Otro juicio al "Nabo" Barreiro, el torturador que desató los alzamientos carapintadas
También serán juzgados los represores Carlos Villanueva y Carlos Alberto Díaz. Están acusados de "tormentos agravados seguidos de muerte",entre otros delitos.
El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba inició este miércoles el juicio a tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979, durante la última dictadura cívico-militar, en perjuicio de tres víctimas.
Los acusados, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz, afrontan cargos por "privación ilegítima de la libertad agravada", "imposición de tormentos agravados" e "imposición de tormentos agravados seguidos de muerte".
Las víctimas fueron José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (ya fallecido) y Rubén Amadeo 'Pocho' Palazzesi, quien murió luego de reiteradas sesiones de tortura y su cuerpo fue carbonizado en el interior de un auto, simulando un falso intento de fuga.
Barreiro, alias "Nabo", tiene otras condenas por crímenes cometidos en la dictadura y por su caso se desató el movimiento de militares rebeldes "carapintadas" en la Semana Santa de 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el 14 de abril de ese año se negó a declarar ante la Justicia de Córdoba por delitos de lesa humanidad.
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La guarnición del Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba, a la que pertenecía, se sublevó y exigió el cese de los juicios contra los represores, lo cual derivó el 16 de abril en el traslado de la rebelión a Campo de Mayo, encabezada por el entonces coronel Aldo Rico.
Para entonces ya había sido sancionada la ley de "Punto Final" (en 1986) que establecía la caducidad de la acción penal para aquellos imputados de crímenes de lesa humanidad que no hubieran sido citados en determinado período establecido por esa norma.
Pero a través de los alzamientos "carapintadas", los militares de jerarquías inferiores (oficiales y suboficiales) exigían ser exceptuados de cualquier acusación argumentando que habían cumplido órdenes a las cuales no podían negarse.
Tras cuatro días de zozobra, los sublevados depusieron su actitud tras el compromiso gubernamental de que se impulsaría una norma contemplando sus reclamos. El anuncio del fin de la rebelión -que volvería a repetirse- fue lanzado en ese momento por Alfonsín, quien desde los balcones de la Casa Rosada pronunció la histórica frase "Felices Pascuas, la casa está en orden".
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Luego, en junio de 1987 se sancionó la ley de "Obediencia Debida" que benefició al segmento castrense rebelde.
En 1989 y 1990 el entonces presidente Carlos Menem fue más allá y dictó indultos para los militares condenados por crímenes de la dictadura y miembros de las organizaciones guerrilleras.
Once años después, en marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y luego instancias judiciales posteriores, hasta la Corte, y el Congreso, ratificaron las nulidades de todas esas normas, dejando el camino expedito para los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que continúan hasta la actualidad.
La audiencia de hoy en Córdoba comenzó con la descripción de cada uno de los imputados, quienes participaron desde sus casas a través de la plataforma digital Zoom, en la que debieron responder preguntas de rigor sobre identidad, conformación familiar, detallando ciudad de residencia y si padecen problemas de salud, situación que abarcó a los tres en distintas medidas y gravedad.
Tras ello, tomó la palabra Cristina Guillén, esposa de Palazzesi.
"Estábamos en plena dictadura, sabíamos lo que eso significaba, o sea desaparición o muerte, porque en la dictadura eso era lo que ocurría a diario, más allá de que en el '79 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) estaba llegando pero eso no importó", lamentó Guillén, quien también estuvo detenida ilegalmente y denunció que fue torturada.
Su relato se basó principalmente en su secuestro, sus días en prisión y lo que se iba enterando de la situación de su esposo.
Tras el secuestro de Palazzesi, Guillén contó que fue a casa de sus padres junto a sus tres pequeños hijos de 5, 3 y 1 años en ese momento, y que en ese domicilio de Córdoba la buscaron a ella (los militares) y la llevaron junto a su padre.
"Mi papá se va con 5 pesos en el bolsillo para poder tomar un taxi para volver porque según él, era alfonsinista, no tenía nada que ver con nada, no era peronista, pero lo tuvieron en prisión tres años", relató la mujer.
"Nos llevan a la D2 (centro de detención clandestina en el centro de la ciudad), ahí nos torturan, nos amenazan con los chicos, mi papá me cuenta que le gatillan en la cabeza en una forma de interrogatorio", siguió Guillén, que contó que luego fue derivada a la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires.
Así, detalló que tras ser detenida ilegalmente en 1979 recuperó la libertad en 1984 y en su descripción contó que "los militares" le robaron un dinero que tenían junto a su esposo por la venta de una camioneta, además del reloj que llevaba puesto al momento de la detención.
Además de detallar las precarias condiciones de la celda que habitaba, en la que le daban una lata de leche vacía para hacer sus necesidades, "era horrible, pero es lo que nos tocó", dijo.
Guillén se emocionó al recordar que su hijo de un año le "negó los brazos" cuando permitieron que su familia la visitara luego de tres meses de aislamiento, momento en el que no pudo contener la emoción, y siguió su relato entre lágrimas.
Tras Guillén prosiguió su cuñada, Stella Maris Palazzesi, viuda de Cavigliasso, quien también fue secuestrada y detenida clandestinamente entre 1979 y 1982.
En su exposición contó que llegaron militares a buscar a su hermano Rubén y que le decían 'vamos a controlar su casa para verlo a su hermano'.
"Recorrían mi casa todas las noches, con autos, golpes, permanentemente así, todos los días; no teníamos teléfono ni podíamos salir a comprar porque nos daba miedo", recordó Stella Maris, quien detalló que se enteró por la radio del secuestro de su hermano.
Pocos días después volvieron y se llevaron a su esposo: "Abrió la puerta y lo empezaron a golpear, vino un personaje gordo de traje azul, cabeza ovalada, bigotes y pelo negro, que me tapa con la almohada para que no vea ni escuche".
"Estaban mis tres hijas y yo me preocupaba por ellas, y por suerte la más chiquita no se dio cuenta y las otras dos estuvieron al lado mío. Después que se fueron nos juntamos las tres a llorar y pensamos, 'qué hacemos ahora'", sostuvo en su relato.
Detalló que tras eso se mudó a la localidad de Oliva, unos 90 kilómetros al este de la capital, a la casa de sus padres, donde se sentía "más tranquila". Contó que allí también la vigilaban, hasta que un día llegó un policía local y la llevó detenida.
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Así empezó su periplo, pasó por la cárcel de San Martín en Córdoba y tras un extenso período en prisión, dijo que "el 24 de diciembre de 1982 me dieron la libertad por falta de mérito. Estuve 4 años sin mis hijas, alejada de mi familia".
"Era como decir 'nos fue mal en las Malvinas y soltamos un poco de mujeres', sostuvo y referenció: "Volver a formar a la familia no era fácil, pero volvimos a la casa, buscamos más trabajo, le ayudaba a Teo (Cavigliasso) en el taller, él salió en julio o agosto del '83".
El juicio continuará el próximo miércoles 15 con testimonios de otros testigos, que citará el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y José Fabián Asís.
Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta tienen a su cargo la acusación, en tanto los imputados están representados por los defensores oficiales Rodrigo Altamira y Natalia Bazán.
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