Primera encuesta de hogares elaborada por la UNR
Información real sobre nuestra ciudad
El trabajo -entre otros puntos- aporta datos relevantes relacionados a tipos de hogar, tenencia de animales, personas migrantes, acceso a tecnologías y coberturas de salud.
La Universidad Nacional de Rosario a través de la Usina de Datos, un centro de producción y análisis de datos conformado por un equipo interdisciplinario, presentó ayer los resultados de la primera Encuesta de Hogares Rosario (EHR). Se trata de una encuesta multipropósito realizada a través de un muestreo complejo, que garantiza que la fracción de hogares encuestada sea representativa del conjunto de hogares de la ciudad. El trabajo aporta datos relevantes relacionados a los tipos de hogar, vivienda y régimen de tenencia, condiciones habitacionales, tenencia de animales, lugar de nacimiento, personas migrantes, personas con dificultades de largo plazo, acceso a las tecnologías en el hogar, educación, barrio y cercanías de la vivienda, ambiente, estrategias del hogar y coberturas de salud. Su principal objetivo, plantearon, es la construcción de una fuente primaria de datos que permita estimar y caracterizar, entre otros, aspectos demográficos, sociales, económicos, culturales, de la población y los hogares rosarinos.
"Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo desde la Universidad Pública para Rosario. Los resultados del informe son un insumo para el diagnóstico y la elaboración de políticas públicas", subrayó el rector Franco Bartolacci, para luego adelantar que le enviará una copia del trabajo al intendente Pablo Javkin. "La encuesta tiene un triple impacto: La necesidad de producir información real sobre nuestra ciudad que no está o está desactualizada, aportar a la construcción de las políticas públicas locales, y robustecer el sistema nacional de datos públicos", señaló a su turno el director de Investigaciones Interdisciplinarias, Agustín Prospitti.
El informe fue presentado en la sede Gobierno de la UNR por Bartolacci y Prospitti, quienes estuvieron acompañados por la secretaria del Area de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, Elena Gasparri, la coordinadora general de la Usina de Datos, Paula Durán, y la encargada de la coordinación estadística, Lucía Andreozzi. Allí destacaron que Rosario -según proyecciones oficiales tiene más de 1 millón de habitantes en alrededor de 370 mil hogares- no cuenta con información estadística sistemática y representativa de toda su población, más allá de la producida por el sistema estadístico nacional (Censos, Encuesta Permanente de Hogares) y local a través de los anuarios estadísticos municipales. Además, no está diferenciada de otras localidades pequeñas y con perfiles disímiles incluidas en el aglomerado Gran Rosario.
La EHR, que como subrayó Durán es "la punta del iceberg de un montón de posibilidades", posibilitará contar con información estadística relevante a nivel subnacional para construir indicadores desarrollados de acuerdo a las particularidades de su territorio. La muestra seleccionada relevó 1070 viviendas de la ciudad en un período de 12 semanas durante el último trimestre del 2021, pero desde la concepción del proyecto pasaron más de dos años.
Tipos de hogar. En Rosario, 3 de cada 10 hogares se conforman por personas que viven solas. Entre los hogares multipersonales se destacan los conformados por parejas con hijos/as (30%), mientras que el resto se distribuye entre parejas sin hijos/as (16%), hogares extendidos (13%) y hogares sin cónyuge con hijos/as (11%). Entre los hogares con jefatura masculina predominan aquellos compuestos por parejas con hijos/as. En cambio, en el caso de las unidades de convivencia con jefaturas femeninas predominan los hogares unipersonales seguidos por los de mujeres sin cónyuge con hijos/as.
Tipos de vivienda y régimen de tenencia. La mayor parte de los hogares, el 58%, son propietarios de la vivienda y el terreno que habitan, mientras que un 32% son inquilinos. Y según el tipo de vivienda, los datos muestran que de cada 3 hogares, 2 viven en casas y 1, en departamentos. El hacinamiento afecta al 6% de los hogares y abarca al 12% de la población.
Condiciones habitacionales del hogar. El 76% de los hogares rosarinos tienen una condición de saneamiento adecuado; es decir, que poseen baño de uso exclusivo dentro de la vivienda o el terreno, con descarga de agua a red pública. El 35% de los hogares tiene alguna privación en materia de acceso a servicios públicos (gas natural, agua de red, y/o cloacas). Entre los principales indicadores que determinan estas carencias se encuentran un 26% de hogares que usan gas en garrafa y un 19% no tiene desagüe a red pública (cloaca). El acceso a estos servicios no solo depende de la existencia de redes en las inmediaciones de la vivienda, sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias correspondientes.
Acceso a tecnología (en el hogar). El 84% de los hogares posee acceso a internet; sin embargo, sólo el 63% cuenta con una computadora/ notebook/netbook.
Barrio y cercanías de la vivienda. El 92, 3% identificó las paradas de colectivos urbanos, el 82, 1% las farmacias, el 76,8% plaza o parque, el 77,3% la escuela primaria, el 61,4% el centro de salud u hospital, un 43,5% centro de deportes y/o clubes deportivos. De modo contrario, refirieron desconocer la ubicación de espacios comunitarios-culturales, entre ellos, un 27% identificó un espacio de arte y cultura. Además, la encuesta arrojó que el 99,1% de los hogares posee alumbrado público en la cuadra de su vivienda de residencia, el 92,5% cuenta con servicio de recolección de residuos municipal, el 94,2% tiene calle pavimentada, y el 86,7% cuenta con desagües cloacales.
Cobertura de salud. Cada 10 personas, 7 tienen obra social (incluye PAMI) y/o prepaga, mientras que 3 disponen únicamente de cobertura pública. El 61% de los niños, niñas y jóvenes de hasta 17 años posee cobertura de salud a través de una obra social o prepaga. Este tipo de cobertura aumenta con la edad y alcanza al 96% de las personas mayores de 64 años. Al ser consultados por el servicio de salud al que concurre en caso de una emergencia, el 55,3% se dirige a clínicas y sanatorios, el 24% al centro de salud más próximo, un 12,3% a los hospitales públicos, y el 6,8% recurre llama al servicio de emergencia.
Educación. El 23% de la población mayor de 17 años tiene un título terciario o universitario y un 19,9% no lo completó. El 22,2% tiene el secundaario completo y el 13,3 incompleto. El 14,1% primario completa y un 7% primario incompleto (incluye educación especial y sin instrucción) . Si se analiza el nivel educativo de las personas mayores de 24 años, un 28,3% tiene el nivel superior completo. Asimismo un porcentaje similar, el 27,5% tiene el nivel primario completo o secundario incompleto.
UNR. Otro dato que se destacó ayer durante la presentación es que entre las personas mayores de 17 años, el 14% manifiesta estudiar, o haber estudiado, en la UNR. Entre los hogares, un 23% cuenta con al menos un integrante que señala asistir, o haber asistido, a la UNR.
Estrategias del hogar. Los hogares rosarinos viven fundamentalmente del trabajo. El 77,5% poseen entre sus fuentes de ingresos el trabajo remunerado. Por su parte, un 18% de las unidades de convivencia no tiene ingresos laborales pero cuentan con haberes provenientes de jubilaciones y/o pensiones. Sólo el 4% no percibe ninguna de estas remuneraciones y vive de otros ingresos provenientes de subsidios, cuotas alimentarias o ayudas de personas que no viven en el hogar, ahorros o préstamos.
Lugar de nacimiento y personas migrantes. Los hogares en Rosario se distribuyen entre aquellos donde todos sus miembros son rosarinos (60%) y los que tienen uno o más integrantes nacidos fuera de Rosario (40%). Según la EHR, 2 de cada 10 hogares tienen entre sus integrantes alguna persona que no vivía en Rosario 5 años atrás. En su mayoría se trata de migración interna, personas llegadas de otras localidades de Santa Fe u otras provincias.
Personas con dificultades de largo plazo. El 16% de los hogares se compone de al menos un integrante con alguna dificultad de largo plazo.
Tenencia de animales. Por primera vez se realizó un relevamiento de perros y/o gatos por cada 10 hogares según distrito, arrojando como resultado 16 perros/gatos cada 10 hogares del distrito Sudoeste, 15 en el distrito Oeste, 13 en los distritos Sur, Norte y Noroeste, y 6 en el distrito Centro. En total, 41 perros y gatos cada 100 personas.
Ambiente. El trabajo relevó los principales problemas ambientales en los barrios. El 13% de los hogares se refirió a las plagas, sobre todo palomas, un 12, 1% a la quema de basura, pastizales o neumáticos, y el 11% a los basurales a cielo abierto a menos de tres cuadras.
Desde la Usina de Datos adelantaron que una serie de similares características se difundirán en los próximos meses. Incluirán indicadores sobre formas de movilidad, características de los animales presentes en el hogar, atencióncveterinaria, vacunas, entre otros. También sobre actividad física y deportes, participación ciudadana, acceso y uso de servicios financieros, uso de tecnologías, seguridad alimentaria, empleo e ingresos, situación ocupacional, tipos de empleo, ramas de actividad, cobertura de seguridad social e ingresos no laborales.
PUENTE
Arboles en Colombres y arroyo Ludueña
Bosque color violeta
En una de las actividades de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, para visibilizar y promover una vida libre de violencias por motivos de género, se realizó una plantación de árboles en Colombres y arroyo Ludueña, zona del Bosque Violeta, en el marco del 25N, Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y Disidencias.
Mariana Alonso, directora de prevención y atención de las violencias de género de la Municipalidad, dijo en Canal 3 que "se plantan especies que den flores violeta. Este bosque tiene intención de ser un memorial y recordatorio de las víctimas de femicidio y violencia de género. Seguimos en alerta, las mujeres mueren y son víctimas de femicidio y de violencia de género. La intención es tener distintos puntos en la ciudad. Nos parece importante que esto sea un sitio de memoria, pero también una marca. Los 25N se busca de visibilizar que lamentablemente los números de violencia de género lejos de disminuir, aumentan".
Además, indicó que "el pedido de ayuda de una víctima no tiene días no tiene horarios, por eso es importante tener una línea como es el Teléfono Verde (0800 444 0420) y el Contacto Violeta (WhatsApp 3415781509)" para ayuda y asesoramiento, donde "se ha triplicado la atención".
Designación de 36 jueces comunitarios
Súper jueves político en Santa Fe
La Asamblea Legislativa está convocada hoy para tratar 82 pliegos de magistrados y la suspensión de la fiscal Cristina Ferraro.
El gobierno provincial logró ayer un fallo judicial favorable en medio de la escalada en la Legislatura por la designación de 36 jueces comunitarios que el bloque radical que lidera el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro llegó a calificar como un “dedazo”. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario (Sala I) revocó la medida cautelar dispuesta por la jueza de Villa Constitución María Agueda Orsaria que prohibía a la Asamblea Legislativa –prevista para hoy, a las 13- aprobar el pliego de la jueza comunal de Santa Teresa, Cecilia Anabella Pollini. La magistrada admitió un recurso de amparo de otro concursante y ordenaba al Poder Legislativo “abstenerse” de votar el pliego de Pollini y a Perotti de designarla en el cargo. La Cámara revocó la resolución parcialmente y dejó vigente la “medida de no innovar”, pero sólo para la etapa posterior a la Asamblea Legislativa, lo que significa que si el pliego se aprueba, Perotti no podrá firmar el decreto de nombramiento hasta tanto haya una “sentencia definitiva” en el caso. En la Casa Gris, se esperaba este fallo a favor porque ayer el ministro de Gestión Pública Marcos Corach le pasó otra factura política a Pullaro, aunque sin mencionarlo. “Acá no hubo ningún dedazo”, retrucó.
El fallo de la Cámara se conoció ayer a la tarde, después de que la comisión bicameral de Acuerdos resolviera tratar el dictamen de los 36 jueces comunitarios hoy a la mañana. La Asamblea Legislativa está convocada para las 13, para considerar 82 pliegos de 19 fiscales, 24 magistrados de los fueros penal, civil y laboral y los 36 jueces de pequeñas causas. Antes, a las 12, la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados suspenderá a la fiscal Cristina Ferraro por 150 días en su cargo por su actuación en una causa que investiga la “desaparición” de un millón de dólares y tres millones de pesos en la que está procesada por supuesto “encubrimiento” y “abuso de autoridad”.
Ayer, uno de los legisladores más críticos del concurso de los jueces comunitarios dijo que si hoy la Asamblea Legislativa tiene quórum “no habrá sorpresas”. “No creo que lleguemos con los votos suficientes para rechazar los pliegos”, admitió ante una consulta de este diario.
El gobierno ratificó el mecanismo de selección de los jueces comunitarios en el Consejo de la Magistratura. “Absolutamente ratificamos el proceso. Los pliegos están en la Legislatura. No hay tal dedazo” como dijo Pullaro, explicó el ministro Corach. “Veremos mañana (por hoy) qué definen los legisladores”. Nosotros defendemos el concurso porque lo hemos hecho bien. Entonces, cuando pretenden meter mucho ruido y agitar un manto de sospecha sobre cada una de las acciones que nosotros hacemos es todo más difícil. Hablamos de jueces comunitarios, con la importancia que eso tiene. ¿Cuántas veces hemos escuchado a presidentes comunales decir que en su pueblo no había jueces de pequeñas causas? Bueno, nos pusimos a resolver el problema. Hicimos los concursos y mandamos los pliegos a la Legislatura”.
Corach criticó el operativo político de la oposición en la Legislatura. “No es razonable. No se justifica tanto ruido alrededor de esto y mucho menos hablar de dedazo, con todo lo que eso implica y dicho por quienes lo dicen. Que cada uno se haga cargo de lo que dice y de su propia historia, y de lo que hizo como funcionario”, advirtió.
-¿Por qué lo dice? –le preguntó un colega de LT8.
-Porque hubo situaciones en las que algunos de los que hoy hablan de dedazo, se los escuchaba decir: “No te preocupes, vamos a acomodar el concurso. Yo soy el presidente del jurado. Te voy a pasar las preguntas como en la escuela”.
-¿Usted alude al ex ministro Pullaro?
-No voy a aludir a nadie. Eso pasó –cerró Corach.
Engaña pichanga
Vemos con mucha preocupación la nueva forma de construcción social. Se está entrando en un espiral que nos puede volver a llevar a situaciones sociales inimaginables.
Los signos de estas prácticas deberían alarmar a estos sectores que toman a la sociedad como si fuera un juego, donde predominan soberbia, mezquindad, ambiciones desmedidas y ese hambre insaciable que nada tranquiliza. Esto está penetrando socialmente y nos tiene desconcertados.
La violencia que se está viviendo suma ladrillos desde lo irracional para este gran muro que se está armando. La Corte Suprema de Justicia Nacional con su asalto a los otros poderes viola la Constitución que debe defender. Nos deja indefensos e incrédulos ante tamaña actitud, cuando, en un acto de violencia, impone a un senador con total descaro en el Concejo de la Magistratura y desprecia el Estado de Derecho, estos 39 años de democracia.
Una jueza que debe investigar el atentado terrorista contra la vice Presidenta, cuando en la línea investigativa aparecen nombres ligados al poder, que la ubicaron en ese lugar deja de avanzar y comienza a aislarse en un acto de injusticia.
En un país con crecimiento económico, exportador de alimentos, hay una gran peregrinación de pobres para reclamar alimentos. A su vez, se revindica como un acto revolucionario el pago de deuda externa. Decía Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y referente mundial de la lucha por los derechos humanos: “Perdonen mi ignorancia pero ¿a qué se refieren cuando afirman que hay que honrar la 'deuda soberana': ¿Por qué el país tiene que pagar lo legítimo y lo ilegítimo sin investigar una deuda inmoral, injusta, manchada con la sangre del pueblo?".
Cuando era niño, nos divertíamos con el “engaña pichanga”. Cuando alguien contaba algo y dudábamos, le decíamos que era un engaña pichanga (porque nos querían “meter el perro”). Si descubríamos la mentira, recibíamos un caramelo y cuando no, debíamos pagar una prenda.
Siempre se está a tiempo para modificar rumbos. La política y el bienestar de un pueblo no son un juego.
Rubén Eduardo Kelo Moreno
Fuente:Rosario12
Este jueves, a la 11
“No al vaciamiento y la destrucción de la escuela secundaria” es la consigna con la que las seccionales Rosario de Sadop y Amsafé convocan a una clase pública y acto, para este jueves a las 11, frente a la delegación del Ministerio de Educación (Maestro Fuentealba 150).
La movida organizada por los sindicatos docentes busca hacer visible el rechazo a la Circular N°4 del Ministerio de Educación provincial (Subsecretaría de Secundaria) sobre la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre y las nuevas formas de evaluación para los estudiantes.
“La Circular Nº 4 vacía la función docente, destruye la educación secundaria y manifiesta un profundo desconocimiento de la dinámica propia del nivel”, denunció el Sadop Rosario al anunciar el acto que se realizará este jueves para pedir se derogue la medida. Y agregan que el contenido de dicha normativa “representa un retroceso en los procesos de enseñanza/aprendizaje en un año sin pandemia”.
También -desde Sadop- alertan que esta circular del ministerio “destruye la educación secundaria y manifiesta un profundo desconocimiento de la dinámica propia del nivel”. En el acto, entregarán a las autoridades ministeriales las firmas reunidas en los colegios y en diferentes espacios públicos en rechazo a estas medidas.
Carta a las familias
Desde Amsafé Rosario dirigieron una “Carta a las familias de las escuelas secundarias” en la que señalan que la medida tomada por el Ministerio se dio “sobre el cierre del año escolar, sin ninguna consulta previa”.
Aseguran que una de las definiciones oficiales es que todos los estudiantes deberán asistir hasta el 23 de diciembre, cuando es a fines de noviembre cuando ya hay conocimientos de quienes aprueban o no una materia, y quiénes requerirán más tiempo de apoyo. “Diciembre es el tiempo para trabajar con los chicos que tuvieron dificultades, apostar a que en esas semanas, en un trabajo más personalizado, puedan lograr nuevos aprendizajes; pero esto no va a ser posible si el docente tiene que atender en forma simultánea también a los que aprobaron”, argumentan en la carta y destacan que se trata de una “medida absurda” que “solo tiene el sentido de pretender castigar a lxs docentes por los días de paro”.
“La segunda definición que rechazamos es sobre la forma de aprobación de las materias para diciembre y febrero” dicen en la carta poniendo la crítica en la forma de aprobar ya no por materias sino por “trayectos” (agrupa a distintas materias).
“Nuestros alumnos necesitan una escuela secundaria que se fortalezca. Este proceso debe ser fruto de un profundo debate al interior de todas las escuelas y logrando los acuerdos necesarios, bien lejos de las lógicas autoritarias del Ministerio”, expresan en el mensaje enviado a las familias además de reclamar por mayor inversión educativa.
Causa por supuesto espionaje ilegal
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, reafirmó este miércoles su apoyo a Nadia Schujman abogada defensora de derechos humanos e integrante de HIJOS Rosario, frente a la persecución judicial arbitraria que viene sufriendo en Santa Fe.
El próximo 29 de noviembre Nadia deberá comparecer a una nueva audiencia, junto a otros funcionarios del equipo del ex ministro Marcelo Sain. El hostigamiento judicial contra ellos se deriva de las investigaciones que, desde esa gestión del Ministerio de Seguridad provincial, se llevaron adelante contra diferentes sectores, políticos y judiciales santafecinos relacionados con actos de corrupción.
Desde hace meses Nadia es objeto de una persecución arbitraria, que incluye un allanamiento sin orden judicial ni testigos imparciales, pericias realizadas sin control de las partes, extravío de objetos secuestrados por la Fiscalía, filtraciones de audios de carácter personal que fueron utilizados en la prensa para agraviarla. Todos estos hechos fueron denunciados por su defensa pero aún no fueron investigados.
Lesa humanidad
Reconocidos juristas de todo el país y el exterior le pidieron al TOF2 de Rosario el comienzo del juicio por el robo de Tribunales en 1984. La documentación secuestrada, los riesgos de impunidad biológica.
A 38 años del robo a los tribunales provinciales ocurrido el 8 de octubre de 1984, por medio del cual desapareció documentación sobre la represión ilegal de la última dictadura en Rosario y la región secuestrada un tiempo antes por un juez y que involucraba a personal civil y militar de Inteligencia del Ejército, un grupo de juristas y las organizaciones a las que pertenecen reclamaron “con vehemencia” al Tribunal Oral Federal 2 local que “fije con carácter de extrema urgencia la fecha de juicio”, antes que el paso del tiempo garantice la impunidad biológica del único acusado vivo. Si no fuera porque en ocasiones pareciera que el dinero vale más que la vida, este hecho debería ser considerado el verdadero “robo del siglo”, aunque su investigación judicial y potencial sanción de los responsables luce menos presurosa que la que terminó en condenas para los asaltantes del Banco Río de Acassuso.
“Hechos gravísimos”
El comunicado solicitando al TOF2 de Rosario un pronto inicio del juicio oral por el robo a Tribunales provinciales –causa que fue elevada a juicio por la Fiscalía en octubre del año pasado– lleva las firmas de “juristas que hemos dedicado nuestras vidas profesionales y personales a la causa de la justicia y los derechos humanos”.
Entre ellos, contiene las rúbricas del ex juez español Baltasar Garzón; de Raúl Eugenio Zaffaroni; Eduardo Barcesat; Beniuz Smukler; Cristina Caamaño; Claudia Rocca; Matías Bailone; Martín Fresneda; Fabián Salvioli; Daniel Pablovsky y Daniel Salvetti. Algunos de ellos representan a la Asociación Justicia Legítima y a la Asociación Argentina de Juristas.
En el escrito solicitan “con vehemencia que se fije con carácter de extrema urgencia la fecha de juicio en los autos caratulados Expediente FRO 31001127/2011/ tramitado en el TOF2 de Rosario”.
Recuerdan que “en dicha causa se pretenden juzgar hechos gravísimos contra la justicia argentina y el Estado de Derecho, como fue el robo de los expedientes vinculados a la represión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina durante la última dictadura cívico, militar y empresarial de los tribunales provinciales de Rosario, hace ya casi 38 años”.
Agregan que “la sociedad argentina desde la restauración democrática y muy enfáticamente en los años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, tiene el sostenido empeño de no hesitar ante la posibilidad de juzgar estos crímenes atroces que destruyeron nuestro país”. Es decir, el pacto civilizatorio que nos trajo hasta acá y que busca ser horadado por las derechas en sus diversas versiones plumíferas, tanto de palomas como de halcones.
“En este gravísimo caso, un atentado contra toda la sociedad argentina y en particular contra la administración de justicia de nuestro país, solamente queda un responsable vivo de estos hechos, y a pesar de haber fallado Casación el 12/10/22, en contra de su arresto domiciliario, sigue sin ejecutarse el fallo”, señalan los juristas en el comunicado.
Al solicitar la elevación de la causa a juicio oral, el 14 de octubre del año pasado, la Fiscalía de causas de lesa humanidad, a cargo de Adolfo Villate, acusó al entonces segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Luis Américo Muñoz, y a su superior de la época, el jefe de inteligencia del Comando del Cuerpo II del Ejército, Héctor Fructuoso Funes, como los autores del robo a los Tribunales de 1984 de la documentación sobre víctimas y represores y la participación empresarial en el terrorismo de Estado, en su capítulo del sur santafesino.
La documentación había sido secuestrada unos días antes por el juez de instrucción Francisco Martínez Fermoselle, a partir de una denuncia de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep).
La patota de Inteligencia también ingresó a mano armada a un domicilio de Dorrego al 1600, a pocas cuadras de Tribunales, donde había documentación secuestrada por orden de Martínez Fermoselle.
Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas y documentación –incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio– con datos de diferentes personas, tanto de víctimas cuanto de posibles perpetradores de delitos contra la humanidad.
A fines de julio pasado, a los 84 años, murió el coronel (re) Muñoz, en cuyo reclamo por un ascenso no otorgado a fines de los 80 permitió –al menos para la Fiscalía– incriminarlo como uno de los autores materiales del robo a Tribunales, que el militar casi confiesa en ese escrito. De ese modo, sólo podría llegar a juicio Funes, de 86 años, si las demoras judiciales no hacen infructuoso el esfuerzo.
“La posibilidad de que el único imputado quede exento de cualquier instancia de juzgamiento nos parece un hecho de acentuada gravedad para la justicia argentina y que ofende al sentimiento de justicia de la comunidad internacional”, advierten los juristas en el escrito.
Por último, señalan que “por ello requerimos que los señores jueces de este tribunal puedan convocar con urgencia la fecha del juicio, dado que la audiencia preliminar será el 6 de diciembre de 2022, y una prórroga de prisión preventiva, como ha pedido el señor fiscal, para evitar daños irreparables en la sustanciación de esta causa y en la búsqueda de la justicia”.
Tranquilidad hogareña
La acusación de Villate se centró –aunque no es la única evidencia– en un documento que halló la Fiscalía federal de San Nicolás mientras investigaba al coronel Muñoz por crímenes de lesa humanidad como segundo jefe y luego titular del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, con sede en esa ciudad bonaerense.
Se trata de un reclamo dirigido por Muñoz a las autoridades del Ejército, al Ministerio de Defensa y al propio presidente, Raúl Alfonsín, en el que solicitaba una revisión de la calificación “apto para continuar en su grado”, lo cual no le permitía obtener un ascenso en la jerarquía castrense.
Allí, Muñoz hace referencia a su participación en dos “Operaciones Especiales de Inteligencia” (OEI), una antes de las elecciones de octubre de 1983 y otra al año siguiente, ya en democracia.
Sobre la segunda, el reclamo de Muñoz sostiene que “aquí la operación consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial”.
“Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido”, sigue el coronel, para explicar que “permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas”.
Para Villate, el coronel que reclamaba un ascenso hace clara referencia al robo a los Tribunales de octubre de 1984, atento a que no existió ese año otro hecho que permita encuadrarse en esa descripción.
El secuestro ilegal y la desaparición de la documentación que contenía datos de las víctimas y alias e identidades de los represores del Ejército, tanto militares como Personal Civil de Inteligencia (PCI), permitió llevar, sin dudas, “tranquilidad a los hogares de muchos camaradas” involucrados en la represión ilegal diseñada y ejecutada desde el Estado terrorista.
De vocación, servicio
Acerca de la primera OEI a la que hace referencia Muñoz en su escrito, la Fiscalía entiende que se trata del secuestro de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, “levantados” del bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos de Rosario el 14 de mayo de 1983, y cuyos cuerpos asesinados aparecieron tres días después en un camino rural cercano a la localidad bonaerense de Lima.
El Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense comunicaron entonces, como durante buena parte de la dictadura, que se trataba de subversivos “abatidos en un enfrentamiento”. Muñoz fue condenado a cadena perpetua por esos delitos pero la Cámara de Casación lo absolvió, por lo que la Fiscalía presentó un recurso a la Corte Suprema de la Nación. La muerte del acusado privó de la posibilidad de establecer la verdad jurídica sobre su participación en esos hechos.
“Dada su gran envergadura, las dos Operaciones Especiales fueron ampliamente publicitadas por todos los medios de comunicación masivos, con una gran repercusión. Esta situación puso en serio peligro mi integridad personal, incluyendo a mi familia”, sostuvo Muñoz en su escrito de queja.
El servicio por vocación puntualizó que “mi actuación en el grado de Teniente Coronel no puede dejar de ser evaluada en detalle, teniendo en cuenta que tuve el honor y oportunidad que me dio la superioridad, de participar en dos operaciones donde hubo que poner en juego una real y verdadera vocación de servicio”.
Además, explicó que conoce las virtudes de la discreción, pero puede dejarla de lado ante una orden. “Debo hacer notar que dadas las características de dichos acontecimientos, configurados doctrinariamente como Operaciones Especiales, voy a limitarme solamente a mencionarlos en su ubicación temporal como marco de referencia de la oportunidad en que se produjeron, brindando un breve contexto de los mismos”, dijo.
“No obstante –siguió–, si se me ordena, puedo hacer un relato pormenorizado de las operaciones en que participé directa y activamente cumpliendo órdenes de la superioridad”. Y en lo que puede interpretarse como una velada advertencia, agregó: “Asimismo informo que dispongo de elementos probatorios que avalan lo expresado precedentemente”.
Muñoz murió el 31 de julio pasado, a los 84 años, y se llevó a la tumba tanto los “elementos probatorios” que decía poseer como su testimonio, que no estaba obligado a prestar ante un tribunal.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Villate lo había acusado de ser autor inmediato del robo a Tribunales de 1984.
Obtener impunidad
En su pieza acusatoria contra Muñoz y Fuentes, Villate sostuvo que la finalidad del robo de la documentación en los Tribunales ordinarios “fue obtener impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos en esta jurisdicción en el período de terrorismo de Estado; ello respecto del personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que se encontraba identificado en el material que había sido secuestrado por el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario a pedido de la Conadep”.
De acuerdo a la causa, alrededor de la 1.45 del 8 de octubre de 1984 “Muñoz comandó a un grupo de integrantes de la inteligencia castrense que amenazó con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los tribunales provinciales, le sustrajo sus armas reglamentarias y los maniató y los encerró en el recinto de la guardia, donde fueron hallados y liberados por el personal que llegó a trabajar a las 5.00”.
Luego de neutralizar a la guardia, el grupo sustrajo “casi la totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas” por la delegación Rosario de la Conadep, que dieran lugar a la formación de la causa denominada “Feced”.
“Para esa acción, fueron forzadas las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado, la del despacho del juez, las del cajón central de su escritorio y las de dos armarios”, sostiene la investigación.
En cuanto al rol de Funes, señala que al haberse realizado presuntamente la operación especial por personal perteneciente al Destacamento de Inteligencia 121 que operaba en la órbita del Comando del Cuerpo II del Ejército, “la participación del jefe de inteligencia de la plana mayor, coronel Héctor Fructuoso Funes, devino necesaria y la atribución de su responsabilidad está fundada en función del comando al cual respondía aquel destacamento”.
Villate dijo a El Eslabón que la atribución penal al militar retirado se basa en su “responsabilidad mediata” con el hecho por su condición jerárquica.
Una resolución de Casación ordenó que Funes cumpla la prisión preventiva –hace poco prorrogada– en una cárcel común. Sin embargo, el TOF2 no dio cumplimiento a esa manda por la condición de salud del acusado, de 86 años, y ordenó una serie de estudios para determinar su estado. Si como solicitan los juristas mencionados al comienzo de esta nota, el juicio no comienza pronto, la impunidad biológica puede sobrevenir a la judicial.
Fuente:RedaccionRosario
Cómo viven las y los rosarinos: composición de hogares, salud y educación
Un relevamiento de la Universidad indica que el 35% de los hogares en Rosario tiene alguna privación en materia de acceso a servicios públicos (gas natural, agua de red, y/o cloacas) y solo el 63% de los hogares cuenta con una computadora/ notebook/netbook, entre varios datos.
El equipo técnico de la Usina de Datos de la UNR presentó este miércoles la Encuesta de Hogares Rosario (EHR), un estudio que visibilizó las condiciones socio habitacionales de la ciudad. Entre los datos más importantes se destaca que el 30% de las casas están habitadas por parejas con un hijo, el 58% de los encuestados son propietarios y el 65% de la población mayor de 17 años tiene un nivel educativo de secundario completo o mayor.
El informe también expone algunas falencias a trabajar sobre las cuestiones socio habitacionales. Por ejemplo, el 35% de los hogares tiene alguna privación en materia de acceso a servicios públicos (gas natural, agua de red, y/o cloacas) y solo el 63% de los hogares cuenta con una computadora/ notebook/netbook.
La muestra seleccionada relevó 1070 viviendas de la ciudad de Rosario en un periodo de 12 semanas, durante el último trimestre del año 2021. Desde la Usina de Datos destacaron la realización de este trabajo, ya que permitirá conocer datos exclusivamente de la ciudad, y no del Gran Rosario, como ofrece la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
“La EHR tiene por objetivo la construcción de una fuente primaria de datos que permita estimar y caracterizar aspectos demográficos, sociales, económicos, culturales, entre otros, de la población y los hogares rosarinos. Fundamentalmente posibilitará contar con información estadística relevante a nivel subnacional para construir indicadores desarrollados de acuerdo a las particularidades de su territorio”, destacaron desde la Usina de Datos de la UNR.
En primer lugar, se presentan datos en relación a los tipos de hogar, vivienda y régimen de tenencia; y otras condiciones socio habitacionales de los hogares. En Rosario, 3 de cada 10 hogares se conforman por personas que viven solas. Entre los hogares multipersonales se destacan los conformados por parejas con hijos/as (30%). El resto se distribuye entre parejas sin hijos/as (16%), hogares extendidos (13%) y hogares sin cónyuge con hijos/as (11%).
Al analizar el nivel educativo, el informe expuso que el 65% de la población mayor de 17 años tiene un nivel educativo de secundario completo o mayor. Más aún, alrededor de un cuarto de la población tiene un título terciario o universitario junto a un 20% que transita o transitó alguna instancia de educación superior, sin todavía haberla finalizado
Si se analiza el nivel educativo de las personas mayores de 24 años, un 28,3% tiene el nivel superior completo. Asimismo un porcentaje similar, el 27,5% tiene el nivel primario completo o secundario incompleto.
En cuanto a cuestiones sanitarias, la población rosarina cuenta mayormente con coberutra de salud. Cada 10 personas, 7 tienen obra social (incluye PAMI) y/o prepaga, mientras que 3 disponen únicamente de cobertura pública.
El detalle sobre la cuestión sanitaria indica que el 35% de los hogares tiene alguna privación en materia de acceso a servicios públicos (gas natural, agua de red, y/o cloacas). Entre los principales indicadores que determinan estas carencias se encuentran un 26% de hogares que usan gas en garrafa y un 19% no tiene desagüe a red pública (cloaca).
Respecto al acceso a la tecnología, el informe indicó que el 84% de los hogares posee acceso a internet sin embargo, sólo el 63% cuenta con una computadora/ notebook/netbook.
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