Massa reconoció que “el salario no
es ganancia” pero 600.000 trabajadores
seguirán pagando el impuesto
Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2022.
Vía Twitter, el ministro de Economía Sergio Massa anunció la suba del mínimo no imponible a $ 404.062 para el pago del Impuesto a las Ganancias en enero de 2023. La actualización queda así por debajo del aumento de precios. Si bien unos 300.000 asalariados dejarían de tributar, se trata de un «alivio» que se licuará rápidamente por el efecto de la inflación.
El ministro de Economía Sergio Massa detalló en una serie de tuits publicados este jueves, que la suba del piso de salarios para el pago del impuesto a las ganancias que recae sobre las remuneraciones ascenderá a $ 404.062 brutos a partir de enero del año próximo ($ 335.372 netos).
De acuerdo a la publicación de Massa, con la entrada en vigencia de la nueva actualización del mínimo no imponible, menos de 600.000 asalariados estarán alcanzados por el tributo.
Esta actualización es resultado de la aplicación del aumento interanual en octubre de 79 % que mostraron los salarios formales comprendidos en el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), de acuerdo a lo establecido en la ley, según el dato publicado por la Secretaría de Seguridad Social. Así, se elevó el monto de referencia vigente en enero de 2022 de $ 225.937 (en bruto).
Pero este índice está por debajo de la inflación (mostrando una vez más el efecto corrosivo de la inflación sobre los salarios) que rondará el 100 % en diciembre, generando una mayor presión impositiva para los trabajadores.
Según los datos del Ministerio de Economía, son 899.382 asalariados los que actualmente pagan el Impuesto a las Ganancias, de los cuales 312.864 dejarán de estar alcanzados a partir del 1º de enero, cuando se estima que se reducirá el universo a 586.518 asalariados.
Sin embargo, tras este «alivio» inicial vendrá otra vez la licuación por el efecto de la inflación, que persiste en niveles elevados mes a mes. Por ello, muchas mejoras salariales que conquistan las trabajadoras y trabajadores a partir de la lucha, arrancando aumentos salariales para no perder contra la inflación, son luego interceptadas por el Estado con un impuesto que perjudica a quienes debería beneficiar (los trabajadores) y beneficia a patronales, bancos y grandes empresarios que con maniobras contables y desgravaciones impositivas logran sortear la carga del impuesto.
El ministro de Economía, Sergio Massa, tuiteó: «Con gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración, el 1° de enero se actualizará nuevamente el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias, llevando #AlivioFiscal a más de 300.000 trabajadores que dejarán de pagarlo».
Y agregó: «De esta forma serán menos de 600.000 asalariados en todo el país los que pagarán el impuesto a partir de estas actualizaciones, cumpliendo con nuestro compromiso de que del total de los trabajadores y trabajadoras, menos del 10% sean los que tributen el Impuesto a las Ganancias.»
Además del mínimo no imponible, deberán actualizarse el resto de las las variables que definen el monto a tributar: los montos no imponibles (la llamada ganancia no imponible y las deducciones especiales), los valores de la tabla que definen qué alícuota se aplica en función del rango de ingresos, y topes deducibles de algunos de los gastos que pueden ser declarados.
El anuncio de Massa presentado como un «beneficio» para los trabajadores, solo excluye a un sector. Hay un problema de fondo que no se debate y que el propio ministro reconoció en su tuit: el salario es en realidad lo opuesto a la ganancia, que se sustenta en el trabajo no pago, no remunerado. Es decir, el salario no es ganancia.
En los años ´90 sólo pagaban el impuesto a las ganancias el personal jerárquico, como gerentes y supervisores. Pero en el Gobierno de la Alianza se implementó una “tablita” que hizo que cada vez más trabajadores lo paguen: en el gobierno de Cambiemos llegaron a pagar más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores y, en la actualidad, lo pagan todavía alrededor de un millón.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores viene manteniendo este planteo y consecuentemente es el único bloque que presentó un proyecto de ley para que todos los trabajadores bajo convenio estén exceptuados del impuesto, no así los gerentes y los que cumplen funciones vinculadas al comando empresarial.
Fuente. Izquierda diario
Los investigados del Potenciar
Trabajo piden tener acceso al
expediente
Por Laura Vales, Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2022.
Juan Grabois llegó al juzgado con trabajadores de la economía popular que no cobraron el Potenciar. Pidieron tener acceso al expediente, el que se les levantó el secreto fiscal. Sus casos: un consumo de u$s 2,38 por bajarse una app y la compra de pequeñas sumas de dólares ahorro
Mailen Valdivia es playera en el Mercado Central. El Ministerio de Desarrollo Social le suspendió el Potenciar Trabajo porque descargó en su celular la prueba gratis de una app, que no dio de baja a tiempo, por lo que le cobraron los dólares. «Me gusta leer. Me descargué una aplicación de animé que tenía un período de prueba de 14 días y me olvidé de suspenderla. Me apareció en la tarjeta de crédito un consumo de 2 dólares con 38 centavos», contó a Página/12. Mailén es parte de una familia de cuidadoches: su papá, su mamá y su hermana también trabajan en el playón, donde ayudan a ordenar el tráfico y ganan según lo que la gente les de, a voluntad. Organizarse con otros cuidacoches en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos le dió un marco para poder hacer esa actividad identificados con un chaleco de la UTEP, frente al que la policía no los expulsa. En el caso de Mailén, también le dió acceso a un Potenciar, que hoy es su principal ingreso. Al estar bancarizada le llegó una tarjeta de crédito. Claramente, el haber tenido un consumo en dólares no significa que no se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
Rafael Alvarez es reciclador en la cooperativa Unidos de Avellaneda. Compró dólares “para ahorrar, porque tengo a mi mujer en diálisis y con tratamiento para el corazón, y los medicamentos día a día siguen aumentando por la inflación. Ese fue el motivo por el que este mes no cobré un peso”.
Cinthia Vergara Mendoza dejó a su mamá en Bolivia. Trabaja en un comedor popular ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y cuando puede le manda algo de dinero, en dólares.
Florencia Palacios, recicladora de José León Suárez, ni siquiera sabe por qué no cobró el Potenciar: figura como titular de una tarjeta de crédito que desconoce y que registra consumos en la moneda norteamericana.
El miércoles, los cuatro se presentaron en el juzgado de Julián Ercolini, con Juan Grabois como abogado, para tomar conocimiento de la causa sobre presuntas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo.
Se trata del expediente impulsado por la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, que en base a un informe de la AFIP sobre supuestas incompatibilidades en el otorgamiento de este salario social complementario, pidió que se dé de baja a los titulares del Potenciar que compraron dólares ahorro o tuvieron gastos con tarjetas de crédito en dólares -concepto dentro del que entra el uso de aplicaciones como Spotify, Netflix, Youtube Premiun o la mencionada app de historietas. Es la misma causa que contiene otra denuncia del diputado PRO Waldo Wolff.
La denuncia del fiscal federal apuntó contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que fue acusada de presunta defraudación a la administración pública.
En este expediente, el juzgado levantó el secreto fiscal sobre 250 mil titulares del Potenciar. En el escrito que dejó en el despacho de Ercolini, Grabois indicó que los trabajadores de la economía popular con los que se presentó al juzgado además de no haber cobrado el Potenciar, están siendo investigados sin permitirles acceso a la causa ni el derecho a defensa.
“Considerando que muchos de nosotros hemos realizado gastos en tarjeta de crédito para utilizar aplicaciones y dado que en nuestro caso fue suspendido el cobro del salario social complementario, nos sentimos alcanzados por la denuncia que da origen a esta investigación y solicitamos que se les otorgue acceso al expediente a nuestros abogados defensores”, plantea su solicitud.
El dirigente del MTE viene señalando que la compra o los consumos en dólares, «no es incompatible ni está prohibida por ninguna normativa del Potenciar». Obviamente, se trata de casos de consumos pequeños, por suscripción o descargas de plataformas como Netflix o Spotify, o compras de dólares ahorro con el tope de los u$s 200, que a los titulares del Potenciar no les fue bloqueada por la autoridad monetaria, como sí se hizo con quienes en la pandemia recibieron el IFE o un ATP.
“Estas personas no cobraron su sueldo porque una ministra del poder ejecutivo acobardada por el lawfare, y por los jueces de la mafia decidió darles de baja el Salario Social Complementario del Potenciar Trabajo”, consideró Grabois al salir de los tribunales.
También cargó contra el juez Ercolini, “que es el que estuvo en Lago Escondido con los tipos de Clarín y otros jueces, que está más sucio que una papa, el juez que truchó facturas y que decide sobre la vida de millones de personas”.
“Si van a investigar, que investiguen también las irregularidades de no haberle pagado a quienes les correspondía y no violaron ninguna ley. Es mucho más irregular sacarle a alguien que no cometió ningún delito y que necesita ese salario para vivir y le corresponde. Resolvamos esto porque la gente necesita cobrar, pagar el alquiler y vivir”.
Una delegación de la Gremial de
Abogadxs estará en el juicio a Laura
Villalba en Paraguay
Resumen Latinoamericano, 9 de diciembre de 2022.
Una delegación de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina va al norte de Paraguay a la zona militarizada por las fuerzas de tarea conjunta. Estarán en el juicio a Laura Villalba
Comunicado de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina
Como solemos decir, la Gremial jamás va dónde no nos llaman, piden o invitan. No caemos sin avisar.
Como solemos decir, nada de lo que hace la Gremial es simbólico o sólo para salir del paso y mostrar algo.
Como solemos decir, todo lo que decimos guarda siempre relación con lo que hacemos.
Y todo lo hacemos «a prepotencia de trabajo» (como solemos decir).
Esta vez tenemos que ir a Paraguay, no a Asunción o a un seminario.
Tenemos que ir al Norte, a Concepción, a la zona ultramilitarizada por las Fuerza de Tareas Conjunta (FTC).
Las FTC que mataron a las niñas de 11 años y desaparecieron a Lichita.
Vamos porque se inicia el juicio a Laura Villalba, mamá de María Carmen y tía de Lilian Mariana y Lichita.
El Estado paraguayo asesina a su niña y ahora la acusa de no haberla cuidado de ellos mismos.
Y más adelante enfrentará un juicio por terrorismo.
Vamos porque nos lo pide toda la familia Villalba unida que está en Argentina.
También los abogados defensores paraguayos, a quienes apoyamos y ayudamos.
Vamos porque el tribunal del juicio que juzgará a Laura Villalba citó a declarar cómo testigos a dos dirigentes de nuestra Asociación.
Vamos como fuimos durante años y en soledad a visitar muchos prisioneros y prisioneras paraguayas.
Como lo hicimos con prisioneros peruanos o chilenos.
A prepotencia de trabajo, de esfuerzo.
Vamos donde nos llaman.
Y creemos que muchas organizaciones políticas, sindicales, sociales, de DDHH, de abogados, etcétera, que suelen manifestarse a favor de Laura Villalba y de la aparición de Lichita podrían ir al juicio sin problemas.
Muchas poseen recursos y prestigio como para adentrarse al Norte de Paraguay y estar en el juicio.
Seremos una delegación de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.
Un grupo no beligerante y, desde ya, desarmado.
Vamos con nuestros escasos recursos porque los que teníamos para esta obligación tuvimos que gastarlos en ir a la Patagonia a la Causa contra la comunidad mapuche Winkul.
Un poco con el apoyo de muchos amigos, amigas y un poco con nuestros propios aportes, pero igual vamos.
Por si fuera poco los Tribunales federales de la Patagonia (jueces y fiscales), quieren hacer el Juicio contra los y las mapuche SIN NOSOTROS, pretendiendo imponerles a los mapuche la Defensa Pública, corriendo a la Gremial de la defensa.
El Estado paraguayo sabe que vamos, también el Estado argentino.
Ninguno de los dos son de fiar, pero lo saben.
Ojalá podamos encontrarnos con muchas organizaciones paraguayas y argentinas en los tribunales penales del Departamento de Concepción bancando a Laura Villalba.
De modo que los jueces y el Estado paraguayos puedan verificar que Laura no tiene sólo el apoyo de una simple y discreta organización de solidaridad como es la Gremial de Argentina.
Envio:ResumenLatinoamericano
Taty Almeida: "El Partido Judicial condenó a Cristina, hay que salir a la calle"
"En el Día de los Derechos Humanos y a casi 40 años de la democracia, queremos decir lo que ya se sabe: este partido judicial que ha condenado a nuestra querida Cristina Kirchner es lamentable, son unos sinvergüenza. Tenemos que, como nunca, tomar las calles. La única lucha que se pierde es la que se abandona, así que no hay que abandonar esta lucha. No nos han vencido, y menos a Cristina", dijo Almeida este sábado en declaraciones para la radio AM990.
La referente de derechos humanos pidió convocar "a una marcha similar a esa maravillosa que hicimos cuando fue lo del 2x1, cuando gracias a que un pueblo dijo basta tuvieron que dar marcha atrás", recordó, en referencia a la multitudinaria concentración que se realizó en el 2017 para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad.
La movilización del 2017, que congregó a medio millón de personas en la Plaza de Mayo, logró revertir la decisión de la Corte Suprema.
En esta línea, Almeida consideró que "no pueden manejarse así los que rigen la justicia en el país" y expresó que "ese será el eje central de la conferencia de prensa" que brindarán el próximo martes.
La conferencia de prensa
Los organismos de derechos humanos, junto a la secretaría de Derechos Humanos, realizarán el próximo martes una conferencia de prensa frente al Museo Sitio de Memoria de la exESMA para denunciar "la grave situación institucional que está atravesando el país", en el marco del aniversario del Día de la Democracia.El encuentro, que en principio se iba a realizar este sábado pero fue reprogramado para el martes, se realizará a las 10.30 en la exESMA, ubicada en la avenida del Libertador 8.151 de la ciudad de Buenos Aires, informó el organismo que conduce Horario Pietragalla Corti.
"En un país insignia de los derechos humanos, con políticas de memoria, verdad y justicia activas, con más de mil genocidas condenados, con 130 nietos restituidos y a casi 40 años de democracia, los organismos de derechos humanos, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocan a una conferencia de prensa para denunciar la grave situación institucional que está atravesando el país", informó la secretaría en un comunicado.
"Tenemos la democracia más larga de nuestra historia, hay que cuidarla"
En esa línea, Carlotto contó que llamó al presidente Alberto Fernández y al vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "para que sepan que los organismos de derechos humanos están con ellos y que estamos dispuestos a levantarnos y caminar para que las cosas se pongan en su lugar, pero depende del pueblo".
"Lo que el gobierno está haciendo ahora con más fuerza es lo correcto. Trato de acompañar para que sepan que los organismos de derechos humanos estamos con ellos. Hay que poner a la justicia en el lugar que tiene que estar", indicó.
"Hay que poner a la justicia en el lugar que tiene que estar"Estela de Carlotto"El camino para el cambio está en el Estado y el pueblo acompañando. Tenemos en este momento la democracia más larga de nuestra historia, entonces hay que cuidarla", dijo Carlotto en declaraciones a la radio AM990 en el marco del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos.
En tanto, Carlotto se refirió a la decisión de la Vicepresidenta de no presentarse a elecciones en el 2023 tras la sentencia conocida esta semana del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad, que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
"No está defendiéndose para ser presidenta, sino como mujer agraviada. Yo respeto muchísimo a Cristina porque ella decide con el pensamiento, no saben cómo enfrentarla y su interés es defenderse de la infamia", concluyó.
El martes, conferencia de prensa
Los organismos de derechos humanos, junto a la secretaría de Derechos Humanos, realizarán el próximo martes una conferencia de prensa frente al Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA para denunciar "la grave situación institucional que está atravesando el país", en el marco del aniversario del Día de la Democracia.El encuentro, que en principio se iba a realizar hoy pero fue reprogramado para el martes, se realizará a las 10.30 en la ex ESMA, ubicada en la avenida del Libertador 8151 de la ciudad de Buenos Aires, informó el organismo que conduce Horario Pietragalla Corti.
El Gobierno cumple tres años con crecimiento, inflación, y las elecciones en el horizonte
En los casi 13 meses que pasaron desde las legislativas de noviembre del año 2021, la Casa Rosada vivió de todo: desde una temporal relajación de los efectos de la pandemia hasta el inicio de un conflicto bélico en Europa del Este que provocó el alza de los precios internacionales con el consiguiente recrudecimiento de la inflación local, y finalmente la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán y el breve interregno de Silvina Batakis.
El entendimiento con el FMI
Además, y aunque parece haber sucedido un siglo atrás, a finales de enero de este año la Argentina y el Fondo Monetario Internacional anunciaron un entendimiento para renegociar los más de 40.000 millones de dólares de deuda con el organismo que había tomado la gestión de Mauricio Macri.Tal como se había comprometido en una ley, el Gobierno buscó que el Congreso refrendara el programa acordado con el FMI: ese proceso desembocó en un escenario inédito, con los legisladores del oficialismo votando divididos y la oposición de Juntos por el Cambio votando a favor, luego de extensas negociaciones.
Aquella división circunstancial del Frente de Todos (FdT) en torno a la estrategia con la que negoció con el organismo y sobre las consecuencias que acarrearía la aceptación del acuerdo en la asignación del presupuesto, o los efectos que hubiera implicado un rechazo, sigue siendo sostenida por los principales dirigentes de cada sector interno.
Así como el exjefe del bloque del FdT en la Cámara baja Máximo Kirchner y muchos dirigentes del kirchnerismo siguen defendiendo el rechazo al programa, los representantes del FdT más cercanos a Alberto Fernández -como la actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, por ejemplo- continúan ponderando la aprobación.
La guerra en Ucrania y cambios en el Gabinete
Sin embargo, es notorio que el acuerdo alcanzado con el organismo que dirige la economista búlgara Kristalina Georgieva se produjo en un mundo que cambiaría su fisonomía tan solo un mes después, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania: las economías se cerraron, subieron los precios de los alimentos y de la energía, y la Argentina vio cómo su inflación se duplicaba.Fernández lo alertó desde el inicio y lo sigue haciendo en cada foro al que asiste, desde el Mercosur, hasta el G20, pasando por el G7: "Los misiles vuelan en el hemisferio norte y generan hambre en el sur del mundo", señaló oportunamente.
En ese sentido, las últimas estimaciones señalan que la Argentina ya perdió 5.000 millones de dólares a causa de la guerra y, aunque ha cumplido con todas las metas acordadas con el FMI, tanto el jefe de Estado como el ministro Massa siguen insistiendo en la necesidad de hacer un replanteo porque el acuerdo con el Fondo, subrayan, ya quedó viejo.
Aunque Guzmán pronosticaba una "normalización" progresiva de las variables económicas, en junio Fernández recibió la renuncia de uno de sus hombres de confianza, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y un mes más tarde -con la inflación llegando a 7.4% mensual y en medio de lo que muchos analistas definían como una corrida- la del propio titular del palacio de Hacienda.
Massa asumió en Economía concentrando varios ministerios, con críticas a las negociaciones llevadas adelante por Guzmán, y con la prioridad de corto plazo puesta en sumar dólares en las reservas del Banco Central para impedir un shock financiero; al garantizarse cierta estabilización el objetivo pasó a ser contener los precios, requisito clave para darle competitividad al FdT en las elecciones presidenciales.
Con la llegada de Massa, el Gobierno logró además desbloquear el acceso a créditos de organismos multilaterales, en particular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos fortalecieron las arcas de la autoridad monetaria.
Con la economía creciendo por segundo año consecutivo y encaminada para hacerlo en 2023, el poder adquisitivo también será central: el jefe de Estado y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, coinciden en la necesidad de que los salarios deben ganarle a la inflación, aunque la dos veces primera mandataria va más allá y apunta contra las abultadas ganancias empresarias producto de la situación extraordinaria, que alejan cada vez más la distribución del producto del famoso "fifty-fifty".
También quedará para el año que viene la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner, la obra infraestructural que permitirá ampliar la provisión y exportación de energía, lo que a su vez significaría el comienzo del fin de los problemas de la matriz energética, uno de los puntos centrales de la sangría de divisas que el país sufre año tras año.
El Poder Judicial en el centro de las discusiones
En el plano político, el atentado contra Fernández de Kirchner y su reciente condena en primera instancia a seis años de prisión con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos han sido y serán las marcas indelebles del 2022.En ambas causas, el accionar del Poder Judicial quedó en el centro de las discusiones: en la primera, a través de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien es señalada por la demora en la investigación, por la escasa pericia mostrada en la recolección de pruebas -como la pérdida de datos del celular de Fernando Sabag Montiel-, y por sus vínculos con el principal partido opositor, el PRO.
Otro de los elementos que siembra sospechas sobre sectores de la Justicia es la estrecha relación entre fiscales y jueces, quienes han sabido compartir espacios de esparcimiento con el expresidente Mauricio Macri al igual que con representantes del Grupo Clarín, como Jorge Rendo y Pablo Casey, según se desprende de la reciente filtración de chats de un vuelo privado a Lago Escondido.
Los coletazos políticos no han sido menores: en su primera aparición pública luego del intento de magnicidio, la Vicepresidenta dijo que haría "lo que tuviera que hacer" para lograr que el pueblo pueda "organizarse en un proyecto de país" y, después de la condena de esta semana, anunció que en los comicios de 2023 no será candidata a ningún cargo.
Esas declaraciones, que se suman a las del Presidente al plantear que en este momento no piensa en candidaturas y a las de Massa que afirma que no cuenta con "contexto familiar para encarar una batalla electoral", abren todo tipo de especulaciones sobre el futuro binomio de candidatos que presentará el FdT en las próximas elecciones.
Fernández aspira a que el oficialismo retenga el poder; sostiene que quien asuma el 10 de diciembre de 2023 -cuando se cumplan 40 años del retorno de la democracia- contará con la oportunidad única de diversificar la matriz productiva al sumar a la tradicional exportación agropecuaria la capacidad de convertirse en proveedor mundial de gas, hidrógeno verde y litio.
El premio del esfuerzo, en todo caso, no será poco para quien gane.
La opinión de gobernadores, diputados y sindicalistas
Incógnitas y certezas en el Frente de Todos ante el renunciamiento de Cristina Kirchner
Dirigentes del oficialismo evalúan la decisión de la expresidenta y cómo encarar el 2023. Llamados a la unidad y críticas por la falta de firmeza frente al poder real.
La decisión de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner de renunciar a cualquier candidatura en 2023 tras ser condenada en la causa vialidad, provocó un sismo al interior del Frente de Todos, en donde distintos dirigentes comenzaron a expresar su visión de cómo enfrentar a los jueces del lawfere, el poder concentrado y las presidenciales del año próximo. Posturas en las que se incluyen llamados a “la unidad y dejar de lado las internas” hasta cuestionamientos internos por no haber enfrentado con mas dureza al poder real.
"Era previsible que ocurra esto. El discurso fue impecable pero la decisión de renunciar no es compartida. Creo que es lo que ellos pretenden: que uno renuncie a postulaciones", afirmó el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en declaraciones a la radio AM750. En ese sentido, sostuvo que "sabe de las convicciones" de la expresidenta y que "cuando toma decisiones lo hace con racionalidad", pero subrayó que "el único que puede excluir a un dirigente es el pueblo con su voto”.
Desde Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella lanzó duro un mensaje de unidad al interior del FdT luego del renunciamiento. “Creo que cada uno tiene que tener un poder de lucha y de combatir seriamente, pero en la unidad”, porque “si empezamos a dividirnos, si todos nos creemos Batman, se van a llevar puesto a Cristina y al resto”, advirtió el dirigente. Asimismo, Melella confesó haberla vivido “con mucho dolor y bronca” porque “se la ha arrinconado de una manera horrible” a la vicepresidenta. “Una cosa es cuando vos decidís no ser candidato por algunas cuestiones y otra cosa es decidirlo porque ya te cansaron, te pudrieron y te calentaron”, expresó el gobernador fueguino.
En un Encuentro Nacional de la Militancia en Rosario, el titular de la AFI, Agustín Rossi, expresó que la condena a CFK "le dio un sacudón a la vida política" y llamó a "quebrar el poder hegemónico de la Argentina". "Hay un sistema de poder que está por encima de los partidos políticos, nosotros no hemos construido un partido político para modificar ese sistema. Algunos creen que está todo bien y eso hicieron creer", aseguró y soltó una crítica para el oficialismo local: “Acá en Santa Fe ya sabemos que peronismo no va a defender a Cristina. También tenemos que saber dónde uno acumula poder político".
El presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, también expresó su conmoción por la decisión de CFK: "En algún lugar, esperábamos el fallo condenatorio, el pedido de inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero lo que no esperábamos era esta decisión de Cristina", admitió. "Si alguien cree que ella va a dejar de incidir, no solamente en el armado sino también en el plano público de los grandes debates que tiene la Argentina, la está menospreciando", resaltó.
En tanto, el dirigente camionero Pablo Moyano, apuntó contra sectores de la Justicia, el empresariado, los medios y la oposición, al tiempo que lanzó una dura advertencia hacia el interior del FdT: "Está bueno sacar comunicaditos, repudios, pero sin la gente en la calle, los tipos van para adelante". "Tiene que haber una gran movilización de los sectores que nos sentimos perseguidos y decirle al pueblo argentino que si vuelven estos tipos, se van a perder todas las conquistas que se han logrado", remarcó Moyano.
Balance de gestión de los primeros tres años de cada presidente y presidenta
La economía con Cristina, con Macri y con Alberto
Este sábado se cumplen tres años de gobierno. La fecha permite comparar las gestiones económicas de los tres últimos jefes y jefa de Estado. Qué herencia recibieron, qué contexto político e internacional les tocó, qué hicieron y cuáles fueron los mayores logros y fracasos.
Este sábado 10 de diciembre se cumplen tres años de Alberto Fernández como presidente. La inflación, con viento a favor, terminará levemente abajo del 100 por ciento para el tercer aniversario. El PIB crecerá bien por arriba del 5 por ciento. Los salarios e ingresos populares quedarán para la mayoría por detrás de la suba del índice de precios, mientras que las jubilaciones tendrán una leve recuperación general pero desde niveles deprimidos, con otras que perderán fuerte. El dólar oficial estará en torno a 180 pesos y el paralelo, este viernes, cotizó a 316.
La fecha permite comparar las gestiones económicas de los tres últimos jefes y jefa de Estado: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Qué herencia recibieron, en qué contexto político e internacional tuvieron que batallar, cuáles fueron los principales problemas a resolver, qué medidas tomaron y cuáles fueron los mayores logros y fracasos.
Cristina Kirchner
El día previo a su asunción, el 9 de diciembre de 2007, Cristina fue la estrella política de un evento histórico: la fundación del Banco del Sur. Néstor Kirchner, Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Nicanor Duarte Frutos firmaron en el Salón Blanco de la Casa Rosada una nueva declaración para concretar el ansiado proyecto, que hacía ya tres años estaba en elaboración pero no lograba emerger, como finalmente nunca ocurrió.
En el Salón Blanco, iluminado y brillante, destacaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La creación de una banca de desarrollo regional era un paso decisivo para la integración, una victoria en la lucha por la emancipación financiera y el primer escalón hacia una moneda común, según definieron los presidentes en el acto, que finalizó con las palabras de quien recibía todas las miradas porque al día siguiente tomaría la posta por Argentina de semejante proceso de transformación económica y social: CFK. “Ni en mis noches ni en mis días más fantasiosos podía imaginar esto”, dijo Cristina, mientras desde el público la envolvían con cánticos de "patria sí, colonia no".
Néstor Kirchner había dejado como herencia económica cuatro años de crecimiento a tasas chinas, niveles de pobreza y desocupación en baja -37 y 7,5 por ciento, respectivamente- superávits fiscal y comercial, una primera renegociación de la deuda en default con 76 por ciento de adhesión, la expulsión del FMI tras pagarle hasta el último dólar, un aparato estatal que recuperaba facultades de intervención y una mejora sostenida de salarios, ingresos populares y jubilaciones.
Tres meses después de la asunción de Cristina, el 10 de marzo de 2008, la ratificación de que el Gobierno iría todavía más a fondo con políticas de redistribución del ingreso quedó plasmada en la resolución 125, de derechos de exportación móviles para la soja y otros cultivos, en momentos en que los precios internacionales alcanzaban niveles record. La medida fue un parteaguas. Reorganizó la vida política nacional hasta el día de hoy, ya que en ese momento se constituyó una tenebrosa alianza de poderes fácticos, con medios de comunicación dominantes y sectores medulares del poder económico a la cabeza, a quienes luego se plegarían la oposición liderada por el PRO y operadores de máxima jerarquía del Poder Judicial.
Son los mismos actores que ahora, ya sin ningún tapujo, transparentan que la quieren muerta o presa a la vicepresidenta, como surge del intento de magnicidio de principios de septiembre, de la reacción posterior de esos sectores, y del fallo para proscribirla de esta semana.
El 15 de septiembre de 2008, dos meses después del voto no positivo de Julio Cobos a la resolución 125, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, sucumbía ante la crisis de las hipotecas subprime y desataba el peor cataclismo financiero internacional desde el crack de Wall Street en 1929.
Para colmo, una grave sequía agravó la situación interna. Martín Lousteau dejó de ser ministro de Economía en medio de la disputa por las retenciones móviles, su reemplazante, Carlos Fernández, estuvo en el cargo hasta julio de 2009 sin decir ni mu, para luego empezar otra etapa bisagra de conquista de derechos para los sectores populares con Amado Boudou en el Palacio de Hacienda.
En 2008 el PIB creció 7 por ciento, aunque desde el último trimestre de ese año hubo una fuerte caída por la crisis internacional, para cerrar 2009 con un alza del 0,9 por ciento gracias a un rebote en la última parte del año por la adopción de una batería de medidas contracíclicas, con la creación de la Asignación Universal por Hijo el 29 de octubre como estandarte.
El 29 de junio de ese año, Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa habían sido derrotados en las elecciones de medio término por la alianza entre Francisco De Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri.
La estatización de las AFJP en noviembre de 2008 y de Aerolíneas Argentinas en diciembre de ese año, la sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que llevó los haberes a máximos históricos a partir de 2009, la utilización de reservas del Banco Central para pagar la deuda externa desde enero de 2010, la reapertura del canje de deuda a mediados de 2010 -hasta alcanzar más del 94 por ciento de participación-, el fuerte impulso a la obra pública, el control de las importaciones y las paritarias al alza para los trabajadores fueron otros hechos destacados de esta etapa.
En 2010, la economía creció 9,2 por ciento, la pobreza descendió al 31,9 por ciento y el desempleo bajó al 7,3 por ciento. Ese año también se recuperaron los superávits gemelos, en tanto que la inflación quedó en 10,9 por ciento según el Indec y en 25,7 por ciento para el índice Congreso (legisladores de la oposición). En 2008, la inflación había sido del 7,2 por ciento para el Indec y del 21 para la consultora Economía y Regiones, por entonces comandada por Rogelio Frigerio.
Con esos resultados económicos y tras el fallecimiento de Kirchner en octubre de 2010, Cristina conseguiría una aplastante victoria con el 54 por ciento de los votos para la reelección en 2011.
Mauricio Macri
Al líder de Cambiemos le tocó asumir el 10 de diciembre de 2015 con una economía gastada. Desde octubre de 2011 había restricciones para la compra de dólares, bautizadas como cepo cambiario, ante un nuevo episodio de insuficiencia relativa de divisas como los que padeció histórica y cíclicamente la economía nacional. Ese era el principal problema, junto al ahogo financiero que provocaban los fondos buitre y el juez neoyorquino Thomas Griesa.
El PIB en 2015 había crecido 2,7 por ciento, tras caer 2,5 puntos en 2014. El déficit fiscal primario fue del 1,9 por ciento para el gobierno de Cristina y del 5,8 en la reinterpretación que hizo Alfonso Prat Gay en enero de 2016. En 2015 se había registrado déficit comercial por 3035 millones de dólares. La inflación había sido del 23,9 por ciento, según el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. La pobreza estaba en 29 por ciento según la Universidad Católica Argentina y la desocupación, en 5,9 por ciento, de acuerdo al Indec.
Desde el levantamiento del cepo cambiario y la devaluación inicial a fines de 2015, el gobierno de Macri hizo un giro de 180 grados respecto a las políticas del kirchnerismo. Le pagó a los fondos buitre y arrancó otra etapa de endeudamiento desenfrenado, incluida la vuelta del FMI en mayo de 2018, con el préstamo más grande de la historia tanto para el país como para el organismo, por 57 mil millones de dólares, de los que se desembolsaron 45 mil millones.
El nuevo ciclo neoliberal incluyó recortes del gasto público, tarifazos de electricidad de hasta 4900 por ciento y de gas de hasta 1900 por ciento, según el observatorio de la Universidad de La Plata. Se abrieron las importaciones y cerraron 25 mil pymes. Hubo un industricidio, con represión a trabajadores despedidos y recomendaciones a los fabricantes de reconvertirse en importadores. Se bajaron o anularon retenciones a las exportaciones agropecuarias, se liberó la entrada y salida de divisas y aumentaron las tasas de interés, generando una bestial bicicleta financiera financiada con deuda. Las jubilaciones, con la reforma previsional, y los salarios cayeron en picada.
La inflación se disparó a cerca del 40 por ciento en 2016 (no hubo registro oficial por la "emergencia estadística"), retrocedió al 24,8 por ciento en 2017 y volvió a trepar al 47,6 por ciento en 2018. Para ese año Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, había proyectado un índice de 10 por ciento (más-menos 2). La pobreza avanzó al 32 por ciento en 2018, con una desocupación del 9,1 por ciento. El PIB cayó 2,5 por ciento (también bajaría en 2019, completando tres de cuatro años en retroceso).
Descontrol cambiario, recambio de ministros de Economía y presidentes del BCRA (entraron Nicolás Dujovne y Luis Caputo), crisis sin freno, así terminaba su tercer año en el gobierno Mauricio Macri. La situación se pondría peor en 2019 y, pese a un desesperado plan platita de última instancia, el amarillo se convertiría en el primer presidente que no conseguiría la reelección desde la reforma constitucional de 1994, excluyendo a Fernando de la Rúa, quien tuvo que marcharse antes del poder con Patricia Bullrich y Hernán Lombardi como nexos entre ambas experiencias.
Alberto Fernández
Lo primero que hizo Alberto Fernández en medio de la crisis descomunal en la que le tocó asumir fue rechazar más desembolsos del FMI y encarar una renegociación del préstamo ruinoso que había tomado Juntos por el Cambio. El cepo cambiario ya lo había vuelto a instaurar Macri antes de irse, mucho más apretado que el que había dejado Cristina.
Antes de la llegada de la pandemia, Alberto también dispuso aumentos salariales generalizados por decreto, en lo que parecía una vuelta a los orígenes del kirchnerismo.
Sin embargo, la irrupción del coronavirus en marzo lo alteró todo, obligando a cerrar la economía para evitar la propagación de la covid-19. La convocatoria a un gran acuerdo social para alinear precios y salarios quedó en la nada. El intento de estatización de Vicentin también, con el agravante de que el Presidente pidió perdón por haberlo intentado.
A pesar de la fuerte intervención para garantizar ingresos a la población, con el IFE y el ATP, el caos mundial por la pandemia alcanzó de lleno a la economía nacional, que en 2020 tuvo un declive del PIB del 9,9 por ciento. Aun así, el gobierno del Frente de Todos volvió a algunas de las bases del proyecto que inició Kirchner en 2003, como el control de la cuenta capital, la limitación de las importaciones, el impulso al salario mínimo y a las paritarias, el restablecimiento de una fórmula de movilidad jubilatoria similar a la de Cristina y Boudou, desplegó política de ingresos con bonos y sumas fijas, limitó los aumentos de tarifas y generó crédito subsidiado para la producción y el consumo.
Martín Guzmán, ministro de Economía, y Matías Kulfas, en Desarrollo Productivo, comandaron la nave hasta mediados de este año, con aprobados en números macroeconómicos -el PIB creció 10,3 por ciento en 2021, la industria ya está en niveles de 2017-, baja de la pobreza al 36,2 por ciento en el primer semestre de 2022 (se había catapultado al 42 con la pandemia) y desocupación del 6,9 por ciento al término del segundo trimestre del año.
Guzmán también logró un trabajoso acuerdo con acreedores internacionales y con el FMI, que desataron, sobre todo este último, una grave crisis política en el oficialismo. Pero, sobre todo, la gestión de Alberto y Guzmán careció de la valentía y la potencia para encarar transformaciones estructurales que sí tuvieron las experiencias kirchneristas entre 2003 y 2015.
La llegada de Sergio Massa en un contexto delicado logró restablecer equilibrios básicos, aunque la inflación ya estaba en vuelo y terminará el año cerca de los tres dígitos. La guerra que estalló en Europa a principios de año fue un factor clave, frente al cual el gobierno se vio superado. El mercado cambiario está desdoblado de hecho y sigue siendo el gran problema a resolver.
Alberto termina su tercer año de gobierno con la economía en marcha, pero sumamente desgastado, lo que parecería sacarlo de la cancha para intentar la reelección en 2023. El tiempo dirá qué toca.
Fuente:Pagina12
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