Jornada de trueque y ollas populares de organizaciones sociales frente a
Desarrollo Social
Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2022.
Organizaciones sociales anunciaron que este jueves 10 de noviembre desde las 10 realizarán una jornada de trueque y ollas populares frente al Ministerio de Desarrollo Social y en todo el país, con la consigna «Nosotros, nosotras, producimos pero igual somos cada vez más pobres». Reclaman una «recomposición salarial de los trabajadores de las cooperativas que en todo el país están por debajo de la línea de pobreza»; «movilidad del plus socio comunitario de las trabajadoras esenciales de los comedores comunitarios»; un «bono de emergencia para todos los trabajadores precarizados»; el «pago de todos los convenios de obras y productivos parados, para continuar ejecutando obras y emprendimientos productivos en todo el país»; un «respaldo al compre estatal a las producciones de las organizaciones»; «créditos blandos para la compra de tierras para poder realizar los polos productivos en cientos de localidades»; «agilidad para la firma de los convenios de urbanización de barrios populares»; y «asistencia alimentaria de calidad y en buen estado, para las miles de familias que reciben un plato de comida en nuestros comedores populares».
Así lo anunciaron el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Resistencia Popular (MRP) y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) La Libertaria: «Jueves 10 de noviembre desde las 10. Vuelve el trueque y las ollas populares. Lxs trabajadores de las organizaciones sociales, realizaremos una jornada de trueque y ollas populares frente al Ministerio de Desarrollo Social y en todo el país».
En la misma, línea amplían: «Nosotros, nosotras, producimos, pero somos cada vez más pobres. Más del 36,5% de las familias en este país, somos pobres. Sobrevivimos a diario, restringiendo comidas, subsistiendo con salarios de miseria, y ya ni siquiera lxs trabajadores formales logran alcanzar la canasta básica, que mes a mes sufre remarcaciones. La agudización de la crisis se profundiza y nos golpea directamente a quienes producimos a lo largo y ancho del país. Y mientras millones somos arrojadxs a la pobreza y a la indigencia, el Gobierno Nacional imparte políticas de ajuste impulsadas por el FMI, con el consenso entre los partidos del poder«, remarcan.
Y agregan: «así los últimos seguimos siendo los últimos, quienes pagamos con nuestro sudor el ajuste, a la vez que un puñado de poderosos multimillonarios aumenta astronómicamente sus fortunas gracias a los beneficios impositivos y políticas entreguistas. Nos hierve la sangre al ver cómo las ganancias de quienes se creen los dueños de todo, se multiplican a costa del hambre del pueblo. Esos grandes formadores de precios, que siguen vaciando los platos de nuestras mesas en complicidad con el Gobierno Nacional, que se muestra displicente y sin voluntad política, para regular y sancionar a quienes tienen de rehén la comida de millones de argentinxs. Un gobierno indulgente con los poderosos pero severo a la hora de ejecutar recortes a los derechos de lxs trabajadores pobres».
También apuntan contra la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz: «es indignante que justifique un mayor ajuste en las partidas sociales, cuando la demanda de trabajo en nuestras cooperativas se multiplica día a día, a las vez que crecen las filas para retirar viandas en nuestros comedores y los productos enviados por el Estado Nacional se reducen a polenta, garbanzos y arvejas partidas. En vez de ajustar a quienes día a día trabajamos, es urgente el avance del fomento a los proyectos productivos y socio-comunitarios de nuestras organizaciones populares, para dar respuesta a la desocupación creciente».
En ese marco, reclaman al gobierno nacional «recomposición salarial de los trabajadores de las cooperativas que en todo el país están por debajo de la línea de pobreza» y «movilidad del plus socio comunitario de las trabajadoras esenciales de los comedores comunitarios, que desde el inicio de la pandemia solo recibieron un plus de $5000 fijos, y se mantiene en el mismo monto a pesar que la inflación ya lleva un acumulado del 78,5%».
Además, señalan: «el pasado 5 de mayo, tras el anuncio del Feriazo Productivo en las puertas del Ministerio, las organizaciones sociales fuimos convocados por el ex Ministro Juan Zabaleta, que se comprometió a implementar no sólo el aumento del Plus Socio-Comunitario sino su movilidad en relación al SMVM».
Es por eso que demandan «inmediata respuesta» a diversos reclamos: un «bono de emergencia para todos los trabajadores precarizadxs«; el «pago de todos los convenios de obras y productivos parados para continuar ejecutando obras y emprendimientos productivos en todo el país»; el «respaldo al compre estatal a las producciones de las organizaciones«; «créditos blandos para la compra de tierras para poder realizar los polos productivos en cientos de localidades y de este modo poder seguir generando trabajo»; la «agilidad para la firma de los convenios de urbanización de barrios populares«; y la «asistencia alimentaria de calidad y en buen estado, para las miles de familias que reciben un plato de comida en nuestros comedores populares«, finaliza el comunicado de las organizaciones sociales.
Fuente: ANRed
Full extractivismo: Cristina Kirchner
se reunió con directivos de Chevron
Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2022.
La vicepresidenta mantuvo un encuentro con los máximos directivos de la multinacional estadounidense en la región. Se trata de la principal empresa responsable de la contaminación del territorio neuquino de Vaca Muerta.
En la previa a tomar la palabra en un acto organizado por la UOM, el próximo viernes, Cristina Fernandez de Kirchner volvió a dejar en claro cual es el rumbo que buscan profundizar el oficialismo (y el kirchnerismo). Se trata en este caso de un encuentro que deja en claro que el extractivismo se mantiene como una de las principales apuestas económicas frente a una crisis que no cesa.
La vicepresidenta se reunió, junto al Presidente de YPF, Pablo González, con Clay Neff, responsable de exploración y producción, y con Bruce Niemeyer, encargado de Chevron para el desarrollo del petróleo y el gas en América. En un tuit donde celebró el encuentro, Cristina planteó que «Con Chevron realizamos la primera asociación internacional luego de la recuperación de YPF, que permitió una estratégica inversión para el desarrollo de Vaca Muerta. Gracias por seguir confiando e invirtiendo en nuestro país». Toda una definición para tratarse de una de las mayores empresas contaminantes del mundo.
Mientras desde el oficialismo buscan instalar un discurso que asocie a la producción del petróleo con un supuesto “milagro económico” para el conjunto del país, la realidad es que a nueve años del pacto con esta multinacional, para explotar la zona de Vaca Muerta mediante la técnica del Fracking, la degradación ambiental y el saqueo del territorio no pararon de profundizarse. Como denunció Esteban Martiné, concejal del PTS – Frente de Izquierda en Neuquén, desde el 2015 “hubo más de 10.000 incidentes ambientales en la industria hidrocarburífera de Neuquén: hubo 3158 derrames de crudo, 1589 derrames de agua contaminada, 1207 fugas de gases, principalmente de gas metano, que tiene un mayor efecto invernadero que el resto”. Pero no solo esto, mientras se profundiza el extractivismo en esta provincia patagónica la pobreza se mantiene en un 37,2 %, por encima de la media nacional.
El lobby petrolero del oficialismo no frena, poco antes de la reunión mantenida por la ex presidenta, Massa aprovechó su gira por los Estados Unidos para mantener encuentros con los directivos de varias de las petroleras más importantes del mundo como Chevron, Exxon, Shell, British Petroleum o Total. El gobierno viene beneficiando largamente en estos tres años de gobierno a petroleras y mineras, poniendo en el centro al extractivismo como un punto central de su apuesta económica. Se vio en Mendoza con el intento de derogar la ley 7722, habilitando la megaminería contaminante o en Chubut, en los reiterados intentos de profundizar las explotaciones mineras en la provincia, todas estas iniciativas, fueron fuertemente rechazadas por la amplia mayoría de la población, que salió a resistir el saqueo y destrucción de su tierra. También el litio aparece como una apuesta fuerte tanto para el oficialismo y la oposición.
Si en algo ya no sorprenden los gestos de Cristina es que, lejos de cualquier roce con el imperialismo, la vicepresidenta viene dando sobradas muestras de “buenas migas” con importantes representantes del establishment norteamericano. El encuentro de esta tarde con los representantes de una de las empresas mas denunciadas en todo el mundo por derrames petroleros y contaminación ambiental, se suma a los que mantuvo con el embajador norteamericano, Marc Stanley, o con la jefa del Comando Sur, la Generala Laura Richardson.
Estos gestos, lejos de quedarse en puro simbolismo, aparecen como una muestra categórica del carácter de subordinación a los planes del FMI de parte del Gobierno, como lo demostró hace pocas semanas la votación en el Congreso de un presupuesto abiertamente de ajuste.
Nada que festejar, por el contrario, es necesario más que nunca rechazar estos intentos de profundizar la dependencia a los intereses del imperialismo, que solo traerán más ajuste y pobreza para las grandes mayorías.
Fuente: Izquierda diario
La Unidad Piquetera en estado de
alerta por el incumplimiento en la
entrega de alimentos y herramientas
/Advierte que volverá a movilizarse
«si no hay respuestas» del Gobierno
Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2022.
ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y HERRAMIENTAS:
ESTADO DE ALERTA. ABAJO EL AJUSTE !
Pasados 20 días de la asunción de Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se ha agravado el cuadro de ajuste general en todas las áreas, demorando la entrega de los alimentos para comedores y merenderos, y de las herramientas necesarias para los proyectos productivos que el propio ministerio dice promover. Mientras tanto, se agrava la situación de miles de familias que pasan hambre, crece la indigencia y la inflación es imparable.
El Ministerio que debe atender los heridos de esta verdadera guerra contra la población trabajadora, tiene los programas sociales cerrados y demora los compromisos acordados con el exministro Zabaleta.
Llegamos casi hasta fin de año con un ingreso miserable de $27.300 en el Potenciar Trabajo, menos de un cuarto de la canasta de pobreza. Y sin ninguna perspectiva de respuesta en la cuestión central que es el reclamo de las organizaciones de la Unidad Piquetera: trabajo genuino.
Frente a este cuadro advertimos que de no encontrarse mínimas respuestas ya acordadas y establecidas con el Ministerio de Desarrollo Social, pero absolutamente incumplidas por las distintas áreas de ese ministerio, volveremos a salir fuertemente en todo el país con acciones de lucha la semana que viene, sin descartar una permanencia frente al Ministerio.
Mientras el gobierno y la oposición se repartieron los roles para aprobar un presupuesto de miseria para el año que viene, este año ya se aplica un ajuste brutal contra los que menos tienen. Ha quedado en ridículo la premisa con la que el gobierno asumió hace casi tres años: «los últimos serán los primeros», repitió Alberto Fernández. Los últimos somos más últimos que nunca, y los que estaban en el medio se hundieron al final de la tabla. Mientras se ajustan salarios, jubilaciones y los programas sociales, hay un festival de subsidios para las grandes empresas y para los especuladores financieros.
Seguimos reclamando una reunión con la flamante Ministra, que nunca respondió nuestro pedido de audiencia.
Y la semana próxima volvemos con todo a las calles si no hay respuestas!!!
Unidad Piquetera
Humedales: Nuevamente se impuso
el lobby
Por José Luis Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2022.
Desde la Coordinadora Basta de falsas soluciones estuvieron presentes este jueves 3 en el Congreso ante la convocatoria del Plenario de Comisiones para discutir la Ley de Humedales.
Nuevamente los gobernadores oficialistas y opositores impusieron el boicot a la convocatoria y no hubo dictamen.
El proyecto sobre Humedales estaba listo para ser dictaminado el pasado jueves 29 de septiembre, cuando se iba a retomar un cuarto intermedio al que las comisiones habían pasado una semana antes, el jueves 22.
Sin embargo, en la tarde del martes 28 de septiembre, la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, resolvió suspender ese plenario de comisiones, en una decisión que surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.
Además, el martes 27 de septiembre, especialistas convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio plantearon en una reunión de la Comisión de Agricultura reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa la mayoría oficialista, y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios.
La decisión de avanzar en el debate había sido acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero que perdió estado parlamentario.
La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Este viernes realizarán una jornada
plurinacional en defensa del ambiente
y la naturaleza
Resumen Latinoamericano, 03 de noviembre de 2022.
Este viernes 4 habrá acciones en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Necochea, Las Grutas y una movilización al Congreso de las organizaciones ambientales, asambleas y autoconvocades del AMBA. Entre los principales reclamos se encuentra la sanción inmediata de la Ley de Humedales consensuada, la libertad de las presas mapuches y contra la entrega del mar argentino a las petroleras.
El movimiento ambiental independiente del Estado sale nuevamente a las calles en rechazo a la orientación de saqueo y entrega de nuestros recursos por parte del Gobierno Nacional, que durante estos casi tres años viene beneficiando y dándole incentivos al agro, las mineras y petroleras, con el objetivo muy concreto de cumplir con los vencimientos de pago de deuda y las metas fijadas por el FMI.
Alberto Fernández, en la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, dijo: “Para vivir en un buen mundo y terminar con la desigualdad, enfrentar el cambio climático es nuestro deber, es un imperativo moral y ético. Si no lo hacemos, seremos cómplices de la degradación del planeta”. Estas declaraciones son humo para la poca tribuna que le queda al gobierno, ya que la realidad del país es otra. Veamos.
El Frente de Todos hizo campaña electoral en 2019 con la promesa de cuidar el ambiente, en sus spot hablaban sobre la Ley de Humedales. Sin embargo, lejos de lo prometido en campaña, seguimos sin la sanción de la ley mientras las pérdidas en la biodiversidad de los humedales son irreversibles, como ocurrió en los Esteros del Iberá en Corrientes y en las Islas del Delta.
A partir de los incendios en Santa Fe y Entre Ríos, y las enormes movilizaciones en el Puente Rosario-Victoria, el oficialismo habilitó el tratamiento de los proyectos de humedales en plenario de comisiones. Pero rápidamente el lobby agrario y minero, con el apoyo de los gobernadores peronistas y radicales, frenaron que avance el debate. Luego de este nuevo cajoneo, los incendios siguieron activos. Por ejemplo en Ramallo y San Nicolás, en la Provincia de Buenos Aires, se quemaron más de 3000 hectáreas. Al mismo tiempo, organizaciones socioambientales denunciaron la presencia de maquinaria pesada en los humedales que se incendiaron, lo cual vuelve a evidenciar la intencionalidad de los mismos y los intereses que hay detrás del fuego.
Ahora convocan nuevamente el plenario de comisiones, pero la ofensiva por parte de los distintos grupos capitalistas para que no salga ninguna ley, o se sancione una ultra devaluada en su defecto, son una señal de alerta para redoblar la movilización popular por la sanción inmediata del proyecto consensuado.
Alberto Fernández habla de terminar con la desigualdad siendo presidente de un país donde la mitad de las personas están por debajo de la línea de la pobreza. Quienes más sufren las consecuencias de la depredación ambiental son lxs que también sufren la falta de trabajo genuino, de vivienda, las jubilaciones de miseria, las dificultades para acceder a la salud y educación pública. En Argentina 8 millones de personas no tienen acceso al agua potable, lo cual afecta especialmente a quienes viven en villas y barrios sin cloacas. Ante la gigantesca crisis habitacional cada vez son más quienes viven al lado de basurales a cielo abierto, incineradores, o cuencas de agua contaminadas por desechos industriales, como por ejemplo en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Por otro lado, si bien en octubre hubo un fallo judicial que mantiene la medida cautelar que frena la exploración petrolera mar adentro, el Ministerio de Ambiente busca avanzar a fondo en la habilitación de actividades offshore, como lo vemos con la entrega del Golfo de San Matías en Río Negro.
Cabandié fue muy claro: no se puede pagar la deuda sin contaminar. El gobierno eligió pagar la deuda. Con lo cual, aunque Alberto Fernández tenga un discurso verde, son responsables de la crisis climática y ambiental. Esta orientación nos somete aún más ante el imperialismo y nos sumerge en el hambre y la pobreza, mientras sufrimos las consecuencias de la depredación capitalista del ambiente.
Fuente: BFS y Prensa Obrera
Residentes y concurrentes porteños
continuarán de paro: Fernán Quirós
ni los atendió
Resumen Latinoamericano, 03 de noviembre de 2022.
Ni el ministro de Salud porteño ni ningún funcionario de su cartera recibieron a los trabajadores médicos que marcharon desde el Obelisco. La medida de fuerza que lleva diez días se ampliará la semana próxima.
Los trabajadores nucleados en la asamblea de la salud, residentes y concurrentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), marcharon este jueves desde el Obelisco hacia el Ministerio de Salud porteño en el décimo día del paro que realizan por tiempo indeterminado en reclamo de una reunión con su titular, Fernán Quirós, por «urgente recomposición salarial».
Luego de no recibir confirmación de reunión con Quirós por parte de ninguna autoridad del gobierno porteño, los residentes y concurrentes resolvieron en asamblea que continuarán de paro por tiempo indeterminado y el viernes a las 13 ofrecerán una conferencia de prensa en la Plaza de Mayo.
También decidieron continuar con el plan de lucha la próxima semana y, en ese contexto, el lunes por la mañana efectuarán recorridas por los hospitales y a la tarde harán postas de salud en Plaza de Mayo, mientras que el martes llevarán a cabo una «gran marcha de la salud» donde confluirán todos los gremios del sector.
«Haremos un paro el próximo martes con todos los gremios de la salud, junto a Médicos Municipales, la Federación de Profesionales del GCABA y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (Sutecba)», adelantó a esta agencia el residente del Hospital Penna y miembro de la Agrupación Marrón, Franco Capone.
Asimismo, Capone destacó la ampliación lograda de la convocatoria en tanto «la Comisión Provincial de Residentes, que sería como la asamblea CABA pero de la Provincia de Buenos Aires, llamó a coordinar en la movilización con nosotros».
Tras concentrarse en el Obelisco -donde se registraron demoras para el tránsito vehicular- los trabajadores del sector se movilizaron a la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Bolívar 1, en reclamo de una reunión con las autoridades del Gobierno porteño.
«Nos estamos concentrando en el Obelisco, permaneceremos un tiempo, y posteriormente vamos a ir a Bolívar 1, a la espera de una fecha para la reunión con las autoridades del Gobierno que nos prometieron y que no cumplieron», dijo a Télam Vanesa Fauda, residente de nefrología Infantil del Hospital Garrahan.
En un comunicado de prensa, los trabajadores de la salud de CABA expresaron: «Hoy nos movilizamos nuevamente al Obelisco y hacia Bolívar 1, ya que desde el gobierno cerraron todos los canales de diálogo con residentes y concurrentes» y recordaron que exigen «que nos incluyan en la negociación ya que somos actores involucrados en el conflicto».
Los médicos residentes y concurrentes reclamaron por el «incumplimiento del plazo de 96 horas» para ser convocados a una nueva reunión con el gobierno porteño y denunciaron que el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el titular de la cartera de Salud, Fernán Quirós, y el Ministro de Economía, Martín Mura, junto al gremio de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) mantuvieron una reunión «a espaldas» de la asamblea de residentes y concurrentes.
«Nos habían dicho que la reunión se llevaría adelante en la Jefatura de Gobierno. En las primeras horas del día se nos informó del cambio de lugar de reunión y no se nos permitió ingresar», manifestaron sobre la reunión efectuada ayer entre las autoridades del gobierno porteño y AMM.
En este marco, la Federación de Profesionales llamó al paro y acompañó la movilización de los residentes y concurrentes.
El conflicto transita la séptima semana de lucha por el reclamo de la recomposición salarial, salario y ART para concurrentes ante la respuesta por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que consideraron «vergonzosa».
«Hoy lxs residentes cobramos $300 la hora y lxs concurrentes $0, haciendo guardias de 24 y hasta 48 hs seguidas. Luego de la oferta vergonzosa de Quirós, que nos deja en $440 la hora, seguimos luchando junto a todos los sectores de salud por un mínimo igual a la canasta familiar, que en CABA no baja de 250.000 pesos», precisaron y afirmaron que «apuntamos a seguir construyendo instancias de diálogo y negociación para la pronta resolución del conflicto».
En tanto, la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) junto con la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires también realizaron hoy un corte total de tránsito en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes, en el marco de un paro general por 24 horas en reclamo de «la reapertura de paritarias y equiparación salarial para enfermería» y luego confluyeron en apoyo a la «lucha de residentes y concurrentes» en Bolívar 1.
«El equipo de Salud está ganando las calles y hoy lo volvimos a demostrar en una contundente movilización y paro hospitalario», dijo a Télam la presidenta de la ALE y enfermera del Hospital Ramos Mejía, Andrea Ramírez. En ese sentido, consideró que «ya es hora que la conducción de Sutecba se despierte de esta siesta interminable en la que nos tiene a la inmensa mayoría de los trabajadores municipales de la Ciudad».
«También apoyamos a residentes y concurrentes, porque si ganan ellos, todas nuestras peleas se fortalecen y por nuestra parte exigimos una urgente equiparación salarial con profesionales de la Ley 6035, en camino de la inclusión en la Carrera Profesional de la Salud de nuestro sector», detalló.
Fuente: Tiempo argentino
Informe del INTA sobre uso de
agrotóxicos: la producción por
encima de la salud y el ambiente
Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2022.
El organismo técnico señaló que el actual modelo agropecuario “no puede prescindir” de los agroquímicos y grafica la dependencia en el incremento de un 100 por ciento en las cantidades utilizadas en dos décadas. En paralelo, indica que “diversos estudios” muestran el impacto en la salud y el ambiente, pero el Estado no genera estadísticas sobre la situación sanitaria de la población expuesta.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) elaboró un informe en el que analiza los impactos del uso de agrotóxicos en la salud y el ambiente, presenta información sobre los efectos de la deriva y la problemática del uso de herbicidas en los sectores periurbanos. Sin embargo, el ente estatal evita tomar una postura concreta sobre esta problemática. “Este documento se redactó a partir de la premisa de que los productos fitosanitarios constituyen una herramienta para el manejo de plagas de la cual, actualmente, la agricultura no puede prescindir completamente sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción de alimentos, sin desconocer sus potenciales efectos para la salud de las personas y el ambiente”, señala el ente técnico.
En su informe «Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina. Una mirada desde el INTA», el organismo nacional advierte que el éxito en la protección de la producción y sostén de la rentabilidad y competitividad del sector se contrasta con evidencias de residuos de fitosanitarios en el ambiente (suelo, agua, aire) y efectos en la salud.
En ese sentido, reconoce que la normativa argentina sobre la regulación de agrotóxicos “pone el foco en la toxicidad aguda y es deficitaria en los posibles efectos crónicos, aspecto que se encuentra en estudio y debate en diversos países”. A su vez, afirma que en nuestro país los sistemas productivos se configuraron generando una dependencia del uso de agroquímicos y que en los sectores periurbanos, donde la actividad agrícola se encuentra más cercana a las poblaciones urbanas, las aspersiones “han provocado un alto nivel de conflictividad”.
El organismo nacional detalla que Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos de síntesis química para la producción agrícola, de origen nacional o importados. En las 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno cada año.
El informe reconoce el nivel de dependencia generada con los agrotóxicos en el actual modelo agropecuario al indicar su uso creciente: 151,3 millones de kilogramos o litros de productos comercializados en 2002, 225 millones de kilogramos o litros en 2008 y cerca de 317 millones de kilogramos o litros en 2012, según las últimas cifras publicadas por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
En 2016, asegura el INTA, hubo un aumento del volumen vendido del 13 por ciento respecto del año anterior, debido principalmente al incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz y a «la problemática de malezas resistentes». En la campaña 2018/19, la soja y el maíz representaron el 66,7 por ciento del área agrícola total en Argentina. De modo paralelo, creció exponencialmente el volumen de productos químicos utilizados, que ha superado los 500 millones de kilogramos en los últimos años, un promedio de 13 kg por hectárea. Entre los agrotóxicos más usados se cuentan el glifosato, el 2,4-D, el endosulfán, la atrazina, la dicamba, la cipermetrina y el clorpirifos.
«No hay datos públicos que permitan tener información respecto de las poblaciones expuestas»
Actualmente hay en el mercado argentino cerca de 5400 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43 por ciento, seguido por los insecticidas y fungicidas. En este marco, sostiene el informe, los conflictos y controversias sobre las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas de la exposición a estos productos adquieren gran relevancia social.
La publicación expresa que en Argentina “diversos estudios detectaron la presencia de fitosanitarios en aire, aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, suelos agrícolas y en áreas urbanas y periurbanas”, pero que “no existen estadísticas oficiales que midan el volumen anual de sustancias químicas utilizadas, tampoco se dispone de datos públicos que permitan tener información certera respecto de la situación sanitaria de las poblaciones expuestas ni en cuanto al diagnóstico como al seguimiento de los casos”.
El INTA describe que, en el caso de sustancias como glifosato, 2,4-D, metsulfuron metil, piretroides, atrazina y clorpirifos, el bajo costo, la disponibilidad y la facilidad de uso posibilitan que se incurra en “descuidos y empleo fuera de registro que terminan llamando la atención de los que se sienten perjudicados por tal hecho”. Asimismo, reconoce el impacto de la deriva post aspersión en la contaminación del agua y de los suelos, como así también la creciente resistencia de las malezas por la “alta frecuencia” de aplicación de insumos de síntesis química. Frente a estos problemas, el INTA sostiene que las llamadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) —que no excluyen el uso de agroquímicos en la producción— son “un instrumento clave”.
En el informe se afirma que sin el empleo de fitosanitarios la pérdida de frutas, verduras y cereales a nivel mundial por daños causados por plagas alcanzaría el 78 por ciento, el 54 por ciento y el 32 por ciento, respectivamente. Sin embargo, matiza: «La literatura internacional reporta que su uso genera efectos no deseados, como pérdida de biodiversidad acuática, proliferación de especies plaga tolerantes y generación de resistencia en malezas, pérdida de polinizadores y contaminación del aire, suelo y aguas».
Numerosos trabajos científicos en la Argentina documentan que los productos fitosanitarios representan potenciales fuentes de contaminación ambiental, particularmente por deterioro de la calidad del agua y mortalidad selectiva de las especies menos tolerantes. El INTA indica que “el aplicador es corresponsable de los resultados de las aplicaciones, conjuntamente con el productor y el asesor profesional. Todos ellos deben conocer el riesgo de la actividad para su salud y la de la población, entender la inocuidad de los alimentos y el cuidado del ambiente”.
A pesar de los agrotóxicos, INTA discute la agroecología como alternativa
Hay una alternativa para producir sin uso de agroquímicos que viene creciendo año a año: la agroecología. El informe del INTA la reconoce pero vuelve a poner reparos en relación con la productividad en clave sectorial: «Una franja del sector sostiene el argumento de una producción cuanto menos aceptable sin recurrir a los fitosanitarios, asumiendo ciertos niveles de riesgo de disminución de producción o calidad». Y contrapone la propuesta a otra perspectiva que no descarta de plano el uso de agroquímicos: «La idiosincrasia del sector determina que las opciones de manejo deben resultar comparables en practicidad, viabilidad operativa y relación costo-beneficio económico».
Como solución, el INTA propone ampliar el conocimiento y fomentar el desarrollo de sistemas productivos basados en procesos ecológicos y la utilización de tecnologías apropiadas. Pero agrega que “es importante contar con un abordaje socio-ambiental sistémico, que contemple la percepción e intereses de todos los actores involucrados en el territorio (productores, pobladores rurales y urbanos, entre otros) que valore las diferentes posiciones de cada uno de ellos dentro de un marco de pluralidad”. Y concluye diciendo que “en este contexto, el Estado a través de sus instituciones públicas, tiene un rol central en promover el cuidado del ambiente”.
Fuente: Agencia Tierra viva
Envio:ResumenLatinoamericano
¿Por qué fueron procesados los militantes de la violenta agrupación de ultraderecha?
Revolución Federal, una organización delictiva que propició el atentado a CFK
El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a los integrantes de Revolución Federal Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes esta semana fueron excarcelados por los tribunales de Comodoro Py. Para el magistrado, los militantes de ultraderecha conformaron una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y, con sus acciones en las redes sociales y en las calles, se constituyeron en "actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la vicepresidenta". A Morel y a Sosa los considera organizadores de la agrupación, mientras que a Guerra y Basile, participantes.
La organización de ultraderecha Revolución Federal es una “asociación ilícita destinada a combatir ideologías” y con sus acciones en las redes sociales y en las calles se convirtió “en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", el 1 de septiembre. La definición aparece en el procesamiento sin prisión preventiva que dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi contra Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. El delito que les atribuye castiga con prisión de tres a ocho años a quien organiza o forma parte de agrupaciones que buscan “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. El fallo, que les traba embargos por 9 millones de pesos, da por probado que “realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio” en especial contra autoridades “de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos”.
El texto del juez, al que accedió Página/12, relaciona en varios tramos las acciones violentas y charlas en vivo de Revolución Federal desde mayo, como una sucesión de hechos que desembocan en el atentado. “Que tengan miedo de ser kirchneristas”, se escucha en un vivo de Twitter Space el 23 de agosto. “No los vamos a dejar en paz y van a tener miedo de caminar en la calle”. Para Martínez de Giorgi “parecía ser un anuncio de lo que efectivamente iba a ocurrir días después”. Otros ejemplos que cita: “Obelisco 15 horas llevamos nuestras antorchas a la calle nuevamente y marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”, presionaban. “Hay solución a esto y es yendo a buscarlos. No tienen que poder caminar en la calle en paz. #VanACorrer”, fue otra de las consignas. “Todos presos, muertos o exiliados”, decía la guillotina que exhibieron el 9 de julio. Cada vez que escribían “todos” ponían “TOD☀S” para aludir al partido gobernante.
Como ya dijo cuando pidió juntar (sin éxito aún) esta investigación con la del intento de homicidio de CFK, el juez advirtió: “No se puede afirmar que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar respecto de la Vicepresidenta de la Nación o de otros funcionarios pertenecientes al mismo espacio político”. El objetivo del grupo, señaló, es “infundir temor a futuro y alarma en las víctimas y en su entorno, de que su integridad, su libertad y su vida se encuentren en peligro".
La figura que utilizó, el artículo 213 bis del Código Penal, aclara, no es la misma “asociación ilícita” que en Comodoro Py aplican asiduamente en casos de supuesta corrupción, que prevé de 3 a 10 años de cárcel. A Morel y a Sosa los señala como quienes organizaron la agrupación, pero a la hora de la imputación es igual para Guerra y Basile como participantes. “Utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas”, describe. Apostaban a llegar a “un sinnúmero de personas”.
El juez no les dictó prisión preventiva, ya que la Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) excarceló al grupo argumentando que no había riesgos procesales ni relación probada con el ataque a CFK, pero defendió su postura y reiteró indicios de posibles fugas y otros peligros. Ahora vendrán apelaciones pero también falta un importante tramo de la investigación sobre eventuales lazos políticos de la organización y su financiamiento. El capítulo sobre la carpintería, el dinero de Caputo Hermanos y otras líneas, recién empieza.
Pistas claves
Martínez de Giorgi reconstruye el funcionamiento de Revolución Federal, sigue la cronología de hechos violentos que había señalado el fiscal Gerardo Pollicita al pedir las detenciones, su relación con el atentado a CFK. Le adjudica “un plan criminal”.
* Uno de los primeros posteos de una cuenta de Revolución Federal decía: “Aún no conseguimos el héroe que se anime”. Era la respuesta a un mensaje que pedía “unos cuantos corchos a los parásitos para que todo sea menos malo”. El perfil de Twitter decía “bala a los peronistas y kirchneristas”. Algunos días después del atentado el grupo se desactiva, según dijo el propio Morel en su indagatoria porque “el clima estaba muy complicado y podía ser provocador salir a la calle”.
“A partir de ese punto culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad”, dice el fallo. Pero, acota, eso evidencia que Morel sabía perfectamente “el impacto buscado y generado en la sociedad” y “reconoce haber contribuido a generar ese clima de envenenamiento social, persecución y odio contra representantes del Frente de Todos”. Hay una escucha del 13 de octubre donde habla con Basile deseoso de volver a la carga: “Listo, lo hecho, hecho está. Todos te dicen “bueno afloja”. No hermana, ya aflojé un mes, hace un mes que no hago nada, dos meses... El primero de septiembre fue cuando le pegaron. Cuando casi le pegan el tiro a Cristina, desde ese día no hicimos más nada”. Como reveló este diario, comienza a idear una nueva protesta en la Casa Rosada con bolsas mortuorias de sí mismos.
* La resolución da importancia a las manifestaciones violentas de Revolución Federal como en la asunción de Sergio Massa, en el anuncio de la de Silvina Batakis, dos marchas con antorchas, una con una guillotina ensangrentada en el Obelisco, otra con horcas, otra con bolsas mortuorias, otra en la puerta del Instituto Patria. Y puntualiza que 23 de agosto fue detenido Sosa cuando fueron a atacar a los manifestantes que iban a dar apoyo a CFK. Sosa fue detenido con un compañero que llevaba una molotov. Agrega el arresto de Guerra, por la agresión al auto de Massa el día de su asunción.
* Otro eje es qué se hablaba en los “vivos” de Twitter Space. Ahí Morel dijo: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia. Lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia”. También le preguntó a otro participante, Franco Castelli, un soldado luego desafectado, por qué no mataba a Máximo Kirchner si vivía cerca. Planteó un similar anhelo sobre Alberto Fernández. En la misma charla se comentó: "Con la policía hablamos siempre; la policía está de acuerdo con nosotros".
En una de las pocas charlas posteriores al atentado un usuario lo justificó ante más de 600 personas: “El pibe este que supuestamente atentó contra la vicepresidenta, para mí es una esperanza de que el argentino está haciendo algo. Yo espero que esto dé el ejemplo y más gente haga cosas.” “Me sorprende que no haya pasado antes, que alguien no le haya querido pegar un tiro a Cristina. Es sorprendente que hayamos llegado al 2022 y esté viva todavía”. Y otros comentarios como: “Hay que hacer un apartheid social, los kirchneristas tienen que ser marginados.” “Todos desearíamos que hubiera salido esa bala”.
* El fallo se refiere a las reuniones en la casa de Ximena de Tezanos Pinto, en el piso de arriba del departamento de CFK, tres días antes del ataque, donde Sosa y Guerra se sacan fotos en el balcón. “Un acontecimiento a todas luces alarmante”, dice el magistrado.
* Cuando analiza qué dijeron los imputados, dice que las explicaciones de Morel en la indagatoria “no se condicen con sus conductas”. Por ejemplo, para desligarse declaró: “Yo no soy una persona violenta, por lo tanto, en las actividades jamás se me va a ver pegando a alguien”, “maltratando a alguien”. Para el juez basta verlo tirando antorchas frente a la Rosada o pidiendo muerte a funcionarios. A su vez pone en ridículo a Basile que declaró que todo era “espontáneo”. “La aparición de una guillotina en una de las manifestaciones, también fue espontánea”, había dicho, cuando el propio Morel relató a los medios su dedicación al armado de la guillotina. La mujer dijo que la organización era un “grupo de chat donde sí se hablaba sobre activismo, pero nada que tenga que ver con incitación a la violencia o actos violentos. Era activismo callejero expresando un pensamiento de libertad y de descontento social”. “No parece ser una expresión de libertad, justicia y verdad, incitar al odio a la población o a la realización de actos violentos y persecutorios contra autoridades de gobierno”, dice Martínez de Giorgi. Sobre Sosa, quien afirma que el violento era Morel y que él discrepó con sus amenazas hacia CFK y otros, el fallo marca que no se hallaron discrepancias públicas suyas.
Libertad de expresión y límites
“No puede admitirse el ejercicio irrestricto del derecho a la libertad de expresión, cuando su ejercicio es abusivo y lesiona derechos de terceros -seguridad, libertad e integridad física- o vulnera bienes jurídicos como la paz social o la tranquilidad pública (…) generar daños en el vehículo en que se transporta un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales, incitar públicamente al odio, la intolerancia y a la violencia colectiva contra una mandataria en un contexto determinado, a punto tal de lograr que efectivamente un sujeto realice lo que, en palabras de los integrantes de Revolución Federal, era “pasar a la historia” -léase, atentar contra la vida de la Vicepresidenta-, claro está, no puede considerarse el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, concluye el juez.
"Aquellas manifestaciones públicas, difundidas masivamente a través de redes sociales, como ‘meter bala a los kirchneristas’ -alerta- en un contexto en donde la Vicepresidenta salía diariamente a reunirse en la calle con sus simpatizantes” son “estímulos de acciones inmediatas, casi automáticas” El escenario de violencia social que sembró Revolución Federal “configuró un peligro claro y actual contra la seguridad, libertad e integridad física de dichas autoridades, como así también una amenaza contra la paz social y la tranquilidad pública, que se vio reflejado y cristalizado en el intento de magnicidio antes referido”.
Leonardo Sosa apuntó contra Jonathan Morel
Atentado a CFK: Los militantes de Revolución Federal se acusan entre ellos por la violencia y el financiamiento
En su declaración indagatoria el militante de Revolución Federal Leonardo Sosa acusó a Jonathan Morel por las "amenazas" y las"expresiones violentas". Además dijo que debe dar explicaciones sobre los millones que recibió del Grupo Caputo. También hablaron del rol de la vecina de CFK, Ximena de Tezanos Pinto.
Los fundadores de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal también tienen su interna. Uno de ellos, Leonardo Sosa, acusó sin pruritos al otro, Jonathan Morel al ampliar esta semana su indagatoria ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. Si la Justicia va a investigar "amenazas" y "expresiones violentas", dijo, "pediría que se haga foco en quienes realmente hicieron uso" de ellas, "en este caso mi compañero Jonathan". "Sobre el financiamiento, que dé explicaciones Jonathan", se despachó.
Los 50 mil dólares hallados en su casa, quiso aclarar Sosa, pertenecen a su padre. También habló de su conexión con Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta: relató que ella los convocó a su casa el 28 de agosto porque quería "iniciar un carrera política" ligada a su militancia en Republicanos Unidos, que tiene entre sus referentes a Ricardo López Murphy. Les mostró un temario "de cosas que representaban su ideología republicana", les preguntó si estaban de acuerdo y les propuso "sumarse" a esa fuerza.
Él y Gastón Guerra se sacaron fotos en el balcón porque lo veían, señaló, como "el mítico lugar donde vivía la vecina de Cristina". A los tres días, el 1 de septiembre, fue el intento de magnicidio. En los procesamientos que dictó Martínez de Giorgi (ver aparte) advierte que la presencia de Sosa y Guerra "en el piso de arriba de Cristina Kirchner" aquel domingo "resulta un acontecimiento a todas luces alarmante".
El texto deja en claro que los descargos de los cuatro implicados (Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile) fueron "inconsistentes y endebles, frente al ingente caudal probatorio reunido en su contra que indica que la agrupación Revolución Federal (...) llevó adelante una actividad criminal, que tenía una clara intencionalidad de intimidar, incitar a la violencia colectiva y a la persecución y el odio de autoridades públicas pertenecientes a la actual gestión de gobierno y sus simpatizantes". A Sosa y A Morel el magistrado los señala como organizadores y especifica que Basile y Guerra "tomaron parte".
Tezanos Pinto, la vecina de Cristina
Tezanos Pinto presentó "defensor" en la causa. Nombró a Martín Sarubbi, el mismo de Sabrina Basile, una de las procesadas tras ser liberada. La "vecina" no está imputada formalmente pero sabe que las referencias a ella no pasan inadvertidas en la investigación.
El relato de Sosa fue así: "Había llegado a mis oídos que Ximena de Tezanos Pinto tenía simpatía por mí y por Gastón porque habíamos quedado injustamente, a juicio nuestro, detenidos". Se refería a que Guerra fue arrestado por patear el auto de Sergio Massa, el día de su asunción en Economía, y por agredir al periodista de C5N Lautaro Maislin. Sosa fue detenido el 23 de agosto, cuando un grupo de Revolución Federal fue a confrontar con los manifestantes que iban a dar a apoyo a CFK cerca de su casa. Él estaba junto con Natanael Reinstein Menin, que tenía una bomba molotov en la mochila. Ambos episodios forman parte de una cadena de hechos violentos que el juzgado tuvo en cuenta al procesarlos por generar odio y violencia, no precisamente simpatía.
La invitación a ver a Tezanos Pinto, dijo Sosa, fue "por medio de otra compañera". "Era a tomar un café. Yo llevé unos sandwichitos. Estaba nuestra abogada también ahí y hablamos de nuestras causas. Y después Ximena nos expuso qué planes tenía de iniciar una carrera política (...) Ella milita en Republicanos Unidos, y venía por ese lado la invitación". "Después cuando sucedió lo del atentado dijeron que habíamos estado planificando todo y habíamos hecho inteligencia. Tendría sentido si hubiéramos ocultado las fotos que nos sacamos", intentó defenderse.
La abogada a la que alude es Gladys Egui, quien representa tanto a Sosa como a Guerra. La mujer le aclaró al juez que ella había estado dos meses viviendo en el departamento de Tezanos Pinto. Guerra declaró que, como hacía changas --desde albañilería, cortar pasto, hasta vender piñatas y bolsitas de cumpleaños--, Tezanos Pinto le ofreció hacer arreglos en su casa después de la reunión en cuestión, a la que lo invitó a través de la letrada.
"Quería charlar conmigo, conocer mi situación", dijo Guerra. "Iba a trabajar a su casa, le ponía azulejos, le pintaba, porque hago de todo un poco, lo que va saliendo lo agarro. Es un piso grande con varias habitaciones”, contó. Precisó que mostraba su DNI para entrar al edificio y que la "seguridad" siempre era "amable", hasta lo ayudaron "a subir una cama desde el subsuelo.
La versión de Sosa
Sosa dijo que conoció a Morel en abril. Ambos militaban en el "partido Libertario". Él tenía una página propia que se llamaba "Revolución Liberal". Como estaban disconformes, empezaron a armar su propia agrupación. Para despegarse de los mensajes amenazantes que difundían argumentó: “Agarramos consignas que ya existían y las llevamos a la calle. Nos parecía que las manifestaciones no estaban a la altura de las circunstancias”.
“No sé a qué se refieren con mensajes de odio, porque se agarraron consignas existentes como 'van a a correr' o 'que se vayan todos'. Me parece débil que se agarren de eso", se lanzó a opinar ante el juez y el fiscal. Según su versión, la carpintería de Morel no tenía relación con la agrupación , "sí podía facilitar materiales, como las antorchas". "Jonathan Morel tendrá que dar explicaciones sobre su trabajo", se desligó. Dijo que usaron la aplicación conocida como "Cafecito" para juntar plata por sugerencia de algunas personas que los apoyaban. "Ojalá hubiésemos tenido más apoyo económico”, declaró. Ejemplificó que compraron un megáfono en cuotas.
Según Sosa, las redes las manejaban él y Morel pero era éste el que convocaba a las charlas en vivo por Twitter. Dice que ahí él no solía hablar. “Muchas veces lamentablemente me encontré con frases que él había dicho muy fuertes que luego tendrá que dar explicación. Yo asumía lo que podía llegar a hablar, pero nunca me esperaba ciertas palabras sobre funcionarios”, dijo.
Aclaró que discrepó con las referencias y amenazas de Morel alusivas a Victoria Donda, CFK y Máximo Kirchner. Que tampoco le gustó la idea de llevar la guillotina al Obelisco el 9 de julio, pero que Morel le dobló la apuesta poniendo la frase "todos presos, muertos o exiliados", en alusión al Frente de Todos. “Lo violento venía del lado de él”, acusó.
Más cerca del final de la declaración volvió sobre la carpintería: "Recuerdo que Jonathan me comentó que tenía un viaje importante en agosto. Desconozco si sabía que venía de esa familia (Caputo). Unos días antes me comentó que le había llegado el dato de que circulaba el nombre de la familia Caputo o quizá me lo había ocultado. Me habló de Rossana, la decoradora, y me dijo: 'Che Leo ¿Sabés que ella también es Caputo? Y yo pensé mejor timing no podemos tener nosotros".
"Me gustaría que quede en claro que no quisimos amenazar a nivel agrupación. Si se elige tomar esa vía de investigación pediría que se haga foco en quienes realmente hicieron uso de expresiones violentas, en este caso mi compañero Jonathan. Sobre el financiamiento, que dé explicaciones Jonathan. El dinero pertenece a mi padre", insistió al final.
También se diferenció de Guerra: "No teníamos tampoco ninguna consigna que dijera 'vamos a golpear el auto de Massa'”. Su remate fue: “Manifestarse no es delito ni acá ni en ninguna parte del del mundo”. Pero el juez consideró que no se trató de simples e inocuas protestas. También asegura el fallo que "no se obtuvo prueba alguna que acredite que Sosa expresó públicamente la alegada disconformidad" sobre "las expresiones violentas", se contradijo y conocía las consecuencias legales de sus actos.
El lugar de Guerra
Gastón Guerra dijo que conoció a la agrupación el 25 de mayo cuando fue a pasear por el Cabildo con su familia. Le dieron unos panfletos, que “hablaban de la situación económica” y tenían "las caras de Alberto y Cristina”. Por esa red le pasaron un enlace de Whatsapp y se sumó al grupo.
“No sé quién manejaba las redes. Al grupo entré y había gente hablando”, sostuvo y aclaró que tampoco participaba todo el tiempo. Entre sollozos y aclaraciones de ser alguien "familiero", Guerra declaró: “Sé bien lo que hice, le golpeé la ventanilla a Massa en un estado de angustia por mi situación económica. Nunca hice nada violento, soy una persona que no tiene problemas con nadie. Me parece bien que estén investigando, no tengo nada que esconder".
"Sabía que no iba a terminar en nada bueno", dijo Guerra para explicar por qué se fue del grupo. Y que fue en especial porque vio que los noticieros empezaron a “ensuciarlo” y se publicó su foto en la casa de Tezanos Pinto. Para el juez, esto también pone en evidencia "el conocimiento que efectivamente tenía Guerra de la ilicitud de sus actos".
Rebelión del juez de la Sala Amarilla
Bruglia renunció a la Asociación de Magistrados y le apuntó al Presidente
El juez de la Cámara Federal porteña envió una carta a sus colegas en las que les reprochó el silencio ante las críticas de Alberto Fernández por el fallo que liberó a Revolución Federal. También dijo que denunciará al Presidente por injurias. El ministro Soria salió a responderle.
El camarista Leopoldo Bruglia presentó la renuncia a la Asociación de Magistrados e hizo trascender que denunciará a Alberto Fernández por calumnias e injurias. Ocurrió luego del tuit del Presidente de la Nación que criticó la decisión del juez y sus compañeros de Sala de liberar a los integrantes de Revolución Federal, cuyo financiamiento es materia de investigación por el vínculo entre el Grupo Caputo Hermanos y el violento líder de la organización Jonathan Morel. Bruglia reprochó a sus colegas magistrados el silencio y al Presidente tratos "ofensivos", "falaces" e "inaceptables". También criticó al ministro de Justicia Martín Soria, quien tardó poco en responderle.
"Cuando creíamos que nadie podía ser más caradura, apareció Bruglia", expresó el ministro y volvió a sostener sus críticas en la misma línea que un día antes se había expresado tanto él como el Presidente y gran parte de las primeras líneas del Frente de Todos. ¿Injerencia indebida?, se preguntó. “Injerencia indebida es la que hizo Mauricio Macri cuando lo trasladó a dedo de un Tribunal Oral a la Cámara Federal”, lanzó. En ese contexto recordó que en estos días se cumplieron dos años desde que la Corte Suprema de Justicia señaló a través de un fallo que ese traslado fue inconstitucional e ilegal y llamó a realizar un concurso que aún sigue pendiente. “Si tuviera honor, lo que tendría que haber hecho es haber renunciado a la Cámara en ese mismo momento", dijo Soria. "Haber vuelto al Tribunal Oral o incluso haberse presentado al concurso”.
Bruglia renunció a la Asociación que encabeza el juez Marcelo Gallo Tagle a través de una carta en la que achacó a sus colegas la falta de respuesta ante las críticas del Ejecutivo. "Que ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tuits del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo suficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia de esa Asociación", señaló Bruglia. "Saben ustedes muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirme".
Bruglia integró el Tribunal Oral Federal 4 hasta ingresar a dedo a la Cámara Federal por el mecanismo del traslado durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara Federal es un fuero estratégico de Comodoro Py del que depende el control de legalidad de los doce juzgados federales. Durante el gobierno de Cambiemos, la Cámara avaló con sus resoluciones todas las tropelías de Claudio Bonadío contra los exfuncionarios del kirchnerismo y decenas de detenciones arbitrarias sostenidas en la teoría del poder residual, o doctrina Irirzun. Pero mientras perseguían a un lado de la línea política, no lo hacían a otro. Entre otras resoluciones, desprocesaron al expresidente Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan y atomizaron los expedientes que intentaban entenderlo como un sistema estatal. La Cámara tiene dos Salas. Bruglia integra una con Pablo Bertuzzi, el otro juez trasladado vía el mismo mecanismo de traslado, y con Mariano Llorens. Por sus fallos, la Sala comenzó a ser llamada la Sala M o Sala Amarilla. Y a ellos, los jueces del Lawfare. El Consejo de la Magistratura ayuda a sostenerlo en el cargo al no votar las ternas para reemplazarlos por jueces o juezas designados por concurso y con acuerdo del Senado.
Es su primera aparición en una actividad masiva tras el atentado
A qué hora habla Cristina Kirchner en el acto de la UOM en Pilar
Después del intento de asesinato, la vicepresidenta sólo había realizado actividades en función de su rol como presidenta del Senado. También estará la semana próxima en el acto por el Día de la Militancia.
Cristina Kirchner reaparece este viernes en un encuentro organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. Es la primera actividad masiva en la que participa tras el atentado. La vicepresidenta estará también en el acto por el Día de la Militancia que se prepara en La Plata para la próxima semana.
Tras el intento de asesinato, CFK solo realizó actividades en el marco de su rol como presidenta del Senado. Su vuelta a los actos masivos genera gran expectativa. Según lo previsto hablará a las 17.
La UOM quedó a cargo de la logística del acto en el microestadio municipal de Pilar, que comenzará a las 13. También habrá un refuerzo policial de la Bonaerense. La custodia de Cristina Kirchner estuvo en contacto con la organización para que se garanticen las condiciones de seguridad.
Del encuentro está previsto que participen, entre otros, el secretario general de la UOM, Abel Furlán; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el diputado y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner.
Otro acto el 17 de noviembre
Tras la reaparición de este viernes, la vicepresidenta volverá a ser oradora en el acto que está organizando el PJ Bonaerense por el Día de la Militancia, el próximo 17 de noviembre. Será en el Estadio Diego Maradona de La Plata para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario del Partido Justicialista.
Los actos que encabezará Cristina Kirchner se dan en momentos en que está en debate el rol que ocupará en el armado político para las elecciones de 2023.
Si bien Máximo Kirchner dijo en los últimos días que no cree que la titular del Senado vaya a ser candidata, otros como Kicillof la subieran al ring de la competencia electoral, en línea con muchos dirigentes que impulsan un “operativo clamor”.
Promete destinar más recursos al desarrollo productivo
El Gobierno no incorporará más beneficiarios a planes sociales
A través de un decreto, Alberto Fernández dispuso que no habrá nuevas altas a programas como el Potenciar Trabajo. La apuesta por la generación de empleo.
El presidente Alberto Fernández firmó un decreto que tiene como objetivo "avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino". Centralmente lo que hará la nueva norma es: fijar un techo para que no haya más altas en los programas Potenciar Trabajo, Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial; que el dinero de los planes que se den de baja sirva para comprar maquinaria y herramientas; otorgar en favor de las cooperativas de trabajo el 30 por ciento de la obra pública nacional y crear el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario que tendrá como objetivo promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”. Lo que no se incorporó en el decreto que saldrá publicado en el Boletín Oficial este viernes es el monotributo productivo. Eso generó descontento en diversos sectores de la economía popular, incluso en algunas agrupaciones cercanas al Gobierno, porque se trata de uno de sus reclamos centrales. Otras organizaciones como el movimiento piquetero ya anunciaron que la semana que viene realizarán movilizaciones en todo el país.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, había mencionado el jueves a la mañana que una de las metas centrales del gobierno es darle "herramientas fiscales" a trabajadores de pequeñas empresas y talleres, mediante un "monotributo productivo". Sin embargo, eso no se vio reflejado en el decreto que el mandatario firmó por la tarde, cuando se reunió en Casa Rosada con los ministros de Economía, Sergio Massa; de trabajo, Kelly Olmos, de Desarrollo Social y con el jefe de gabinete, Juan Manzur.
En la conferencia de prensa posterior que dieron las ministras, Tolosa Paz dijo que el monotributo productivo no fue incorporado "por una conversación del ministro (de Economía) y el Presidente", y aclaró que "son leyes que hay que pedirle al parlamento que ayude a sancionar". La ley había sido enviada al Congreso por el Ejecutivo a fines de 2021, pero quedó sin tratamiento. Tolosa Paz reconoció que el monotributo productivo "es vital para registrar a hombres y mujeres que trabajan y que tienen el Potenciar como base, pero necesitan una herramienta fiscal para ser incluidos" y que "es la instancia que viene". "Lo hablábamos recién con el ministro y el Presidente", aseguró.
El número actual de los Potenciar Trabajo --el más grande de los programas en los que no podrá haber nuevas altas-- actualmente es de 1 millón 350 mil. La ministra de Desarrollo explicó que "a partir de ahora hay un techo a la incorporación de más personas. Eso se hizo en acuerdo con las organizaciones sociales entendiendo que el Ministerio ha hecho un acuerdo de abrazar y alcanzar a muchos hogares que no han tenido trabajo, pero que esta herramienta ha tenido dificultades".
Más allá que desde Movimiento Evita confirmaron que fueron consultados y que están de acuerdo con estas políticas porque creen que es necesario en "limitar los subsidios porque no han resuelto nada", otras organizaciones también de la UTEP, como el Frente Popular Darío Santillán, señalan que la medida no fue consensuada con ellos y que para seguir potenciando al sector "no hay que ajustar con lo que se conquistó en el 2016 -- con la Ley de Emergencia Social-- que es el salario social complementario, hoy Potenciar Trabajo".
Según explicó Tolosa Paz, el techo que impone el decreto "es un límite que no busca ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas a políticas concretas de desarrollo como el banco de máquinas y herramientas o líneas de producción que amplían la capacidad de esos sectores". Para ella "es un decreto que busca el reconocimiento y la institucionalización de la actividad de la economía popular". En esa línea va la creación del Consejo de la Economía Popular que, según adelantó, se terminará de conformar y podrá reunirse en el transcurso de los próximos 60 días. "El Consejo busca poder dialogar en un marco de institucionalidad la agenda de la economía popular", puntualizó.
Gildo Onorato, referente de Movimiento Evita, expresó en diálogo con este diario que "el Potenciar Trabajo es un programa de trabajo de la economía popular que en la pandemia transformó en un elemento para la emergencia y se desvirtuó. Con este decreto vuelve al lugar que tiene que tener, que es el de la producción y el desarrollo". Además, Onorato resaltó la creación del Consejo de la Economía popular donde tres representantes del sector se podrán sentar con el ministerio de Economía, de Desarrollo Social y de Trabajo. Adelantó que la primera política que van a impulsar desde allí es, justamente, el monotributo productivo.
Desde el Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez subrayó que, más allá de que "siempre vamos a estar de acuerdo con sumar equipamiento y herramientas a la economía popular", siguen exigiendo "que se trabaje bien el bono de refuerzo alimentario" que, según ella, "fue mal implementado" y por lo que considera "necesario y urgente", que es un Salario Básico Universal. "Eso garantizaría la canasta básica alimentaria para las familias que más lo necesitan", apuntó.
La postura más radicalizada fue la de la Unidad Piquetera, que está en contra del techo que el gobierno puso a las altas en el programa Potenciar Trabajo. "Se ha agravado el cuadro de ajuste general en todas las áreas y secretarias del ministerio de Desarrollo Social desconociendo en la práctica avances en la cuestión de los alimentos y de las herramientas necesarias para los proyectos productivos que el propio ministerio dice promover. Mientras se agrava la situación de miles de familias que pasan hambre, crece la indigencia y la inflación es imparable", dijeron. Además, adelantaron que no descartan "una permanencia frente al Ministerio de Desarrollo reclamando una reunión con Tolosa Paz. La ministra dijo que el ministerio de Desarrollo, con sus distintos funcionarios, viene manteniendo la instancia del diálogo con todos los sectores para solucionar las demandas.
Fuente:Pagina12
MERCADO CAMBIARIO
Entró en marcha el dólar turista para extranjeros: cómo funciona
Quienes visiten la Argentina podrán acceder a un dólar diferencial Claves y objetivos de la medida.
04/11/2022
Los turistas del exterior que lleguen la Argentina y hagan gastos con tarjeta podrán acceder desde este viernes al tipo de cambio del dólar MEP, como una manera de facilitar sus operaciones y evitar que cambien sus billetes por efectivo en el mercado informal.
Según informó el BCRA a través de la Comunicación “A” 7630, la medida exceptúa de la liquidación en el mercado de cambios los pagos que realicen los «no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior».
¿Cómo funciona?
La nueva modalidad rige para los consumos que los visitantes realicen con tarjeta de crédito, débito o prepagas. La operatoria no exigiría trámite alguno para el turista ni el comercio. Simplemente la tarjeta convertirá ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior que será el equivalente al de la cotización del dólar MEP hoy en $291.
Después, los turistas pagarán en dólares sus tarjetas y las tarjetas serán las que vendan esos dólares a la Argentina a través del mercado financiero que luego pagarán en pesos a los comercios según la tarifa cobrada.
«Hasta hoy se utilizaba el tipo de cambio del Banco Nación. Las tarjeteras podrán cobrar una comisión por dicha operación», explicaron a Télam, ya que no son los bancos los que intervienen en los gastos de los extranjeros en la Argentina, sino las empresas de tarjetas. Si bien no será obligatorio que las tarjeteras ofrezcan este servicio, las que sí lo hagan tienen la obligación liquidar los dólares a través del dólar MEP.
La iniciativa apunta a canalizar por el mercado formal el ingreso de divisas por turistas extranjeros y de esta forma robustecer las reservas del Banco Central.
Fuente:TiempoArgentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario