Van Ditmar, anfitrión de «los huemules»
y garante de la impunidad
de Joe Lewis
Por: Alejandro Pairone*, Resumen Latinoamericano, 11 de diciembre de 2022.
El gerente y testaferro de los negocios del magnate amigo de Macri quedó complicado en la causa de los chats. Lidera un virtual ejército privado que bloquea el Lago Escondido.
Cada vez que sale el sol en la Comarca Andina la empresa Lago Escondido viola un sinnúmero de leyes argentinas, como la de Defensa Nacional y de Seguridad de Fronteras, ejerce violencia física contra quienes la cuestionan e incumple fallos judiciales de todas las instancias, según las denuncias, sentencias y dictámenes de todos los poderes del Estado argentino.
Ese fue el lugar elegido por el Grupo Clarín para regalarle un lujoso tour con vuelo privado a un grupo de jueces, fiscales y funcionarios porteños, que se convirtió en escándalo de corrupción jamás tan claramente constatado. “Son una mafia, un Estado paralelo”, los definió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde su conformación en 1996, la empresa Hidden Lake (Lago Escondido) viola la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, concordante de la de Defensa Nacional, que en sus artículos 2° y 4° establece una franja de Seguridad de 150 kilómetros en la frontera terrestre y de 50 en la marítima, a la que solo pueden acceder argentinos nativos autorizados por una Comisión especial dependiente del Consejo de Defensa Nacional.
Hidden Lake pertenece al holding británico Tavistock Group, del magnate inglés Joseph Lewis, quien vive sobre un yate anclado en la costa de la guarida fiscal de Bahamas para eludir impuestos en el Reino Unido. Hidden Lake también desconoce la Ley de Fronteras en la costa rionegrina, donde posee la estancia Bahía Dorada de 10 mil hectáreas. Allí montó un aeropuerto privado de 2.200 metros para aviones de gran porte y construyó una “aldea” de cinco mansiones sobre sus 14 kilómetros de playas, en las que son muy frecuentes los tours de invitados VIP locales y extranjeros pero a salvo de miradas indiscretas que puedan hacerlo público.
El agravio a la legalidad argentina fue denunciado en octubre de 2016 por el exProcurador General del Tesoro, Carlos Balbín, para quien la compra de las tierras fue producto de maniobras fraudulentas tendientes a ocultar a su verdadero propietario. Lo hizo en una resolución compartida con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con la que pidió al Ministerio del Interior recuperar las tierras, pero el entonces jefe de esa cartera, Octavio Frigerio, se negó y archivó el caso al considerarlo “un gasto innecesario de recursos”.
En mayo de 2022, el director de la Inspección General de Justicia (IGJ) acusó a Hidden Lake de ser una empresa ficticia y exigió al Poder Judicial que declare su nulidad y proceda a “su inmediata liquidación”. “Hidden Lake resulta una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio o la producción de bienes y servicios, sino que sirve para disfrazar el cuantioso patrimonio del señor Lewis. Es una sociedad simulada que no realizó actividad comercial alguna”, afirmó Nissen.
Desde el momento de su conformación, la empresa británica Hidden Lake impide el acceso público al Lago Escondido, sobre cuyas playas construyeron la mansión donde en octubre pasado se alojaron los invitados del Grupo Clarín.
Eso lo garantiza personalmente el gerente y testaferro de los negocios de Lewis en la Patagonia, Nicolás Van Ditmar, quien en octubre pasado recibió al tour judicial organizado por Clarín.
Van Ditmar quedó complicado en la causa que investiga los posibles delitos cometidos durante ese viaje de placer. Los denunciantes pidieron su procesamiento y detención por “falso testimonio” y “falsificación de documento público”, debido a que presentó en el juzgado facturas presuntamente posdatadas para probar que los invitados pagaron sus propias estadías. Pero los chats filtrados de los viajeros revela exactamente lo contrario, y que además le guionaron su declaración judicial “para que no diga nada”.
Van Ditmar ya había sido procesado antes por “amenazas e intimidación pública”, cometidas durante una manifestación frente a la casa de un juez de la Corte de Río Negro, Víctor Sodero Nieva, tras un fallo adverso por el acceso al Lago. “Vamos a resistir y si hace falta con el (fusil) Winchester en la cintura. La justicia por mano propia muchas veces es el camino. No van a entrar nunca y la vamos a pelear con sangre si hace falta”, amedrentó el testaferro.
Con el tiempo, el gerente pasó a los hechos y conformó un virtual ejército privado que reiteradamente atacó a los participantes de la Marcha por la Soberanía, que se realiza cada mes de febrero para alcanzar las costas del Lago Escondido.
En la marcha de 2022 lo identificaron al frente de una patota de 50 personas armadas y lo denunciaron en la Justicia por “privación ilegal de la libertad, actos de piratería y atentado a la soberanía nacional”. No era la primera vez: los manifestantes ya habían sido agredidos ferozmente a pedradas y palazos en 2020, y en 2019 dos militantes sufrieron golpes y un principio de hipotermia al ser hundido un kayak en el que intentaron navegar por el Lago.
La violencia física resulta un correlato de la desobediencia impune de 10 fallos judiciales que entre 2009 y 2022 le exigieron a la empresa y al Gobierno de Río Negro la reapertura del viejo camino al Lago por la vía más corta y accesible. Se lo ordenaron en total 25 jueces de primera y segunda instancia, del Supremo Tribunal de Río Negro y de la Corte Suprema de la Nación, pero el ejército de abogados de Hidden lake logró mantenerla a salvo de las leyes argentinas.
En otras ocasiones Lewis logra que el gobierno de Río Negro la rescate de la ilegalidad, como en el grosero incumplimiento en los términos de la concesión de una central eléctrica de Río Escondido, cerca del Lago, o la construcción de un lujoso barrio privado de montaña en un Área Natural Protegida declarada Reserva de la Biósfera por la ONU.
Con el winchester a la cintura, con ejércitos de irregulares o de abogados, o con gobiernos dóciles a sus negocios, la empresa británica se ha mantenido durante más de 25 años al margen de la legalidad nacional.
Envio:ResumenLatinoamericano
Reunieron más de 10 mil firmas
Pedido de juicio académico contra Ercolini
Docentes, estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires juntan firmas para abrir un juicio académico al juez federal Julián Ercolini luego de que trascendiera su participación en el viaje a Lago Escondido junto a otros integrantes de la justicia, empresarios de medios, funcionarios y dirigentes macristas. "Cabe recordar que la Universidad de Buenos Aires es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, que procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica (Estatuto Universitario: Bases III), por lo que esta situación no debe pasar inadvertida", indicaron en una carta profesores de la Facultad y destinada a las autoridades de la casa de estudios ante la falta de respuestas. El juez federal Ercolini es profesor y Director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la UBA. La iniciativa ya cuenta con más de diez mil firmas de la comunidad educativa de la unidad académica. Entre quienes firmaron la iniciativa se encuentra Alejandro Alagia, Marisa Herrera, Ricardo Nissen, Gustavo Caramelo, Juan Carlos Fernández Madrid. ¡Firmá vos también!, piden en flyer difundido a través de las redes.
Viaje a Miami para planificar los hostigamientos judiciales
La foto que compromete a Cristian Ritondo y Sebastián Scalera
Bajo la gestión Vidal, el Ministerio de Seguridad organizó viajes con funcionarios judiciales, que luego armaron causas contra sindicalistas y empresarios.
Buenos Aires/12 accedió a documentos que acreditan que, durante los primeros meses de 2017, el entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y su jefe de gabinete, el abogado Marcelo Rochetti, organizaron un viaje a Miami con el fiscal Sebastián Scalera. Ritondo y Rochetti pertenecían al Poder Ejecutivo y Scalera era y sigue siendo parte del Poder Judicial.
El material gráfico es un elemento más de la promiscuidad entre funcionarios macristas y judiciales. El viaje a Lago Escondido dista de ser un hecho aislado y parece un hito más de una práctica habitual.
Una de las fotos a las que accedió este diario los muestra distendidos, en una mesa al aire libre, compartiendo una cerveza como grandes amigos. Ellos son Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti, Sebastián Scalera y Vicente Ventura Barreiro. Pero hay más documentos en juego, en línea con una suerte de réplica bonaerense del Liverpool, equipo de fútbol que se desempeña en la quinta "Los abrojos" de Mauricio Macri y no en Inglaterra. Allí revistan los funcionarios judiciales Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, famosos por su actuación en la causa sobre la obra pública de Santa Cruz.
Fuentes del ámbito judicial bonaerense subrayan que ese viaje a Miami es apenas anterior a hechos y detenciones resonantes, como la del dirigente de la UOCRA platense Juan Pablo “Pata” Medina, el denominado “rey de La Salada” Jorge Castillo y el líder de la barra brava de Independiente Bebote Álvarez. En este último caso, el arresto se produjo con el fin de obtener una declaración suya contra Hugo y Pablo Moyano. Las fuentes consultadas, que pidieron reserva de identidad, aseguran que el viaje fungió tanto de favor o dádiva como de instancia de planificación.
Las causas mencionadas tuvieron amplia cobertura mediática, porque formaban parte de lo que la gestión Vidal predicaba como “el combate a las mafias”. Combate que, en muchos casos terminó en sobreseimientos, faltas de mérito y denuncias contra los jueces y fiscales. Recientemente, Ritondo denunció al juez Alejandro Daniel Esmoris, por mal desempeño y prevaricato, por haber declarado la nulidad de lo actuado contra Juan Pablo “Pata” Medina.
Pero esa decisión judicial, tanto como la de la Cámara de Casación -sala Víctor Violini, Ricardo Borinsky, Daniel Carral-, que resuelve la nulidad de la causa contra Hugo y Pablo Moyano, parten del informe producto de la investigación parlamentaria de la comisión bicameral de inteligencia. Allí quedan demostrados el espionaje y las presiones para obtener testimonios, entre otras prácticas habituales de este sistema, cuya cabeza visible era -es- el procurador provincial Julio Conte Grand.
Hay, además, otro elemento común. Los perseguidos eran hombres poderosos, que administraban enormes sumas de dinero. Para las víctimas, se trataba de eso. “Querían hacernos a todos lo que al Caballo Suárez: meternos en cana para intervenir el gremio, el club, la feria en mi caso o lo que fuera, y vaciarlo”. afirma Jorge Castillo. Efectivamente, tras la detención de Suárez, Macri designó a Gladys González interventora del SOMU. De ese paso, la actual senadora acumula denuncias de fraude y corrupción.
Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense hasta 2019, hoy es diputado nacional integrante de la comisión bicameral de inteligencia y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Inició su carrera como dirigente justicialista en el barrio porteño de Mataderos. Su jefe político era Miguel Ángel Toma, ex secretario de Seguridad Interior durante el menemismo y ex jefe de la Side durante la gestión de Duhalde, con quien compartía además una excelente relación personal. Ritondo pasó del PJ al Pro a instancias de Carlos Grosso.
Marcelo Rochetti fue el jefe de gabinete de Ritondo en su paso por Seguridad, pero su relación data de muchos años. Denunciado por Carrió, tuvo que abandonar el ministerio en 2018, pero siguió prestando servicios sin cargo. Rochetti, amante de los Porsche, operador judicial y abogado, suele tomar a su cargo causas de alta visibilidad: representó al jefe de la barra brava de Boca “Rafa” Di Zeo y, más recientemente, a Matías Morla, en su disputa con la familia Maradona por la marca del astro o el divorcio de Rodrigo De Paul. La causa conocida como “Gestapo Pro”, iniciada a partir de la filtración del video de una reunión en oficinas del Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra el Pata Medina, entre otros, fue derivada hacia Comodoro Py. Marcelo Rochetti, es hoy abogado defensor de varios involucrados en dicha causa.
Sebastián Scalera, el fiscal de Lomas de Zamora, es oriundo de zona sur, tiene cuarenta y siete años de edad, ingresó a la justicia a los veinte. Cuenta con línea directa con su jefe, Julio Conte Grand, que lo considera de su máxima confianza. “Acá no existe el cuentapropismo, olvidate. Scalera viaja enviado por Conte Grand”, afirman fuentes judiciales.
El procurador bonaerense acumula denuncias en su contra. La más reciente, impulsada por la diputada Susana González, por negarse a investigar irregularidades cometidas por funcionarios de Juntos por el Cambio en Astilleros Rìo Santiago, por un monto de 95 millones de dólares. Pero en la cámara alta hay paridad absoluta -23 a 23-, empate que impide su juicio político y consecuente remoción.
Scalera fue el fiscal del caso “La Salada”, por el que Jorge Castillo irá a juicio oral. Los demás aceptaron autoincriminarse a cambio de penas menores. Castillo sostiene que lo detuvieron porque el macrismo quería quedarse con la recaudación de los puestos callejeros, que entonces superaba los tres millones de dólares mensuales, y él se negó. “Querían la recaudación de La Rivera, que en realidad es un negocio de cada frentista, de la gente del barrio con la que yo me crié y no estaba dispuesto a traicionar. Todo lo que vino después fue el vuelto de eso. Comimos dos veces en La Ramona, en General Paz y Provincias Unidas. Una pagué yo y la otra pagó el abogado de ellos, los dos con tarjeta de crédito. La reunión era a las 13. Como pasaron quince o veinte minutos y el tipo no aparecía lo empezaron a llamar y a llamar."
Vicente Ventura Barreiro en 2017 era subsecretario provincial de Planificación, Gestión y Evaluación de Seguridad. Tenía a su cargo la Superintendencia de Inteligencia Criminal y se veía a sí mismo como sucesor de Ritondo en un hipotético segundo mandato de Vidal, mandato que la voluntad popular se encargó de abortar.
“Ritondo siempre quiso manejar Independiente”, afirman cerca de los Moyano, y recuerdan que Bebote Álvarez fue detenido ese mismo año por el presunto delito de extorsión contra Ariel Holan, entonces entrenador del club. Bebote aceptó el acuerdo que le propusieron los fiscales e incriminó a Moyano en un supuesto fraude a través de un fideicomiso, para quedarse con el dinero de la compraventa de jugadores. La jugada no salió, porque el juez que entendía en la causa, Luis Carzoglio, no cedió a las presiones de la AFI. Por tal motivo, continúa suspendido.
Finalmente, Ritondo logró hacerse del tan ansiado control del club: su candidato, Fabián Doman, ganó las elecciones a principios de octubre con un contundente 72 por ciento y el macrismo vuelve a manejar un club de primera división, un grande histórico aunque de presente muy devaluado. ¿Le devolverán su viejo esplendor? Curiosamente, el club recibió recientemente una denuncia millonaria por incumplimiento de contrato del DT Miguel Brindisi, que lo dirigió pocos partidos hace casi una década.
Informe de Jefatura de Gabinete sobre RTA
Los sueldos de la televisión pública
Jefatura de Gabinete envió un informe al Senado de la Nación en el que consignó que la Televisión Pública tiene un plantel de 1.071 empleados con un sueldo bruto de 300 mil pesos y 14 directivos que cobran más de un millón de pesos por mes, según trascendio en el día de ayer. El jefe de gabinete, Juan Manzur, brindó la información como parte de 589 preguntas enviadas por senadores y senadoras. Entre las preguntas, el senador por Tierra del Fuego de JxC, Pablo Blanco, incluyó una específicamente destinada a saber la "cantidad de empleados por categoría y sueldo estipulado para cada una de ellas" en la TV estatal y la cantidad de empleados en diciembre de 2018 y ahora. La respuesta de Manzur quedó integrada a un Informe remitido al Senado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete.
La TV Pública forma parte de la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA), que también incluye Radio Nacional. La presidenta de la empresa estatal RTA es Rosario Lufrano. Según el informe de Manzur, tiene un salario bruto mensual de $ 1.267.155. El director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez, simpre según el informe, percibe más que Lufrano: $ 1.371.756, que con los descuentos de obra social y aportes jubilatorios queda en $ 978.920 de sueldo neto mensual. También cobran $ 1.371.756 de sueldo bruto la auditora de RTA y otros cuatro directores de la empresa estatal. Los otros seis integrantes del directorio de RTA tienen un sueldo bruto de $ 1.267.155 mensuales. Hay otros 135 empleados de RTA cuyos salarios brutos están por encima de los $ 500.000, según las planillas entregadas por Manzur al Senado de la Nación. El plantel de empleados a diciembre de 2018 era de 927 agentes, y a octubre de 2022 es de 1.071 agentes, según información que se conoció a partir de la divulgación del informe.
Los salarios de los directivos son superiores a los de senadores y diputados y también superiores a lo que cobra el Presidente Alberto Fernández.
Rosario Lufrano tuvo otra gestión anterior como directora ejecutiva de la TV Pública, entre 2006 y 2008, cargo al que renunció con la salida de Alberto Fernández de la jefatura de gabinete de CFK. Lufrano trabajaba como empleada de la TV Pública antes de 2006 y siguió trabajando luego hasta un acuerdo de desvinculación por casi 30 sueldos, que firmó en el año 2016 bajo el patrocinio legal de Alberto Fernández. Pese la indemnización, volvió a la gestión en enero de 2020 como presidenta de RTA, la empresa que maneja la TV Pública y Radio Nacional, designada por el presidente Alberto Fernández, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2025.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario