un ingreso superior a los dos millones de pesos. El fiscal Walter Rodríguez imputó a Hoet y Ortubia por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de deberes” en julio de 2020, pero el juez Marcelo Bailaque –que estaba a cargo del Juzgado Federal Nº 2- recién ordenó las indagatorias en marzo y abril de 2021 y dos meses después, en junio, les dictó la falta de mérito a los dos imputados. El fiscal apeló. Y ahora, la Cámara por mayoría revocó la falta de mérito, pero sólo por uno de los cargos: el “incumplimiento de deberes” y confirmó la resolución de Bailaque en el otro, que era el presunto “fraude”. Lo que resulta inentendible. Una contratación directa de Corral “direccionada” –según el fiscal Rodríguez y uno de los jueces de la Cámara, Fernando Barbará- que alquiló la casa de González como sede de la Gendarmería en Santa Fe durante tres años, pero que según los votos de la jueza Elida Vidal y su colega José Guillermo Toledo no habría generado ningún “perjuicio económico” para el Estado.

La resolución de la Cámara se conoció en la misma semana que Corral selló una alianza política con el precandidato a gobernador y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para disputar en la interna de Juntos por el Cambio como primer aspirante en la lista de diputados provinciales, en 2023. Y su amigo, Álvaro González compartió una foto con una veintena de dirigentes santafesinos del PRO que apoyan la candidatura presidencial del jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En el primer voto, el juez Fernando Barbará propuso a la Sala que revoque la falta de mérito de Hoet y Ortubia por los dos cargos: el supuesto “fraude” y el “incumplimiento de deberes”. Y cerró con una definición tajante: “No puedo dejar de destacar que el diputado nacional Álvaro González, que habría sido el destinatario final del canon locativo, resulta ser del mismo partido político, a la sazón, gobernante en la Intendencia de la ciudad de Santa Fe y a nivel nacional, de quien dependía la fuerza de seguridad que habría celebrado el contrato de locación”. Tres referencias obvias: el intendente era Corral, la Gendarmería dependía de la entonces ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el presidente era Mauricio Macri, todos de Juntos por el Cambio.

Las gestiones para alquilar la casa de Álvaro González comenzaron con un escrito “sin fecha, ni membrete, ni sello aclaratorio de firma”, suscripto por Ortubia y dirigido a Corral que consideró "estratégica" la ubicación de la propiedad –en el casco céntrico de Santa Fe- para instalar el comando de Gendarmería porque estaba cerca de “vías de acceso rápido de la ciudad”. El trámite exprés se resolvió en cuatro días, entre el 15 y el 20 de setiembre de 2016 y terminó con un decreto de Corral que alquiló la propiedad por dos años, a razón de 50.000 pesos mensuales el primero y 65.000 en el segundo. Después, hubo otra una renovación en 2019.

El juez Barbará coincidió con el fiscal Rodríguez en sospechar de un operativo “direccionado” por parte de Ortubia y Hoet. "Las acciones llevadas adelante” por ambos imputados apuntaban a “lograr la realización del contrato de locación”. Y consideró que otras propiedades que se habían ofrecido en el expediente eran “al sólo efecto de hacer lucir como la más beneficiosa” a la casa de Álvaro González.

Las pruebas acreditan la “intervención” de Ortubia y Hoet “en los hechos” –dijo Barbará-. La “acción” de ambos fue el “punto de partida” para seleccionar el inmueble de calle Moreno al 2400 como comando de la Gendarmería en Santa Fe. “Las pruebas implican un serio aporte a la imputación” que planteó el fiscal y propuso a la Sala que revoque la resolución de Bailaque y la falta de mérito de Hoet y Ortubia por los dos cargos: el supuesto “fraude” e “incumplimiento de deberes”. Y cerró con ese párrafo que Álvaro González, Corral y Bullrich –a quien no mencionó por su nombre- forman en la misma fuerza política que gobernaba Santa Fe y el país.

La jueza Elida Vidal coincidió con Barbará en revocar la falta de mérito de Hoet y Ortubia por el supuesto “incumplimiento de deberes”. Pero en el caso del “delito de fraude”, entendió que “en el actual estado de la investigación, no podemos concluir que efectivamente existiera un perjuicio económico” para las arcas públicas. A su juicio, “no surge a prima facie, que el monto del alquiler resultó excesivo o que no era acorde a los valores que se manejaban en el mercado inmobiliario de la época”. Por lo tanto, propuso ratificar la falta de mérito de los imputados por el segundo cargo. El juez Toledo adhirió al voto de Vidal y la sala resolvió entonces por mayoría: “confirmar la resolución de Bailaque del 9 de junio de 2021, revocándola en cuanto dispuso la falta de mérito de Ortubia y Hoet en relación al delito previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal”, por “incumplimiento de deberes”. Una decisión inentendible. 


La información policial ocupa el 30% de los noticieros

El espectáculo de los delitos

Una investigación sobre programas de distintas ciudades del país analiza cómo se construyen los discursos sobre inseguridad.

Por Victoria Arrabal
Becerra, Aruguete y Raimondo Anselmino estuvieron en el Congreso de la Democracia.. Imagen: Mery Carreras

La información policial está ocupando progresivamente más espacio en los noticieros y en la actualidad supera el 30% del tiempo total. Con el objetivo de analizar el circuito productivo de estas noticias, un equipo de profesionales del campo de la comunicación y la sociología realizaron una investigación en base a ocho noticieros centrales de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, entre 2016 y 2020.

El resultado de este trabajo se plasmó en el libro “El delito televisado. Cómo se producen y consumen las noticias sobre inseguridad y violencia en la Argentina”. El mismo fue presentado durante el Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia que tuvo lugar esta semana en la Facultad de Ciencia Política, por Martín Becerra y Natalia Aruguete de la Universidad Nacional de Quilmes y Natalia Raimondo Anselmino de la Universidad Nacional de Rosario, editores junto a Gabriel Kessler.

“La investigación aborda los condicionamientos en torno a la propiedad de los medios, las rutinas de producción de las noticias, el contenido noticioso y su construcción discursiva, así como la instancia de recepción de este tipo de discurso”, expresa Raimondo Anselmino.

Dado que los medios de comunicación compiten con múltiples plataformas que están tratando de captar la atención del espectador, “en el modo de narrar el delito hay una tendencia a la espectacularización a través de sonidos y reiteración de imágenes más propios de la ficción, sobre todo en los informes especiales”, afirma la investigadora y agrega que la TV tiende a simplificar el hecho que cuenta y lo descontextualiza.

“Los hechos son narrados desde una dimensión individual que se centra en historias mínimas y se enfoca en los personajes involucrados en ese evento en desmedro de un planteo contextualizado que atienda a los condicionantes sociales, políticos, económicos o culturales que hay detrás”, explica Raimondo Anselmino.

Enemigo social

El discurso de información sobre el delito suele cristalizar estereotipos de delincuentes y construir una espacialidad entre el bien y el mal, entre un “nosotros” y un “ellos”, según describe Natalia Aruguete y agrega: “Como estas noticas necesitan identificar a las víctimas y a los victimarios, el discurso se inscribe en la personalización, la controversia, la descontextualización y la deshistorización, rasgos de la dramatización de la noticia”.

Quien comete el delito se convierte en un “enemigo social” y allí pesa mucho la clase social de los involucrados en los hechos. “Las personas de escasos recursos suelen ser presentadas como victimarios (aún cuando sean víctimas de la acción violenta) y su voz no tiene crédito en las coberturas”, afirman.

La forma de identificar a los personajes involucrados está relacionada con el tratamiento de las fuentes de información. De acuerdo al relato de los propios trabajadores de prensa acerca de sus rutinas, cuando llegan a los canales, el primer conocimiento que tienen de un caso es a través del parte policial.

“Esa fuente primaria (policía y poder judicial) es la que habilita la noticia y da el curso del encuadre que va a tener. Quienes participan como otras fuentes terminan reforzando la perspectiva oficial y cuando no es así, aparecen desacreditadas”, sostiene la investigadora.

“Existen formas estereotipadas de referirse a determinados personajes y territorios definidos como “inseguros” a los que los periodistas no pueden acceder sin policías, lo que también condiciona el tipo de cobertura”, agrega y esto explica algo naturalizado: la sobrerepresentación de las noticias de delito en territorios de mayor poder adquisitivo.

“En términos de valores morales y de derechos humanos, importan más los perjuicios sobre la propiedad que el derecho a la vida”, dice Aruguete y ejemplifica: frente al asesinato de una persona que intentó robar en un supermercado por parte del custodio, tanto quienes configuran discursivamente ese evento como los receptores, consideran que 'el asesinado se la buscó'.

Propiedad de los medios

Una de las hipótesis planteadas en el trabajo es que la estructura concentrada de la propiedad de los canales de televisión en las principales ciudades argentinas interviene decisivamente en la cobertura de noticias, opiniones relacionadas con el delito y rutinas periodísticas.

Según explica Martín Becerra “en los canales de interior hay, por un lado, una zona más vinculada con ficción, entretenimiento y parte de las noticias nacionales e internacionales provistas por Buenos Aires. Y, por otro lado, una zona de producción local de noticias que tiene mejores índices de audiencia. Sin embargo, aun teniendo cobertura local se reproduce cierto patrón tecnoestético del canal cabecera de Buenos Aires.

Además, de acuerdo a la descripción que hacen de su trabajo los periodistas de noticieros que cubren delitos en Rosario, Córdoba y Mendoza, hay limitaciones económicas de recursos y de tiempo. Estas condicionan los procesos de organización del trabajo en los canales de televisión, en sus diferentes fases (pre producción, producción y posproducción) principalmente con relación a los criterios de selección y cobertura de temas como de edición y presentación de los contenidos.

Además los investigadores consideran que los niveles de cobertura de casos de delito están afectados por ciertos “eventos clave” que pueden suscitar mayor interés para los medios e influyen en los criterios de selección u omisión de la cobertura de los casos y consecuentemente de los niveles de relevancia noticiosa.

En cuanto a la recepción de dichas noticas observan que es intersticial y está condicionada por una serie de factores tales como la evaluación que el público hace del medio en cuestión, variables ligadas a los propios individuos, en particular la experiencia de victimización, la percepción de cercanía o lejanía geográfica y/o social con el caso noticiado y otras como el género, la ideología sociopolítica y la edad.

El proyecto “De la propiedad a la recepción: estudio integral del circuito productivo de las noticias sobre delito e inseguridad en los noticieros televisivos de mayor audiencia de la Argentina” fue financiado por el Conicet, la Defensoría del Público Audiovisual de la Nación y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Martín Becerra es investigador del Conicet, Doctor en Ciencias de la Información profesor de la UNQ y de la UBA. Natalia Aruguete es investigadora del Conicet, Doctora en Ciencias Sociales y profesora de la UNQ. Natalia Raimondo Anselmino es investigadora del Conicet, Doctora en Comunicación Social, docente de grado y posgrado de la UNR y la UAI.  



Absuelven a las empleadas de Bolsafé Valores al aplicar la perspectiva de género

Otras víctimas de la estafa de Mario Rossini  

En el fallo que condenó al financista a quince años de prisión, el Tribunal Oral de Santa Fe absolvió a las mujeres que eran empleadas de comercio y cumplían horario, además de ser expuestas públicamente por el empresario a dar explicaciones a los clientes. 

Por Juan Carlos Tizziani
El fiscal Martín Suárez Faisal no acusó a las seis empleadas de Rossini.

Desde Santa Fe

La sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe que condenó a Mario Rossini a 15 años de prisión por la estafa más grande en la historia de la ciudad capital, pero que absolvió a seis trabajadoras de la empresa a las que el financista mandó al frente –a la “línea de fuego”, según los jueces- es la primera con “perspectiva de género”. En los fundamentos del fallo de 1.040 páginas –que se conocieron en estos días-, el presidente del Tribunal José María Escobar Cello y sus colegas Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider coincidieron con el fiscal Martín Suárez Faisal que las seis mujeres eran víctimas del empresario. Y las ubicaron en el mismo plano que los 459 estafados y estafadas por un monto -que en 2016- superaba los 250 millones de pesos y era el equivalente a 17 millones de dólares. “Juzgar con perspectiva de género lejos de ser una moda jurídica es una obligación legal” que impone “el derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos”, explicó el Tribunal. En el debate, el fiscal demostró la “existencia de una relación asimétrica y desequilibrada de poder” entre Rossini y sus empleadas y las “situaciones violentas y padecimientos” que ellas “debieron soportar por el accionar ilícito” del condenado. “Sus vidas quedaron atravesadas” por el colapso de Bolsafé Valores y a pesar de que había otros trabajadores “solo ellas fueron sindicadas como cómplices de Rossini” –porque ponían la cara ante los ahorristas- y “sometidas a un proceso penal durante diez años”. Las consecuencias fueron: la desocupación y “los martirios psíquicos y de salud que afectaron sus vidas y sus relaciones personales”. “Rossini las expuso a enfrentarse a clientes desesperados y enojados” por el despojo y “quedaron atrapadas”, no sólo por las “acusaciones”, sino también en “la ‘línea de fuego’ por su exposición directa a los medios de comunicación de Santa Fe que las condenaron mucho antes del juicio”, agregó.

El 11 de agosto, el Tribunal condenó a Rossini a 15 años de prisión por los delitos de  “administración fraudulenta” en 459 hechos y “captación de ahorro público sin autorización” agravado por el uso de medios masivos. Lo inhabilitó por seis años y le impuso una multa de “tres veces el monto de sus operaciones”, que según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de 2016, superaban los 250 millones de pesos y era el equivalente a 17 millones de dólares. El fiscal Suárez Faisal le había pedido una pena de 18 años de prisión y una multa de 900 millones de pesos. Rossini seguirá en su casa, la sentencia ordenó su “inmediata detención”, pero cuando la condena “quede firme”, lo que es una incógnita porque las querellas ya anunciaron que apelarán ante la Cámara de Casación Penal y luego sigue el capítulo de la Corte Suprema de la Nación.

En el alegato, Suárez Faisal no acusó a las seis mujeres, dijo que eran víctimas de Rossini. Ellas ignoraban que su jefe era “el autor de la mayor estafa de Santa Fe”. “Confiaban en él, eran unas ilusas” y hasta “estaban orgullosas de formar parte de una empresa bursátil que era la más prestigiosa de la región”. “Si Rossini engañó a todos los ahorristas, ¿por qué no habría de engañar a estas chicas? Y tanto las engañó que hasta el día que lo metieron preso, les dijo: ‘Vuelvo en 15 minutos’”.

Rossini utilizó a sus empleadas como “instrumentos del delito”, reveló Suárez Faisal. Su conducta es “un acto de violencia de género en la modalidad de violencia laboral” porque “las expuso a enfrentarse" a la furia de los clientes y a medios de comunicación que las estigmatizaron como “culpables” y “revelaron sus identidades”.

El Tribunal coincidió con la Fiscalía: aplicó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) –incorporada a la Constitución Nacional- y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –vigente en la Argentina por la ley 24.632- y absolvió a las seis trabajadoras. “Juzgar con perspectiva de género lejos de ser una moda jurídica es una obligación legal” que impone “el derecho a la igualdad y a la no discriminación consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

Aplicar la “perspectiva de género como método jurídico” requiere “constatar la existencia de una relación asimétrica y desequilibrada de poder” –señaló el Tribunal-, que es lo que se probó en el juicio: la “desigualdad” entre Rossini y las seis mujeres y “las situaciones violentas y padecimientos” que ellas “debieron soportar” por el “accionar ilícito” del condenado.

En las audiencias, Marisa –una de las trabajadoras- contó que había confiado en Rossini “hasta el último día” de la empresa. “Los ahorristas comenzaron a enojarse mucho” y que ella y sus compañeras “no tenían respuestas”. En un momento, dejó de cobrar el sueldo y aún así pensaba que “las cosas se iban a arreglar”, “ni siquiera tomó recaudos para proteger su propia inversión”. “A los 45 años me quedé sin trabajo, sola y sometida a un proceso penal”.

Patricia dijo que el día del colapso, el 27 de noviembre de 2012, “bloquearon las cuentas” de Bolsafé Valores y “quedaron solas, a la deriva, sin saber qué hacer”. Denunciaron la situación ante el Ministerio de Trabajo y “se dieron por despedidas”. “Nunca cobramos la indemnización”. “Soy tan víctima como los inversores, siento que me han robado diez año de mi vida con esta causa”.

Lorena explicó que ella también era “damnificada” porque no sólo perdió los títulos públicos que había depositado en la empresa de Rossini, sino también los de sus hermanos. Los bonos eran la “indemnización del Estado nacional” a la familia por la muerte de su papá durante la dictadura, en un operativo del terrorismo de estado. Cuando cayó Bolsafé, “todo era un caos”. Ella “se quedó sin trabajo y con deudas, con un hijo chiquito” y “sobrevivía con la ayuda de sus hermanos”.

Carolina describió su “pesadilla”: “un cáncer de mama” que padeció dos veces en los últimos cuatro años y el proceso penal que se extendió una década. “Fueron años muy traumáticos” porque de un día para el otro se quedó “sin trabajo”, le allanaron la casa y fue imputada en una causa penal. “Me arruinaron la vida”. Igual que sus compañeras, nunca cobró la indemnización.

Daniela reveló que no sólo quedó en la calle por el desplome de Rossini, sino que también perdió un segundo trabajo en otra empresa porque pidió permiso para “comparecer en el juicio” y la echaron. Miriam coincidió con el relato de sus compañeras.

Los testimonios fueron “elocuentes” –explicó el Tribunal-. Las seis mujeres "quedaron atravesadas por el desenlace de la empresa”. Y a pesar de que había otros trabajadores, “sólo ellas fueron sindicadas como cómplices de Rossini y sometidas durante diez años a un proceso penal”. Las consecuencias fueron el desempleo y “los martirios psíquicos y de salud que afectaron sus vidas y sus relaciones personales”.

“Rossini las expuso a enfrentarse a clientes desesperados y enojados”. “Eran el único rostro de una empresa que había defraudado a su cuantiosa masa de inversores”. “Quedaron atrapadas no sólo por acusaciones, allanamientos, identificaciones, indagatorias o procesamientos, sino también en la 'línea de fuego' por su exposición directa en medios de comunicación que las condenaron mucho antes del juicio”, reveló el Tribunal.

“Todas eran madres de familia”, necesitaban trabajar. Rossini se aprovechó de ellas, de “su condición de mujer”, de sus “vulnerabilidades y escasa experticia”. Por lo tanto, como planteó el fiscal Suárez Faisal, “no puede sostenerse una postura acusatoria contra un puñado de mujeres con sueldo y régimen de empleadas de comercio, horarios fijos y órdenes precisas y limitadas”, dijo el Tribunal. Y concluyó que Marisa, Patricia, Lorena, Carolina, Daniela y Miriam son inocentes y las absolvió de “culpa y cargo”.

 Fuente:Rosario12



No se entiende el menú

Reclamo salarial: anuncian paros sorpresivos en bares de Rosario

 

Sindicatos gastronómicos de distintas ciudades turísticas del interior lanzaron una medida de fuerza, exigiendo una equiparación salarial con los trabajadores del rubro del Amba. Afirman que las diferencias en el sueldo alcanzan un 20 por ciento.

La Unión de Trabajadores del Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) anunció paros sorpresivos a diferentes establecimientos de la actividad. Desde la seccional Rosario del gremio adelantaron que se pliegan a la medida que alcanza a bares y restaurantes, y que incluirá escraches a los integrantes de la Cámara empresaria local.

La huelga responde al reclamo para equiparar salarios del sector de las ciudades turísticas como Rosario, Córdoba y Mar del Plata, con sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). En un comunicado, indicaron que existe una diferencia de entre el 16 y 20 por ciento entre el sueldo de un trabajador gastronómico de esas ciudades turísticas respecto a los del Amba. 

Según la organización sindical, el aumento fue preacordado en septiembre pasado para esas ciudades turísticas, que incluye a Rosario. Pero denunciaron que el sector empresario “no cumple” con ese acuerdo.

“Es un pedido para regularizar aquellas denominadas zonas turísticas el país, entre las que se encuentra Rosario, por la importancia que ha tenido en los últimos tiempos la actualización de salario con respecto a los trabajadores que se desempeñan en el Amba”, indicaron los Gastronómicos de Rosario.

Fuente:RedaccionRosario


¡CHAU NANO!

La despedida de Serrat de la Argentina comenzó con un show histórico en la ciudad


El trovador catalán Joan Manuel Serrat inició este sábado ante una multitud reunida en el autódromo de Rosario, el segmento argentino de su gira de despedida de los escenarios con un concierto donde repasó buena parte de su trayectoria.

En el primero de los siete recitales locales de “El vicio de cantar 1965-2022” (el martes 8 pasará por el estadio Mario Kempes de Córdoba y, entre el 19 y el 29 de noviembre, realizará cinco funciones en el porteño Movistar Arena), la masiva convocatoria generó un caos de tránsito en la ciudad santafesina con atascos de más de tres kilómetros.

"Bienvenidos todos todas y todes, les voy a rogar que dentro de lo posible aparten todos los atisbos y tentaciones de melancolías y nostalgias que puedan amenazarnos. Piensen que de ahora en adelante todo lo que pase es futuro, y no nos lo vamos a perder", dijo Serrat a modo de bienvenida y después de entonar “Dale que dale” con la que abrió la velada a las 21.30.

El artista, de 78 años, agradeció al público por acompañarlo "esta noche como lo han hecho a lo largo de toda mi vida", en otro tramo de un encuentro cargado de emotividad.

La relación entre Serrat y Rosario quedó plasmada en la tarde del viernes cuando el músico y compositor participó de la inauguración de un paseo que lleva su nombre y el de su amigo argentino, el fallecido escritor y dibujante Roberto “Negro” Fontanarrosa, ubicado en la esquina del mítico bar El Cairo en el centro de la ciudad.

“Ha sido un gusto pisar una vez más Rosario y poder gozar de su afecto, un afecto del que pienso seguir gozando”, deslizó el autor de gemas como “Esos locos bajitos”, “Pueblo blanco” o “Disculpe el señor”, por citar apenas algunas.

La presentación en el Autódromo, que fue abierta por el armoniquista y compositor local Franco Luciani, incluyó por parte de Serrat una versión de su clásico "Penélope" tras el que comentó que si de él dependiera “estaría cantando hasta el amanecer", aunque aclaró entre risas: "Probablemente haga un papelón en algún momento”.

Fuente:RosarioPlus





No hay comentarios: