El espía Américo Balbuena llega a juicio oral.

El espía Américo Balbuena llega a 

juicio oral por inteligencia ilegal en 

organizaciones populares

Por Larisa Pérez, Resumen Latinoamericano, 10 de marzo de 2023.

Junto a dos de sus jefes de la Bonaerense, el oficial Américo Balbuena enfrentará a partir del 14 de marzo el juicio oral por haber realizado espionaje ilegal sobre organizaciones sociales, políticas, de trabajadores y estudiantes, haciéndose pasar por periodista desde la Agencia Rodolfo Walsh hasta el 2013.

El próximo 14 de marzo comenzará el juicio a Américo Balbuena, el agente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que realizó espionaje ilegal a organizaciones populares hasta el 2013 haciéndose pasar por periodista, cuando fue denunciado por estar infiltrado en la Agencia Rodolfo Walsh.

Se encuentra acusado junto a dos de sus jefes -Alejandro Sánchez y Alfonso Ustares- pertenecientes a la División Análisis de Seguridad Interior de la Policía Federal, pantalla del Cuerpo de Informaciones, cuyos agentes secretos también son conocidos como “los plumas” dentro de la comunidad de inteligencia. Llegan a juicio oral después de diez años de iniciada la denuncia. La acusación es por el delito de abuso de autoridad de funcionario público, como responsables de haber desarrollado tareas de inteligencia tendientes a obtener información sobre integrantes de distintas organizaciones, en infracción a la ley de Inteligencia, valiéndose de la función de Balbuena en la Agencia Walsh.

Balbuena se infiltró en esa agencia de comunicación popular en el año 2002, tras reencontrarse en un instituto de estudios periodísticos con su amigo de la infancia, Rodolfo Grinberg, que ahora es parte de los denunciantes de la querella. Antes ya había intentado en otros medios similares, militantes, comunitarios. Desde entonces, y tomando como supuesta tarea la cobertura periodística de distintas actividades, Balbuena se hacía presente en cada movilización, protesta, denuncia, conferencia de prensa y acciones de lucha que se convocaban desde distintas organizaciones populares, buscando conseguir la mayor cantidad de información sobre decisiones, opiniones políticas, planes de acción, y referentes, utilizando la cobertura de ser periodista para generar confianza.

Dirigentes políticos como Christian Castillo, Vilma Ripoll, Juan Carlos Giordano, Néstor Pitrola, Claudio Dellecarbonara -delegado del subte línea B- y los referentes de derechos humanos Carlos “Sueco” Lordkipanidse, Diana Kordon, Graciela Rosemblum de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Cachito Fukman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, así como Rodolfo Grinberg y Oscar Castelnuovo de la Agencia Rodolfo Walsh, entre otros, fueron parte de quienes se presentaron en 2013 como denunciantes de Balbuena y sus superiores.

La denuncia generó una inmensa repercusión, siendo replicada por el conjunto de los medios de prensa nacionales. Días después de efectuada, tuvo lugar una masiva manifestación convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para reclamar que se investiguen los hechos y responsabilidades ante tan grave situación. En la misma jornada, la página web y los correos de la Agencia Walsh fueron llamativamente hackeados, en una clara señal mafiosa de los “plumas”.

Los abogados de la querella, Myriam Bregman, Matías Aufieri y Liliana Mazea del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) impulsaron esta causa durante diez años para lograr algo poco común, que es llevar al juicio oral a los responsables de promover y llevar a cabo las tareas de inteligencia ilegal. Durante los tres días de audiencias frente al juez Daniel Rafecas, la clave del debate será demostrar que Balbuena no ejercía el periodismo como “hobby” ni actuó en el marco de la ley, sino que simuló ser periodista para obtener ilegalmente información de las distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, bajo las órdenes o promovido por sus jefes superiores.

Los argumentos de Balbuena cuando fue citado a declarar fueron que: «La actividad que realizaba era un hobby personal, que realizaba ocasionalmente, sin ninguna relación laboral, no había ningún ida y vuelta en cuanto a remuneraciones ni nada, y lo hacía únicamente sin ninguna obligación, fuera de horario de servicio y sin interferir con el mismo».

Sin embargo, se demostró en la causa que la actividad de Balbuena en la Agencia Walsh tenía lugar en un amplio lapso horario, estando disponible siempre para hacerse presente en situaciones que quizás duraban todo el día, y sin manifestar inconvenientes ni límites de recursos para su movilidad (lo que es frecuente en periodistas de medios alternativos y «movileros»). Además, de sus legajos y declaraciones de superiores no surge ninguna otra tarea específica que haya realizado como agente de inteligencia, por lo cual cabe concluir, como afirmó la querella, que «la actividad principal y jerarquizada de Balbuena a lo largo de los años se ha centrado en realizar tareas de inteligencia ilegal a través de la Agencia Walsh».

Asimismo, Balbuena declaró que sus superiores estaban informados sobre sus actividades periodísticas. Resulta inverosímil que el Cuerpo encargado de espiar y obtener información, no supiera que uno de los oficiales de inteligencia con mayor antigüedad participaba durante más de diez años en distintos medios de comunicación popular, difundiendo manifestaciones y reclamos que muchas veces tenían por objeto a la propia policía. Pero además tal conocimiento quedó acreditado con cuantiosa documentación durante la instrucción de la causa, pese a que sus jefes lo negaron repetidamente. El espionaje es institucional, y esta causa tiene el mérito de poner de relieve esa conclusión, en épocas donde se intenta liberar de responsabilidad a funcionarios políticos bajo la figura del «cuentapropismo» o «changas» de agentes descarriados de inteligencia.

Este hecho es fundamento para establecer la responsabilidad de superiores en ordenar o promover -formal o informalmente- que Balbuena reunía información en infracción a las leyes que regulan la actuación de esa fuerza y de los organismos de inteligencia. Los testigos declararon cómo Balbuena buscaba información llamativamente más allá de lo necesario para un relato periodístico, por lo cual implicó acumulación de pesquisa y elevación a superiores. Un indicio de esta tarea fue el hallazgo de fichas de militantes políticos que contenían el perfil, antecedentes, pertenencia partidaria y otros datos similares de aquellos, surgido en el allanamiento que se realizó al Cuerpo de Informaciones, que operaba en el Departamento Central de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires.

Castelnovo, otro de los denunciantes, afirmó como “él hacía grabaciones sumamente extensas que luego no se veían reflejadas o bajadas a ninguna nota. Yo recuerdo que se concentró durante años en los temas de Cromañon, La Fuba y La Alameda.”

«Los intocables»
Una de las características de estos cuerpos de inteligencia es que muchas de las leyes de funcionamiento y reglamentación son secretas, algo que no ha sido modificado bajo ninguno de los gobiernos constitucionales que siguieron a la última dictadura cívico-militar. Si bien es cierto que, como integrante del Cuerpo de Informaciones de esa fuerza de seguridad, se le impedía revelar su condición de agente, la actividad de Balbuena violó la ley 25.520 de Inteligencia Criminal, que expresamente prohíbe investigaciones sin un requerimiento judicial, así como la obtención de información o producción de inteligencia sobre personas por “opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.

Incluso la reglamentación de este Cuerpo de forma explícita prohíbe a sus miembros desempeñarse en «servicios informativos oficiales o privados» o «agencias informativas comerciales o similares», frente a lo cual Balbuena alegó que se trataba de un error de interpretación de la normativa.

Lo cierto es que no se conocen cuántos ni dónde se desarrollan los infiltrados de la Policía Federal, hasta que ellos o alguno de sus miembros decide hacerlo público. A Balbuena se lo descubre como infiltrado a partir de que el»ex espía» Iosi, el mismo personaje en el cual se basa la serie de Amazon, y también miembro de «los plumas», ya alejado de su rol, decide advertir que había un espía dentro de la Agencia Walsh.

No es para nada menor destacar el momento histórico que atravesaba el país cuando Balbuena se infiltró. Las movilizaciones y protestas sociales que respondieron a la crisis económica del 2001 lograron la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa, y su sucesor, Eduardo Duhalde, desataba la persecución y represión en el 2002 a la enorme resistencia obrera y popular contra el desempleo y la pobreza, como mostró el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía Federal.

Un Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal que actuó bajo la dictadura y nunca fue desmantelado bajo gobiernos constitucionales. Un agente infiltrado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Leyes secretas. Una denuncia que demoró desde el 2013 hasta el 2019 en lograr el procesamiento de los acusados, y recién llegó a juicio diez años después. El caso Balbuena muestra la punta del iceberg de un sistema de inteligencia, amparado por el Poder Judicial y gobiernos tanto peronistas, kirchneristas como macristas, que sigue actuando impunemente.

Hoy los escándalos de espionaje ilegal, relacionados con la manipulación de causas judiciales y “carpetazos” están en la agenda permanente con la que oficialismo y oposición de derecha eligen no hablar del ajuste en curso, ni mucho menos de cuáles son las consecuencias de estas prácticas antidemocráticas para los sectores populares. En particular el caso de Balbuena muestra cómo todo los avances del aparato represivo contra las libertades democráticas se siguen utilizando contra la organización de trabajadores y trabajadoras, una necesidad que tienen gobiernos y empresarios para aplicar más ataques y descargar la crisis sobre sus hombros. A días de cumplirse un nuevo aniversario del 24 de marzo, una condena en este juicio podría lograr que el Estado reconozca el funcionamiento del espionaje ilegal contra organizaciones populares.

Por este motivo, los denunciantes y abogados de la querella convocan a una conferencia de prensa a realizarse el mismo martes 14 de marzo, a las 10.30, antes de que comience la audiencia.

Fuente: La Izquierda Diario

Envio:ResumenLatinoamericano