Judiciales vuelven a realizar un paro nacional en reclamo salarial
El secretario de Derechos Humanos de la CGT, Piumato, confirmó que si continúan “las absurdas demoras” en el pago, el gremio de los judiciales realizará “una nueva huelga de 36 horas el 24 y el 25 de noviembre".
Trabajadores judiciales de todo el país paran nuevamente este jueves en demanda del pago del cuarto tramo de la mejora salarial convenida con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para este año y en reclamo de la integración del gremio a la obra social.
Vale recordar que, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, realizó el viernes último un paro de 24 horas en reclamo salarial y en exigencia de la integración gremial a la prepaga.
El nuevo paro, inicia a las 10am de este jueves, en el contexto de la profundización del plan de lucha por esas demandas. Los judiciales, también marcharán hacia Tribunales, pero también habrá concentraciones en cada dependencia en todo el territorio nacional.
En ese sentido, el también secretario de Derechos Humanos de la CGT, Piumato, rechazó “la ausencia de respuestas para modificar las partidas presupuestarias”, pidió “respetar el aumento salarial” y ratificó que “los salarios no pueden perder valor frente al galopante proceso inflacionario“.
Además, Piumato confirmó que si continúan “las absurdas demoras” en el pago, el gremio de los judiciales realizará “una nueva huelga de 36 horas el 24 y el 25 de noviembre, con una gran marcha nacional el primero de esos días”.
“Los trabajadores no pueden permitir ser rehenes de contiendas que los exceden. Así como se defendieron ante el avance del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, también lo harán para que el ingreso no pierda ante la inflación“, señaló Piumato.
En este contexto, los judiciales de todo el país pararon el pasado viernes, también en demanda del pago del cuarto tramo de mejora salarial convenido con la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que amenazaron con continuar con las medidas de fuerza.
En detalle, los judiciales liderados por Julio Piumato realizaron un paro 24 horas como forma de reclamo salarial y por la integración gremial a la prepaga, además de denunciar “la dilación de la Jefatura de Gabinete para autorizar el pago”.
En esa línea, el jefe sindical sostuvo que los trabajadores pararon para que el gremio de los judiciales ingrese “de inmediato” a la conducción de la obra social. “Cada jornada de lucha se realiza en defensa de la independencia de la justicia, sin lo cual no habría derecho ni siquiera a la salud“, señaló Piumato.
Fuente:EstacionSurDigital
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre 2022.-
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias.
Diez años de recuperación democrática y gremial en Clarín: conquistas, luchas y reclamos vigentes
Imágenes: Comisión Interna de Clarín/SiPreBA.
Un día como hoy hace diez años, los trabajadores y las trabajadoras de Clarín, Olé, revistas y publicaciones de AGEA vivíamos un momento histórico. El 15 de noviembre de 2012 votamos a nuestros delegados. Y así, recuperábamos nuestra posibilidad de organizarnos gremialmente después de 12 años, tras los despidos del 2000, cuando la empresa echó a 117 compañeros y compañeras, entre quienes estaba toda la recién elegida Comisión Interna, que encabezaba nuestra admirada Ana Ale. Hoy, miércoles 16/11, a las 14, acto frente a Clarín (Tacuarí 1800). Por Comisión Interna Clarín/AGEA.
El brote había surgido un par de años antes, luego de una década en la que la palabra «delegado» estaba prácticamente prohibida en el edificio de Tacuarí 1842. Hubo reuniones clandestinas, frustraciones, avances y retrocesos, en un contexto político que comenzaba a parecer favorable, ante el feroz enfrentamiento entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín. Tan es así que a último momento la empresa aceptó que la votación se pudiera hacer dentro del diario (y no en la calle como estaba previsto), para evitar los escraches y las cámaras de los medios públicos.
Muchas notas se escribieron sobre las emociones de aquellos días (esta crónica de Anfibia, por caso, es muy descriptiva ). Para quienes trabajamos en AGEA, el hito no solo fue la recuperación de una herramienta necesaria, sino también un paso para vencer al miedo. Y es que Clarín tiene todo un historial de conductas antigremiales, desde los despidos de Emilio Jáuregui y Eduardo Jozami en 1966, pasando por los masivos de 1973 y la persecución a Pablo Llonto en los 90′, hasta los lamentables hechos de noviembre del 2000 (aquí, otra buena crónica al respecto).
Imagen: Comisión Interna de Clarín/SiPreBA.
Hoy, diez años después, a pesar del salvaje ajuste que año tras año la empresa lleva adelante, incluidos los cientos de retiros voluntarios y los 65 injustificables despidos de 2019, hemos consolidado la organización. Tenemos elecciones de Comisión Interna cada dos años y somos una asamblea masiva, con permanente incorporación de compañeros y compañeras. Con unidad, esfuerzo, compromiso y dignidad peleamos por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Así hemos conseguido muchas de nuestras reivindicaciones: recomposiciones salariales; consolidación de la jornada de seis horas; cientos de efectivizaciones y recategorizaciones: regularización de los contratos en Zepita; decenas de pases a planta para colaboradores; universalización del «doble aguinaldo» o BGA; freno de despidos y cierres de productos; reincorporaciones; cumplimiento y ampliación del convenio en licencias como las de estudio y mapaternidad; inclusión de temáticas por igualdad de género y rectificaciones sobre los contenidos; beneficios como los traslados en combi y más… Y solo nombramos algunos de los pasos en el camino que nos vienen rápidamente a la memoria.
Todo esto no surgió de la nada: se lo debemos a quienes nos antecedieron en esta lucha y a cada laburante que nos acompañó en la reconstrucción, desde los colaboradores mal llamados ‘freelance’ hasta personas como Julio Blanck, que con un cargo jerárquico fue uno de los primeros en bajar al subsuelo y votar en 2012.
Imagen: Comisión Interna de Clarín/SiPreBA.
Ese antes, durante y después, también hizo posible que en el medio de estos diez años fuéramos protagonistas de la fundación de nuestro sindicato, el SiPreBA, el que hacemos entre todes. La asamblea de Clarín fue partícipe clave en el plebiscito de 2015 y base imprescindible para la consolidación del sindicato que tenemos hoy. Nuestra Comisión Interna ha sido el semillero de dirigentes para todo el gremio. Y durante los últimos siete años las afiliadas y los afiliados de AGEA hemos estado siempre presentes para organizar, luchar, construir, defender, mejorar y disfrutar nuestro oficio desde y con el SiPreBA. Así como nuestro sindicato nos acompañó y acompaña en todo.
Cumplimos diez años de organización gremial ininterrumpida. Un hito en Clarín. Nos enorgullece y emociona. Sabemos que falta, que son tiempos de resistencias. Como lo hablamos en cada asamblea, los desafíos para los trabajadores y trabajadoras de prensa de AGEA continúan siendo extremadamente complejos, en una industria que se achica y frente a una empresa que evita negociar con los legítimos representantes de sus empleados y no escucha el grito de #SiPreBaEnParitarias.
Imagen: Comisión Interna de Clarín/SiPreBA.
Pero la rueda arrancó hace diez años y ahora gira sin miedos, espantando a su andar a los fantasmas disciplinadores que marcaron una era.
Con unidad y solidaridad seguiremos luchando para defender y mejorar nuestros salarios, nuestras condiciones laborales y, fundamentalmente, nuestra calidad de vida. Por nuestra dignidad como laburantes, por los que lucharon antes y por los que seguirán en nuestro oficio.
Comisión Interna Clarín/AGEA –
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Madygraf: nueva movilización a La Plata por la expropiación definitiva
Este miércoles 16 de noviembre trabajadoras y trabajadores de la fábrica recuperada Madygraf se movilizarán a la Legislatura Bonaerense en la ciudad de La Plata por la Ley de Expropiación. Convocan a organizaciones sociales, políticas y a toda la comunidad a acompañarles en esta nueva acción de la campaña por la expropiación definitiva. Por Ernestina Arias.
Les trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Madygraf resolvieron en asamblea general el pasado miércoles 9 de noviembre movilizar a la Legislatura Bonaerense, y para ello invitan a salir desde la fábrica ubicada en Garín a las 10 de la mañana, para reclamar la votación de la Ley de Expropiación.
En conversación con dos trabajadores, Jorge Medina y Germán Gassibe, charlamos sobre el recorrido de la lucha y de la campaña que vienen realizando en torno a la Ley de expropiación.
“Vamos a movilizar a la Legislatura de La Plata, en reclamo de la expropiación de la fábrica Donnelley para la cooperativa Madygraf, porque desde hace ocho años venimos con este reclamo”, comienza explicando Jorge, y prosigue, “en su momento obtuvimos la expropiación pero por tres años, porque nos dicen que no se hace efectiva por la ley de quiebras, hasta que la provincia no indemniza a la patronal y a la quiebra. Por eso es que nosotros estamos peleando, porque se renueve la expropiación, pero también pidiendo que nos den una solución para tener la expropiación definitiva y así garantizar nuestros puestos de trabajo”.
Germán, por su parte, afirma que “con la expropiación nosotros venimos todo el año haciendo la campaña no solamente en la calle, sino también dentro de la Legislatura teniendo reuniones con los bloques, post pandemia, porque antes presentamos proyectos de prolongación, de otra prorroga, que obviamente cuando empezó la pandemia se cae, porque se caen las sesiones, y recién ahora pudimos retomarlo. Entonces, la misma legislatura con el ejecutivo provincial nos mantuvieron en un cierto estado de ilegalidad, digamos, de inestabilidad de los puestos de trabajo, por esta situación, por no haberla votado antes, a pesar de que Claudio Dellecarbonara, diputado del Frente de Izquierda Unidad con mandato cumplido, había presentado un proyecto mínimo para una prórroga de 180 días”.
En estos ocho años, el crecimiento y la construcción de política de Madygraf en el territorio no ha sido solamente demostrar que la gestión obrera de la fábrica es viable, sino también que cumplen un rol social importante, que podría potenciarse si el Estado quisiera garantizar materiales de estudio de calidad y bajo costo para todos, tal como señalan en su comunicado.
Para para profundizar esa definición, Jorge asiente que siempre han planteado que pelean por la expropiación “para conservar los puestos de trabajo, pero también porque queremos que la fábrica siga funcionando porque cumple un rol social. Nuestro objetivo de máxima es la estatización bajo control de los trabajadores, porque venimos demostrando no solo que podemos hacerla funcionar, sino que también podemos dirigir nuestra actividad hacia las necesidades de la mayoría. Por eso, en pandemia reconvertimos un sector de la fábrica para transformar en un laboratorio donde fabricamos satinizantes de alcohol, barbijos, mascarillas y los donamos a los hospitales, clínicas y barrios.
Tenemos hoy una nueva línea de producción ecológica, pasamos de hacer revistas diarios y libros a hacer bolsas de papel reciclado. Tenemos talleres de oficio, con título oficial para los compañeros que necesitan, porque están en búsqueda de trabajo, un club para los vecinos y los trabajadores de la zona, con actividades para chicos, ya hemos repartido más de 200 mil cuadernos en las escuelas públicas, un montón de cosas que las hacemos para demostrar la potencialidad de la fábrica en camino de nuestro reclamo, no solo por la expropiación definitiva, sino por la estatización bajo gestión obrero.”
El año pasado invirtieron para tener una producción amigable con el ambiente e incorporaron la línea de producción de bolsas de papel. Además, existe una reciprocidad con la comunidad educativa, ya que trabajan con universidades, escuelas técnicas y estudiantes, que recorren la fábrica para conocer su experiencia, y con algunas han llegado a concretar proyectos para mejorar la eficiencia energética de la fábrica; consumir menos electricidad y disminuir la emisión de CO2 a la atmósfera.
German rememora que ese vínculo tiene larga data, ya que les trabajadores pidieron “ayuda desde el principio de la gestión y colaboración al conjunto de la sociedad, específicamente a las universidades, sectores de la educación, a las organizaciones sociales, a los partidos, como el PTS, que nos han dado una mano inmensa. En cuanto a las universidades, muchos de los proyectos que tenemos como el de energía, que es muy importante, han sido desarrollados gracias a ellas. Por ejemplo, nosotros logramos tener un ahorro de energía que no tiene casi ninguna fabrica en el país instalando un software que nos permite ver el consumo y manteniéndonos con un menor consumo para un ahorro de luz, que hasta le sirve a la propia empresa Edenor y eso lo hicimos en colaboración con la Universidad Nacional de General Sarmiento, como también los proyectos en los que hemos desarrollado las licitaciones o los proyectos en administración, proyectos productivos en colaboración con la Universidad de Buenos Aires (UBA), firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Rosario siempre trabajamos en conjunto, como también dimos las luchas en conjunto con docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con las escuelas de oficio que tenemos en la fábrica de soldaduras de energía autosustentable y otros cursos más”.
Por último, ambos trabajadores reflejan cuáles son sus expectativas para hoy en las sesiones de la Legislatura, ya que les trabajadores de Madygraf consideran que no hay motivos para que se siga demorando la aprobación de la Ley de expropiación.
“El escenario es incierto – apunta Jorge – porque además no está claro que vaya a haber sesión, sabemos que siempre por estas fechas se está discutiendo el presupuesto para el año próximo, y nada va al recinto si no tienen acuerdo los bloques mayoritarios, en este caso el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, entonces no sabemos si por diferencias con otros proyectos de ley puede llegar a suspenderse la sesión. También venimos hablando e incluso invitamos y vinieron a la fábrica representantes de todos los partidos, donde vieron, constataron que la fábrica funciona y aun así no solo no tuvimos respuesta por la expropiación definitiva, sino que a diferencia de la vez anterior en la que nos dieron la expropiación por tres años, ahora nos dicen que solamente lo harían por dos por cuestiones de presupuestos, y porque no quieren votar algo para después de terminados sus mandatos, algo que nos suena a mucha excusa, pero nosotros seguimos luchando por la expropiación definitiva”
En palabras de Germán, “la discusión de fondo es que está todo bien con que estemos constantemente pidiendo prórrogas, pero para que se sostengan realmente los puestos de trabajo tiene que haber una expropiación definitiva, en la que el Estado se haga responsable del pago de la expropiación y que garantice los puestos de trabajo. Nosotros podríamos hacer manuales para la educación para todo el país, que es un déficit enorme que hay, podríamos hacer los materiales para las universidades, así como también todo el material ecológico con el nueva emprendimiento que tenemos con la máquina de bolsas distribuyendo a los municipios, los estados provinciales. Para nosotros es positivo desde un aspecto porque muestra que nuestra lucha funciona, porque de hecho no se dan expropiaciones, no hubo expropiaciones en todo el gobierno del kirchnerismo y del macrismo, hubo una sola y la que nos firmó María Eugenia Vidal a nosotros, no hay expropiaciones del estado provincial. Entonces, por todas las luchas que llevamos adelante tenemos estos dos años, pero en realidad termina siendo una situación de inestabilidad en la que nos ponen los diputados y senadores a los trabajadores que hace ocho años venimos sosteniendo los puestos de trabajo. Hoy lo que esperamos es poder llegar y votar sobre tablas, ya de hecho hay un acuerdo entre los bloques que tendría que salir”.
Por eso, hoy les trabajadores piden solidaridad con esta causa, apoyo de toda la comunidad, difundiendo su campaña en las redes, firmando el petitorio, movilizando con elles por la aprobación urgente de la Ley de Expropiación, porque también han demostrado que las demandas se obtienen en unidad y en las calles.
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Misiones: exigen a Herrera Ahuad desactivar comandos civiles que actúan para desactivar protestas
Imagen: Equipo Misiones de DD.HH., Justicia y Género.
Diversos organismos de derechos humanos, sindicatos, asociaciones de abogados y abogadas, organizaciones sociales y partidos políticos exigen al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que investige y desarticule el accionar de comandos civiles que actúan contra las protestas sociales. «En un contexto de crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales, como la alimentación, la salud, el trabajo decente y empuja a formas diversas de reclamo de sectores que no pueden seguir esperando, el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades. El lunes 7 de noviembre se conoció la irrupción de un grupo de ‘vecinos autoconvocados’ de Garuhapé que desalojó con palos a un grupo que manifestaba frente a la municipalidad. Lo sucedido en Garuhapé tiene diversos antecedentes en la misma localidad y en otras localidades misioneras, donde grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables», denuncian. Por ANRed.
En un contexto de escalada de este tipo de comandos civiles anti protestas en toda la provincia de Misiones, gobernada por Oscar Herrera Ahuad, así se expresaron las organizaciones en un comunicado: «en un contexto de crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales como la alimentación, la salud, el trabajo decente y empuja a formas diversas de reclamo de sectores que no pueden seguir esperando, el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades«.
«Lo ocurrido ayer (en referencia al lunes 7 de noviembre) en Garuhapé es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial. Se conoció la irrupción de un grupo de ‘vecinos autoconvocados’ de Garuhapé que desalojó con palos a un grupo que manifestaba frente a la municipalidad. Tal accionar fue convalidado por el intendente local que lejos de reprochar este hecho lo justifica diciendo que se trataba de ‘vecinos disgustados’, que ‘mancomunadamente se juntaron en la plaza y vinieron a hacerle un enfrentamiento a estos piqueteros’, naturalizando así la intervención de comandos civiles, parapoliciales. Se trata de un hecho gravísimo que revela un modus operandi de grupos civiles que de manera concertada, convocada, se reunen para impedir el ejercicio de la protesta social de acuerdo a sus propios criterios, acudiendo a formas violentas de acción, con la anuencia o complicidad de las autoridades», denuncian las organizaciones firmantes.
«Lo sucedido en Garuhapé – agregan – tiene diversos antecedentes en la misma localidad y en otras localidades misioneras, en las cuales grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables, amparados bajo una supuesta legitimidad que les daría su carácter de ‘vecinos’ o ‘productores’. Es de resaltar que así como la protesta social es un derecho, la atribución que se toman estos grupos de amenazar o impedir esas formas de expresión son abiertamente ilegales», destacan.
Imagen: Equipo Misiones de DD.HH., Justicia y Género.
Asimismo, consideran que «con su intervención además obstruyen la función que solamente tienen las autoridades públicas de dar respuestas a los reclamos sociales», por lo que consideran que «este accionar, reiteramos, concertado e ilegal, exhibido ante los medios como formas de intervención legítima, es propio de las organizaciones parapoliciales o paramilitares, que en la historia de la violencia política de nuestro país remite a los denominados, en otros tiempos, ‘comandos civiles’ «. Y agregan: «así como se trata de hechos de extrema gravedad, lo es más la anuencia o complicidad con que el gobierno provincial permite la conformación y accionar de estos grupos que explicitan sus propósitos y no dudan en recurrir a la violencia como la que realizaron en Garuhapé con total impunidad».
Ante esta situación, las organizaciones exigen al gobierno provincial de Herrera Ahuad que «atienda en forma urgente las causas de la protesta social«, que «investigue y desarticule el accionar de comandos civiles que actúan contra las protestas sociales«, y llaman «a las organizaciones del campo popular a pronunciarse ante estos graves hechos y a repudiar el accionar de grupos que accionan coordinadamente en contra del derecho a peticionar a las autoridades y a expresarse políticamente».
Finalizan el comunicado haciendo el llamado a «Nunca más la naturalización de la violencia», «Nunca más el silencio ante el avance de prácticas fascistas», y «Nunca más mirar hacia otro lado cuando violan los derechos a una vida digna».
Entre las primeras firmas de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se encuentran:
Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros.- CTA Autónoma de Misiones.- ATE Misiones. Asociación de Trabajadores del Estado – Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina – Asociación de la Calle a la Dignidad- Espacio Chacabuco- Socorristas Misiones en Socorristas en Red- UTEM -Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones. – Izquierda Socialista- MPL -Movimiento Pedagógico de Liberación – MCL -Movimiento Campesino de Liberación- Sindicato de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Desocupados. Montecarlo- UTEP – MISIONES – NUESTRAMÉRICA MP – MISIONES en el FRENTE PATRIA GRANDE- MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)- Movimiento Territorial de Liberación- Partido Comunista de la Argentina- Pueblo Unido – Frente Social Patria Nueva- CCC (Corriente Clasista y Combativa)- PTP – PCR- La Azurduy – Corriente Nuestra Patria- SOMOS Barrios de Pie- Mov 26 de JULIO- Mov Evita Misiones- Tierra, Techo y Trabajo – FENAT- CTAA (Apóstoles)- FNC- Pueblos Originarios en Lucha- Asoc. Civil SUEÑOS (Santa Ana)- Proyecto 2 Arte Vivo «La Gracia»- Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros- La Rastrojera TV- Casa Popular Artigas- FOL Misiones- Unidad Popular Misiones
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Las tres centrales sindicales participarán en el acto por el Día de la Militancia
En conferencia de prensa, dirigentes de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y de distintas vertientes de la CGT anunciaron que el 17 de noviembre estarán en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata para la jornada que encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Redacción Canal Abierto | En una conferencia de prensa realizada en la CTA de los Trabajadores, representantes de las centrales obreras confirmaron que acompañarán a la vicepresidenta Cristina Fernández en el acto que protagonizará este jueves en La Plata, por el día de la Militancia Peronista. Nuevamente, los representantes del triunviro directivo de la CGT no serán de la partida.
Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE Nacional y de la CTA Autónoma, afirmó durante el encuentro con los medios: “El 17 de octubre nos unió la convicción de que solamente la unidad popular nos permitirá encontrar un rumbo para nuestro país. Fuimos la clase trabajadora quienes echamos a Macri, e hicimos lo posible para que esto se materializará en elecciones”.
“Solamente dar prioridad a los intereses de las y los trabajadores es lo que permitirá una salida a la crisis, y es lo que vamos a reafirmar este 17 de noviembre. Esa unidad que hace 40 años permitió abrir una esperanza terminando con la dictadura y ahora, ante la cultura del odio, de perseguir dirigentes sociales, a un intento de magnicidio contra la vicepresidenta, lo enfrentamos con esperanza y unidad”, remarcó.
Por su parte, Hugo Yasky, Diputado Nacional y secretario General de la CTA de los Trabajadores, comunicó la decisión conjunta de las centrales. “El movimiento sindical junto a todas las organizaciones convocantes vamos a ser parte de una jornada histórica. Nuestra decisión es ser parte de un pueblo movilizado como el 17 de octubre, en unidad con absoluta consciencia del momento que estamos viviendo”, dijo.
De la conferencia también participaron dirigentes de las distintas organizaciones como Ricardo Peidro, Adjunto de la CTA-A; Omar Plaini, secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios; Paco Manrique, del Smata; Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y titular del Sindicato del Cuero en la Corriente Federal de la CGT; Vanesa Siley, diputada Nacional y secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales en la Corriente Federal de la CGT; Enrique Rositto, Metrodelegados; Carlos De Feo, Conadu; Carla Gaudensi, secretaria General de FATPREN; Daniel Catalano; de ATE Capital; Juan Marino, diputado nacional y titular del Partido Piquetero, entre otros.
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Estudiantes y docentes contra el apriete de Acuña al vice del Mariano Acosta
Fuerte demostración de solidaridad para con el vicerrector Julio Pasquarelli, quien fue intimidado por el gobierno porteño por haber hablado ante sus alumnes sobre la situación calamitosa de los colegios porteños.
16 DE NOVIEMBRE DE 2022 – 20:03
Docentes, estudiantes y padres del colegio Mariano Acosta, junto a legisladores porteños y representantes de organismos de derechos humanos, realizaron este miércoles un abrazo simbólico al establecimiento del barrio porteño de Balvanera en rechazo al sumario que el Ejecutivo local emitió contra el vicerrector de la institución, Julio Pasquarelli.
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Denuncian persecución a la protesta social en Jujuy: «Gerardo Morales demoniza a quien plantee una crítica»
Raúl Aragón, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, aseguró que el gobierno radical de la provincia arma causas judiciales contra dirigentes sociales que reclaman por la acuciante situación económica en los barrios populares.
Por: Jesús Cabral@CabraAbelardo
Organizaciones sociales de Jujuy continúan en alerta y movilización para denunciar que el Estado provincial, a cargo del gobernador radical Gerardo Morales, no les brinda una respuesta a la urgente situación económica, a pesar de cientos de concentraciones y marchas que hicieron. También reclaman por la imputación en causas judiciales armadas a dirigentes populares y militantes con testigos falsos.
“En nuestro pueblo el panorama actual no difiere mucho al de hace tiempo atrás. Acá la situación respecto a la economía se viene agudizando cada vez más y ahora están ahogando a las familias jujeñas”, contó a Tiempo Roberto Aragón, periodista de Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. La problemática del acceso a los “derechos básicos como la alimentación, el trabajo, la salud y la educación sigue empeorando y no hay una respuesta de parte del gobierno provincial”.
“Tampoco hay ningún tipo de política ni programa para dar respuesta al brutal empobrecimiento que estamos sufriendo por culpa de la mala gestión política”, aseguró Roberto. Continuó relatando que muchas organizaciones sociales “están marchando todas las semanas, peticionando a las autoridades pero no son escuchadas”.
“A esto se le suma como agravante que venimos sufriendo el aumento desmedido de las tarifas de luz, demás impuestos y servicios públicos (…) Por eso las organizaciones sociales seguimos en pie de lucha, planteando al gobierno y pidiendo que genere algún tipo de cambio para mejorar la calidad de vida de la gente”, exigió Roberto.
“Es importante recalcar que la persecución política sigue teniendo una gran escalada contra las organizaciones sociales”, denunció el trabajador de prensa. Explicó que lo dice porque el gobernador Gerardo Morales, quien “está firme en seguir demonizando al pueblo, a militantes y cualquier persona que se atreva a plantear una crítica”.
Causas armadas
“No paran de armar causas judiciales a los dirigentes populares. Los policías reprimen e interfieren todo el tiempo en los espacios sociales, sindicales y de Derechos Humanos”, aseveró Roberto Aragón. Hace un fuerte y oscuro señalamiento “sobre las prácticas propias de las organización comunitaria y eso pone en riesgo a los principios democráticos, no solo de nuestra provincia sino de todo el país”.
“Armaron una mega causa contra los dirigentes, los acusan de extorsión, amenazas, malversación de fondos y hasta de enriquecimiento ilícito”, explicó el periodista. Siguió contando que -desde el primer momento- en todas las causas plantean “irregularidades gravísimas y pruebas falsas”.
Durante los últimos días, el juez Rodolfo Miguel Fernández -titular del Juzgado de Control en lo Penal, Económico y Delitos contra la Administración- misteriosamente se apartó de las causas y de elevarlas a juicio: ”Todo esto muestra que el Poder Judicial de Jujuy no tiene independencia política, responde solo al gobernador, nosotros leímos el expediente y es vergonzoso”, dijo el periodista.
“Los testigos están puestos por la misma justicia, la causa muestra que son siempre los mismos quienes acusan a todos los dirigentes y militantes”, señaló Roberto. Continuó dejando al descubierto que es imposible “que una persona pueda estar atestiguando en distintos lugares el mismo día y a la misma hora. Esto muestra claramente que usan un servicio de inteligencia policial contra las organizaciones populares”.
“Tuvimos a policías infiltrados en nuestros espacios de trabajo y militancia: en Radio Pueblo que es comunitaria, en la organización Asamblea Trabajo y Dignidad y la biblioteca popular Niños Pájaros”, recordó. Estas son problemáticas que “hemos ido visibilizando y sacando a la luz porque muestran la persecución política-judicial que hay contra quienes militan”.
El rol de los medios de comunicación
“Realizaron un montaje mediático para seguir estigmatizando y demonizando a quienes militan para mejorar la situación del pueblo jujeño que sufre mucha hambre y tiene muchísimas necesidades básicas insatisfechas”, denunció el trabajador de prensa. Siguió apuntando que esto se ve “cuando mediáticamente condenan la autogestión, la organización popular, criminalizan el trabajo comunitario”.
“Entonces todo ese movimiento y esfuerzo humano que se hace desde los distintos colectivos populares para enfrentar la crisis es inútil, es como si te pasaran por arriba con una topadora”, ejemplificó Roberto a este diario. La criminalización de la pobreza existe en todo el mundo, “pero en Jujuy es muy fuerte y se siente el desprecio que existe por la vida humana”, lamentó.
“Gerardo Morales sigue con sus maniobras para destruir la organización popular, es su política de gobierno”, sostuvo el periodista. Desde hace tiempo que “vinimos visibilizando la protesta social y evidentemente la maldad sobre el pueblo avanza cada vez más”, advirtió.
“Sabemos en forma clara y precisa que todas las causas fueron cajoneadas porque no tuvieron ningún tipo de avance”, se quejó. Lo único que les comunicó la Justicia es que “se hará una reiteración de oficio para que el Ministerio de Seguridad provincial responda”.
“Es por todo esto que seguimos en pie de lucha y estaremos así hasta que se haga justicia social en nuestro pueblo”, subrayó el periodista. Finalizó asegurando que “queremos que se conozca la verdad y que el gobierno deje de perseguir a las personas que militan”.
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Se agrava el conflicto en los hospitales Garrahan: mañana quinto paro y movilización a Plaza de Mayo junto al Posadas y residentes
Trabajadores del Garrahan realizarán mañana un nuevo paro y movilización en reclamo por aumento salarial y mejores condiciones laborales para el sector. Recibirán el apoyo de trabajadores del hospital Posadas que también están de paro. Advirtieron que si continúa la falta de respuestas de fondo, este jueves se votará un nuevo paro para el 23 de noviembre.
Tras el gran triunfo de residentes y concurrentes que consiguieron un inicial de $200.000 y un aumento de un 99%, pero el resto de trabajadores de salud siguen esperando una resolución a sus reclamos.
En el Garrahan, principal hospital pediátrico del país, realizarán mañana un quinto paro «ante la falta de respuestas del Consejo de Administración (dependiente del gobierno Nacional y el gobierno de la Ciudad)», informaron desde ATE.
A partir de las 10 de la mañana, movilizarán desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo junto a residentes de Provincia y Capital. En Avenida de Mayo y 9 de julio confluirán con el Posadas, que también se encuentra de paro.
«Nuestro reclamo es por un aumento de salario de un 100% en una cuota, que el mínimo sea igual a la canasta familiar (hoy $205.000) y por un régimen de Insalubridad en el hospital ya lleva más de dos meses.»
«Habiendo tenido por respuesta hasta el momento sólo bonos e incrementos parciales que no resuelven nuestro reclamo, los trabajadores continuamos nuestro plan de lucha escalonado.», argumentaron.
Asimismo instaron a la unidad de todos los trabajadores de la salud «contra el ajuste del Gobierno de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Si no hay respuestas, ya está votado un nuevo paro para el próximo miércoles 23 de noviembre.», advirtieron.
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Conciliación obligatoria y tregua en el conflicto que mantuvo paralizado el puerto de Rosario y tiene en vilo a la actividad agroindustrial
Se trata del puerto más importante del país por donde sale la mayor cantidad de grano. El gremio de portuarios había reclamado una revisión salarial y un bono y la empresa respondió con 600 despidos. El Ministerio dictó conciliación obligatoria y se abre una ventana de negociación.
Por diez días el Ministerio de Trabajo de la Nación determinó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene la empresa concesionaria del puerto de Rosario, TPR, con los 600 trabajadores que habían sido despedidos.
La situación mantiene en alerta al sector agroindustrial porque Rosario es el gran puerto de salida de la mayor parte de la producción de granos de la zona más fértil del país.
El gremio acató ayer mismo la decisión ministerial por ello todos los empleados regresaron a sus puestos y la operativa del muelle volvió a ser normal en Terminal Puerto Rosario. Mientras tanto siguen las negociaciones con la empresa.
«Ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación y allí se dictó la conciliación obligatoria», contó César Aybar, secretario General del Supa Rosario, en diálogo con el portal local El Ciudadano. Y agregó: «Seguimos negociando con la empresa y mañana (por el miércoles) habrá una nueva reunión».
El conflicto sumó hasta ahora una semana de paros y quite de colaboraciones.
Se inició porque, ante la escalada de la inflación, el sindicato intentó activar la cláusula de revisión para llevar la recomposición salarial a los tres dígitos y un bono de fin de año. Allí la empresa empezó con los despidos masivos.
«Nosotros, de pedir una cláusula de revisión de paritaria, terminamos con que la empresa quería cambiar el convenio colectivo de trabajo», precisó Aybar.
TPR, la contraparte, es una empresa cuyo control accionario está dividido entre una firma chilena Ultramar y el grupo local Vicentin. La intención de la compañía, desde hace tiempo, es reducir un 20% la cantidad de estibadores que mantiene en relación de dependencia.
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Organizaciones sociales se sumarían como «auxiliares» para controlar el cumplimiento de Precios Justos
En las últimas horas se confirmó que las organizaciones sociales más afines al Gobierno nacional participarán de los equipos de control del cumplimiento del programa Precios Justos, una iniciativa oficial para mantener fijos los precios de casi dos mil productos de la canasta básica durante cuatro meses.
En una primera etapa, organizaciones como Barrios de Pie estarían realizando “capacitaciones y jornadas de difusión en el uso de la aplicación” (una app diseñada especialmente para controlar y denunciar el cumplimiento de los acuerdos de precios), según confirmó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social Daniel Menéndez, después de una reunión con el secretario de Comercio Interior Matías Tombolini.
“Vamos a orientar que los consumidores que detecten incumplimiento en los comercios hagan las denuncias que están planteadas en Precios Justos para que se canalice a través de la fiscalización”, destacó Menéndez. Luego enfatizó que el programa también tiene “un esquema de control a cargo de los intendentes, a los cuales se les va a transferir el 25% de la multa a cambio de un control y auditoría muy fuerte”. En ese esquema, las organizaciones sociales operarían como “auxiliares”.
Menéndez agregó, en declaraciones a Infobae: “Cambiamos todo el sistema de penalizaciones, el tope pasó de 5 millones a 280 millones de pesos para los incumplimientos” y amplió “las multas van de 0,5 a 2100 canastas básicas de hogar tipo 3″. Y anticipó: “Se realizarán las multas a quienes no cumplan en precios, abastecimiento y señalización”.
Para terminar, el dirigente de Barrios de Pie reconoció: “No tenemos poder de fiscalización pero sí vamos a difundir y multiplicar el uso de la aplicación de Precios Justos”. Y concluyó: “El sábado se va a realizar una jornada de difusión en todo el país para que sea un éxito esta política pública”.
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Trabajadores cortaron el ingreso a Coto de Temperley por despidos injustificados y maltrato laboral
El dirigente Rubén Crosta del Sindicato Empleados de Comercio que abarca las seccionales de Temperley, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza, el conflicto comenzó la semana pasada con el “despido injustificado de los tres trabajadores”.
Trabajadores de la sucursal del supermercado Coto de la localidad bonaerense de Temperley cortaron este miércoles al mediodía el ingreso al local, luego de una medida gremial por el despido injustificado y maltrato laboral a tres empleados, indicaron fuentes gremiales.
Según señaló en diálogo con Política del Sur el dirigente Rubén Crosta del Sindicato Empleados de Comercio que abarca las seccionales de Temperley, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza, el conflicto comenzó la semana pasada con el “despido injustificado de los tres trabajadores”.
Y agregó que al no tener respuesta a la propuesta de diálogo con la empresa, decidieron cerrar la sucursal, con el retiro en forma ordenada y pacífica de los clientes.
Crosta también indicó que se realizó la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo para la reincorporación de los tres trabajadores despedidos.
“Hago responsable a Alfredo Coto de esta situación”
“Tomamos una medida gremial tras una serie de despidos injustificados por parte de la empresa. Sin consulta del gremio los denuncian policialmente por robo, los llevan a la casa Coto Central y los aprietan para que confiesen algo que no hicieron”, dijo Crosta.
“Son denuncias inventadas y el gremio no lo va a permitir. El hilo siempre se corta por lo más delgado, que es el trabajador”, concluyó el dirigente.
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Festival de protesta frente al Agudo Ávila por precarización laboral
Los trabajadores de la salud pública provincial realizaron un corte en la esquina de Santa Fe y Suipacha en reclamo de salarios dignos, continuidad de los contratos Covid, cobro en tiempo y forma, y pase a planta.
Festival de protesta frente al Agudo Ávila por precarización laboral. Desde las 9, los trabajadores de la Salud Pública provincial realizaron un corte en la esquina de Santa Fe y Suipacha, frente al Hospital Agudo Ávila, en reclamo de salarios dignos, continuidad de los contratos Covid, cobro en tiempo y forma, y pase a planta.
En diálogo con Conclusión, Elsa Sampallo, secretaria general de Siprus dijo que «es una nueva jornada de lucha tras una sucesión de reclamos en distintos hospitales por condiciones dignas de trabajo, con foco en la desprecarización laboral y el necesario aumento salarial, para dejar de correr de trabajo en trabajo para poder tener un sueldo digno que alcance para llegar a fin de mes».
«Puntualmente en el Agudo Ávila es necesario aumentar el recurso humano, por eso pedimos que se efectivicen los contratos precarizados, que aquí son más del 40%, y se refleja en los distintos servicios del Hospital, sobre todo en la guardia y en internación», detalló y cerró: «Estamos en un momento crítico, de alerta y movilización».
Asimismo, los municipales en asamblea, de la que participaron más de 200 delegados, definieron marchar el próximo 17 de noviembre desde la Municipalidad de Rosario a la sede de Gobernación, a las 11.30 en el marco de un paro nacional de salud al que adhiere la seccional y la CTA Autónoma Rosario. La huelga afectará al sector municipal y provincial de salud adherido a ATE Rosario y otros sindicatos. En el estamento local exigen, además de lo planteado, un bono para paliar la crisis.
“Tenemos la decisión política de estar en la calle reclamando la continuidad laboral de los 4.000 contratos por Covid, de seguir peleando por lo que nos corresponde: salarios acordes a las necesidades de los trabajadores y por el fin de la precarización laboral en todos los niveles del Estado”, expresaron desde ATE Rosario.
Envio:ResumenLatinoamericano
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