En el juicio por la sustracción de los hermanitos Ramírez durante la dictadura

Piden condena para los responsables de convertir un hogar de niños en un campo de concentración

Entre 1977 y 1983, María, Carlos y Mariano Ramírez estuvieron alojados en el Hogar Casa de Belén de Banfield, donde sufrieron todo tipo de violencias y abusos. 

El calvario de los hermanitos Carlos, María y Mariano Ramírez comenzó el 15 de marzo de 1977, cuando una patota llegó a la casa del barrio San José que compartían con su mamá Vicenta Orrego Meza. Vicenta logró sacarlos por una ventana y, de esa forma, los chicos sobrevivieron al tiroteo. No fue su caso. Su hija y sus dos hijos estuvieron hasta 1983 en el Hogar Casa de Belén, que pertenecía a la iglesia Sagrada Familia de Banfield, pese a que tenían una familia que los buscaba. En ese lugar sufrieron todos tipos de maltratos y abusos. Por estos hechos, la fiscalía pidió la condena de todos los imputados –incluso de la secretaria del tribunal de menores que los mantuvo en esa institución– y también que se desafecte el lugar y que se lo convierta en un espacio de memoria.

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata no solo contempla lo sucedido con los hermanitos Ramírez, sino que también analiza el asesinato de su mamá y de otras cinco víctimas –entre las que se cuenta Pedro Juan Berger, el padre de María Antonia Berger, sobreviviente de la Masacre de Trelew en 1972 y después víctima de la última dictadura–.

El auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y su colega Ana Oberlin reclamaron, por estos hechos, la condena a prisión perpetua para el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el excomisario y jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Wolk; y los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús –más conocida como el “Infierno”-- Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró y Rubén Carlos Chávez.

A todos se los acusó por los homicidios triplemente calificados perpetrados contra María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza -madre de los hermanos- y José Luis Alvarenga el 15 de marzo de 1977 en una vivienda de Adrogué. También por los homicidios de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, al día siguiente, en una casa de Llavallol.

En relación con lo ocurrido con los chicos, la fiscalía pidió condenar a 21 años de cárcel a una exsecretaria del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora, Nora Pellicer, por presunta "participación primaria" en la "sustracción, retención y ocultamiento" de los hermanos. Pellicer intervino en el expediente que tramitaba ante la jueza Marta Delia Pons –denunciada tempranamente por Abuelas de Plaza de Mayo por su compromiso con el terrorismo de Estado–.

La jueza Pons envió a los hermanos al Hogar Casa de Belén, que estaba a cargo de Manuel Maciel y de su esposa, Dominga Vera, quienes vivían con sus tres hijos y con los chicos que ingresaban a la institución por decisión del Tribunal de Menores de Lomas. Maciel y otros hombres que frecuentaban el lugar fueron responsables de los abusos que sufrieron los tres chiquitos ante la complicidad de Vera, que incluso los obligaba a comer junto a los perros.

Ni la jueza Pons ni Vera ni Maciel están vivos, por lo que Nogueira y Oberlin pidieron una declaración de verdad para llevar algo de justicia a los hermanos por lo que sufrieron durante los seis años que estuvieron a su cargo. El Ministerio Público Fiscal solicitó, en ese sentido, que la justicia dé por acreditado que el Hogar Casa de Belén funcionó como un dispositivo concentracionario desde donde se cometieron delitos contra la identidad de los tres hermanitos, quienes fueron sometidos a condiciones de vida inhumanas.

Recién hacia finales de la dictadura, el padre de los chicos recuperó su tenencia. Él estaba preso al momento del operativo de marzo de 1977. Cuando lo expulsaron del país, se contactó con el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, para que asistiera a su familia con la búsqueda. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y finalmente se pudo torcer la voluntad de la jueza Pons de mantener a los chicos alejados de su papá.

Si bien el Hogar Casa de Belén estuvo un tiempo cerrado, al momento continúa albergando niños y niñas. Por eso, Nogueira y Oberlin pidieron que se los pueda trasladar a un sitio mejor y que el lugar sea destinado como un espacio de memoria para recordar cómo las infancias fueron víctimas también del accionar genocida de la última dictadura.

Fuente:Pagina12