MEMORIA, VERDAD Y... ¿CUÁNTA JUSTICIA?-

 

MEMORIA, VERDAD Y... ¿CUÁNTA JUSTICIA?

Los juicios de lesa humanidad, según pasan los gobiernos

A 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad, cómo un proceso modelo se ralentizó y corre detrás de la impunidad biológica.

PorAilin Bullentini

A 20 años de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que pasaron a la historia como “las leyes de impunidad”, y a 17 del recomienzo de los juicios que colocaron a la Argentina y su proceso de Memoria, Verdad y Justicia como modelo mundial, especialistas y funcionarios hacen un balance y analizan el presente. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes que enfrenta el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que aquella jugada histórica reabrió? ¿Qué se podría hacer que no se está haciendo? ¿Quiénes son los responsables?

“Advertimos que los juicios están perdiendo prioridad”, postula el director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Federico Efrón, y amplifica la alarma que suena sobre el paso del tiempo y el juzgamiento de los genocidas de la última dictadura militar, cívica y eclesiástica. “Mañana hay un testigo menos, hay un imputado menos, así que mañana ya es tarde. Es necesario que estos juicios vuelvan a la agenda de todos los poderes del Estado”, advierte.

Ángeles Ramos, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa), sostiene que, si bien “el proceso está en plena actividad y demuestra, a lo largo de los años, un avance significativo y constante”, el paso del tiempo “marca desafíos que solo son posibles de sortear si hay un compromiso del Estado en pleno”.

“Hay una sensación de inercia en el proceso”, plantea Sol Hourcade, abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde coordina el área Memoria, Verdad y Justicia, y hace hincapié en que “es necesario recordar que el proceso no terminó ni está cerca de terminar, que hay muchísimas víctimas y familiares que esperan que la Justicia les repare en algo su dolor”.

El impulso de Kirchner y el tiempo perdido

Apenas semanas después de que el presidente Néstor Kirchner promulgara la ley que declaró nulas las leyes de impunidad, la Cámara Federal ordenó la reapertura de las causas que a fines de 1986 interrumpieron las investigaciones por los crímenes de la ESMA y del Primer Cuerpo del Ejército. Sin embargo, la reactivación masiva del proceso de juzgamiento de represores a lo largo y ancho del país llegó con el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia –renovada en aquellos años– confirmó la inconstitucionalidad de las leyes.

Entre una cosa y otra pasaron dos años y medio, que promediaron 20 con los 17 de impunidad. “El paso del tiempo siempre fue un problema”, indica Daniel Rafecas, a cargo de la causa Primer Cuerpo, la más grande de lesa humanidad que existe en el país. “Cuando pudimos retomar habían pasado casi 30 años de los hechos... ¿cuántos responsables se habían muerto impunes? ¿cuántas víctimas sin justicia?”, se pregunta.

Estratégicamente, Kirchner ubicó en la Secretaría de Derechos Humanos a Eduardo Luis Duhalde, un reconocido abogado que en los 70 defendió a presos políticos, que sobrevivió a la dictadura y denunció sus crímenes desde el exilio. Él fue el responsable de que el Estado peleara por su rol como querellante en las causas de lesa humanidad. “Si el Estado se quedaba en el rol de acompañante, no podía recurrir, no podía presentar ni controlar prueba, no podía participar de las investigaciones ni de los juicios. Tenía razón”, recuerda Ciro Annicchiarico, abogado de la Secretaría desde aquellos años. Duhalde siguió al frente del área hasta su muerte, en 2012.

Los expedientes fueron cada vez más y más. Además de la inconstitucionalidad de la Corte Suprema, en 2005 también llegaron las primeras elevaciones a juicio oral y público. El primero fue el que tuvo a Miguel Osvaldo Etchecolatz como acusado. Fue histórico por ser el primero, porque el Tribunal Federal de La Plata enmarcó el comportamiento del genocida en la figura de genocidio y, también, porque evidenció que los poderes del terror seguían vivos y activos: a un día del veredicto, desapareció por segunda vez Jorge Julio López, uno de los testigos fundamentales contra Etchecolatz. La voluntad política del kirchnerismo halló su límite en este hecho, que lleva 17 años sin resolución y es, quizá, su deuda más importante en relación al proceso de memoria, verdad y justicia.

Mucha voluntad y poco ritmo

El ritmo del proceso nunca fue el esperado. A pocos años de haber comenzado, los expedientes comenzaron a estancarse en los juzgados y comenzaba a vislumbrarse cierto caos en el abordaje de los hechos. En 2008, el movimiento de derechos humanos alzó la voz y pidió orden, compromiso y celeridad. La Justicia, a través de la Corte, respondió con la Comisión Interpoderes, una iniciativa que buscaba sentar en una misma mesa a representantes de los tres poderes del Estado vinculados con el juzgamiento, más el movimiento de los derechos humanos, para pensar en soluciones.

El cálculo aterrador de entonces era que, si se continuaba con el ritmo de sentencias que se venía sosteniendo, los juicios continuarían hasta 2025. “Se reclamaban políticas públicas específicas para organizar estos juicios. En ese sentido, la Comisión Interpoderes funcionó durante un tiempo, pero ni el Poder Judicial ni los otros poderes del Estado han logrado resolver los conflictos que impidieron e impiden que las causas avancen rápido”, señaló Hourcade. El Poder Ejecutivo, por su parte, dedicó recursos a herramientas que ya existían dentro de su estructura, como el programa Verdad y Justicia, y a crear otras, como las áreas de Derechos Humanos en las carteras de Seguridad y Defensa, con el objetivo de asistir las investigaciones judiciales y de analizar las fauces del propio Estado para ver qué salía.

Cambiemos y el objetivo del discurso del “curro”

Mauricio Macri asumió la Presidencia en 2015 decidido a cambiar el paradigma. El recorte de recursos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fue salvaje: su gobierno desmanteló equipos de investigación y redujo equipos de acompañamiento a los juicios y el equipo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que implicó una merma sensible en las querellas del Ejecutivo en las causas.

En paralelo, su arribo al poder significó la llegada del negacionismo al discurso público y al Poder Judicial. Durante la gestión macrista, la Corte Suprema convocó una sola vez a la Comisión interpoderes: en septiembre de 2016. Para entonces, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti estrenaban su lugar en los sillones supremos, nombrados por decreto. En mayo de 2017 pusieron sus votos para el 2x1, que intentó flexibilizar las condenas a cientos de genocidas. Debieron retroceder frente al repudio masivo que hizo de la Plaza de Mayo un gran pañuelo blanco. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: tribunales y juzgados empezaron a relajar sus resoluciones frente a la insistencia permanente de las defensas de genocidas para obtener beneficios –sobre todo, prisiones domiciliarias– y frenar los procesos con cualquier excusa. 2018 fue el año en el que hubo más cantidad de represores cumpliendo condenas y prisiones preventivas en sus casas.

A contrarreloj de la impunidad biológica

“La necesidad más urgente es llevar las causas pendientes a juicio para que, en el menor plazo posible, tengan una sentencia. Eso es lo que nos marca la pauta de la verdad sobre lo ocurrido”, remarca Ramos. Para la fiscal, “en 2003 hubo una política de Estado de abordaje de los crímenes de la dictadura que no dependió del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, sino que los conminó a avanzar. Tenemos que volver a aquel compromiso”, puntualiza.

Son cerca de 650 las causas que investigan los crímenes de la dictadura. Más de la mitad no fue analizada en juicio oral. Hay 11 juicios que están sucediendo en la actualidad y poco más de 60 expedientes que esperan ese paso. Según las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, un expediente tarda, en promedio, cinco años entre que es elevado a juicio y se concreta el debate.

Efrón mira hacia el Poder Judicial como responsable de “lo que falta”. “Debe reducir las demoras que hay en todos los puntos del proceso”, apuntó. “La Corte Suprema debe mandar un mensaje en este sentido y no lo está haciendo. Es la que más demora expedientes”, concluye. Un ejemplo: el expediente con el procesamiento de Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, emblema de la complicidad empresaria en el terrorismo de Estado, durmió seis años en el máximo tribunal. Cuando lo destrabaron, fue tarde.

Desde que Alberto Fernández asumió la Presidencia, el Ejecutivo repuso decenas de querellas en juicios de lesa humanidad: hoy tiene participación en 279 causas en las que “se hacen cosas todos los días para destrabar o intentar que los expedientes avancen, pero la llave la tienen los jueces”, admite Efrón.

Sin embargo, hay un problema que no es solo del Poder Judicial, como la designación de jueces o, mejor dicho, la falta: los tribunales federales adolecen de magistrados titulares en gran medida y las vacantes son cubiertas por subrogantes.

Las “cuestiones de agenda” son su principal argumento a la hora de planificar cronogramas de audiencias soporíferos –jornadas semanales o quincenales de medio día– o posponer una y otra vez debates que son urgentes; un argumento que en algunos casos sirve de cobertura para escabullirse de la temática. Dos ejemplos. En las puertas de un debate oral demoradísimo -y pospuesto una vez- que un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires estaba pisando, una de las juezas subrogantes llegó a decir que ella ya no necesitaba otro juicio de lesa humanidad en su currículum. En Corrientes, hace dos semanas, el Tribunal Oral Federal local pateó cinco meses el comienzo de un juicio elevado hace casi una década: la mitad de los acusados murió o quedó fuera de juicio por cuestiones de salud.

Para cambiar esto, la Comisión Interpoderes debería conminar a magistrados y fiscales a darles prioridad a estos expedientes, pero también la política en pleno debería rescatarlos de la “rosca”. En septiembre de 2022, el Senado trató decenas de pliegos de jueces cuyos destinos, en gran parte, eran los tribunales federales vacantes, pero aún no sucedió. El Consejo de la Magistratura tiene decenas de concursos por definir y el Poder Ejecutivo debe lo suyo.

Empresarios y civiles, las deudas del proceso

El avance de los expedientes que investigan los crímenes de la dictadura tuvo hitos que refuerzan el hecho de que Argentina sea ejemplo a nivel mundial en la materia. Por caso, la diferenciación en las sentencias de los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad independientes de las torturas sufridas dentro de los centros de detención (CCD). Fue una sentencia emitida en 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, aunque desde las denuncias emitidas por sobrevivientes cuando no había culminado el terrorismo de Estado ya se revelaba la violencia de género y sexual de los represores, especialmente contra mujeres.

Sin embargo, hay desafíos evidentes que organismos, fiscales y abogados querellantes reclaman hace tiempo, como avanzar con los empresarios y el personal jerárquico de compañías que se beneficiaron con los efectos del terror e incluso participaron de los crímenes y los civiles que integraron los servicios de inteligencia de las fuerzas y del Estado. “La inteligencia durante el terrorismo es algo que siempre fue denunciado por los organismos y es donde tampoco se ha avanzado demasiado”, dice Hourcade.

Ilustración de tapa: Ana Carballo.

Fente:LetraP