Ataque informático a la compañía de seguros La Segunda
Los hackers piden rescate millonario
La aseguradora -una de las más importantes del país con sede en Rosario- afronta “una situación compleja, con la firme convicción de no ceder ante solicitudes ilegales”.
La compañía La Segunda Seguros, una de las empresas más grandes de Rosario, fue víctima de un ciberataque por parte de un grupo de hackers internacionales que logró ingresar en su sistema y robar información privilegiada por la cual ahora piden un rescate millonario. Según confirmaron desde el propio grupo asegurador, se trata de “un ataque informático con ransomware de carácter extorsivo sobre parte de sus sistemas". El hecho ocurrió hace dos semanas y todavía no pudo ser resuelto, afectando severamente el trabajo de los más de 1.300 empleados que tiene la empresa rosarina. A través de un comunicado, la aseguradora aclaró que afrontan “una situación compleja, con la firme convicción de no ceder ante solicitudes ilegales”.
A la larga lista de delitos que sufre cotidianamente Rosario, ahora se suma esta modalidad de ataque informático que puede ser nuevo para la ciudad pero que ha ido en aumento en el mundo y que tiene como blanco principal a grandes compañías, como es el caso de La Segunda Seguros. Este tipo de hackeo, denominado ransomware, consiste en restringir el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pedir un rescate a cambio de quitar esta restricción. En el caso de la empresa aseguradora la situación se torna más compleja porque esa información sustraída involucra datos personales de sus clientes. Por ese motivo, el pedido de dinero que hacen los ladrones informáticos asciende a 50 millones de dólares.
Si bien hay pocos detalles de los atacantes, se trataría de un grupo internacional especializado en infiltrarse en diferentes sistemas encriptados. Según trascendió en los medios, los hackers dejaron un mensaje explicando el alcance del delito: “Durante nuestro ataque, todos los servidores fueron bloqueados. Toda la información de la compañía fue robada. Tenemos información sobre aseguración y sobre sus clientes, incluyendo sus datos personales. Todo esto y mucho más (más de 100.000 filas) será publicado en caso de que no paguen un rescate razonable”. Esa información sustraída incluiría datos personales de clientes y empleados, pólizas, documentos, contratos, etc.
Si bien el hecho se produjo hace dos semanas y media, recién ahora salieron a hablar desde el grupo asegurador para confirmar que fueron “objeto de un ataque informático con ransomware de carácter extorsivo sobre parte de sus sistemas". Para llevar calma a sus clientes, explicaron que de forma inmediata activaron los “protocolos de seguridad para normalizar la situación e investigar sus causas" y destacaron que sumaron “el soporte de reconocidos consultores nacionales e internacionales en ciberseguridad".
Por su parte, mencionaron que "es posible que existan demoras o inconvenientes en algunos de nuestros servicios a través de canales digitales, pero estamos trabajando para darle solución y los mantendremos informados". Finalmente, la empresa aseguró que no van a ceder “ante solicitudes ilegales que son opuestas a la identidad que hemos venido cultivando hace ya 90 años".
Toda esta situación afectó considerablemente el trabajo que lleva habitualmente la compañía, afectando directamente a sus más de 1.300 empleados. Rosario/12 se puso en contacto con uno de los trabajadores, quien prefirió permanecer en el anonimato, para conocer cómo se vive la situación desde adentro. Según relató, el ciberataque se produjo a través de un correo electrónico del sector de ART de La Segunda y de esa manera los ciberdelincuentes pudieron ingresar a toda la base de datos, robando la información que tiene la compañía de sus propios asegurados. De acuerdo a lo que pudo averiguar este empleado, la empresa se niega a pagar el rescate porque “no sería garantía de nada” y la extorsión podría continuar.
Al ser consultado sobre cómo se vio modificada su actividad, la fuente explicó que hace dos semanas y media están sin sistema y solo se habilitaron 20 computadoras particulares para toda la empresa. “Ahora nos estamos turnando para sacar los casos críticos porque nos dieron de baja a todos los empleados del sistema para que no se siga filtrando más información. Por eso habilitaron pocas computadoras más seguras para que podamos ir trabajando y sacando los temas más importantes o que no se pueden postergar”, aseguró. Además, detalló que hasta ahora “tuvimos cero producción porque estuvimos dos semanas frenados, no podíamos ni emitir una póliza”.
En cuanto a la resolución del conflicto, la fuente consultada mencionó que la empresa sigue trabajando para solucionar el tema pero “todavía no tenemos mayores novedades”. Y agregó: “Por el momento los más de 1.300 empleados seguimos laburando con 20 computadoras físicas en casa central y algunos 20 usuarios remotos que nos habilitaron. Tuvimos que sumar turnos los días viernes, sábados y domingos, con dos guardias para conectarse y sacar los temas más urgentes. Estamos trabajando de lunes a lunes”. Por otro lado, el trabajador se mostró aliviado al saber que el pago de los sueldos no se verá afectado: “El viernes nos aseguraron que nuestro cobro no corre peligro y que nos van a pagar de forma normal”.
HELADERIA
Accidentes laborales en 2022 en cada uno de los 19 departamentos
De la precarización del obrero a la prevención
El diputado Del Frade presentó un pedido de informes. El gobierno detalló que la tasa de siniestralidad es la misma desde hace varios años.
A raíz de la muerte de un trabajador de una cooperativa de servicios públicos de Pérez mientras limpiaba una alcantarilla el pasado 6 de febrero, el diputado provincial Carlos del Frade (FSyP) presentó un pedido de informes sobre las causas del episodio y agregó que se anexe información de los accidentes laborales sufridos durante todo 2022 en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. El legislador se basó en el último informe provisorio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) que sostiene que en los meses que van de enero a septiembre del año pasado se produjeron 34.226 accidentes laborales en la provincia y se contabilizaron 46 accidentes laborales mortales. Desde el gobierno provincial afirmaron que la tasa de siniestralidad en Santa Fe es la misma desde hace varios años. "Se mantienen prácticamente los mismos números, pero a nuestro criterio han mejorado, porque además hubo un aumento en los accidentes in itinere. El 50% de los accidentes mortales fueron cuando el trabajador de desplazaba hacia o desde el lugar de trabajo", señaló el subsecretario de Fiscalización y Control provincial, Facundo Osia.
Al referirse a los números publicados por la SRT desde enero a septiembre del año pasado en Santa Fe, Del Frade precisó que se produjeron 34.226 accidentes laborales. "Esto quiere decir 3.802 por mes. 126 accidentes laborales por día. 5 accidentes laborales por hora. Un accidente laboral en la provincia de Santa Fe cada doce minutos, y se contabilizaron 46 accidentes laborales mortales", describió.
Según el subsecretario de Fiscalización y Control del Ministerio de Trabajo se mantienen los mismos números. "Y diría que hasta son mejores porque el diputado no toma el informe anual de la SRT, que todavía no está terminado, y sobre todo porque hay más accidentes in itinere. De hecho, el 50% de los accidentes mortales ocurren cuando el trabajador tiene un accidente de tránsito de la casa al trabajo y viceversa. El ministerio no los investiga y tampoco se inspecciona porque no puede haber una forma de prevención", apuntó.
"Actualmente en la provincia hay más de 600 mil personas que cuentan con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Ya en 2021 venían mejorando los números del 2019 porque tras la pandemia hubo un aumento en la producción, y el año pasado siguió mejorando. Los números a los que se refiere el diputado son de las denuncias que ingresan a comisiones médicas, y muchos son rechazados", agregó Osia.
Al difundir su pedido de informes, Del Frade se refirió al trágico hecho ocurrido en Pérez el 6 de febrero cuando dos operarios de una cooperativa trabajaban en una desobstrucción de una alcantarilla del sistema cloacal y cayeron dentro. Ambos fueron rescatados por los Bomberos, aunque uno murió. Desde fiscalía, agregó el diputado, explicaron que se trata de dos personas que trabajan en la modalidad tercerizados.
"La mecánica del accidente laboral letal marca una pauta de comportamiento: se trataba de un trabajador tercerizado. Por eso es fundamental conocer si además de esa forma de precarización los trabajadores habían sido capacitados para esas funciones”, señaló.
En este caso, indicó el subsecretario de Fiscalización y Control provincial, se trata de una cooperativa que no se encuentra en el ámbito de aplicación del Ministerio de Trabajo: "Es una cooperativa de servicios públicos, y el trabajador que falleció estaba en relación de dependencia de la cooperativa, algo que me llamó la atención porque en casi todas las cooperativas de trabajo son asociados. En la investigación que realizamos, mientras esperamos la documental, comprobamos que el trabajador no contaba con un solo elemento de protección. También solicitamos la capacitación porque era un trabajo en una alcantarilla, estamos esperando que la entreguen ya que la investigación se realizó la semana pasada".
"Nosotros organizamos inspecciones de oficio en lo que tiene que ver con salud y seguridad, sobre todo en obras en construcción y en cerealeras, que son de riesgo altísimo. Las ART realizan inspecciones propias en los lugares de trabajo donde asegura. Cuando ve algún tipo de irregularidad, tienen la obligación de dar aviso a la SRT, que a través del convenio que tiene con el ministerio, nos avisa en prácticamente el 100% de todo los casos. Son aproximadamente 7.500 inspecciones anuales, algunas realizadas en conjunto. Además, la SRT nos obliga por el convenio a realizar la investigación de todos los accidentes mortales, salvo los in itinere", explicó el funcionario provincial.
Osia agregó que desde el área apuntan a realizar más inspecciones de oficio con actividades que tienen una alta tasa de siniestralidad. "El objetivo es realizar inspecciones más importantes, quizás no tanta cantidad, como en las cerealeras que duran todo el día, y no en todas porque las ART se cubren y denuncian todo a la SRT. Hay que realizar cuestiones de prevención seriamente para la gente. Sabemos que cuando vamos a una cerealera por un accidente, generalmente es grave, lo mismo que en una obra en construcción. En breve vamos a estar cambiando la metodología", adelantó.
Mientras trabaja en el desagregado para reponder el pedido de informes, el subsecretario de Fiscalización y Control provincial estimó que entre el 60 y el 70% de todo lo que está relacionado con inspecciones de salud y seguridad corresponden al departamento Rosario.
Monitoreo de los ríos de la provincia de Santa Fe
Control sobre cursos de agua
La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, encabezó una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer el monitoreo de los ríos de la provincia de Santa Fe. Durante el encuentro se avanzó en la estrategia de articulación de diferentes iniciativas entre el Instituto Nacional del Agua y el gobierno provincial para diversos cursos de agua, dando continuidad a las tareas que cada una de las partes viene realizando.
“Es fundamental que el monitoreo, las investigaciones y los estudios se profundicen en el tiempo y los diagnósticos vayan de la mano de posibles soluciones, teniendo en cuenta la realidad, particularidades y actividades de cada territorio”, comentó la ministra.
Gonnet remarcó: “Venimos trabajando en el monitoreo de diferentes cursos de agua y nos reunimos con el objetivo de potenciar ese control en otros ríos, articulando con el Instituto Nacional del Agua e incorporando a la ciencia y la tecnología en este tipo de tratamientos”.
“La misión consiste en buscar información y a su vez planificar alternativas que nos permitan dar soluciones a problemáticas de larga data, no podemos quedarnos en situaciones espasmódicas sino que lo que buscamos es establecer protocolos concretos sobre cada curso de agua y luego, como desarrollo final, lograr una plataforma que nos sirva como base de datos permanente y actualizada”, detalló Gonnet.
Encuentro provincial del PDP
Por un gran frente
El Partido Demócrata Progresista (PDP), que forma parte del Frente de Frentes junto a otros espacios políticos de la oposición en Santa Fe, llevó a cabo un encuentro en Puerto Aragón, a pocos kilómetros de Barrancas. “Este tipo de instancias son fundamentales para los demócratas progresistas y en este año particular, marcado por las elecciones, resultan clave para la organización partidaria. Las decisiones las tomamos de manera colectiva y respetando la institucionalidad de nuestro partido. Trabajamos por construir una alternativa de gobierno que sea federal y que respete las identidades de los partidos que la integrarán. Buscamos coincidir en un gran frente en este 2023 que nos permita recuperar el gobierno, pero, sobre todo, conducir los destinos de la provincia desde el 10 de diciembre con gran sentido de responsabilidad”, dijo el secretario general de la Junta y diputado provincial, Gabriel Real.
En el encuentro estuvieron más de 100 dirigentes de diferentes lugares de la provincia para seguir trabajando en la elaboración de un programa de gobierno que contemple puntos fundamentales relacionados con la educación, la seguridad, la producción; entre otros ítems que se están debatiendo junto a representantes de fuerzas políticas.
“La provincia y el país viven momentos críticos. Santa Fe está atravesada por la crisis de inseguridad y los indicadores económicos no son alentadores. Por eso estamos trabajando, desde el respeto a las realidades locales y los respectivos armados políticos, en una alternativa amplia. Nuestro Congreso Provincial se realizará en el mes de abril y allí definiremos las alianzas electorales. Mientras tanto, seguiremos recorriendo pueblos y ciudades logrando la representación del Partido Demócrata Progresista. Agradecemos la presencia de presidentes comunales, concejales, miembros de minorías y dirigentes que han llegado desde diferentes lugares para ser parte de esta reunión y a los anfitriones, que una vez más, nos han sorprendido con la organización”, puntualizó Real.
El Tribunal Oral de Santa Fe ordenó la detención domiciliaria
La médica que falsificó el nacimiento del nieto 120
La sentencia quedó firme siete años después del juicio que la condenó a 6 años de prisión, que ahora se redujo a 5 años y 6 meses.
Desde Santa Fe
La médica Elsa Nasatsky de Martino que borró la identidad del nieto 120 José Roberto Maulin Pratto en un operativo en el Sanatorio Reconquista durante la dictadura, en marzo de 1977, es culpable. La sentencia del juicio oral que la condenó en 2016 a seis años de cárcel por “falsificación ideológica de documento público” y “alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso ideal” quedó firme.
El Tribunal Oral de Santa Fe ordenó entonces la “inmediata detención” de la obstetra para que cumpla su condena que —por un cambio de calificación en la Cámara de Casación Penal (Sala 2), en 2019— la redujo también a cinco años y seis meses. En el nuevo veredicto, el Tribunal benefició a Nasatsky —por su edad— con “la modalidad de la prisión domiciliaria”, rechazó el pedido de la abogada querellante de Hijos, Lucía Tejera, para que se vigile la ejecución de la pena con un dispositivo electrónico y asignó esa tarea a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (el exPatronato de Liberados) que se encargará del “estricto cumplimiento de la medida ordenada”, dice el fallo de los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider. Sus fundamentos se conocerán hoy, a las 12.
José conoce su filiación desde 2009, cuando el análisis genético confirmó que era hijo de perseguidos por el terrorismo de estado: Rubén Maulín y Luisa Pratto y que lo habían “sustraído” en la misma sala de partos, en el Sanatorio Reconquista, en el norte santafesino, el 26 de marzo de 1977.
En el juicio de 2016, quedó probado que Nasatsky asistió el parto de Luisa y certificó el nacimiento del bebé como hijo de Cecilia Góngora y Luis Angel Segretín, los apropiadores. Ese “certificado de nacimiento —dice la sentencia del Tribunal— sirvió de base” para que el 6 de abril de 1977, Góngora pudiera inscribir al niño en el Registro Civil de Reconquista y le entregaran el DNI con el nombre falso: José Luis Segretín, con el que el Maulin Pratto convivió durante 32 años hasta conocer el resultado del ADN, en mayo de 2009.
El Tribunal dijo que Nasatsky al firmar “el certificado de nacido vivo” de José, también “certificó que los padres biológicos del niño eran Góngora y Luis Angel Segretín”. “Su obrar permitió” que la apropiadora pudiera inscribir al niño “como hijo propio y obtener la partida de nacimiento y el DNI”. “Sin ese documento, dicha inscripción no se hubiera podido realizar”, agregó.
Nasatsky, por su “calidad profesional de médica” —explicó el Tribunal—, debía garantizar la “legalidad de los hechos de los que daba fe”. Pero en el caso concreto, “al comportarse del modo en que lo hizo, no podía desconocer de ninguna manera el perjuicio que su conducta produciría en el transcurso de la vida de la víctima, al limitarle su realización en el marco de sus verdaderos vínculos parentales”. En marzo de 1977, la obstetra tenía 40 años.
En los alegatos, el fiscal Martín Suárez Faisal pidió 10 años de prisión para Góngora y Nasatsky por los tres delitos que les imputó: “retención y ocultamiento de un menor de diez años previamente sustraído”, “supresión de identidad de estado civil de un menor” y “falsificación ideológica de documento público” y reclamó la “detención inmediata de ambas”. Los abogados querellantes de Hijos, Lucila Puyol y Guillermo Munné coincidieron en los cargos, pero extendieron el pedido de la pena al máximo de la escala: 15 años de prisión.
El Tribunal condenó a Góngora a ocho años de prisión como “autora” de las tres acusaciones del fiscal: “retención y ocultamiento de un menor de diez años previamente sustraído, falsificación ideológica de documento público y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso ideal”. Pero a Nasatsky la condenó a seis años de prisión como “autora y partícipe necesaria” de dos cargos: “falsificación ideológica de documento público” y “alteración del estado civil de un menor de diez años” y la absolvió en el tercero: “retención y ocultamiento de un menor de diez años previamente sustraído”.
El Tribunal declaró también que el “certificado de nacido vivo a nombre de José Luis Segretín” firmado por Nasatsky era “falso” y ordenó al Registro Civil de Reconquista que “rectifique” el acta de nacimiento y expida un nuevo DNI que acredite la “verdadera identidad” del apropiado.
La sentencia recién se cumplió seis años después, el 16 de diciembre de 2022, cuando la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol —que era querellante en el juicio— y el director del Registro Civil de la provincia Mariano Gálvez entregaron a José Roberto Maulin Pratto el acta de nacimiento de él y la de sus hijos, Malena y José Ignacio, los nietos de Rubén Maulin y Luisa Pratto. “Hoy se termina de hacer justicia”, dijo José.
En aquel juicio de 2016, el fiscal Suárez Faisal y los querellantes solicitaron también la “detención inmediata” de Góngora y Nasatsky, pero el pedido no prosperó. Por mayoría, con los votos Escobar Cello y María Ivón Vella —y la disidencia de Lauría—, el Tribunal decidió “mantener en estado de libertad” a ambas mujeres hasta que la condena quedara firme. Esto ocurrió recién esta semana, siete años después de la aquella sentencia, cuando la defensa se comprometió a no recurrir el veredicto del 16 de febrero de 2023 que redujo la condena a Nasatsky a cinco años y seis meses de prisión —porque un fallo de Casación de 2019 consideró que el certificado de nacido vivo que la médica falsificó en 1977 no era documento público—, ordenó la “inmediata detención” de Nasatsky, pero dispuso que cumpla la condena en “prisión domiciliaria” porque tiene 86 años, al amparo de su hijo.
Gongora murió en “estado de libertad” el 19 de mayo de 2022. El Tribunal recién se anotició siete meses después —por un incidente de litigar sin gastos—, cuando en diciembre pidió la partida de defunción al Registro Civil de Reconquista y el 2 de febrero declaró “extinguida la acción penal” y dictó el sobreseimiento.
Pusineri
"Los chicos en la escuela"
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Robo de cables y metales en la provincia
Una Ley para evitarlo aguarda ser aprobada en Senadores
Ante el recrudecimiento del robo de cables y metales, una Ley para evitarlo aguarda ser aprobada en Senadores. En la Legislatura santafesina se encuentra con media sanción de Diputados y esperando sanción definitiva un proyecto de Ley de los diputados Oscar Martínez (FR) y Lionella Cattalini (FCyS) que hace hincapié en la necesidad de legislar sobre este tema para lograr frenar la ola de robos, basándose en varios puntos entre los que sobresalen la creación de un Registro de Comercializadores y Acopiadores de material no ferroso (que no existe en la provincia) para lograr controlar quiénes, cómo y dónde se encargan de vender lo robado, ya que detrás de esos “hurtos famélicos se han constituido verdaderas mafias que comercializan y llenan sus bolsillos con la venta al por mayor en el mercado negro del material procesado".
En las últimas dos semanas se produjeron tanto en la ciudad de Rosario como en la de Santa Fe una ola de robos tanto de cables de la vía pública de la EPE como de medidores de Aguas Santafesinas, porteros eléctricos de edificios, picaportes y hasta de placas de bronce en el Cementerio La Piedad. En la ciudad de Santa Fe además, la Cooperativa Setúbal que brinda el servicio de telefonía fija también fue blanco de esta escalada delictiva.
Mientras tanto, en la Legislatura santafesina se encuentra con media sanción de Diputados y esperando sanción definitiva de la Cámara de Senadores, un proyecto de Ley de los diputados Oscar Martínez (FR) y Lionella Cattalini (FCyS) que justamente hace hincapié en la necesidad de legislar sobre este tema para lograr frenar la ola de robos, basándose en varios puntos entre los que sobresalen la creación de un Registro de Comercializadores y Acopiadores de material no ferroso (que no existe en la provincia) para lograr controlar quienes, cómo y donde se encargan de vender lo robado, ya que detrás de esos “hurtos famélicos” se han constituido verdaderas mafias que comercializan y llenan sus bolsillos con la venta “al por mayor” en el mercado negro del material procesado.
Para conocer más acerca de esta Ley dialogamos con Oscar “Cachi” Martínez. “ Yo no sé si la gente lo sabe pero Santa Fe tiene el triste privilegio de haberse convertido en la capital nacional del robo de cables. Por eso desde el año pasado trabajamos mucho sobre la necesidad e una ley que detenga de una vez por todas esta situación. Así fue que junto a la diputada Cattalini llevamos adelante Audiencias Públicas en las que participaron empresas de telefonía, empresas y cooperativas prestadoras de servicios de conectividad, la Empresa Provincial de la Energía, la empresa Litoral Gas, Aguas Santafesinas, entre otras. Además estuvieron presentes autoridades de Ministerio Público de la Acusación ,autoridades municipales y representantes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe”, explicó Martínez.
“Uno de los problemas que se discutió allí -continuó- fue justamente las dificultades que existían hasta ahora por ausencia de herramientas legales de los Fiscales para ir contra las mafias que amparan la comisión de estos delitos. Al único que se podía castigar era al hurto famélico, flagrante, es decir al que encuentran robando medio metro de cable para venderlo. Pero toda la mafia , chacaritas, desarmaderos, chatarrerías que amparan y promueven el desarrollo de esta actividad delictiva no podían ser atrapados por el accionar de la justicia. Por eso este proyecto establece un régimen para que aquellos que comercialicen estos cables deban declarar el origen, tengan que tener el número de documento y deben dejar sentado de donde surgen cada una de las piezas o que venden. Así el Gobierno Provincial conjuntamente con los municipios controlarán de manera periódica si ese registro coincide con el stock, por ejemplo, y en el caso de que no se cumpla con la norma que estamos estableciendo se disponga la clausura y la remisión de esa información al Ministerio Público de la Acusación . A la vez esta Ley establece no solamente la posibilidad de que los Municipios colaboren sino tambien la posibilidad de constituir una Mesa Interinstitucional donde participen las empresas privadas y públicas afectadas por esta situación y que no solamente se destine al control a desarmaderos y chatarrerías sino también a aquellos que funden los materiales y aquellos que los transportan de manera ilegal”.
También fruto de las Audiecias, se conocieron detalles de algunas de las consecuencias del robo sistemático de cables, como el de que en la ciudad de Rosario una de las empresas de conectividad señaló que el año pasado tuvieron aproximadamente tres mil denuncias de robo de cables en la vía pública, que afectaron el funcionamiento de organismos públicos, escuelas, hospitales, y que dejaron sin conexión a barrios enteros. Además la Empresa Provincial de la Energía denunció en ese momento el robo de trescientos transformadores rurales y la misma empresa calculó el hurto de por lo menos siete mil toneladas de cables.
Para finalizar, el diputado del Frente Renovador recordó que tanto en diciembre del año pasado, como hace una semana atrás, envió cartas (que fueron publicadas) al Gobernador Omar Perotti para que este proyecto sea tratado en las Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Senadores. Visto y considerando la enorme escalada de robos en las últimas dos semanas, Martínez insistió en la necesidad urgente de tomar cartas en el asunto.
Principales puntos del proyecto
-Se creará en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia un Registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos.
-Estos deberán llevar un libro foliado y rubricado por la autoridad Municipal en el que deberán asentarse las actividades desempeñadas. Los establecimientos dedicados al acopio y la comercialización de metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados: puros, elaborados, incorporados en aleaciones, en piezas identificables o sus desechos, como así también cables o flexibles, utilizados específicamente para servicios públicos, sean estos establecimientos de venta, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, depósitos, chatarrerías y todo otro que realice actividad similar cualquiera fuere su denominación, deberán hacer constar en el libro mencionado los siguientes datos:
a) Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real y en su caso, comercial del vendedor y comprador de los bienes referenciados en el primer párrafo del presente artículo, y la correspondiente habilitación comercial con las certificaciones de inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la Administración Provincial de Impuestos (API);
b) Modalidades de compraventa realizada, especificando descripción y datos registrales –cuando resulte procedente- del bien comercializado, detallando asimismo fecha, número y monto del recibo oficial expedido con motivo de la operación comercial efectuada. En todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre el material descripto –en cuanto a peso, características y estado- en el libro rubricado, la documentación probatoria de su adquisición y legal tenencia, de su enajenación y las existencias en depósito;
c) Constancias de transporte, con datos sobre la empresa transportadora o fletera, copias de la facturación por ese servicio y obligatoriedad de que dicha empresa tenga registración comercial. En caso de tratarse de desechos ferrosos la empresa transportadora deberá tener la correspondiente aprobación especial para ese tipo de transporte;
-El Ministerio como Autoridad de Aplicación podrá solicitar a las autoridades municipales o comunales, a título de colaboración, los informes y documentación que pudieren suministrar respecto de estas actividades.
-Las Municipalidades y Comunas deberán requerir como condición inexcusable para dar trámite a las altas que se les soliciten en Registro e Inspección de Comercios, la acreditación de haber cumplimentado con su incorporación en el registro estipulado por esta ley.
-Las personas físicas y jurídicas que incurran en incumplimiento de las disposiciones, serán pasibles de la sanción de multa y/o clausura, según la infracción constatada y el grado de incumplimiento. En caso de reincidencia, será procedente la clausura del establecimiento y la notificación al Ministerio Público de la Acusación para que realice las investigaciones concernientes respecto a determinar a existencia de un delito contemplado en el código penal.
-La Autoridad de Aplicación -el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos- pondrá en funcionamiento, y hará difusión masiva, de un número telefónico exclusivo para la recepción de denuncias, identificadas o anónimas, con el objetivo de informar aquellas personas que estén en infracción con la presente ley.
-Se creará la “Mesa de Coordinación Interinstitucional” con el objetivo de generar acciones que permitan mejorar la prevención y persecución de delitos contra la propiedad cuyo objeto sea la obtención de materiales no ferrosos. La mesa será presidida por la Autoridad de Aplicación, la cual deberá convocar para su composición a representantes de los tres poderes del Estado Provincial, a las dependencias del Estado Nacional que por sus funciones contribuyan al objeto de la presente ley, y a empresas públicas o privadas prestadoras de servicios públicos.
- A los fines de concientizar y contribuir a la prevención en la comisión de delitos contra la propiedad cuyo objeto sean los materiales no ferrosos, la Autoridad de Aplicación realizará periódicamente, en todo el territorio provincial, campañas masivas de prevención y difusión de lo establecido en esta ley.
Comienza hoy el juicio por estafas inmobiliarias
La banda de los escribanos
Con 14 imputados en el banquillo y luego de dos suspensiones, hoy comienza el juicio sobre la megacausa por estafas inmobiliarias que desde 2016 tiene imputados a escribanos, contadores, sindicalistas y empresarios. Las audiencias que estarán a cargo del tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrin, Nicolás Vico Gimena y Román Lanzón se extenderán durante alrededor de tres meses en los que se ventilarán siete causas y unos 600 testigos -aunque el número puede variar- desfilarán por la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal. Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos, estarán a cargo de la acusación.
En octubre de 2016, la megacausa por estafas inmobiliarias salió a la luz y se conoció que había profesionales y empresarios involucrados además de prestanombres que formaban parte de las maniobras delictivas. Por esos días, el fiscal Narvaja ordenó -luego de dos años de investigación- la detención de una decena de implicados a quienes -junto a la fiscal Valeria Haurigot- acusó de haberse apoderado de diferentes tipos de inmuebles de manera irregular.
El hecho más resonante tuvo que ver con la compra-venta de un campo de 124 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista (fallecido) Ernesto Navarro, cuya primera venta se realizó con un poder apócrifo y luego fue pasando de mano entre los acusados "para meterlo en el circuito legal" y darle "apariencia de legalidad". La maniobra fue similar con otra media docena de inmuebles. Además, en 2020 se sumó otro caso a la acusación para que todos los hechos lleguen juntos al juicio.
Más de seis años después, el debate comienza este lunes y según la imputación que quedó formalizada tras varias jornadas de audiencia preliminar realizadas a fines de 2019, las penas incluyen pedidos de multa abultados para los implicados que llegan al debate en estado de libertad, que fueron obteniendo durante el proceso.
En el banquillo estarán sentados el escribano Eduardo Martín Torres; el vendedor de autos Juan Roberto Aymo; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; el contador y dueño de una clínica de implantes dentales Marcelo Jaef; el empresario automotriz Leandro "Lelo" Pérez, entre los más comprometidos. También, los escribanos Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann. La lista de imputados se completa con Ramona Rodríguez (pareja de Aymo), Magalí González de Gaetano, Sandra Moresco, Vanina Viglione, Andrés Martín, el comerciante Omar Buscellato y el escribano José Luis Gordó, entre los últimos implicados.
La imputación incluye los delitos de falsificación de instrumento público, estafa, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros. En tanto, algunas de las causas que serán ventiladas en las audiencias de juicio son la venta de terrenos y viviendas conocidas como casos Luppi, Morelli, Lacava, Giménez, Coman, González y Achaga.
En la megacausa ya fueron condenados en juicio abreviado Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano, a penas de 3 años; mientras que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal -ahora imputado en la causa por juego ilegal- planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.
Fin de semana con cinco crímenes en el departamento Rosario
Homicidio en Villa Gobernador Gálvez
En el marco de un fin de semana violento, el departamento Rosario sumó esta mañana una nueva víctima de homicidio. Diego Rubén Benítez, de 30 años, fue atacado el domingo, en la zona de calle Alvear y Camino del Inmigrante, de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y falleció en las primeras horas de este lunes.
Indicios recabados en la investigación dan cuenta que el hecho se produjo a las 21.30, cuando un llamado al 911, indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. Benítez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (foto), donde se detectaron dos heridas: en la zona lumbar y en estómago, según se indicó. Pese a los intentos por salvarle la vida, la víctima falleció a las 5 de esta madrugada.
Los primeros testimonios dieron cuenta de que personas a bordo de dos vehículos dispararon a Benítez. El caso quedó a cargo de la fiscal Gisela Paolicelli.
Se trata del crimen número 57 en el departamento Rosario, desde que comenzó el año. Durante el fin de semana hubo otros casos: Lucas Matias Piaggio, de 38 años, fue asesinado el viernes por la tarde, en Montevideo y Garzón; Sergio Sejas, de 39 años, fue atacado esa misma noche en España al 7000; Jeremias Villalba, de 21 años, también resultó baleado esa noche en Uriburu y Circunvalación; y Román Exequiel Acuña, de 21 años, fue víctima durante la madrugada del domingo, en Chubut y Chaparro.
Fuente:Rosario12
Legislatura santafesina
Con el fin de “democratizar la democracia”, el diputado provincial Carlos del Frade impulsa un mecanismo electoral para que la ciudadanía pueda remover a funcionarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo a través de un referendum.
El legislador del Frente social y Popular ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto en el que propone la posibilidad de ponerle fin a mandatos de funcionarios en Santa Fe ante el pedido de las y los ciudadanos. La iniciativa contempla a integrantes del poder legislativo y de los distintos ejecutivos y comunas.
“Desde el año 2001 en adelante, existe una profunda necesidad de democratizar la democracia, no solamente en la Argentina, sino en distintos países del mundo y especialmente en América del Sur”, argumentó el autor de la iniciativa que busca plebiscitar cargos públicos.
Según detalla la norma, el mecanismo para hacer uso de esta potestad es que el impulsor logre acompañar en su pedido de remoción del funcionario en cuestión un mínimo del 10 por ciento del electorado (de la ciudad o comuna) basado en el padrón de las últimas elecciones provinciales.
Además de fundamentar el pedido, otro de los requisitos para impulsar la destitución es que haya transcurrido más de un año desde la asunción al cargo del funcionario apuntado y que resten cumplirse más de seis meses de la finalización de su mandato.
“No hay participación popular solamente a través de las elecciones cada dos o cuatro años. Hacen falta mecanismos legales que le permitan a los distintos sectores sociales y políticos corregir los destinos de los tres poderes republicanos”, indicó el dirigente y también periodista de investigación.
Del Frade explicó que las o los interesados en impulsar una revocatoria deberán presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia argumentando su pedido, y luego, dicho tribunal dará un lapso de hasta un año para la junta de firmas que apoyen el apartamiento del funcionario.
El proyecto sostiene que una vez que las condiciones establecidas para activar la revocatoria hayan sido aprobadas, el Tribunal Superior convocará a un referéndum que deberá realizarse dentro de los noventa días.
Y si la opción por la revocatoria del mandato obtiene el apoyo de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, “el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará separado de su cargo”, planteó Del Frade. Ante tal situación, se habilitarán los mecanismos previstos para el reemplazo del funcionario/a removido y asumirá su cargo quien legalmente deba suplantarlo.
Fuente:RedaccionRosario
Lesa humanidad
A cinco años de la denuncia realizada por la agrupación Hijos y a 8 meses de
las indagatorias, aún no se resolvió la situación procesal de dos ex fiscales y
un secretario de juzgado durante la dictadura.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el ex
fiscal durante la última dictadura, José Luis Vázquez, para llegar a Casación Penal con
el fin de evitar la indagatoria por el delito de asociación ilícita que había solicitado el
fiscal Federico Reynares Solari para él, para el también ex fiscal Pedro Ramón Tiscornia
y para el ex secretario del Juzgado Federal N°2 de Rosario, Horacio Claverie, señalados
como cómplices del terrorismo estatal. Ese acto, en realidad, ya se cumplió en diciembre
pasado cuando el juez federal Nº4, Marcelo Bailaque, les tomó declaración, por lo que
fuentes del caso consideraron en diálogo con El Eslabón que el planteo de Vázquez
“devino abstracto”. De todos modos, los incidentes en el procedimiento hicieron que a
ocho meses de las indagatorias de los tres imputados por crímenes de lesa humanidad,
el juez aún no haya resuelto la situación procesal de los acusados. Una mora difícil de
explicar cuando la causa se originó en 2018, en una denuncia de la agrupación Hijos
Rosario.
Enamorados de la demora
El día del último San Valentín, la Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso de
casación interpuesto por el ex fiscal José Luis Vázquez, quien planteó que no se ampliara
la declaración indagatoria que ya le había tomado el juez Bailaque, pero que ahora
incluiría el delito de asociación ilícita.
El pedido lo había realizado el fiscal del caso, Reynares Solari, tanto para él como para
los co-imputados Tiscornia y Claverié, también funcionarios judiciales durante la última
dictadura.
Los tiempos procesales producen situaciones extrañas, ya que los tres fueron indagados
por el delito de asociación ilícita en diciembre último por el juez Bailaque. Es decir que el
ex fiscal solicita que no ocurra algo que ya sucedió.
Tras el rechazo de la Cámara, Vázquez cuenta ahora con la posibilidad de interponer un
recurso extraordinario ante Casación, aunque el planteo sería abstracto si se tiene en
cuenta que para entonces ya podría estar procesado por el delito que pide que no lo
indaguen.
También resulta llamativa la demora de Bailaque para definir la situación de Vázquez,
Tiscornia y Claverié, a quienes indagó en mayo del año pasado por los delitos de privación
ilegal de la libertad, desapariciones forzadas y homicidios, ocurridos durante la última
dictadura cívico-militar, de los que habrían tomado conocimiento en virtud de las
funciones que desempeñaban en el Poder Judicial.
Ocho meses después, nada se sabe al respecto. Incluso, uno de los acusados, que
cumple prisión domiciliaria, le pidió al juez que resuelva la situación. El planteo de
excarcelación fue rechazado el jueves 23 de febrero, pero es revelador de la demora,
incluso para los imputados.
En la misma causa fue indagado y procesado el titular del Juzgado Federal Nº2 durante
el terrorismo de Estado, Guillermo Tschopp, por su participación en más de 50 casos de
violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción de Rosario.
Ese procesamiento, dictado en diciembre de 2020 por Bailaque, aún espera que la
Cámara Federal rosarina lo confirme o lo revoque. Es decir, que adopte una decisión al
respecto. Pasaron ya dos años, el reloj biológico –que en ocasiones se convierte en
garante de impunidad– también corre.
Quiénes son
La causa se originó en una presentación judicial de la agrupación Hijos en los Tribunales
Federales, en el lejano 2018. Tras analizar las conductas de Vázquez, Claverié y Tiscornia,
los denunciantes consideraron que los funcionarios judiciales “aportaron una garantía de
impunidad a las fuerzas represivas, aporte indispensable para que el genocidio tuviera
lugar”.
En un escrito de 70 páginas –que desanda caso por caso la acusación– fundamentaron
por qué creen que el rechazo de los habeas corpus y las desoídas denuncias por apremio
de los detenidos políticos ilegalmente no constituyeron “errores” funcionales o una
pasividad penalmente justificable, así como que no existió un “estado de necesidad
justificante” de sus conductas que, por el contrario, consideraron dolosas y sistemáticas.
“Estos magistrados no sólo se limitaron a infringir sus deberes de funcionario público,
que les obligaba a llevar adelante las investigaciones, sino que dichas omisiones
sistemáticas constituyen, lisa y llanamente, una forma de intervención criminal en los
delitos no investigados”, señalaron.
La web del Ministerio Público Fiscal resumió así los antecedentes de los imputados.
Pedro Ramón Tiscornia se desempeñó como fiscal federal entre el 25 de marzo de 1977
y el 16 de agosto de 1979. Luego, fue designado como titular del Juzgado Federal N°1
de Rosario, entre agosto de 1979 y el año 1984. Se le imputa haber participado en 54
casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones
forzadas, y por el delito de asociación ilícita.
Por su parte, su colega José Luis Vázquez fue fiscal federal entre septiembre de 1977 y
septiembre de 1983. La fiscalía pidió que sea indagado por su participación en seis casos
de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y asociación ilícita.
Finalmente, Claverié trabajó como secretario del juzgado federal rosarino, entre el 19 de
abril de 1977 y el 27 de noviembre de 1984. La fiscalía requirió que se lo indague por
cinco casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y también por asociación
ilícita.
Sistemática y deliberada
En su presentación para requerir que fueran indagados por crímenes de lesa humanidad,
el fiscal Reynares Solari consideró que los funcionarios judiciales de la dictadura tuvieron
conocimiento, a través de su labor profesional, de distintas privaciones ilegales de libertad
torturas, desapariciones forzadas y homicidios.
En ese sentido indicó que en un flagrante incumplimiento de los deberes que las normas
y la Constitución Nacional vigentes les imponían, omitieron –de forma sistemática y
deliberada– actuar para hacer cesar la comisión de esos delitos y, así, garantizar la
impunidad de las fuerzas represivas.
Reynares consideró en el texto que esa garantía brindada a las fuerzas de seguridad
constituyó una participación primaria en los delitos cometidos por los distintos grupos de
tarea que operaron. Sostuvo que “queda claro que los miembros de fuerzas represivas,
pese a las presentaciones de habeas corpus y denuncias encontraban una garantía de
impunidad gracias a la actuación del poder judicial, debido a esta especial forma de
actuación”.
Y agregó que “ese aporte no puede ser brindado por cualquier ciudadano sino sólo por
aquellos que tienen el cometido legal de intervenir activamente, y cuya renuncia dolosa
a cumplirlos se transforma en el requisito objetivo e imprescindible que prevé el artículo
45 del Código Penal”, que establece igual pena para quienes hayan cooperado con los
autores de un delito.
Causa armada
Gustavo Ángel Roberto Piccolo fue detenido por fuerzas policiales el 14 de octubre de
1976 y alojado en el Servicio de Informaciones –“El Pozo”, el principal centro clandestino
de detenciones de Rosario– a disposición de las autoridades militares del Comando del II
Cuerpo de Ejército.
Por su caso –que formó parte del Juicio a las Juntas– fue condenado a 22 años de prisión
el policía retirado Héctor Beto Gianola por el secuestro y los tormentos sufridos por
Piccolo. Es decir, su caso fue probado por el Poder Judicial.
La presentación de Hijos recuerda que sobre el preso político “pesó una causa armada”.
La misma se inició recién un año y medio después de que Piccolo fuera secuestrado. El
fiscal fue Tiscornia. “Ante este panorama entiendo que el fiscal debería haber solicitado
la libertad de Piccolo o cuanto menos que se investiguen los motivos por los cuales estaba
detenido hacía más de un año” y sin proceso judicial, señala la presentación.
Agrega que “nada de eso sucedió” sino que “por el contrario, a fojas 178/182 solicitó al
magistrado que condene a Piccolo a la pena de 10 años de prisión”.
El detenido fue sometido luego a otra causa judicial que “se inició por mera voluntad
de Tschopp el 7 de febrero de 1980 y condenó a Piccolo a 9 años de prisión sin siquiera
citarlo a indagatoria, y sin dictamen fiscal”, señala el texto.
En ese segundo expediente el fiscal fue Vázquez, quien desempeñó el cargo entre
septiembre de 1979 y el mismo mes de 1984. “Es cierto, éste no dictaminó solicitando
una condena, pero no es menos cierto que tuvo una actitud completamente omisiva.
Ante una flagrante violación de derechos nada hizo, lo que permitió que se vean
vulnerados sus derechos (los de Piccolo) y la privación ilegal de la libertad se siguiera
cometiendo”, acusó el organismo de Derechos Humanos.
Vendado y torturado
Por aplicación de la ley 21.325 sancionada en 1976, y que perseguía las “actividades
subversivas”, Jorge Flores, Fernando Razzetti, Roberto Baradalla, Luis Cuello, Olga
Schilman y Eduardo López fueron sometidos a proceso en el juzgado de Tschopp.
Schilman declaró que al ser detenida padeció tormentos, una práctica habitual de la
represión para “obtener información”. El juez ordenó un examen médico “y a pesar de
que éste arrojó evidencia de golpes nada dispuso”.
El primer fiscal del caso, Tiscornia, no pidió “una declaración de incompetencia, ni
citación de testigos, ni la apertura de un sumario, nada”, sostiene la presentación de
Hijos.
Pero podía ser peor. Cuando Vázquez asumió en la Fiscalía, el detenido Cuello solicitó
ampliar su indagatoria y rectificó sus dichos ante la Policía al ser detenido porque –dijo–
“no conocía esa declaración porque firmó la misma sin haberla leído y con los ojos
vendados y que además fue torturado, específicamente durante los primeros 5 días, y
que si no declaró esto en la oportunidad en que prestó declaración indagatoria fue porque
estaba amenazado por personal del Servicio de Informaciones”.
En la misma causa Flores expuso ante Vázquez, el 2 de diciembre de 1979, que cuando
declaró ante la Policía lo había hecho tras pasar 20 días con los ojos vendados en el SI
“y después de haber sido torturado durante 5 días, de lo cual cuando formuló su
declaración indagatoria tenía evidentes rastros (ojo morado, paralizado el brazo izquierdo
por la electricidad e innumerables quemaduras eléctricas del cuello para abajo)”.
Aclaró que “en su momento a pesar de habérselo mostrado al empleado que recibió su
declaración, no declaró esos apremios porque sabía que seguiría detenido en el SI donde
estarían las mismas personas que lo torturaron”. Instinto de autoconservación.
La respuesta de Vázquez fue que “las rectificaciones efectuadas por ambos procesados
carecen de entidad por ser tardías, infundadas e inverosímiles”.
Dice la presentación de Hijos sobre Vázquez: “Sostener eso, ya en el año 80, cuando el
hermetismo de los primeros tiempos de la dictadura se estaba resquebrajando, habiendo
muchos perseguidos políticos declarando haber pasado por lo mismo, y sin siquiera
solicitar una medida de prueba para salir de la duda, es sin duda la garantía de impunidad
que las fuerzas represivas necesitaban del Poder Judicial”.
Fuente:ElEslabon
Provincia reveló el salario
docente comparado: Santa
Fe paga más
La Casa Gris no reformulará la propuesta rechazada hasta
que Amsafé termine los dos paros de 48 horas que resolvió
casi por unanimidad. Mientras tanto, difundió un cuadro
comparativo de lo que cobra un maestro en cada provincia.
"Podríamos seguir dialogando, pero con los chicos en clase",
señalan desde el Gobierno.
Amsafé rechazó la propuesta salarial por más de 30 mil votos.
La Casa Gris sacó a relucir un cuadro comparativo sobre los salarios docentes según 17 provincias argentinas, luego de la decisión de Amsafé de iniciar las clases con un paro de 48 horas desde el 1º de marzo, y otro más en la semana siguiente.
El gráfico muestra que los maestros en Santa Fe cobran más que en cualquier otro distrito argentino, según un relevamiento del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
A valores de diciembre, un maestro de grado, en jornada simple y sin antigüedad, cobró en Santa Fe 127.730 pesos, y se ubica al tope de otras jurisdicciones. Incluso de Córdoba ($114112), Buenos Aires ($113.900) o Ciudad de Buenos Aires ($105.444).
En este contexto, el subsecretario de Empleo de la Provincia, Eduardo Massot, dijo en Sí 98.9 que el gobierno ahora analiza una nueva propuesta, pero que la medida de fuerza en curso impide la reapertura del diálogo. “Hay poco margen porque los dos días en los que no hay paro serían el viernes y el lunes, y no hay garantías de que Amsafé suspenda la medida de fuerza. Esperamos dialogar como corresponde una propuesta superadora con los sindicatos”, dijo.
El funcionario consideró como inviable la convocatoria a paritaria en medio de un paro. “En la mesa paritaria debe haber un diálogo constructivo, cosa que en medio de una medida de fuerza no ocurre. Con esta medida de fuerza es muy difícil dialogar. Equiparamos la propuesta nacional y fue rechazada. Vamos a revisar la propuesta salarial, todo está en análisis. El sector docente considera que no es suficiente, que quedará debajo de la inflación, y por eso vamos a analizar la propuesta, pero mientras transcurra la medida de fuerza, no es posible hablar”, cerró Massot.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, cuestionó la respuesta gremial a la propuesta de mejora salarial, 33,5% escalonado a partir de marzo.
“Responder con un paro ha sido una metodología que el sector docente repite hace años. Debemos reflexionar ante ello. Santa Fe hizo la misma propuesta que los mismos gremios que negocian en la provincia aceptaron en el orden nacional. Y la medida de fuerza es el último mecanismo en toda negociación colectiva, se transita un mecanismo de intercambio que aún en la disidencia se puede llevar a cabo sin afectar el derecho de los chicos a estudiar”, reprochó el titular de la cartera laboral.
El fin de semana, el ministro agitó la posición oficial a través de Twitter. “Los números de la propuesta igualan la instancia de negociación nacional, ubicando a Santa Fe como una de las jurisdicciones que más invierte en el salario”, escribió.
“La propuesta salarial –repasó Pusineri– consiste en un aumento del 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, con dos revisiones en mayo y julio. La provincia realizó un gran esfuerzo para igualar los números de la paritaria nacional, uno de los elementos que se toma como referencia para constituir la oferta a los gremios locales; y eso se plasmó en la mesa de negociación”.
“Al ser en términos porcentuales, esto posiciona a Santa Fe entre las provincias que mayor inversión realiza en el salario docente. A esto se llega, debido a que en el año 2022 la paritaria cerró en un 9,2% por encima de la medición de la inflación anual”, recordó el ministro.
Nuevo aumento del precio de los cigarrillos: ¿A cuánto se van?
Desde este lunes, el precio de los cigarrillos aumenta un 14% en promedio en lo que será el segundo incremento que aplican las tabacaleras en lo que va del año. Según informó Massalin Particulares, el aumento de precios corresponde a la suba del Impuesto Mínimo, que quedará fijado a un valor de $254,56 por paquete de cigarrillos.
Durante el fin de semana, distribuidores y mayoristas comenzaron a hacer llegar las nuevas listas de precios a los kioscos y otros comercios donde se comercializan. A modo de ejemplo, Marlboro en su versión común será de $560 y $640 en su versión box. En tanto, Philip Morris costará $500 y $560. La marca Chesterfield tendrá un incremento de $50 y valdrá $410 y su versión box alcanzará los $500.
Con el segundo aumento en lo que va del año, los precios quedan de la siguiente forma:
- Parliament RCB 20 $690.
- Parliament Super Slims 100′s BOX 20 $690.
- Marlboro Red Box 20/ Gold Original RCB 20 $640.
- Marlboro Red Común $560.
- Marlboro Red Box 12 $360.
- Philip Morris Box 20 $560.
- Philip Morris Común $500.
- Philip Morris Box 12/ Blue Spin Box 12 $320.
- Chesterfield Original Box 20 $500.
- Chesterfield Original común $410.
- Chesterfield Original Box 10 $255.
- L&M Red común/Blue común $440.
- Harmony dorados negros/colorados común $410.
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