La UTEP se moviliza al Puente Pueyrredón para reclamar “soluciones para los más pobres”
2 de diciembre de 2022
La conducción nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizará este viernes una movilización al Puente Pueyrredón, donde reclamarán “soluciones para los más pobres” y rechazarán el “ajuste económico y la estigmatización” de los sectores sociales más vulnerables, informaron voceros gremiales.
La protesta del sindicato de la Economía Popular está prevista desde las 10, al pie del puente Pueyrredón, -que conecta la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense-, bajo la consigna “basta de ajustar a los humildes”, informaron a Télam voceros del sector.
La UTEP es una organización que nuclea a dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento Somos Barrios de Pie, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y del Movimiento Evita.
En un comunicado conjunto anunciaron: “Los y las trabajadoras de la Economía Popular no vamos a permitir el ajuste a los y las más humildes. Por eso nos concentramos en el Puente Pueyrredón. Hemos pasado de que el slogan del Gobierno sea ’empezar por los últimos’ a ‘ajustar, estigmatizar y empobrecer a los últimos’”.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, expresó a Télam: “Quieren dar de baja a beneficiarios del Potenciar Trabajo, ajustar el salario social complementario que está estipulado que sea la mitad del salario mínimo y estigmatizan el laburo de la Economía Popular ¿En serio creen que el problema son el millón de personas que cobran un Potenciar Trabajo? El problema son los millones de personas que aun hoy viven en la indigencia en la Argentina”.
“Desde nuestra organización -añadió Sánchez- repudiamos que se viole la ley que ampara el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y reclamamos que se levante el secreto fiscal de los jueces, los que fugaron dólares y los políticos”.
Fuente:DiarioPH
Andalgalá: La realidad es más fuerte
que las palabras
Por Susy Maresca, Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2022.
Benito Ramos es de origen diaguita y vive en Choya, Andalgalá. Una zona rural, de fincas y vida tranquila. En la represión del 3 de mayo de este año recibió cuatro balazos de goma por defender el agua, junto a centenares de vecinos y vecinas. El balazo que recibió al lado de su ojo izquierdo le dejó secuelas y le trajo muchas complicaciones.
Su finca es la misma que tuvieron sus padres, aunque se crió en las montañas en la zona de Capillitas.
Los membrillos comienzan a nacer poco a poco. En esta zona abundan junto a los duraznos, las nueces, los higos y las uvas. Benito cría animales y mientras ve pastar sus cabras recuerda los orígenes de la resistencia.
“Nuestra lucha comenzó cuando empezamos a ver los desastres que ocasionó la minería de la Alumbrera. Hablaban tan lindo que uno no se imaginaba los desastres que habían sabido hacer. Con el desastre que se ha visto ahí, con todo el desierto que ha quedado ahí. Esa gente vivía como nosotros y ya no tiene nada. Uno no habla por hablar, sino porque ha visto, sabe cómo eran las cosas antes y lo que quedó ahora. Allá había mucho viñedo y todo eso desapareció por la megaminería. Mucha gente que vivía ahí se vino para estos lados.
Donde están trabajando ahora las máquinas es nuestra cabecera, acá abajo hay todo un pueblo ¿Usted dice que esa gente no se va a dar cuenta que acá hay todo un pueblo que vive de ese agua?” reflexiona. “Cuando empiecen las primeras tormentas ahí va a arrastrar todo. Si en las lluvias chicas que han venido ya se ha notado cómo el agua viene sucia, ya no es lo mismo y nosotros regamos todo con el agua que viene. Antes acá vivíamos felices. Toda esa plata que prometen las empresas y el gobierno duran un tiempo y después qué? Después nos quedamos sin nada”.
En el día de ayer los canales de Choya se vieron teñidos de un agua oscura. Ese agua llega a todo el pueblo de Andalgalá. Todavía ninguna autoridad dio respuestas por lo sucedido. Lo que denuncian los vecinos es que todo lo que destruyen las máquinas arriba en las montañas baja con las lluvias.
Jujuy: «Morales entrega todo, las
mineras se llevan la riqueza y nos
dejan las manos vacías»
Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2022.
Integrantes de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc protestaron en la capital jujeña ante el llamado a licitación del Gobierno de Jujuy para explotar 11 mil hectáreas de salares para la extracción del litio. La organización, que nuclea a 33 comunidades atacameñas y kollas, presentó un amparo ante el avasallamiento de derechos. Testimonios de referentes.
El jueves 1 de diciembre el Tribunal en lo Contencioso y Administrativo tenía plazo para responder la acción de amparo presentada por las comunidades que conforman la Mesa de Salinas Grandes y Guayatayoc, entre las que se encuentra Santuario de Tres Pozos, Pozo Colorado, Alfarcito, El Moreno, Casabindo, Sayate Oeste, Tambillos, Intikilla, San Miguel de los Colorados, Aguas Blancas, Sol de Mayo, El Angosto, Barrancas, Queñualito, Yumpaite, y Santa Ana de la Puna, entre otras. La misma fue presentada ante la convocatoria realizada por el Estado jujeño el 9/11 (publicada el 16/11 en el Boletín Oficial), a través de la empresa estatal JEMSE y la empresa Lithos Desarrollos Energéticos SA, para la licitación de 11 mil hectáreas de territorio indígena en las Salinas Grandes para la explotación y el extractivismo del litio.
La respuesta del Tribunal se dio en el marco de una audiencia donde participaron integrantes de las comunidades con los abogados Alicia Chalabe, Franco Aguilar, y representantes de JEMSE. También con la presencia afuera de la institución de decenas de integrantes de las comunidades organizadas que se trasladaron desde sus territorios con carteles y banderas para hacer ver y oír, y que contó con la solidaridad de integrantes de organizaciones sociales, de comunidades indígenas, referentes de derechos humanos y de la izquierda.
Daniel Cussi, comunero de Casabindo presente en la acción sostuvo “Venimos a la marcha porque nos están sacando todo el agua. Nosotros queremos futuro para nuestros niños, de los que vienen por detrás”.
“El Gobierno quiere sacar litio en nuestros territorios, se va muchísima agua, se secan los ríos, cienegos, las pasturas para los animales, en la puna tenemos turismo y esto nos afecta”.
“Morales nos está entregando todo a las empresas mineras que vienen desde afuera se llevan toda la riqueza y quedamos con las manos vacías. Explotan nuestras tierras y nuestros campos y se llevan toda la riqueza al exterior”.
A su vez, Florencio Castillo, de la comunidad de Pozo Colorado comentó “la situación por la que venimos es por la licitación que saca el Gobierno por medio de la prensa de once mil hectáreas de nuestro territorio. No fuimos consultados como dice el marco de la ley y nos vimos obligados a venir para manifestarnos pacíficamente para defender nuestro territorio. Ellos quieren saquear los recursos naturales que es el salar para saquear el litio”.https://www.instagram.com/reel/Clo5q_MgTjK/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=485&rd=https%3A%2F%2Fwww.laizquierdadiario.com&rp=%2FMorales-entrega-todo-a-las-mineras-Se-llevan-la-riqueza-y-nos-dejan-las-manos-vacias#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1411.7999999988824%2C%22ls%22%3A603.7999999988824%2C%22le%22%3A1343.3999999985099%7D
“Nosotros somos preexistentes y el gobierno no respeta. Vienen no consultan, sacan un decreto por medio de la minería».
«Nosotros hemos venido luchando y seguimos luchando por nuestros recursos naturales que es bienestar de las comunidades. Nosotros nos auto sustentamos del salar, estamos trabajando, tenemos el ingreso económico del salar”.
“Ellos vienen, expropian nuestros territorios dando licitaciones, el día de mañana van a desaparecer las comunidades porque no vamos a tener trabajo. El trabajo del litio va a ser pan para hoy y hambre para mañana porque económicamente vamos a estar bien diez, veinte años, pero después, se van todas las empresas multinacionales…Todos los de afuera se llevan los recursos naturales, por unas migajas que dejan a las comunidades y todo el enriquecimiento se llevan los poderes políticos que están al frente…”
María de la comunidad de Queuñalito comentó “planteamos no a la minería, por el agua y la vida».
«Nosotros somos de la comunidad, tenemos una salud y no queremos un lugar con contaminación. Abastecemos animales plantas con el agua. Con la minería se hace plata pero la salud de las personas, de los animales, quién lo recompensa”.
“Es un abuso total sobre nuestros territorios, que es de las comunidades, de la gente que vivimos ahí. El Gobierno debería tener un poco más de respeto y hablar con la comunidad, no hacer lo que ellos quieren, directamente a quitarnos el territorio. Nosotros necesitamos por nuestros animales, plantas, tenemos invernaderos de donde sacamos verduras que sacamos de ahí. Es en defensa de nuestra salud, de nuestra vida”.
Las comunidades vienen sosteniendo que el procedimiento realizado por el Estado y el Gobierno de Jujuy no garantizó el procedimiento de consulta que tienen la misma, llamado Kachi Yupi, y derechos ambientales como la Ley Escazú de acceso a la información en materia ambiental. “Resulta violatorio de derechos fundamentales de acceso a la información, ya que no permite conocer ni determinar cómo se verán afectadas las comunidades de la zona ni el ambiente, ya que no se llevaron adelante los procesos informativos de participación temprana, ni de consulta libre, previa e informada correspondientes”.
Terminada la audiencia, representantes de las comunidades comentaron que el Estado respondió a la demanda planteada, y que ahora hay un plazo de 48 horas para que desde las comunidades respondan al mismo. También informaron que ante la convocatoria a licitación cuyo plazo venció el 28/11, y cuyos pliegos tenían un costo de 55 mil dólares, se presentaron 3 oferentes.
Verónica Chávez, comunera de Santuario de Tres Pozos, quien estuvo en la audiencia afirmó “estamos con la organización que hicimos hace doce años atrás Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Le dijimos al juez que nosotros vamos con el derecho de las comunidades. Nosotros con nuestras familias queremos vivir tranquilos como hicieron nuestros abuelos. La explotación del mineral litio extrae mucha agua nos oponemos en contra de eso porque queremos dejar un futuro para nuestros hijos por eso decimos No al litio”.
Ante la consulta sobre la afirmación que hace el Gobernador Gerardo Morales de que las comunidades están de acuerdo con la actividad sostuvo:
“Nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a luchar por el bien de nuestros hijos. No nos consultaron, no tuvieron la menor voluntad de consultarnos ni hablarnos”.
“A nosotros nos afecta el agua. La cuenca de Salinas Grandes es una cuenca endorreica a donde no tiene salida para ningún lado. El agua se concentra debajo del salar. Al sacar este mineral los ojitos que están en los cerros son los primeros perjudicados ahí viven muchas comunidades, productores de ganadería, producción de los sembrados, es muy perjudicial para nosotros”.
“Nosotros vamos a seguir trabajando en esta resistencia desde hace muchos años.
Queremos dejarle el mensaje a las corporaciones que quienes vivimos en territorio estamos en desacuerdo”.
Es importante dar cuenta que la zona donde el Gobierno pretende avanzar con el extractivismo del litio son áreas de humedales altoandinos y cuyo territorio habitan comunidades desde tiempos ancestrales. Las mismas se dedican a la actividad artesanal de la sal y la ganadería principalmente. Sus derechos posesorios y de contar con la propiedad comunitaria de las tierras fueron reconocidos, incluso, con un fallo judicial del Tribunal Contencioso y Administrativo en el año 2006, que ordenó al Estado Jujeño la entrega de los títulos comunitarios, incumplidos hasta el día de hoy.
Fuente: Izquierda diario
El dólar soja muestra que el
Gobierno piensa el campo con las
patronales
Por Mariángeles Guerrero, Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2022.
Para cumplir con las metas fiscales del FMI, el Gobierno relanzó el programa Dólar Soja. Pequeños y medianos productores reiteraron sus críticas a una medida que beneficia a las empresas exportadoras y altera los precios internos. La agricultura campesina y cooperativa sigue a la espera de respuestas, con cinco proyectos de ley pendientes en el Congreso.
El Gobierno lanzó el Dólar Soja II. La disposición cambiaria establece, sólo para el complejo sojero, un tipo de cambio de 230 pesos por dólar. Además, la segunda parte de este programa prevé disminuir las retenciones que se cobran para la harina y el aceite de soja al 31 por ciento, dando marcha atrás con la suba de dos puntos que decretó en marzo. Con esta medida, el Ejecutivo Nacional aspira a recaudar 3000 millones de dólares para cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) cuestionó la medida y llamó al Poder Ejecutivo a dejar de fortalecer al “campo concentrado, a las multinacionales del agrotóxico y a los sectores financieros” y a apoyar, en cambio, a quienes luchan para que “el alimento sea un derecho y no una mercancía”.
Desde el lunes 28 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, los productores que vendan los porotos de soja que tienen acumulados recibirán 230 pesos por cada dólar, 58 pesos más que los 172 que fija el valor oficial. El Gobierno se comprometió ante el FMI a cerrar el año con 5500 millones de dólares de reservas internacionales en el Banco Central. Hasta el momento hay 4000 millones.
El ministro de Economía, Sergio Massa, defendió el relanzamiento del dólar soja alegando que Argentina tiene que lograr, al 30 de diciembre, «batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial» y mezcló la meta fiscal con el argumento de que «Argentina es parte de la agenda mundial de la seguridad alimentaria». No obstante, las propuestas relativas al mercado interno para la seguridad alimentaria del país siguen en espera.
La medida beneficia a quienes retuvieron su producción especulando con el valor de la moneda nacional. Se estima que hay 8,6 millones de toneladas de soja que aún no se vendieron. Los pequeños y medianos productores ya vendieron su cosecha a menor tipo de cambio de los obtenidos por la presión cambiaria. Sobre este punto, la Federación Agraria cuestionó la primera versión del dólar soja y su relanzamiento actual. “Sólo sirvió para seguir concentrando, beneficiando a actores que no somos los productores, menos aún a los pequeños y medianos que directamente ya no tenemos soja para vender”, alegó la entidad.
El economista Julio Gambina indicó —en su artículo Dólar soja, Fondo Monetario y el Consenso de Washington— que no queda clara la manera en que el productor se beneficia, ya que la exportación procede en general de grandes grupos económicos transnacionalizados que concentran el comercio externo del país. Gambina citó un ejemplo: apenas nueve firmas concentran el 92 por ciento de la facturación del sector agroexportador. Se trata de Cargill, Cofco, Bunge, AGD, Molinos, ACA, ADM, Oleaginosa Moreno y LCD Argentina.
La UTT, uno de los gremios que nuclea a las familias campesinas que producen el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el mercado interno, consideró al dólar soja como “la caja navideña que recibirán las patronales rurales gracias a las concesiones que el Gobierno sigue haciendo a los sectores más poderosos”. Al respecto agregó que el campo solidario y cooperativo sigue a la espera de las decisiones políticas que mejoren su realidad. Agustín Suárez, de la UTT, añadió que «esta medida muestra que el Gobierno se sigue sentando con las patronales para pensar el campo».
El dólar soja y las «descompensaciones» en el mercado interno
La soja, además de ser un commodity que genera ingreso de divisas en dólares, también es un componente de alimentos balanceados destinados a la producción animal. Esta oleaginosa resulta de importancia en la cadena de producción lechera, bovina y avícola. El tipo de cambio diferencial para la exportación de soja encareció la compra en el mercado interno para el procesamiento de alimentos balanceados, pese a la Resolución 05/22 de la Secretaría de Agricultura, que buscó evitar este efecto.
Suárez adelantó que esta medida volverá a generar aumento de costos en los precios de productos como la carne, la leche y los huevos. Señala que la decisión «no solo no beneficia a los pequeños productores, que no tienen espalda para retener los granos en los campos, sino que presiona sobre el precio de los alimentos del pueblo».
Sergio Massa, prometió un mecanismo de “asistencia” para “compensar las descompensaciones” por el dólar soja, en especial para quienes deben usar la soja para la transformación como producto de la alimentación animal como tambos, establecimientos de engorde a corral (feedlots), avícolas, entre otros. A su vez, el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, declaró que con lo obtenido por el programa Dólar Soja “se trabajará en el financiamiento de promoción para economías regionales; subsidios a las cadenas de valor avícola, bovina, lechera y porcina para aumentar producción; y un fondo para mantener el valor de las asignaciones familiares”. En esta línea reconoció la necesidad de «atender las asimetrías o las dificultades que pueda generar el programa en el mercado interno”.
La agricultura familiar sigue a la espera
Mientras el Ministerio de Economía ejecuta medidas para que las patronales del campo vendan los porotos de soja acopiados en los silobolsas (a la espera de la devaluación del peso), la agricultura familiar reclama sin éxito políticas concretas que mejoren el precario contexto en el que viven y producen. Suárez apuntó que «queda claro que, cuando hay voluntad política, las respuestas para los sectores aparecen».
El integrante de la UTT cuestionó que «el Gobierno le está dando una respuesta muy concreta y beneficiosa a las patronales del campo, cosa que no pasa con los pequeños y medianos productores pese a que venimos desarrollando una agenda en torno a la soberanía alimentaria, al arraigo rural y al desarrollo de las economías regionales».
Desde la UTT sostienen sus propuestas con hechos concretos: producción agroecológica descalzada del dólar, corredores logísticos de abastecimiento campesino (como los que el gremio lleva adelante en diferentes provincias argentinas), las colonias agroecológicas, las biofábricas y los mercados populares. “Son un conjunto de soluciones que sacan el alimento de la especulación fortaleciendo las economías regionales, fomentando el arraigo rural y la soberanía alimentaria”, califica la organización.
El pasado 6 de septiembre, la Mesa Agroalimentaria Argentina (conformada por la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Federación de Cooperativas Federadas, Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar), presentó en el Congreso de la Nación cinco proyectos de ley que son de urgente tratamiento para el sector. Estos son: Acceso a la Tierra, Arrendamientos Rurales, Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y la Agricultura familiar, Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias y Financiamiento y Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica.
Hasta el momento, el más avanzado es el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que se viene presentando consecutivamente desde 2016. De las cinco, es la única iniciativa legislativa que actualmente se está debatiendo en las comisiones de la Cámara de Diputados, según informa la UTT.
Fuente: Agencia Tierra Viva
El gobierno dio marcha atrás con
la idea de relevar ahora los planes
Potenciar Trabajo y retrasar el pago
de los mismos: todo postergado
hasta febrero /La UTEP desactivará
medidas de lucha
Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2022.
Como epílogo de una jornada «caliente» en la que los movimientos sociales con sus distintas siglas protestaron en la calle y anunciaron más medidas de fuerza, Alberto Fernández citó en su despacho a la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, a Emilio Pérsico y Estéban «Gringo» Castro, del Movimiento Evita y después de ásperas discusiones entre Pérsico y la ministra, Fernández tomó la decisión de postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo. O sea, la presión de las y los piqueteros dio resultado, y se logró frenar la provocación oficial de no pagar en fecha los programas y anunciar cientos de miles de bajas.
Ante esta decisión oficial, la UTEP desactivó las medidas anunciadas de cortar rutas el miércoles. Ahora habrá que ver que decide la Unidad Piquetera que también está reclamando por el desenganche del salario mínimo para los movimientos sociales, algo pactado por la CGT y el gobierno.
En la reunión con Fernández se discutió la decisión de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades (como haber comprado dólares o tener más de dos propiedades) había generado un fuerte malestar en los movimientos sociales. Ayer incluso dejaron trascender desde el Movimiento Evita que analizaban renunciar a los cargos que ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social.
Durante la reunión, Alberto Fernández le reprochó a Tolosa Paz el manejo desprolijo de la situación y señaló que como resultado terminó “con la gente en la calle”. En esa línea, Pérsico le recriminó que no debería haber pedido el levantamiento del secreto fiscal.
Por su parte, la ministra Tolosa Paz explicó que hizo el pedido para evitar una imputación del fiscal Guillermo Marijuán. Sin embargo, el fiscal federal la denunció -junto con Pérsico- por los presuntos delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Fue por no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP por pedido de su antecesor Juan Zabaleta.
Dado que Marijuán igualmente hizo la denuncia, Tolosa Paz se mostró de acuerdo con Alberto Fernández y Pérsico en esperar hasta febrero para depurar los listados.
Sin embargo, aclaró que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron dólares o están fallecidos, seguirán dadas de baja.
Ante estos planteos y la promesa de que se entregarán más alimentos a los comedores, Pérsico y Castro se comprometieron a no implementar en plan de lucha anunciado en la asamblea que realizaron en el Puente Pueyrredón -bautizado “Navidad en la calle”- que implicaría varias movilizaciones la semana que viene en todo el país.
EL CORTE DE LA UTEP EN EL PUENTE PUEYRREDON
Como medida de rechazo al recorte de los planes sociales, organizaciones sociales nucleadas en distintos agrupamientos piqueteros protestaron este viernes con cortes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en los accesos al Puente Pueyrredón y en las inmediaciones del Obelisco porteño.
«Este viernes 2 de diciembre salimos a las calles en todo el país para exigir que dejen de recortar en los programas de trabajo de la economía popular. Concentramos a las 9.30 en Plaza Alsina y vamos al Puente Pueyrredón para llevar adelante la asamblea central que defina el plan de lucha», dice el comunicado de la Utep, en el que se informa la medida.
«Una vez más-agrega- cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila, con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año».
La central, cuyo secretario general es Esteban «el gringo» Castro, señaló en el comunicado que «hace años y con muchísima lucha, conquistamos derechos para los y las que inventamos trabajo cuando el mercado laboral nos expulsó. Esas reivindicaciones arrancadas en un gobierno neoliberal son puestas en duda en este contexto complicado donde se debería defender a los y las que más lo necesitan».
Para finalizar, el escrito señala: «Vayan a buscar a los que la fugaron, fíjense quienes son los que ganan siempre, los que especulan con su riqueza. Siempre vamos a acompañar las medidas que apunten a la justicia social, pero la persecución y el ajuste a los y las de abajo, que la pelean todos los días, no lo vamos a permitir».
«Una vez más, cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año«, expuso la organización.
«Hace años y con muchísima lucha conquistamos derechos para los y las que inventamos trabajo cuando el mercado laboral nos expulsó, esas reivindicaciones arrancadas en un gobierno neoliberal, son puestas en duda en este contexto complicado donde se debería defender a los y las que más lo necesitan», advirtieron.
«Un gobierno duro con los pobres, complaciente con los ricos», sentenció la Unidad Piquetera, que agrupa a distintas organizaciones sociales. Desde las 10 de la mañana de este viernes comenzaron las movilizaciones y cortes, mientras «se debate una profundización de las acciones para la semana próxima, con acampes y cortes de ruta».
La protesta no estuvo exenta de tensión cuando los manifestantes intentaron trasladarse al otro carril de la bajada del Puente Pueyrredón. Fue entonces que los efectivos de la Prefectura Naval y Policía Federal buscaban evitar que subieran al acceso que conecta con la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, un policía tropezó con los manifestantes y se cayó al piso, lo que generó un momento conflictivo.
«Esta asamblea se levanta ahora pero vamos a incrementar el plan de lucha el próximo miércoles, con movilizaciones y cortes de rutas», dijeron a Télam voceros del la UTEP, sin especificar lugares y horarios de las próximas protestas.
La protesta de la UTEP comenzó a las 10, al pie del puente Pueyrredón, -que conecta la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense-, bajo la consigna «basta de ajustar a los humildes», informaron voceros del sector. Levantaron la medida de fuerza después de las 12.30 la medida de fuerza y anunciaron un «incremento del plan de lucha».
ANUNCIAN CORTES DE RUTA PARA EL MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE EN TODO EL PAÍS
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) decidió durante la asamblea realizada en el Puente Pueyrredón que el miércoles de la semana que viene cortarán los accesos a la Capital Federal como una de las principales medidas de una jornada nacional de lucha con marchas en distintos puntos del país en contra del ajuste del gobierno nacional sobre el programa Potenciar Trabajo.
“El miércoles tiene que ser una jornada nacional donde no vamos a estar al costado de la ruta, vamos a tomar nuestras rutas que es nuestra casa, es el lugar de lucha nuestro, vamos a cortar todos los accesos a la capital federal porque es la única forma de revertir esta situación de esta definición política”, expresó Norma Morales, del Movimiento Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP.
“Cuándo van a entender que nosotros no cobramos planes; que somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular; que somos las primeras en abrir el centro comunitario y las últimas en cerrarlo. Cuidamos a nuestro pueblo, lo hicimos siento de veces y lo demostramos nuevamente en la pandemia. No solamente pusimos el cuerpo si no que dimos la vida”, continuó la dirigenta social.
Por su parte, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, se refirió a la frase que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, tiró en una entrevista televisiva cuando se refirió al tema del recorte en la lista de personas que perciben el Potenciar Trabajo. “Ella decía tengo 20 años en la administración. A ver ministra, se lo vamos a decir desde acá. Nosotros tenemos el gran orgullo de decirle que hace más de 20 años nos organizamos en los territorios. Hace más de 20 años los y las excluidas nos organizamos, luchamos, nos inventamos nuestro propio trabajo y ni usted ni nadie lo va a venir a desmerecer”.
“Para mi les hizo mal el aire acondicionado de los despachos”, ironizó.
Y agregó: “El gobierno que dice ser nacional y popular, pero arrancan mal, para atrás. Hoy, convencida puedo decir que no solamente es un gobierno no 100% popular, también digo convencida que empezar por las y los últimas era un slogan de campaña nada más”.
Luciano Álvarez, del Movimiento Popular Lxs Pibes, destacó la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular especialmente desde 2016 “en pleno macrismo” y lamentó que “hoy este gobierno tenga el tupé de ponerse en contra del trabajador y encima querer meter el cuchillo y dividir a la clase”.
“No hay forma de que se divida al movimiento de trabajadores en Argentina”, afirmó.
Acompañado de representantes de organizaciones sociales, aseguró que “la economía popular no quiere fabricar un 19 y 20 de diciembre”, en referencia al levantamiento social que ocurrió en 2001. Sin embargo, “parece que hay intereses que están queriendo generar un escenario que nosotros no queremos porque ahí los que ponemos el cuerpo somos los trabajadores y trabajadoras”, señaló.
“Esperamos que en las próximas horas se revean estas medidas inconsultas que se están tomando. Mientras tanto vamos a declararnos en asamblea permanente. Si no abren las orejas los funcionarios y políticos, la calle será la que mande”, agregó
La UTEP nuclea a dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento Somos Barrios de Pie, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y del Movimiento Evita,
Un año sin Marilú Barrios: marcharon
para pedir su aparición
Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2022.
Este viernes se cumple un año de la desaparición de la joven de Luis Guillón. La causa sigue sin novedades, con un sospechoso detenido.
Familiares y allegados de María Luján Barrios convocaron a una movilización prevista este viernes, cuando se cumplirá un año de su desaparición y cuya búsqueda permanece sin resultados concretos, mientras un hombre sigue detenido en el marco de la investigación.
«Vamos a hacer una movilización el viernes 2, desde mi casa hasta el domicilio que tenía Marilú. Vamos a ir con antorchas para visibilizar que no tenemos ninguna novedad, un solo detenido y la estamos buscando», contó María Roldán, madre de la joven desaparecida.
María Luján, de 22 años, vecina de Luis Guillón, fue vista por última vez el 2 de diciembre de 2021, cuando habría sido llevada por un remisero hasta una fiesta en El Jagüel.
El sospechoso se encuentra tras las rejas desde el 31 de marzo como posible culpable de la desaparición de Marilú. El hombre identificado como Óscar Becerra, aparentemente, conocía a la víctima y el día de su desaparición le envió mensajes por WhatsApp. Aunque los borró, los investigadores pudieron recuperarlos.
De acuerdo a lo determinado por la Justicia, Becerra tuvo el celular de Marilú durante varios días tras su desaparición. En ese período de tiempo, partieron de ese dispositivo mensajes a amigas de la víctima pidiendo que le depositaran dinero y asegurando que se encontraba en la ciudad de Pilar.
«Hay sospechosos que están investigados pero no tenemos ninguna novedad concreta. Hace tres meses que estamos esperando las pericias del último rastrillaje que se hizo, no tenemos respuestas», indicó.
«El detenido dio una declaración pero fue lo mismo que nada, no aportó, es pura mentira. ¿Cómo el remisero iba a tener su celular y otras pertenencias de ella?», agregó Roldán.
Sobre el punto de encuentro de la movilización del viernes, precisó: «Será en Pio XII al 100 hasta la estación de El Jagüel, a partir de las 19. Queremos que aparezca mi hija».
Ante ataques e incumplimientos
del gobierno con lxs trabajadores
desocupadxs, la Unidad Piquetera
realizó un corte total en la Avenida
9 de julio / El próximo miércoles 7
anuncian cortes y acampes en las
principales carreteras y puentes
de todo el país
Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2022.
Este viernes las organizaciones de la Unidad Piquetera realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, seguida de 5 horas de movilización y corte total de la Avenida 9 de julio, Corrientes, Diagonal Norte y calles aledañas, contra el ataque del gobierno hacia trabajadoras y trabajadores del Potenciar Trabajo. Las acciones se replicarán en las principales ciudades y provincias del país.
Se trata de una jornada de lucha resuelta de emergencia y convocada con poco tiempo, en el marco de un agravamiento y profundización del ataque del gobierno contra los trabajadores desocupados, con el levantamiento del secreto fiscal para forzar la eliminación de miles de programas sociales.
El gobierno viene erigiendo una batería de ataques contra los trabajadores más vulnerables, con la auditoría virtual, ajuste en el salario mínimo y propuesta de desenganche, bloqueo de nuevas altas, intercambio de trabajadores por herramientas, no entrega de los alimentos y pedidos a la Justicia para investigar a fondo a los beneficiarios del Potenciar Trabajo con miras a bajas masivas.
En la conferencia de prensa, las distintas organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, plantearon que el gobierno de los Fernández ha echado gasolina al fuego, y tendrá como contrapartida «un diciembre caliente y piquetero». También se adelantó que las medidas de este viernes implican una respuesta inmediata a estos ataques, que incluso han suscitado el rechazo de las organizaciones sociales afines al gobierno, y que preparan una gran jornada nacional de lucha con nuevas acciones, cortes de carreteras y acampes para el miércoles 7 de diciembre.
“El informe, difundido desde la propia Afp manejada por el kirchnerista Castagneto, busca golpear a los sectores más empobrecidos. En cambio no se abre el secreto fiscal para las grandes fortunas y los evasores millonarios. Duros con los pobres, complacientes con los ricos”, señalaron en su comunicado de prensa, denunciando la doble vara del gobierno nacional.
En otros pasajes las oratorias (intevinieron representantes del Polo Obrero, Libres del Sur, MST Teresa Vive, Coordinadora por el Cambio Social, MTR 14 de abril y otros) incidieron en que la lucha en las calles es el único lenguaje que entienden los gobiernos que como el actual y el anterior, se arrodillan ante el FMI. Se habló también, de dos Argentinas, una la de los ricos que como el dueño de Edenor, se jacta de viajar al Mundial de Qatar en un yate de 70 millones de dólares, o el propio Alberto Fernández que en medio de esta crisis decide comprarse un avioncito de 29 millones de dólares. La otra Argentina es la del hambre de la gente de los barrios, la de esa provocación que significa «investigar a los que el mísero salario del Potenciar Trabajo solo les alcanza para pocos días» y jamás le meten la mano en el bolsillo de los empresarios usureros, o a los ejecutivos de las corporaciones que siguen teniendo ganancias desorbitadas.
También las referencias al Mundial estuvieron presentes, reivindicando la alegria de los de abajo con los triunfos de la Selección pero teniendo claro que «con goles no comemos, solo comemos luchando en las calles como lo hemos hecho siempre».
El ensañamiento del gobierno con los trabajadores desocupados y beneficiarios de los programas sociales contrasta con los beneficios que se le otorga a los capitalistas y exportadores, como el reciente dólar soja 2, que implica miles de millones de pesos para las patronales sojeras en tan solo 30 días.
Las organizaciones piqueteras encuadran las hostilidades actuales en el marco del plan de ajuste diseñado por el FMI y aplicado rigurosamente por el gobierno nacional, que busca liquidar los programas sociales como un medio para aplastar los salarios del conjunto de los trabajadores.
En este marco de agresión gubernamental contra los humildes, se planteó que la próxima semana se cortarán todos los accesos a las grandes ciudades, y se exhortó a las organizaciones sociales oficialistas representadas por la UTEP, que hoy se han dado cuenta que la mala praxis de las Tolosa Paz y los Fernández también los golpea a ellos, se sumen a una acción común de protesta. Desde la Unidad Piquetera se realizó un llamamiento a romper con este gobierno ajustador y coordinar acciones masivas y comunes en las calles.
COMUNICADO DE LA UNIDAD PIQUETERA
Fuerte reacción contra el ajustazo del gobierno.
La semana que viene continúa y se refuerza el Plan de lucha.
En todo el País y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires hubo una fuerte reacción de los trabajdores del Potenciar Trabajo ante la amenaza real de bajas masivas, el desenganche de los programas sociales del salario mínimo, ingreso que ya es más que miserable
A eso se suma la incertidumbre de si habrá doble aguinaldo, que serviría como paliativo frente a la inflación que destruye los ingresos.
El gobierno ajusta a los que menos tienen y la «justicia» que no investiga nada, persigue a los trabajdores que sobreviven con un plan social, luego de que las políticas de los gobiernos destruyeran el trabajo.
Hoy hubo una confluencia en los hechos con organizaciones que sostienen un apoyo al gobierno, pero que no pueden seguir ocultando a sus bases que este es un gobierno ajustador.
Las organizaciones de la Unidad Piquetera llamamos a todas las organizaciones a unir fuerzas en una acción común, fuerte con todas las fuerzas posibles para derrotar el ajuste.
La semana que viene profundizaremos las medidas con cortes de acceso, acampes y movilizaciones en más de 100 rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros y autopistas.
03.12.2022 / FMI
El equipo técnico del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina
El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI que se espera se reúna este mes. "Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$ 6.000 millones", informaron desde el organismo.
“El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna este mes. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$ 6.000 millones (DEG 4.500 millones)”, informó este viernes el organismo en un comunicado oficial.
El equipo del FMI estuvo encabezado por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental; y Ashvin Ahuja, jefe de Misión para Argentina; quienes celebraron reuniones presenciales y virtuales con funcionarios argentinos para discutir políticas sobre la tercera revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
Mientras que desde el equipo económico del ministro Sergio Massa, estuvieron el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo; y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.
“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un marco macroeconómico actualizado y las políticas asociadas necesarias para completar la tercera revisión bajo el acuerdo SAF de 30 meses de Argentina”, señalaron Cubeddu y Ahuja.
Y detallaron que “la revisión se centró en evaluar el progreso reciente en la implementación del programa y en llegar a entendimientos sobre políticas para fortalecer aún más la estabilidad macroeconómica en el marco de un contexto más desafiante”.
Desde el organismo también explicaron que se acordó que los objetivos clave del programa, en particular los relacionados con el déficit fiscal primario y las reservas internacionales netas, permanecerían sin cambios durante el resto de 2022 y 2023 para continuar “anclando la formulación de políticas y la credibilidad”.
En ese sentido, precisaron que “se discutió sobre la necesidad de que las políticas se adapten según sea necesario en caso de que se materialicen riesgos externos e internos”.
“A pesar de los desafíos, consecuencia también de la guerra en Ucrania, se cumplieron todos las metas cuantitativas de desempeño hasta fines de septiembre de 2022, incluido el déficit fiscal primario debido a fuertes controles de gastos y acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social”, afirmaron los técnicos del Fondo.
Y destacaron: “Recientemente se llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores del Club de París y se han intensificado los esfuerzos para movilizar financiamiento oficial externo”.
“Acciones por el nuevo equipo económico están comenzando a dar sus frutos, la inflación se está moderando (aunque desde niveles altos) y la balanza comercial está mejorando, en gran parte debido a una desaceleración apropiada de la demanda interna y las importaciones”, destacaron los ejecutivos.
En esa línea, señalaron que “las autoridades siguen encaminadas en cumplir los objetivos del programa para fin de 2022”. “Se han logrado avances, no obstante, las condiciones macroeconómicas son aun frágiles y una sólida implementación del programa es esencial a futuro”, remarcaron Cubeddu y Ahuja.
Y precisaron que “en particular, será fundamental continuar con el proceso de consolidación fiscal que prevé una reducción del déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Bruto Interno en 2022 al 1,9% del PBI en 2023”.
Aunque remarcaron que “esto debe estar respaldado por esfuerzos para seguir movilizando ingresos, fortalecer controles de gastos, y mejorar de manera oportuna la focalización de los subsidios y la asistencia social, al tiempo que proporciona espacio para el gasto social y de infraestructura prioritario”.
Y señalaron que en el marco de la política monetaria y cambiaria Argentina debería continuar generando tasas de interés reales positivas y una mejora en la competitividad externa. “Estas acciones deberían continuar alentando la demanda de activos en pesos, asegurar una reducción en el financiamiento monetario en línea con las metas del programa y apoyar una reducción gradual de la inflación anual, de alrededor del 95% para fines de 2022 al 60% para fines de 2023”, afirmaron los técnicos del Fondo.
“Sigue siendo esencial mantener una estrategia proactiva de deuda interna para movilizar el financiamiento interno y mejorar el funcionamiento del mercado”.
En ese sentido, señalaron que “las políticas macroeconómicas consistentes también respaldan una mejora en el saldo de la cuenta corriente que, combinado con los esfuerzos en curso para movilizar financiamiento externo, están fortaleciendo la cobertura de reservas”.
Al respecto, remarcaron que “las reservas internacionales netas están programadas para aumentar en US$ 9.800 millones para fines de 2023”.
Y consideraron: “En el aspecto estructural, se necesitan esfuerzos continuos para fortalecer la gestión financiera pública, el mercado de deuda pública en pesos, los marcos ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo) y el potencial exportador neto de los sectores estratégicos, particularmente en energía”. Al respecto consideraron que “el próximo acuerdo de intercambio de información internacional con los Estados Unidos podría apoyar la movilización de ingresos y la acumulación de reservas”.
“Agradecemos a las autoridades argentinas por las discusiones abiertas y constructivas y reconocemos su compromiso continuo para fortalecer la estabilidad y promover el crecimiento inclusivo y sostenible”, concluyeron Cubeddu y Ahuja.
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