Continúa la causa contra Nora
Moyano por defender el derecho al
agua
Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2022.
En el 2019 la legislatura provincial de Mendoza sancionó la reforma de la ley 7722, que protege el agua de la minería contaminante.
Desde ese día la militante Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, enfrenta una causa judicial por “privación ilegal de la libertad”. Esto se da porque lxs legisladores denunciaron que se les impedía entrar y salir libremente de la legislatura el 19 de diciembre del 2019, cuando la pueblada mendocina ganó las calles céntricas para gritar que «el agua de Mendoza no se negocia».
Durante el debate de la ley miles de mendocinos y mendocinas permanecieron en las calles de distintas ciudades y pueblos de la provincia para seguir defendiendo el agua. Diferentes sectores comenzaron a unir los reclamos de los departamentos con la Capital provincial, donde una multitud exigió al gobernador Rodolfo Suarez, el veto de una reforma que no cuenta con licencia social .
Pero a pesar de que fueron miles y miles las personas que participaron, el poder judicial sólo imputó a Nora Moyano como la única que les prohibió la salida y entrada a legisladores en la Legislatura provincial.
Claramente es una judicialización de la protesta social, que ven en Nora un ejemplo de lucha en defensa del agua y contra los extractivismos.
Moyano explicó que la semana pasada fue la audiencia de la causa y dijo: “En febrero del 2020 a mi me imputan por privación ilegal de la libertad agravada por el vínculo. porque yo he ejercido una imposibilidad para que puedan entrar y salir libremente los diputados y senadores ese día”.
Además contó que algunos legisladores declararon que ellos podían entrar y salir cuando quisieran. “El jefe de la policía que estaba ahí con toda la infantería antes era el que les impedía y les decía no, no salgan, por supuesto que los legisladores salían y entraban sin ningún tipo de problema” remarcó Nora Moyano.
Audio AQUI
Fuente: FARCO
Massa, entre el ajuste que fue y el que
vendrá
Por Gustavo Montenegro, Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2022.
Ante 250 empresarios, el ministro de Economía Sergio Massa ratificó esta semana el cumplimiento de las pautas del FMI en un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).
Mientras la atención popular se centraba en el Mundial y en los preparativos del partido con México, el dirigente del Frente Renovador sostuvo que “vamos a cumplir con las metas del programa tanto en materia de déficit como de acumulación de reservas”. En términos más precisos, señaló que “vamos a terminar el año cumpliendo el (objetivo de) 2,5% de déficit fiscal”.
¿De qué manera? No lo explicitó, pero es por medio del ajuste en jubilaciones, prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, vivienda, educación, salud y obra pública, lo que ya mereció el elogio de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.
Paralelamente, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, adelantaba que el gobierno quiere que la actualización del monto de los planes sociales deje de estar atada a la evolución del salario mínimo, estableciendo su incremento por separado. Una vía para reducir aún más el ingreso real de los sectores más empobrecidos.
También en el Cicyp, Massa se despachó con el anuncio de un nuevo blanqueo de capitales, que premiará a los fugadores de divisas al exterior con beneficios impositivos. Y se apresta a convalidar un nuevo dólar soja que favorecerá a las patronales rurales, todo bajo el mantra de engrosar las reservas.
En tiempos de crisis, se ajusta aún más las clavijas sobre las masas, mientras los grandes empresarios siguen obteniendo privilegios.
El “superministro” Massa, cabe recordar, cuenta con el apoyo de las distintas alas Frente de Todos, incluyendo el kirchnerismo.
Massa balbuceó en el Cicyp que “si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar”, pero no hizo ningún anuncio serio para frenarla. El aumento de precios, que en octubre registró un incremento de 88% interanual, es un mazazo sobre los ingresos populares.
Mientras la burocracia sindical se dedica a asistir a los actos del oficialismo, sectores del movimiento obrero como el sindicato del neumático (Sutna) y los residentes y concurrentes porteños marcan el camino, con procesos de lucha que arrancaron una recomposición salarial. En tanto, 2.500 delegados protagonizaron el fin de semana pasado un gran congreso nacional del Polo Obrero. Es necesario llevar a la victoria cada lucha parcial y poner en pie un paro nacional.
Otra de las novedades de la semana es que el gobierno estudia el despliegue de más gendarmes en el Gran Buenos Aires, en línea con el reclamo que hiciera la vice Cristina Kirchner en su discurso del sábado 19 en el Estadio Único de La Plata. Según el diario La Nación, CFK recogió un planteo que ya venían haciendo por lo bajo los barones del Conurbano.
La mayor presencia de la Gendarmería no resolverá el problema de la inseguridad, cuya base es la asociación del delito con el propio aparato de seguridad del Estado. Es, además, una fuerza que ha estado involucrada en el espionaje contra los movimientos populares (Proyecto X) y la muerte de Santiago Maldonado.
La propuesta de CFK mereció la aprobación del ministro de seguridad bonaerense, el represor Sergio Berni (ahora denunciado por enriquecimiento ilícito), quien la calificó como “música para sus oídos”. Atiborrar las ciudades con gendarmes es también el planteo de la dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Fuente: Prensa Obrera
Asambleas ambientalistas de Córdoba
repudian informes provinciales sobre la
Autovía de Punilla
Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2022.
Desde la Asamblea de Punilla impugnan los informes de la provincia. ¿La justicia esta dispuesta a ser cómplice del daño socioambiental en el Valle de Punilla? MEDIDA CAUTELAR YA exigen en el comunicado que compartimos a continuación:
El 28 noviembre de 2022 se presentaron en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2da Nominación de Córdoba las impugnaciones a los informes producidos por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, que habían sido ordenados por la Jueza Ortiz de Gallardo en el Juicio «Islyma» donde se sigue la causa por la Autovía de Punilla. Los amparistas vuelven a plantear un inmediato cese de la obra ya que la información arrimada por estas entidades no logra subsanar las graves falencias ya señaladas en la demanda. Además, se incorporan nuevas pruebas y argumentos que dan cuenta de la ausencia de información suficiente en lo hidrológico, el desconocimiento de la presencia de determinadas especies declaradas vulnerables y la verdadera tragedia arqueológica ya que no se realizaron los estudios correspondientes y ya se está avanzando con la obra. Se insiste en que el Estudio de Impacto Ambiental no llega a reunir las condiciones mínimas necesarias que la ley le impone y que estos informes no logran enderezar, por tanto se vuelve a solicitar se declare la nulidad de la Licencia Ambiental, demostrando que la ilegalidad es manifiesta y que debe ordenarse de inmediato una medida cautelar, deteniendo la ejecución de la obra, para no seguir agravando el daño irreversible.
Para acceder al escrito de impugnación presentado por los amparistas: AQUI
Para acceder a los informes presentados por las entidades del gobierno:
Informe Córdoba Cultura: AQUI
Informe Dirección de Recursos Naturales: AQUI
Informe Dirección Provincial de Recursos Hídricos: AQUI
Las razones de la ofensiva contra
los programas sociales
Por Marcelo Mache. Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2022.
Es evidente que asistimos a una campaña oficial, patronal, mediática y judicial contra los programas sociales, con ataques y difamaciones de todo tipo, pero se omite que solo uno de cada siete desocupados accede a los mismos. La verdadera razón de esta ofensiva es un reiterado anhelo de las patronales: producir una depreciación generalizada de los salarios.
Auditorías y reempadronamientos para producir miles de bajas; fake news sobre supuestos cientos de miles de beneficiarios de los planes comprando dólares y declarando bienes personales; decretos de prohibición de nuevas altas; canje de herramientas por trabajadores; causas judiciales impulsadas de oficio; plan de deslinde del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo; la lista es larga y conduce a un solo propósito: proceder a la liquidación de los programas sociales.
Entre las razones que ofrece el gobierno nacional se destaca el cumplimiento de las metas de “ahorro fiscal” y recorte del gasto público, sin embargo no se utiliza la misma vara para los trabajadores desocupados y precarizados y para las patronales.
El gobierno acaba de lanzar el “dólar soja 2”, un beneficio para las patronales sojeras que implica un subsidio estatal donde el gobierno absorbe la diferencia entre el valor del dólar mayorista –que ronda los $165- y los $230 que se garantizan por dólar liquidado. Se estiman que se liquidarán alrededor de 3.000 millones de dólares, por lo que el gobierno subsidiará con $195.000 millones, de un saque, a los capitalistas, mientras lleva gastado en todo lo que va del año $363.946 millones en el Potenciar Trabajo.
Si se lo compara con otros ítems durante todo el año, como el pago de servicio de deuda y disminución de otros pasivos en $1.056.974,25 millones, o subsidios a las patronales energéticas en $1.328.309, el gasto en programas sociales resulta irrelevante en términos fiscales, lo que supone pensar que la cosa va por otro lado.
Caída del piso salarial
La existencia de programas sociales, que no alcanzan al conjunto de los trabajadores desocupados, opera como un límite a la caída de los salarios. Es común ver a empleadores renegando porque no consiguen trabajadores para determinados puestos de trabajo, pero sin hacer hincapié en los bajos salarios que se ofrecen a cambio de largas jornadas y/o tareas pesadas.
Esta orientación se expresa en múltiple acciones patronales y gubernamentales. Por ejemplo, en las recientes negociaciones por la actualización del salario minino el representante de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se negó a extender el aumento unos $500 para evitar que la cifra total a marzo del 2023 redondee los $70.000.
El gobierno, por su parte, promueve la desvinculación de los programas sociales en relación al salario mínimo, como medio para ajustarlos y reducir su influencia en el gasto público (algo que ya ocurre) y, principalmente, para liquidarlos como refugio ante la precarización y superexplotación patronal y como respuesta limitada ante la desocupación.
La defensa de los programas sociales como asistencia económica a los desocupados en tanto se cree trabajo genuino es de interés para el conjunto de los trabajadores, ya que bloquea la depresión general de los salarios que buscan las patronales y el Estado. La lucha por su apertura y aumento, junto al salario mínimo que cubra la canasta básica, es estratégica para la defensa de una recomposición general de los salarios y para enfrentar a los ajustadores.
Fuente: Prensa Obrera
Murió Mario Kestelboim, ex decano
de la Facultad de Derecho en los años
70, cuando militaba en el peronismo
revolucionario
Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2022.
El ex decano de la Facultad de Derecho (UBA) Mario Kestelboim falleció y fue despedido por un largo número de juristas que se referencian con el garantismo y con la defensa de los derechos laborales. Exiliado en México por la persecución de la Triple A, Kestelboim tuvo una larga carrera como abogado y como militante político. Fue defensor general porteño -es decir, el titular de los defensores oficiales-, además de un referente de Justicia Legítima. Falleció a los 82 años.
Kestelboim tuvo un recordado paso como decano de la Facultad de Derechos de la UBA durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, entre abril y septiembre de 1974.
Su defensa como abogado de presos políticos lo volvió rápidamente blanco de los grupos (para)policiales como la Triple A. También formó parte de la Gremial de Abogados e integró también la Agrupación de Abogados Peronistas. Por esa época, de hecho, habían asesinado a Rodolfo Ortega Peña y pusieron una bomba al rector de la UBA, Raúl Laguzzi, hecho en que murió su bebé. «Mi papá, ante esos actos, debió renunciar como decano de la Facultad de Derecho. El mismo día también le habían puesto una bomba en el edificio. Mi familia se salvó de la muerte o la desaparición; debió vivir en el exilio durante 8 años», rememoró hace algunos años Mariano Kestelboim, embajador ante el Mercosur.
Esos ocho años fueron en México, donde recibió a muchos argentinos exiliados por la persecución de la derecha peronista y, luego, de la dictadura cívico-militar. Kestelboim partió con su familia en 1976 y recién pudo regresar en 1984, con el fin de la dictadura.
Fue docente universitario en la Universidad Autónoma de México y, ya regresado, en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de la UBA. También en la Universidad de Quimes -allí fue consejero superior- y en La Matanza, donde fue decano en la fundación de esa casa de estudios.
Kestelboim fue titular del Ministerio Público de la Defensa porteño, desde donde intentó combatir la avanzada macrista sobre los derechos de sectores vulnerables, migrantes y trabajadores ambulantes. Le tocó ocupar ese cargo en buena parte de la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de CABA y tuvo como segundo al juez Andrés Gallardo. Además, fue uno de los dirigentes de la agrupación Justicia Legítima.
En las últimas horas fue despedido, entre otros, por el ex camarista Carlos Rozanski, quien dijo: “Hasta siempre, Mario Kestelboim. Decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Honró la universidad popular. No sé si hubo mejor momento en la historia de la UBA. Después vino la noche de la dictadura genocida. Hasta siempre Mario!”.
También lo recordó el consejero de la magistratura Héctor Recalde: “Falleció Mario Kestelboim. Fuimos compañeros y amigos desde hace muchísimos años. Militamos en la Gremial y en la Agrupación de Abogados Peronistas. Fue decano de Derecho. Estuvo exiliado en México”.
¿Cooperación estadounidense para
normalizar el capitalismo local?
Por Julio C. Gambina, Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2022.
La economía argentina se viene ralentizando, viene creciendo más lento, y es muy probable que se acompañe lo que está aconteciendo internacionalmente, el rumbo hacia una recesión.
La recesión implica menos capacidad de producir, por lo tanto, menos para distribuir, agravando la situación de inequidad y desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Si ya es un problema la pobreza, la desigualdad, la baja de salarios, el desempleo, la flexibilización, la caída de la producción más la inflación, agudizará todos esos problemas. El horizonte de aumento de la conflictividad social no es un dato menor y cuenta en las perspectivas de objetivos para “normalizar” el orden local. Alejar el con está en el interés de las clases dominantes, por lo que reducir la inflación resulta imperioso.
En el marco de estas condiciones internacionales y nacionales, de inflación y recesión, el gobierno está intentando superar lo que consideran el principal problema: la inflación. El Ministro de Economía explicó en estos días que, si no baja la inflación de manera importe, no se ganan las elecciones presidenciales del 2023. En simultáneo, preocupa también el acuerdo con el FMI, que exige reducir el déficit fiscal e incrementar las reservas internacionales para fin de año. Estamos terminando el mes de noviembre y entrando en el último mes del 2022, por lo que existe premura por cumplir con el organismo internacional. Entre la tensión por alejar el conflicto y cumplir con el poder local y global es que se juega la política del oficialismo, por eso, resulta estratégica la función de Sergio Massa, como articulador de los intereses del poder económico para suturar lo esencial de la “grieta” política.
Bajar la inflación
Por eso, el ministro de economía Sergio Massa viene planteando en estos últimos días que va a inducir políticas para una baja de la inflación, y se propone que, para abril del próximo año, el registro oscile entre el 3% y el 4% mensual. Por ahora, los registros señalan una evolución en torno al 6 o 7% al mes. Si la inflación siguiera en esos valores, el año que viene tendríamos una inflación del 125% y no del 60%, tal como se sostiene en el presupuesto del 2023. Para llegar a ese 60%, la inflación tiene que estar al torno del 4% cada mes. Por eso, la estrategia que se plantea Sergio Massa es que en abril se estabilice esa cifra y tendencialmente empiece a bajar, y así cumplir con la meta presupuestaria del 60%.
La intención es que, si no se reduce al 60%, que sea menor al registro de tres dígitos con que amenaza culminar el 2022. La inflación es un tema de gran preocupación, insistamos, de cara a las posibilidades de renovar la gestión presidencial en 2023. La inflación afecta sobre todo a la sociedad empobrecida, a los sectores de menores ingresos, por lo que el objetivo de reducir el ritmo de remarcación de precios tiene base económica, pero, sobre todo, tiene un fuerte sentido político.
Ajuste para cumplir acuerdo con el FMI
Decíamos que también interesa al gobierno cumplir con el FMI, lo que implica, entre otras cuestiones, reducir el gasto público al -2,5%. Eso explica el profundo ajuste bajo la gestión económica de Sergio Massa. Son más de 100 días de profundización del ajuste programado en la gestión de Martín Guzmán y el escaso tiempo de gestión de Silvina Batakis.
También se tienen que acumular reservas en el BCRA. Por eso se anunció una nueva versión del “dólar soja”, con valores actualizados a los que se registraron en septiembre pasado. Entonces, el valor entregado a quienes liquidaron sus retenidas cosechas, estuvo en torno de los 200 pesos por dólar. Se esperaban unos 5 mil millones de dólares y se colectaron unos 8 mil millones. Se calificó como exitosa la política. El gobierno ingresó divisas en su contabilidad, a costa de un gran negocio para el sector gran productor y exportador del complejo sojero. Por cierto, es uno de los sectores económicos de poder concentrado en la Argentina, y confirma que su demanda de mejor tipo de cambio para su producción es satisfecha y con creces. Tienen poder político y capacidad de presión. Los jubilados no pueden presionar del mismo modo, tampoco los pequeños y medianos empresarios, ni las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la mentada correlación de fuerzas.
La presión es fuerte y por eso, entre otros aspectos, en estos días hubo tendencias al alza del tipo de cambio en el marco de una nueva presión cambiaria, con crecimiento del tipo de cambio ilegal o paralelo, que, en un mes, pasó de 290 a 320 pesos por dólar. Para intentar contener esa presión, el BCRA ofreció más de 1.000 millones de dólares, reduciendo su stock de reservas, por lo que la respuesta gubernamental, ante la perdida de reservas internacionales producto de estas presiones cambiarias, volvió a ofrecer una segunda oportunidad de “dólar soja”, por diciembre, ahora en torno a los 320/330 pesos por dólar. Se trata de una nueva oportunidad para incrementar la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero. Mientras, el ritmo de la devaluación de la moneda acompaña los registros de la inflación mensual.
Todo el mes de diciembre habrá la posibilidad de vender esa soja retenida, que el gobierno estima en unos 3 mil millones de dólares, y tal como en septiembre pensaron en captar unos 5 mil millones y llegaron 8 mil, es probable que estos 3 mil millones puedan escalar a una cifra un poco mas alta. Resulta importante en la coyuntura política, ya que el propio gobierno dice que no es una medida permanente, pero es claramente una concesión al gran poder económico, lo que permitirá mostrarle al FMI a fin de diciembre que el acuerdo de incrementar las reservas cierra. Es una concesión al poder económico, a los grandes exportadores del complejo agroindustrial sojero, que son el sector que mas divisa incorpora a la Argentina. Pero también una señal al poder mundial expresado en el FMI, sobre la orientación de la política económica local.
Apoyo de EEUU
Además, hay que señalar que en el marco de lo que se está discutiendo y anunciando, es resultado de los acuerdos oportunamente consensuados con la Ministra de Economía de EEUU, Janet Yellen.
En efecto, se va a empujar un nuevo blanqueo de capitales para completar aquel que hizo Mauricio Macri en su gobierno. Entonces, no todo lo fugado se blanqueó, y por eso si se habilita este blanqueo de capitales, EEUU va a facilitar la aplicación de un acuerdo de información sobre cuentas de argentinos en EEUU, de quienes no declararon su fuga de capitales.
Se trata de especuladores, de grandes fortunas, que ahora están muy preocupados por estas acciones de asociación entre el gobierno argentino con el gobierno estadounidense. Por eso también la corrida cambiaria de estos días, para intentar cierta desestabilización y que el acuerdo se caiga.
Al mismo tiempo, los tenedores de esos fondos en EEUU, intentan transferir esos activos líquidos a otros territorios del sistema mundial, y continuar escondiendo el dinero y capitales no declarados.
Lo que se ve detrás del apoyo de EEUU, remite a lo que en su momento dijo Stanley, el embajador estadounidense en la Argentina. Este solicitó al gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo en una coalición de gobierno. No que formen un partido para gobernar, pero que haya acuerdos estructurales entre oficialismo y oposición, porque EEUU necesita que se estabilícela la economía argentina.
Se trata de lograr la estabilización de la economía argentina y con ello, del poder económico del país, que incluye a las corporaciones transnacionales estadounidenses con intereses en la explotación de los bienes comunes locales. Si en los últimos tiempos adquirió relevancia las inversiones energéticas, especialmente en hidrocarburos no convencionales, o sea en el yacimiento de vaca muerta, el interés, ahora está en el litio.
Esa es la lógica de la sintonía del gobierno y la oposición, o si se quiere, de una parte, importante de ambos, para acordar con el FMI en su momento, EEUU mediante, y el papel de Sergio Massa en esta etapa de fuertes contradicciones en las coaliciones que disputan el gobierno local. La gran incógnita transita por la respuesta social ante el ajuste y el constante deterioro de las condiciones de vida.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Envio:ResumenLatinoamericano
La exposición de la vicepresidenta
Causa Vialidad: el video completo de las "ultimas palabras" de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner habló una vez más este martes ante el Tribunal Oral Federal 2. En sus últimas palabras antes de la sentencia, que se conocerá el próximo martes 6 de diciembre, la vicepresidenta volvió a destcar que los fiscales Mola y Luciani mintieron en la acusación durante el jucio. "La sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o tan mal acusada como fue en la fiscalía", dijo y remarcó el tribunal se convirtió en un "pelotón de fusilamiento". El video de su exposición.
La sentencia se conocerá el próximo martes
🔴En vivo. Juicio a Cristina Kirchner: "Más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento"
CFK volvió a hablar ante el TOF 2 y apuntó contra la floja acusación de los fiscales Luciani y Mola en la causa vialidad. "La sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o tan mal acusada como fue en la fiscalía", apuntó.
La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de “pelotón de fusilamiento” al tribunal que la juzga en la causa Vialidad y a la fiscalía que la acusa de haber encabezado una asociación ilícita, y acusó a los representantes del Ministerio Público de hacer “inventado hechos, ocultar otros, tergiversar y mentir” de tal modo que ello generó la condiciones para que se concrete un atentado contra su vida el 1 de septiembre último.
Los cuestionamientos de la ex mandataria fueron hechos durante su intervención en el último tramo del juicio en su contra, denominado “últimas palabras”; en donde se le otorgan a los imputados la posibilidad de expresarse por última vez en el proceso.
“Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que este este tribunal, con el ministerio público fiscal incluido”, dijo CFK y luego apuntó contra los jueces y fiscales: “Esto más que un tribunal era del lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento” que “se inició a partir de la increíble diatriba en la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola”.
Ambos funcionarios judiciales “se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho sino cual editorial de Clarín o La Nación. Merecerían ser los periodistas estrella de estos medios, porque fue increíble el desapego a las formas y al fondo de la cuestión”, con que se refirieron a la causa, añadió.
"Inventaron hechos, ocultaron otros, tergiversaron, mintieron"
“Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros, tergiversaron, mintieron y finalmente, un 1 de septiembre (…), una persona intentó matarme y el tiro no salió”, dijo.
A la vez acusó al sector del Poder Judicial con asiento en Comodoro Py de centrarse en las causas que la tienen a ella como miembro de una supuesta asociación ilícita, pero no aquellas otras en las que ella es la víctima de una asociación ilícita organizada para asesinarla. “Tal vez, en Comodoro Py no se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública”.
“¿En serio creen que nuestro gobierno cometieron un fraude en contra de la administración pública? Mi gobierno que entregó un país desendeudado”, dijo y comparó: “Sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema; están en Qatar mirando el Mundial”.
“Este pelotón de fusilamiento tuvo por objeto estigmatizar a un espacio político"
Luego recalcó que los fiscales “no pudieron replicar ni desmentir” los argumentos presentados por su abogado Carlos Beraldi en su alegato, donde desarmó una a una las afirmaciones de la acusación.
Así y todo, “este pelotón de fusilamiento tuvo por objeto estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”, indicó.
De la misma manera, consideró que “el partido judicial” representado por un sector del Poder Judicial argentino “vino a suplantar al partido militar” que “condiciona y obtura” la democracia e intenta “estigmatizar y disciplina a los dirigentes”.
La exposición completa de Cristina Kirchner
El minuto a minuto de las últimas palabras de Cristina Kirchner en el juicio
EL 6 DE DICIEMBRE SE DARÁ A CONOCER EL VEREDICTO EN EL JUICIO POR LA CAUSA VIALIDAD
El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy pronunció sus palabras finales.
“OTROS VAN A TENER QUE RESPONDER POR LO QUE SE HIZO EN ESTA ETAPA Y LA HISTORIA LOS VA A CONDENAR"
Cristina Kirchner cuestionó al TOF2 y a los fiscales y prometió compartir un documento llamado "Las 20 mentiras de la causa Vialidad".
"LA BALA QUE NO SALIÓ"
Para sostener la figura del “pelotón de fusilamiento” dirigida hacia el tribunal y la fiscalía, la ex mandataria citó un artículo del diario Clarín titulado “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. “Miren si no habrá una identificación con un fusilamiento y esta causa”, ironizó.
SOBRE ASOCIACIONES ILÍCITAS
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy que se considere una asociación ilícita a un Gobierno elegido tres veces "democráticamente" mientras que "en Comodoro Py no se considera que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública", al brindar sus últimas palabras ante el Tribunal que la juzga por la denominada causa Vialidad.
"Entonces se suma una causa por acá, otra por allá y nada de asociación ilícita", dijo la Vicepresidenta en relación a la investigación del intento de magnicidio cometido en su contra el 1 de septiembre pasado, al hablar ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional, en la última instancia antes de fijar fecha para el veredicto.
CFK REMARCÓ QUE ULIARTE SEGUÍA A FISCAL LUCIANI EN REDES SOCIALES
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner resaltó hoy que la detenida por el intento de asesinato en su contra, Brenda Uliarte, seguía en redes sociales al fiscal de juicio Diego Luciani, quien en su alegato durante 20 días contó "hechos inexistentes" mientras que se "ocultaron otros", al hablar por última vez ante el Tribunal Oral Federal 2
"Se demostró que cada una de las cosas que dijo el fiscal eran mentiras; no eran ciertas", afirmó la Vicepresidenta al brindar sus "últimas palabras" ante el tribunal.
"CUANDO LA SOCIEDAD ADVIERTE ESTE TIPO DE MANIOBRAS, ECLOSIONAN LAS INSTITUCIONES"
La vicepresidenta mencionó la debilidad de las acusaciones en su contra y afirmó: "La sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o tan mal acusada como fue en la fiscalía".
"Esta causa va a ser estudiada en el futuro como un ejemplo de cómo funcionaban las instituciones en la Argentina", añadió.
EL TRIBUNAL "ES UN PELOTÓN DE FUSILAMIENTO", DIJO LA VICEPRESIDENTA EN SUS PALABRAS FINALES
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga en la causa Vialidad es un "pelotón de fusilamiento", al comenzar a exponer sus palabras finales en el juicio.
"Cuando hablé de 'lawfare' fui muy generosa; este tribunal es un pelotón de fusilamiento", dijo la Vicepresidenta, quien se dirigía desde pasadas las 9:30 a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional, en la última instancia antes de fijar fecha para el veredicto.
HABLA CRISTINA KIRCHNER
Desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta brinda sus últimas palabras en el juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra pública durante su gobierno.
QUÉ DIJO CRISTINA KIRCHNER LA ÚLTIMA VEZ QUE HABLÓ EN EL JUICIO
En su última exposición en el marco de este juicio, la vicepresidenta explicó que como es acusada, pero al mismo soy abogada, podía hacer uso de esta etapa del alegato en su carácter de profesional y lanzó: "Si no hubiese sido abogada, habría estado en estado de indefensión". También reflexionó ante las cámaras que vive “en estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015”. Esa no fue la primera vez que Fernández de Kirchner hablaba en un juicio desde su despacho del Senado. También lo había hecho el 4 de marzo, en el marco de la causa de Dólar Futuro.
LA TERCERA EXPOSICIÓN DE CRISTINA KIRCHNER EN LA CAUSA VIALIDAD
Desde el comienzo de este juicio, CFK habló dos veces. La primera fue durante la indagatoria, el 2 de diciembre de 2019. En ese momento todavía no existía la pandemia de coronavirus y, por lo tanto, la exposición fue presencial.
Entoncesí la vicepresidenta dijo que el juicio formaba parte del lawfare, que era "una vergüenza", y que se trataba de "un plan ideado por el gobierno del expresidente, Mauricio Macri". La segunda oportunidad en la que CFK tomó la palabra fue el 23 de septiembre, a las semanas del intento de magnicidio que casi termina con su vida. Esa vez, ya por Zoom desde su despacho en la Cámara alta, la vicepresidenta disertó en la parte del alegato final de su defensa. Intervino como abogada en causa propia porque no la habían dejado declarar antes, por más que los fiscales habían incorporado nuevo material a la causa.
LA DECLARACIÓN DE JULIO DE VIDO
Antes que Cristina Kirchner, el viernes pasado, declaró en la causa de Vialidad el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En sus palabras volvió a negar la existencia de una asociación entre funcionarios para direccionar obras a Santa Cruz y, ante Luciani y Mola, reiteró que las acusaciones en su contra son “insostenibles”. "Yo y los demás imputados somos víctimas de una injusta persecución”, opinó.
QUÉ OTROS ACUSADOS DIRÁN SUS "ÚLTIMAS PALABRAS"
Este martes 29, además de la vicepresidenta, también tendrá derecho a dar sus “últimas palabras” Carlos Kirchner, un primo de Néstor Kirchner que no tuvo vínculos con las obras viales y el exfuncionario de Obras Públicas, José López, recordado por los videos que lo muestran dejando bolsos con dólares en un convento de monjas en General Rodríguez. Luego de las palabras de ellos, habrá otra jornada similar reservada para el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y algunos funcionarios de Santa Cruz. Tras ellos, los jueces estarán en condiciones de dar un veredicto.
LAS "ÚLTIMAS PALABRAS" ANTES DEL VEREDICTO
Este martes será la segunda jornada dedicada a las palabras finales de los imputados dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse durante la misma jornada. Los magistrados adelantaron el cronograma de la etapa final del juicio, que podría cerrar con una sentencia durante la segunda o tercera semana de diciembre próximo.
QUIÉNES ESTARÁN EN LA AUDIENCIA
La vicepresidenta dará su discurso virtual ante una pantalla en la que verá la cara de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También estarán presentes en sus correspondientes cuadraditos los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Ellos son los que pidieron para CFK una condena a doce años de prisión y la inhabilitación "de forma perpetua" para que no pueda ejercer cargos públicos. El fiscal Diego Luciani y el juez Giménez Uriburu formaban parte del mismo equipo de fútbol, la Liverpool y se juntaban a jugar en la quinta de Macri.
EL TUIT DE LA VICEPRESIDENTA
En la tarde del lunes CFK publicó un tuit donde dejó el link de la transmisión en vivo para el martes y escribió: "Mañana a las 9:30hs, en el juicio de Vialidad: 'últimas palabras'. Así le dicen…"
CRISTINA KIRCHNER HABLA A LAS 9.30
La presentación de la vicepresidenta está pautada para este martes a las 9.30. Según confirmaron a Página12 desde su círculo íntimo, ella decidió que lo hará nuevamente desde su despacho del Senado de la Nación por Zoom, tal como lo hizo la vez anterior, el 23 de septiembre. Desde su entorno también aseguraron que ni la Cámpora, ni ninguna organización cercana a la vicepresidenta realizarán una movilización para respaldarla. Así lo definieron durante el fin de semana.
El fallo inesperado que le quita una silla a la oposición
Magistratura: Efecto búmeran que vuelve sobre la propia Corte Suprema
Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema contra Doñate, el juez Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Magistratura al considerar que la UCR y el PRO son un mismo bloque. El debate, los escenarios y la pregunta que dejó picando Juliana di Tullio: "¿E ora che facciamo, Rosatti?"
Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. La resolución se refiere tanto al mandato que ya cumplió, que terminó hace diez días, como al nuevo, para el cual todavía no prestó juramento. El argumento es que si se les concede un representante al bloque del PRO y otro al de la UCR --que participaron juntos en las dos últimas elecciones-- "se estaría vedando de participar a la real segunda minoría" de la Cámara baja, situación que, dice el juez, sería similar a la que se planteó en el Senado y que llevó a que la Corte Suprema anulara la designación de Martín Doñate por la división del bloque oficialista. La decisión pone en un brete al alto tribunal, que la semana pasada anunció en una acordada que tomaría juramento a los diputados y diputadas designados para formar parte del organismo (aunque no puso fecha), no así a los representantes del Senado ante la nueva judicialización de parte del senador del PRO Luis Juez.
La senadora del Frente de Todos, Juliana di Tullio, ilustró este escenario en un tuit donde cita un tramo del fallo. "Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN (Corte Suprema) en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR. ¿E ora che facciamo, Rosatti?", ironizó en su publicación.
El primer párrafo del fallo que cita dice: "De otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque de la UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el citado fallo (el referido a Doñate). Ello, porque los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto que busca representar a tres espacios políticos diferentes". También le ordena a la presidencia de la Cámara (de Diputados) dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical". O sea, deberían enviar un nuevo nombramiento.
Panorama complejo
Todo este embrollo ha logrado hasta ahora como resultado, que el Consejo, que elige y sanciona a los jueces y juezas, siga paralizado. El punto de partida fue el fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad de la integración del organismo y ordenó reponer la ley de 1997, que contempla 20 miembros y pone como presidente al mismo titular supremo, ahora Horacio Rosatti. Hasta el 18 de noviembre último hubo una composición de transición. La designación original de Doñate, por la segunda minoría, fue denunciada por Juez, que quería ese lugar. Los supremos la anularon el 8 de noviembre último porque consideraron que el bloque del Frente de Todos se había dividido mediante un "ardid" para lograr esa banca. La nueva designación de Doñate está judicializada otra vez. Por ahora, la jueza Alejandra Biotti se declaró incompetente y dijo que debería intervenir el juez que ya lo hizo en la demanda anterior, Pablo Cayssials, quien había fallado a favor de Doñate. El nombramiento de Reyes fue denunciado el año pasado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Su designación corrió por cuenta del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Esto último es lo que resolvió finalmente Cormick en un fallo que, igual que el de la Corte, parte de la base de que la justicia pude opinar sobre este asunto y no sería una intromisión en otro poder. A su entender, la designación de Reyes viola la propia ley del Consejo, en este caso la que estaba derogada y repuso la Corte. "El espíritu de la ley --dice el fallo-- es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes. Dos integrantes del partido que cuenta con mayor cantidad de votos y un integrante de cada uno de los siguientes", en alusión a la primera y segunda minoría tanto del Senado como de Diputados. Citó como ejemplo las conformaciones del organismo previas a su composición de 13 miembros --que estuvo vigente desde 2006-- y señaló que siempre estuvo claro que eran tres bloques diferenciados los que tenían representación. Coincidió con la Corte en que "si se permitiera, antes o después, que un conjunto de legisladores dividieran bloques, aunque fueran candidatos de la misma lista, se estaría produciendo lo que la Corte advierte como 'la instrumentación de un artificio o artimaña'" que a su entender es más reprochable cuando se "procura lesionar la exigencia de representación política....".
Ahora se abren varios caminos posibles y no está claro aún qué sucederá primero:
* Según el fallo, la presidencia de la Cámara de Diputados debería designar a un/a nuevo/a representante por la segunda minoría. Quienes se sienten aludidos como tales son los integrantes del Interbloque Federal, pero aún no definieron si reclamarán el lugar. La otra cuestión clave es qué hará la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que es quien podría apelar. Tampoco estaba claro al cierre de esta nota.
* En tribunales no descartan que se presente la propia Roxana Reyes, quien hasta ahora no lo había hecho. El juzgado podría aceptarla como parte.
* El otro punto es qué hará la Corte Suprema, que la semana pasada anunció que les tomaría juramento a los diputados cuyos nombres envió la presidencia de la Cámara: Vanesa Siley y Rodolfo Tailadhe, del Frente de Todos, por la mayoría; Alvaro González por el PRO y, precisamente, Roxana Reyes por el radicalismo. El fallo de Cormick es bastante específico al señalar que no se refiere sólo a la designación de Reyes del año pasado. En la parte resolutiva sostiene: que hace lugar a la acción de amparo del diputado Martínez "declarando nula la resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o alianzas a las que ya le han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría". ¿Esperarán los supremos a una nueva designación? ¿O a que el pleito llegue a sus despachos? ¿O a Reyes le tomarán juramento?
Así las cosas, hasta el momento, el Consejo está rengo, sin los representantes legislativos. Sólo juraron los estamentos de jueces, abogados, académicos y el delegado del Poder Ejecutivo.
Rechazo de la UCR
La diputada Reyes retuiteó el comunicado del bloque de diputados de la UCR que salió a cuestionar al juez Cormick y sostuvo que su fallo es "arbitrario, político, nulo y extemporáneo" y que fue dictado para generar "confusión". Para el radicalismo "no afecta la validez y cumplimiento" de la resolución de Diputados que designó a los nuevos consejeros. Sostiene que el magistrado se mete en la "interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente intima a la Cámara de Diputados a designar a los representantes del Consejo de una forma que no es la prevista por la ley (...) la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques...". Intentan, a la vez, diferenciarse con la discusión en el Senado por el nombramiento de Doñate: "No se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el PRO son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional". Lo que sucede es que Cormick amplía la interpretación. Para los radicales la discusión ya era abstracta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a los cuestionamientos del radicalismo con argumentos similares.
Ahora hay final abierto y hay que ver cómo se posiciona la Corte en este caso, si usa los mismos argumentos que aplicó a Doñate, tratándose de una representante de la UCR.
Fuente:Pagina12
MENTIRA 1
NK y CFK asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria
a. Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal (fallo “Bustos”)
b. La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras. Esto quedó demostrado en el juicio no solo a partir de las declaraciones de los ex Jefes de Gabinete, sino también por los testimonios de los auditores de la DNV, que incluso prestaron funciones durante la gestión de Iguacel y miembros de las Cámaras empresarias del sector.
c. Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.
MENTIRA 2
Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por NK y CFK
a. Se acreditó en el juicio por prueba documental y testimonial que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes
b. También se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la ONP indicándose cómo debían efectuar su tarea
c. La Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.
MENTIRA 3
El Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto
a. La ley de presupuesto es conocida como la “ley de leyes” y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso. Ello quedó acreditado con las declaraciones testimoniales de los ex Jefes de Gabinete, los legisladores, los integrantes de las comisiones de asesoramiento y los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo.
MENTIRA 4
Los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso
a. Quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez (entre otros) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015
b. Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa
c. Además, las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto
d. También quedó acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular.
e. A diferencia de la defensa de CFK, la Fiscalía jamás solicitó que se convocara a algún ex legislador que pudiera corroborar que hubiera sufrido presiones o amenazas desde la Presidencia de la Nación para votar favorablemente las leyes de presupuesto.
MENTIRA 5
NK y CFK aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez
a. Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación
b. Todos los DNU contaron con los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos
c. Todos los DNU ampliaron partidas presupuestarias con carácter general.
d. Este tipo de herramienta legal fue utilizado por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica (utilizar los fondos presupuestarios disponibles que son obtenidos por mayores recaudaciones a lo largo del ejercicio).
MENTIRA 6
NK y CFK utilizaron los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar ilegítimamente obras viales en la provincia de Santa Cruz
a.El fideicomiso ya existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales
b. En cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, la utilización de los fondos del fideicomiso fue informada en cada uno de los proyectos de ley de presupuesto y su asignación fue validada por el Congreso de la Nación
c. La utilización de estos fondos fue informada periódicamente al Congreso por los Jefes de Gabinete y finalmente aprobada en las Cuentas de Inversión
d. Los DNU 104 y 508 del año 2004, dictados por NK y cuestionados por los Fiscales fueron utilizados con la finalidad prevista en el Decreto de constitución del fideicomiso (financiación de obras viales), tenían carácter general y fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación.
MENTIRA 7
CFK dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la DNV como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez
a. Quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones, tal como expresamente lo explicó Sergio Massa ante las preguntas efectuadas por la Fiscalía
b. El decreto fue refrendado por distintos Ministros del Poder Ejecutivo y contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa
c. Jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado
d. El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular.
MENTIRA 8
NK y CFK hicieron uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez
a. De la simple lectura de la CN (art. 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124) surge que la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete, que en base a esta competencia dictan las decisiones administrativas necesarias para abrir las partidas y dar cumplimiento a la ley de presupuesto. Todo esto fue explicado en detalle por los ex Jefes de Gabinete y los funcionarios técnicos de las áreas competentes
b. Las decisiones administrativas cuestionadas en la causa tuvieron carácter general e incluyeron a las distintas áreas del Estado, entre ellas el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público.
c. Las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz
d. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz
e. Se acreditó la falsedad de lo afirmado por la Fiscalía, en cuanto a que las decisiones administrativas cuestionadas tuvieran como exclusivo órgano iniciador al Ministerio de Planificación, echando por tierra el argumento de que estos actos venían prestablecidos desde dicha cartera.
MENTIRA 9
El Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad, por orden de NK y CFK, aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez
a. Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación
b. Tales decisiones fueron notificadas a la ONP, la cual efectuó un control de razonabilidad y de legalidad con carácter previo a su aprobación
c. Todos los testigos convocados al juicio descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular
d. Estos actos no solo aumentaban partidas sino también las disminuían cuando ello era necesario, tal como ocurrió con relación a los fondos asignados a las obras de la provincia de Santa Cruz.
MENTIRA 10
Durante los años 2003 y 2015 el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)
a. Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de NK y CFK se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer todos los sistemas de información correspondientes a las cuentas públicas. En ese sentido se implementó la herramienta informática E-SIDIF y se lanzó el programa BAPIN II, el cual cuenta con un registro detallado de las obras, sus plazos, costos y estudios de impacto
b. Los testigos convocados al juicio corroboraron que todas estas iniciativas constituyeron una política de Estado iniciada antes de los gobiernos de NK y CFK y que se continuó hasta el presente
c. Las leyes de presupuesto incorporadas como prueba documental a la causa demuestran que las obras investigadas fueron informadas al Congreso siguiendo la misma técnica legislativa que se venía adoptando, utilizada antes y después de los gobiernos de NK y CFK
d. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas
e. Quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó todos los actos del Poder Ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz
f. El Congreso contaba con información detallada de todas las obras viales realizadas en Santa Cruz, no solo al sancionar las leyes de presupuesto, sino también durante su etapa de ejecución
g. Las obras que se realizaban por convenios con la provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votadas por la legislatura provincial.
MENTIRA 11
El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria, siendo ello el resultado de la simple imposición de mayorías políticas
a. Las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos
b. El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP (sistema SIDIF)
c. Con carácter previo a su aprobación, las Cuentas de Inversión fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que cuenta a su vez con la asesoría de la AGN
d. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.
MENTIRA 12
A finales de noviembre de 2015 CFK ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos
a. Durante el año 2015 el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales
b. A finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez
c. La prueba incorporada a la causa y en particular la información brindada por la DNV durante la gestión de Iguacel prueba que las empresas de Lázaro Báez contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.
MENTIRA 13
El 30 de noviembre de 2015 CFK viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez
a. La noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015
b. El día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía CFK tenía un encuentro con Báez, CFK participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país
c. Los mensajes extraídos de manera sesgada del teléfono de José López, a partir de los cuales la Fiscalía intentó fundar una falsa acusación en contra de CFK, en rigor de verdad demostraban, entre otras cosas, que López mantenía una relación mucho más que fluida con el “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo -tanto en el ámbito público como privado-, como así también con otro importante empresario de la construcción, aportante de campaña de Cambiemos y en cuya casa, además, López vivía. Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani.
MENTIRA 14
Las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y NK y CFK eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz
a. Los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno
b. Es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)
c. La simple lectura de los documentos incorporados a la causa muestra que jamás existió una relación de sociedad entre NK, CFK y Lázaro Báez
d. La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.
MENTIRA 15
CFK dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez
a. La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015
b. La práctica de realizar convenios entre la DNV y organismos provinciales es absolutamente legítima, fue realizada a lo largo de toda la historia de la DNV y en todo el país y tenía una justificación particular en lo que hace a la provincia de Santa Cruz. Así lo explicaron en detalle no sólo los técnicos de la DNV, sino también el principal asesor jurídico de Javier Iguacel, Ricardo Stoddart.
c. Todos los testigos que declararon en el juicio, sin excepción, afirmaron que jamás recibieron de NK o CFK orden alguna para beneficiar a Lázaro Báez o a cualquier otro contratista del Estado
d. El nombramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional constituyen actos legítimos y de ellos no pueden extraerse criterios que permitan responsabilizar a la Presidencia por posibles irregularidades que estos funcionarios eventualmente cometieran
e. Pese a que la hipótesis de la acusación consistió en que NK y CFK habían dado tales órdenes ilícitas, durante todo el juicio la Fiscalía se opuso a que se formulara tal pregunta.
MENTIRA 16
CFK omitió llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro Lavagna y por la AGN
a. No existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)
b. El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que NK no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite. Además expuso que la supuesta relación existente entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara NK era una simple especulación periodística
c. Se probó en el juicio que lo que la Fiscalía denomina como “alerta de la AGN” no es más que una opinión personal de Leandro Despouy.
d. Si bien Alejandro Nieva (auditor general de la Nación) efectuó cuestionamientos ante los medios de comunicación por supuestos sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de fondos hacia Santa Cruz y otorgamiento de obras a las empresas de Lázaro Báez, no pudo corroborar ninguna de esas manifestaciones en el juicio; expresamente indicó que ello no le constaba.
MENTIRA 17
NK y CFK utilizaron abusivamente el aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz
a. La concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país
b. Los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra)
c. Los titulares de las empresas adquiridas por Lázaro Báez descartaron la existencia de presiones para vender sus empresas y afirmaron que lo hicieron por valores que los dejaban satisfechos.
MENTIRA 18
Por orden de NK y CFK se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz
a. Se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública
b. El Congreso de Santa Cruz votó libremente tales leyes
c. Las preferencias para empresarios locales que se establecen en tales leyes existen en otras provincias y suelen estar contempladas en los pliegos licitatorios. Así los declararon distintos empresarios y técnicos de la DNV.
MENTIRA 19
En todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios
a. La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación
b. El estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo 5 obras elegidas según criterios fijados por los acusadores
c. Se permitió que participara en la causa como perito oficial (Eloy Pablo Bona) una persona que tenía una activa participación en redes sociales expresando sus opiniones en contra de la familia Kirchner
d. El criterio utilizado por este perito, así como también el del propuesto a instancias de la Fiscalía (Roberto Panizza) resultaba manifiestamente ilógico y contrario a las reglas más elementales de su profesión. Así quedó establecido cuando los nombrados debieron prestar declaración en el juicio
e. La única perito que hizo un estudio serio sobre la existencia o no de sobreprecios fue la Ing. Adriana Alperovich, quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecios.
MENTIRA 20
Pese a que Báez cobró todos sus pagos en tiempo y legal forma, las obras se demoraron de manera injustificada, presentaron deficiencias constructivas o directamente no se hicieron
a. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto
b. La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que no se advirtieron deficiencias constructivas de relevancia y que todo lo pagado a las empresas de Báez se correspondía con trabajos efectivamente ejecutados (no se hicieron pagos por obras no realizadas)
c. Los auditores de la DNV corroboraron que lo informado en el programa PPT acerca de obras que conducían hacia la nada era falso
d. Las obras fueron deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado.
Fuente:UnidadCiudadana
No hay comentarios:
Publicar un comentario