Unidad Piquetera levanta el acampe
y cruza a Tolosa Paz /Miles marcharon
hasta la Casa de Mendoza en la
Capital para exigir la libertad de los
piqueteros detenidos
Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
Foto: Marcha a Casa de Mendoza
El ministerio de Desarrollo Social confirmó las 85 mil bajas en el Potenciar Trabajo y las organizaciones sociales anunciaron que volverán a cortar rutas y accesos el 5 de abril. El elogio del FMI a la «focalización» de los programas sociales
La Unidad Piquetera levantó el acampe frente al edificio de Desarrollo Social. Como cierre de la protesta, las organizaciones que pasaron 48 horas sobre la avenida 9 de Julio marcharon hasta la casa de Mendoza, provincia donde fueron detenidos cuatro militantes durante las jornadas de reclamo. Allí anunciaron que realizarán «nuevas y más fuertes medidas». Continuarán el plan de lucha el 5 de abril, con una jornada de cortes de rutas, puentes y accesos en 135 ciudades del país.
El acampe estuvo marcado por la falta de diálogo y los cruces radiales y televisivos entre la ministra Victoria Tolosa Paz y el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Este miércoles, en un nuevo round, Tolosa Paz sostuvo que el dirigente «en estas 48 horas ha hecho abuso de autoridad y poder dejando a la gente con estos calores a la vera del asfalto, en condiciones infrahumanas, a niños y adultos».
VIDEO: EN EL CIERRE DEL ACAMPE HABLA «Chiquito» Belliboni, del Polo Obrero
«Belliboni está planteando un posicionamiento político y está lejos de defender los intereses de los sectores vulnerables», agregó la funcionaria, que defendió el proceso de validación de identidad de los titulares del Potenciar Trabajo que realizó el ministerio, por el que dio de baja 85 mil planes.
«¿Por qué hicimos esta validación de identidad? Porque recibimos cientos de denuncias por abuso de poder, extorsión, contraprestación para ir a una marcha y pago de una cuota social”, aseguró.
Así, la ministra defendió las bajas como parte de un proceso para transparentar el Potenciar. La Unidad Piquetera argumenta, en cambio, que se trata de un ajuste que abarca a toda la política social, y que responde al pedido del FMI de «focalizar los programas»: considera que son ajustes para bajar el déficit fiscal.
«Hay recortes en todas las partidas. Por ejemplo, la Tarjeta Alimentar, que cuando se creó cubría el 40 por ciento de la canasta básica de una pareja con dos chicos, hoy sólo cubre el 25 por ciento. No actualizan su monto», planteó la coordinadora territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia.
Otra de las razones del plan de lucha de la Unidad Piquetera son los retrasos en el envío de los alimentos con los que el ministerio abastece a los comedores populares, y el faltante de productos. El aceite es uno de los casos, un problema reconocido por Desarrollo Social. De la misma manera, demandan al ministerio herramientas e insumos para las cooperativas del Potenciar que fueron comprometidos pero no recibieron.
A Fondo
En su último comunicado de prensa sobre la cuarta revisión del acuerdo firmado con Argentina, el Fondo Monetario Internacional reconoció al gobierno «sus acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social», eufemismo con el que alude a la decisión de achicar el Potenciar Trabajo.
Un modo de entender por qué este gasto está en la mira es compararlo con los intereses de la deuda: en el último trimestre de 2022, el país pagó por intereses de la deuda el equivalente al 1,5 por ciento del PBI. En el mismo período gastó un 1% del PBI en las sus grandes políticas sociales: el programa Potenciar (Potenciar y Progresar) y el alimentario (Tarjeta Alimentar y envío de alimentos a los comedores).
El comunicado del FMI, difundido el lunes de esta semana, asegura que para 2023 las autoridades argentinas «están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social».
Detenidxs
Los detenidos en Mendoza son tres integrantes del Polo Obrero -Martín Rodríguez, Lorena Torres y Eduardo Tirado- y una militante del FOL, Micaela Guiñazú. La orden de arresto fue librada por una fiscalía contravencional, por la que los manifestantes fueron llevados a las comisarías de Luján y Godoy Cruz.
El Polo Obrero informó que Rodríguez es un dirigente conocido públicamente en la zona y que no es la primera vez que sufre represalias. «Fue echado de su trabajo en la Municipalidad de Guaymallén y reincorporado luego de una campaña de denuncia y movilización, y viene siendo perseguido por la justicia por su rol en la organización de los desocupados«.
MARCHA A LA CASA DE MENDOZA EN CABA
En función de exigir la libertad de los presos, miles de piqueteros y piqueteras marcharon desde el acampe en la Avenida 9 de Julio hasta la Casa de Mendoza en CABA. All{i varios oradores repudiaron la represión policial en la provincia de Mendoza el día miércoles.
Informe: Laura Vales
El norte salteño es un campo
minado con boosters petroleros
Por Analía Brizuela, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
Las picadas que trazó YPF para
enterrarlos cada 25 o 50 metros cubren un tercio de la Reserva de Biósfera de
Yungas. Atraviesan la planta urbana y rural desde Yuto, en Jujuy, hasta
Salvador Mazza, en la frontera entre Salta y Bolivia
Silencio de radio en el gobierno
salteño, después de informar sobre la existencia de los boosters de prospección sísmica en la conferencia
de prensa brindada el martes 22. En toda la semana, no ofreció información
sólida sobre la localización precisa de los ocho millones de boosters
colocados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en el siglo pasado,
cuando aún era una empresa cien por ciento estatal. Ese fue el otro dato que
brindó el gobierno salteño desde la Subsecretaría de Defensa Civil a principios
de semana. La fase de exploración que utilizó explosivos y sismógrafos para
detectar trampas de petróleo, abarcó zonas de montaña desde un lugar no
definido en la provincia de Tucumán, hasta el límite entre Salta y el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Según informó el gobierno de Jujuy,
en su jurisdicción “quedarían 77 mil cargas”.
Y en la región de Salta y Jujuy “aún persistirían 150.000 explosivos
colocados en un área de 5872 kilómetros”, continúa la información
del parte jujeño.
Los incendios forestales que diezman el bosque nativo del norte salteño hace meses, evocaron en realidad la presencia histórica de estos boosters. Sólo en el departamento Orán durante los incendios forestales de 2022 se registraron 13 detonaciones dentro del territorio de la Comunidad Kolla Tinkunaku (municipio de San Ramón de la Nueva Orán), alrededor de cuatro boosters fueron localizados en las proximidades del Cerro Casa de Tabla en las inmediaciones del camino ancestral del territorio colectivo kolla, y otras cuatro explosiones fueron registradas por brigadistas forestales mientras trabajaban en los incendios en Valle Morado (municipio de Colonia Santa Rosa), cerca de la frontera entre Salta y Jujuy.
Booster que salió a la superficie con
el alud de Tartagal, en 2009.
Un relevamiento realizado por este
medio en portales digitales de los municipios del departamento salteño de General San Martín, arrojó algunos hitos
relacionados con explosivos. En 2009, una cantidad imprecisa de boosters
emergieron entre el barro, las ramas y los árboles del alud que afectó un sector de la ciudad de Tartagal.
Ocurrió el 9 de febrero de 2009. Durante los trabajo de remoción de material el
día después de esa tragedia, aparecieron los explosivos encapsulados en
un plástico rojo alargado. Otros testimonios revelaron que días
después del alud de 2009 algunos pobladores escucharon varias explosiones que
provenían del playón de Gendarmería Nacional. Tres meses después, bomberos de
la ciudad norteña colaboraron con Gendarmería en un procedimiento de remoción
de boosters que aparecieron en el río Tartagal, 30 kilómetros al este de la
planta urbana.
En 2013 un motociclista que atravesaba el barrio Tomás Sánchez, en el
norte de la ciudad de Tartagal, activó un booster y, por la explosión, salió
despedido. Los boosters llevan una carga de 300 gramos que puede
afectar a una persona que se encuentra cerca o muy próxima. En marzo de 2018,
en el paraje Tranquitas al norte de Tartagal, el sistema
de emergencias 911 recibió el alerta de boosters sísmicos que encontró un
vecino mientras cavaba un pozo para plantar un banano. El 4 de mayo de 2020,
en General Mosconi, localidad al sur de Tartagal, una
familia encontró el explosivo en su vivienda del barrio Recaredo, próximo a
la Quebrada de Galarza. En Campamento
Vespucio, otra población no muy lejos de Tartagal pero ubicada al
oeste, el 911 recibió el aviso de tres amigos que encontraron un extraño
artefacto rojo. Luego descubrieron que se trataba de un booster sísmico. Las
líneas de prospección sísmica, es decir, las picadas que realizaron los
trabajadores de YPF en décadas pasadas, actualmente conviven con áreas de
tránsito de pobladores urbanos y rurales.
A pesar de que los incendios del
norte salteño llevan más de tres meses, ni YPF, ni el Ejército, ni Gendarmería
Nacional informaron sobre la existencia de esos explosivos diseminados hasta
que comenzaron las detonaciones. No se trata de una conjetura capciosa. Durante
la conferencia de prensa, el titular de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce, dijo al pasar que hubo un convenio firmado
entre Gendarmería Nacional e YPF para el retiro paulatino de los boosters del
territorio. No aclaró si se trató de YPF sociedad anónima o Repsol-YPF, la
empresa española que la mantuvo en sus manos hasta 2012.
Algunos casos de boosters hallados en Tartagal y localidades cercanas.
Dos fuentes consultadas por este medio brindaron otros datos. Fernando
Nocetti, de Finca Urundel en el municipio salteño homónimo, informó que su
empresa “firmó un acta con Gendarmería (bajo mandato de YPF) en septiembre del
corriente año”. Allí “se comprometían a identificar y solucionar (por detonar)
las minas. Lógicamente esto nunca pasó”, agregó. “El problema es que ahora se
dificulta actuar contra los incendios por una negligencia de YPF”, agregó. Por
otro lado, Pablo Rodríguez, ingeniero químico y en petróleo, especializado en
geofísica, recordó durante una entrevista con Salta/12, que en ese convenio
también participó el Ejército Argentino.
Los boosters de prospección sísmica no fueron colocados bajo tierra por
razones de guerra, como ocurrió en Camboya (sudeste asiático), cuando Estados
Unidos sembró con millones de minas antipersonales su territorio. El objetivo
de YPF durante las últimas décadas del siglo XX, era explorar yacimientos de
petróleo en todo el relieve montañoso de Salta y Jujuy. Rodríguez recordó
también que hubo un interés particular en explorar el área cercana al
yacimiento Caimancito (Jujuy), uno de los más productivos en la historia de la
empresa estatal. También, que en Caimancito se encuentra uno de los pozos más
profundos de Sudamérica.
Los datos proporcionados por el geofísico se relacionan estrechamente
con algunas de las explosiones registradas en Valle Morado (Salta), el sector
donde se encuentra Finca Urundel. Si bien Nocetti aclaró que no le consta que
las explosiones sucedieron dentro de su propiedad, sí ocurrieron dentro del
área de prospección sísmica periférica al yacimiento Caimancito.
El juego de los partes oficiales y una fecha: 1978
La desinformación quedó a la vista en dos partes oficiales. El del gobierno de
Jujuy, publicado el miércoles 23 informaba que “en reunión del Comité de
Emergencia Ígnea Unificado de Jujuy, Salta y Nación, ayer (por el martes 22 de
noviembre) se resolvió de manera conjunta suspender el combate terrestre de
incendios de vegetación en las zonas de las Yungas de Jujuy y Salta”. Aclaró
desde el principio que la decisión incluía retirar a los brigadistas de las
áreas con focos activos, y que fue adoptada tras reuniones mantenidas con YPF
sobre programas sísmicos que datan de las décadas del 70 y 80 del siglo pasado.
El parte oficial del gobierno de Salta, publicado el jueves 24 de noviembre,
ratificaba la decisión de retirar a los brigadistas. Informaba además que con
Jujuy y Nación (ministerios de Ambiente y Defensa) se abordaron tres puntos:
evaluar las estrategias para continuar el combate de los focos activos en las
áreas afectadas, definir el abordaje de la situación, y adoptar las medidas
correspondientes.
Los técnicos de YPF SA que viajaron a Salta no dieron declaraciones
públicas. Hay cuerpos de bomberos voluntarios de municipios salteños con
incendios que todavía esperan el detalle de ubicación de los boosters sísmicos
para poder trabajar tranquilos. Es el caso de Colonia Santa Rosa, que ayer
informó de incendios al sur de esa comuna y socorrió nuevamente a pobladores
que viven cerca de la Escuela La Trinidad, próxima al río Colorado.
Reunión del Comité de Emergencia Ígnea Unificado de Jujuy, Salta y
Nación (Imagen: gobierno de Jujuy).
Solamente el parte oficial jujeño dió precisiones sobre quiénes eran los
expertos que llegaron a informar. Uno fue Jorge Ferreyra, analista de seguridad
de la Gerencia de Seguridad de Procesos y Operaciones de YPF. Es además, el
funcionario a cargo del proyecto de destrucción de booster de los programas
sísmicos que fueron colocados en Jujuy y Salta entre 1978 y 1985. Lo acompañó
Lucas Arioni, supervisor de ese proyecto. En un rastreo por google figura en la
red social LinkedIn como miembro del Boureau Veritas, una institución
relacionada con la aplicación de normas IRAM.
Los boosters de prospección sísmica ¿fueron colocados en 1975? Hasta el
jueves pasado esa parecía ser la hipótesis más probable. Sin embargo, el parte
oficial jujeño del 23 de noviembre informó que YPF los ubica entre 1978 y 1985.
En un paper de Walter Chebli, Eduardo Pezzi y Guillermo Ibáñez titulado “El
desafío de la exploración de petróleo y gas en la Argentina” (sin fecha), los
autores citan que “recién después de 1979, fecha en que se sanciona la Ley de
Contratos de Riesgo, las empresas privadas vuelven a incursionar en la
Plataforma Continental y en algunas áreas continentales. En el mar actúan
Total, Esso, Occidental y Shell que adquieren una significativa cantidad de
líneas sísmicas 2D y perforan un buen número de pozos”.
El dato de la Ley de Contratos de Riesgo lleva a 1978, en pleno
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Se trata de un decreto ley
que llevó el número 21.778, fue promulgada el 14 de abril de ese año, y
facultaba a las empresas estatales a convocar a licitaciones y celebrar
contratos destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos. Ese
instrumento legal permitió que empresas como Geosurce Exploration Co realizara
prospección sísmica en el norte argentino, en Salta y Jujuy.
El parte de prensa del gobierno jujeño del 23 de noviembre informó que
“14 programas sísmicos estuvieron a cargo de la empresa (por Geocource
Exploration Co), que incluyeron la colocación de dispositivos con detonadores
(…) en una franja que corresponde a Yungas de las dos provincias, en el marco
de trabajos de prospección de hidrocarburos”. El decreto ley lleva la firma de
Jorge Rafael Videla, Albano Arguindeguy, José Martínez de Hoz y Julio Gómez.
Representa además, el inicio del camino privatizador de la empresa estatal. El
proceso iniciado por Videla y compañía con la ley de 1978, tuvo su continuidad
con Raúl Alfonsín en el período democrático cuando lanzó el Plan Houston.
Consistió en abrir una licitación internacional para 165 áreas de explotación
petrolera. Un tercio de ellas pasaron a manos transnacionales.
Otras piezas de un rompecabezas incompleto
“Me llama la atención que se hayan producido deflagraciones”, dijo a Salta/12
el ingeniero químico y en petróleo Pablo Rodríguez. “El Ejército las extraía
con gente que manejaba explosivos”, contó. “Si se podía, se les extraía el
detonador y quedaban totalmente controladas. Después se las colocaba en un pozo
y se hacía una detonación controlada, por temas medio ambientales. Antes se
incineraban, que era el mejor método”, explicó. “Es lo ideal, porque larga
gases tóxicos. El principio activo es bajo”, continuó. “Están compuestas por un
tipo de arcilla mezclada con un aceite. Forma una pasta. Muchas se fabricaron
en el país, en las plantas de Fabricaciones Militares de Villa María y Azul
(provincia de Buenos Aires). Luego se empezaron a importar, por lo que deben
existir varios modelos enterrados”. La profundidad varía: Jorge Arce mencionó
entre 30 a 40 centímetros del suelo; el geólogo Roberto Hernández, de
LateAndes, calculó que se enterraron a una profundidad de entre 9 a 15 metros;
Rodríguez mencionó que se llegaron a enterrar cargas a 100 metros de
profundidad.
Las líneas de prospección en Salta y Jujuy, y la Reserva de Biosfera de
Yungas.
La provincia de Jujuy solicitó que Gendarmería e YPF agilicen el retiro del
material explosivo de su jurisdicción. Según el parte oficial jujeño, los
técnicos de la actual YPF informaron que los trabajos de desactivación de las
cargas sísmicas se centraron en Salta, “por los casos sucedidos en esa
provincia. La empresa citada (por Geosource Exploration Co)”, menciona el
gobierno de Jujuy, informó que YPF “había procedido a la destrucción de toda la
carga. Sin embargo, en el año 1979 se registró un primer evento por detonación,
a lo que le siguieron una serie de eventos de este tipo que generaron una
acción judicial en el fuero federal”. El mismo parte oficial, menciona luego
que en algún momento, después de 1979, “Gendarmería solicitó a YPF S.A. la
colaboración para llevar a cabo la tarea (de búsqueda, identificación y
extracción de boosters), por lo que se firmó un convenio entre ambas partes”.
Para rematar la falta de información, el gobierno jujeño indica que en
su jurisdicción “quedarían 77 mil cargas en un área de alrededor de 2200 hectáreas
impactadas por esta situación”. No las zonifica con precisión, al menos no para
la población del norte salteño, o para los bomberos voluntarios que todavía
arriesgan su vida cuando suena la alarma por incendios que aún continúan en los
bosques del norte salteño.
En la región de Salta y Jujuy “aún persistirían 150.000 explosivos
colocados en un área de 5872 kilómetros”, continúa la información del parte
jujeño. Luego no aclara si esa medida refiere a una superficie (kilómetros
cuadrados). Pero dió otra pista: “YPF informó que por año se recorren entre 65
y 100 kilómetros, lo que significaría que extraer el material de Jujuy llevaría
más de 20 años”. Los datos se citan sin fecha ni lugar preciso donde se realizó
el trabajo de relevamiento y extracción de boosters. El convenio firmado por
Gendarmería, YPF y el Ejército no aparece en el Boletín Oficial de Nación. Por
lo tanto, tampoco queda claro cuántos kilómetros de líneas de prospección
sísmica debían ser relevados por YPF, ni en cuántos años.
Sin luz, sin agua: cortes de calles
de vecinos en el área metropolitana
Por Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
Una ola de bronca y resignación hay entre las familias del área metropolitana de Buenos Aires que junto con el padecimiento de las altas temperaturas por la ola de calor sufren los reiterados cortes de suministro eléctrico. La respuesta fue el corte de calle en muchos barrios del AMBA. Ayer más de 130 mil usuarios de Edesur y Edenor tuvieron cortes de luz. Esta mañana el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informaba que 74 mil usuarios continuaban con el servicio interrumpido.
“Es insoportable vivir así los cortes vuelven y con esta ola de calor no podemos dormir. Tampoco tenemos agua”, explicaba una de las vecinas del conurbano bonaerense que salió a participar del corte de calle que realizaron con sus vecinos. Y es que ayer la jornada fue de fuertes protestas hubo distintos cortes de autopistas y calles de los barrios en CABA y el conurbano. En la autopista Buenos Aires-La Plata, en Sarandí y en Hudson, las vecinas “se hartaron” y bloquearon el tránsito. Lo mismo sucedió en Dellepiane y General Paz, autopistas donde días atrás ya ha protagonizado varias protestas.
Mientras en el conurbano desde hace días se dan cortes intermitentes en casi todos los barrios. Algunas zonas son las más afectadas. En el área de Edesur, vecinos auto-organizados realizaron un “Ruidazo” y reclamaron inversión en Infraestructura eléctrica e indemnización automática y general a las familias afectadas. Los partidos más afectados son Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza y Lanús en donde se registraron cortes de calles y concentraciones vecinales.
Y es que la desinversión quedo expuesta cuando el miércoles 1 de marzo el apagón se dio en todo el país dejando a 6 millones de hogares, industrias y comercios sin suministro eléctrico, una verdadera paralización general. En este sentido lo explican muy bien la nota escrita por Fernando Krakowiak y Nicolás Gandini en el portal Econojournal, “Entre 1992 y 2013 la capacidad acumulada de transporte se amplió un 99%, pero desde esa fecha hasta la actualidad solo trepó otros 5 puntos porcentuales para totalizar una ampliación de 104%. Es decir, en los últimos diez años no se hizo prácticamente nada para robustecer el sistema. (…) La responsabilidad por la falta de inversión en transporte es compartida. En los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se invirtió casi nada. Durante el macrismo tampoco y en el gobierno de Alberto Fernández recién se observa una leve ampliación en 2021, pero insignificante en relación con el problema estructural que enfrenta la red de alta tensión”.
Desde la bancada del Frante de Izquierda presentaron un proyecto para estatizar con expropiación las empresas de energia electrica. La diputada y pre-candidata presidencial Myriam «la rusa» Bregman informó el pasado lunes acerca de la presentación «Nuevamente miles sin luz y las empresas siguen facturando como si nada. Se multiplican los cortes y nadie da una respuesta, esto no puede seguir así. Con mis compañeros del FIT presentamos un proyecto de expropiación y estatización de las empresas de energía eléctrica». Su colega, el dirigente y docente Christian Castillo también expresó en las redes sociales, «Desde que fueron privatizadas las empresas de energía eléctrica los cortes de luz se multiplicaron por cinco. Estatización bajo gestión de trabajadores, técnicos y usuarios de las empresas de energía ya!».
Fuente: AnRed
¿A dónde apuntan las armas de los
policías?
Por Lea Ross, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
¿Cómo actúa la justicia cuando un caso de gatillo fácil ocurre en el contexto de un robo? ¿Por qué no hay policías muertos en crímenes ligados al narcotráfico? ¿Qué rol cumpliría un arma policial ante una protesta social? Una crónica en una provincia donde para la justicia, a veces, robar es peor que matar.
Jueves 9 de marzo. 10:00hs. Ciudad de Córdoba. Tribunales Penales II.
-Señor Benka, a partir de los testimonios que se brindaron, ¿tiene algo para decir antes que pasemos a deliberar la sentencia?, le pregunta la presidenta del Tribunal a uno de los acusados. Él no está en cuerpo presente en la sala, sino mediante un pantalla vía Zoom, debido a que está internado por una neumonía.
-Sí. Llevo 21 años de servicio policial. Y siempre he trabajado bajo la Ley. Simplemente actué para defender a una familia.
-¿Algo más que quiera agregar?, insiste la jueza.
-Sí… Estoy orgulloso de mi trabajo. Y de la Policía de Córdoba.
Con esto, después de un mes de audiencias, se cierran los testimonios y las pruebas para que el tribunal defina, junto con un jurado popular, si el tal Benka colaboró, junto con otros cinco policías, de haber efectuado un operativo de encubrimiento por el asesinato de un joven de veintunaños de edad, perpetrado por un séptimo integrante de la fuerza.
“Tendremos el veredicto en unas tres o cuatro horas”, sostiene la magistrada.
Peligro inminente
Fue el 18 de diciembre de 2020, alrededor de las 5:20 de la madrugada. El sargento ayudante Ariel Adavid ingresó por el garage de una vivienda, donde se notificó un asalto por la línea 101. Con su arma desenfundada, contempló a un adulto amañatado y tirado en el piso. Un joven se presenta en el pasillo, de frente y se entrega: “¡No estamos armados!”. Aún así, Adavid contempla una segunda figura atrás, de espalda y agachada. Efectúa un disparo. Isaías Luna recibe la bala a la altura de su nuca. No llevaba ningún objeto en sus manos.
Un par de horas después, la vivienda es rodeada de policías y de la prensa. Luego de ser notificada de los detalles, la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, se acerca a las cámaras, con su rostro casi tapado en su totalidad por el barbijo: “El sujeto armado se percata del personal policial, al cual lo apunta (con un arma). (El policía) Efectúa un disparo, en razón de estar en riesgo el personal policial y de la familia”. Ante la repregunta de periodistas si Adavid actúo en legítima defensa, responde: “El policía actúa en razón de un peligro inminente, (debido a) que (el asaltante le) hacia apuntar con un arma de fuego y haciendo reducir a la familia, y el damnificado lesionado”.
Cuando otro colega le plantea si es verdad que Isaías tenía su arma en la mano, Zárate Belleti le contesta con la frialdad que la caracteriza: “Es así. Es correcto”.
Debe ser la tasa de mentiras por segundo más elevado que ha metido la actual jerarca de la institución cordobesa.
Más de dos años después, el jueves pasado, se dictaminó la sentencia de lo ocurrido en aquel diciembre de 2020 en barrio Urca, de la ciudad de Córdoba. Las audiencias confirmaron que los tres jóvenes que entraron a la casa no utilizaron armas de fuego. Y que lo que ocurrió entre el homicidio y y la llegada de la ambulancia fue un segundo crimen policial: el encubrimiento. Cuando los uniformados contemplaron el cuerpo sin vida de Isaías, sin ningún objeto en sus manos, decidieron buscar alguna pistola para “plantar”. Tuvieron que viajar en otra casa para conseguirla y retornando a contramano, para poder llegar antes que el servicio sanitario de emergencia.
Así llegó el arma secuestrada que fue insertada en la mano derecha del cuerpo.
Pero resulta que Isaías Luna era zurdo.
Son todos narcos
Cuando murió Isaías Luna, Alfonso Mosquera era el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba. Fue trasladado a ocupar un cargo en la Legislatura, luego del asesinato de Jonathan Romo, ocurrido en la ciudad de La Falda, donde uniformados le presionaron el cuello mediante ahogamiento mecánico. El escándalo implicó el descabezamiento de la cúpula policial del departamento Punila. Además de Romo y Luna, también tiene en su pronturario otros casos de gatillo fácil como Valentino Blas Correas, Joaquín Paredes y
Después de dar sus primeros pasos en los pasillos legislativos, Mosquera aceptó una entrevista en vivo para Canal 12, para defender su gestión, aseverando que las tasas de homicido dolosos (intencionales) en la provincia de Córdoba eran más bajas en comparación con otros distritos como Santa Fe y Buenos Aires, y que eso se explica “por estrategias y políticas públicas para atenuar la violencia letal y tener los guarismos más bajos de toda América Latina”.
El planteo de Mosquera es casi un choque a la pared cuando se topa con la tesis del doctor en Ciencias Políticas de la Ciudad de California, Hernán Flom, quien viene siendo citado en algunos medios de comunicación, a partir de los recientes hechos de violencia ocurridos en Rosario. Un referente rosarino en el análisis del narcotráfico y del involucramiento policial, que es citado en los trabajos académicos del mencionado politólogo, confirma al presente cronista: “Creo que la teoría de Flom tiene su lógica. Creo que es así”.
Flom dice que “las fuerzas policiales ‘regulan’ el narcotráfico, especialmente su componente de distribución minorista, de manera informal o ilegal, mediante una combinación de represión, tolerancia, y extracción de rentas”. Con lo cual: la “regulación coordinada tiende a disminuir los niveles de violencia. Una mayor coordinación implica que los agentes policiales que cobran una tasa de protección a distribuidores de droga se auto-restrinjan en el monto del impuesto y de la violencia utilizada para cobrarlo. Con menos coordinación, por el contrario, cada agente o unidad policial tiene el incentivo a buscar una mayor tajada para sí, en desmedro del equilibrio general de control del conflicto”. Por lo tanto, si los asesinatos de un distrito disminuye, entonces no es como hace suponer Mosquera que hay una debilidad en el crimen organizado. Por el contrario: sería la señal de que es regulada por las propias de fuerzas de seguridad que, según el autor mencionado, serían las fuerzas “subnacionales”. Es decir: las provinciales. Para quien quiera conocer el estudio de From, pueden leerlo en el siguiente link.
A nivel mediático, se viene mencionando a Rosario como “la Chicago argentina” (¡ay, esa costumbre argenta de compararnos con ciudades yanquis que nunca pisamos!). Sin embargo, su espiral de violencia sería más comparable con lo que ocurre en Río de Janeiro. Por el contrario, existe el caso inverso de San Pablo, que se compararía con las regiones metropolitanas del Gran Buenos Aires, donde la tasa de homicidios dolosos tiende a descender. Y no se podría decir que la caja de la Policía Bonaerense no se nutre de ciertos negocios ilícitos.
La tesis de From es temeraria e inquietante. Y tiene sentido cuando contemplamos que la violencia santafecina ha llegado a un punto tal que, en el año 2013, fue baleada la casa del gobernador de ese entonces, Antonio Bonfatti. Conmensurable hecho no se asemeja en nada a lo ocurrido en la provincia de Córdoba, ni tampoco en la aglomerada región bonaerense. Sin embargo, ninguna de las tres principales policías provinciales les fueron ajenas a casos de narcotráfico que involucraran a uniformados de menor rango como los de mayor jerarquía.
Cuando Mosquera dice que las políticas públicas de Córdoba tienden a atenuar la violencia letal, ¿se referirá a que la participación de la Policía en delitos callejeros tiene una raíz más política? De ser así, ¿a dónde apuntan las armas de los policías?
Un tiro al piquete
Esos mismos policías cordobeses tendrían mayor trabajo si en la Legislatura avanzaran los proyectos de leyes, presentadas el año pasado, para “regular” las protestas sociales callejeras. Y más cuando el 22 de febrero, un artículo de La Voz del Interior reveló que está en tratamiento un habeas corpus presentado por siete dueños de comercios instalados en el barrio Nueva Córdoba, exigiendo el cese de las protestas piqueteras en la zona céntrica de la ciudad. Quien los asesora legalmente es Eduardo Bittar, uno de los vicepresidentes del Colegio de Abogados de Córdoba y, por ende, un poco oneroso en cuanto a sus honorarios. El recurso legal fue entregado en octubre del año pasado y que está siendo analizado por el juez de control y faltas N.º 10 Juan Manuel Fernández López, quien convocó audiencias en los meses posteriores, donde participaron funcionarios provinciales y municipales.
Según las citas explayadas por La Voz, el juez Fernández López le instó a las autoridades policiales a que salgan a “cortar la cabeza” a los líderes de las organizaciones sociales, los acusó de “mantener el negocio” de los planes sociales y de conformar asociaciones ilícitas. Cuando le preguntó a la mismísima Liliana Zárate Belletti si se podría “eventualmente” juzgar a esos referentes mediante trabajos de inteligencia, la comisaria mayor respondió que sí. Fernández López confirmó esas expresiones suyas a distintos medios radiales, con la única aclaración que no utilizó la palabra “inteligencia”, sino “investigación”. Corregir su vocabulario no es por mera obsesión semántica, ya que esa publicación del matutino serviría de prueba para un jury en su contra por pretender violar la Ley de Inteligencia Nacional (N.º 25.520), cuyo artículo 4 prohíbe el uso de inteligencia contra alguien por su sola “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.
Cuando se presentó ese habeas corpus, casi en simultáneo, a mediados de octubre de 2022, el legislador por el oficialismo provincial, Juan Manuel Cid, que además preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, impulsó la propuesta de frenar las protestas sociales mediante una serie de modificaciones al Código de Convivencia, el que había reemplazo al cuestionado Código de Faltas, otorgando un mayor involucramiento policial y judicial hacia los ejercicios piqueteros. Lo llamativo es que el edil Cid tiene un lazo fuerte con el abogado que patrocina a los comerciantes, porque colaboró en la campaña a favor de la actual lista oficialista del Colegio de Abogados, quienes salieron triunfantes en las elecciones gremiales en abril del año pasado, permitiendo la reelección de su presidente Ignacio Segura y asegurando un puesto a Vittar en la vicepresidencia.
Apuntar
Algunos de los acusados por el asesinato y encubrimiento de Isaías Luna.
Regresamos al Jueves, a las 18:30hs. Ciudad de Córdoba. Sala V del Crímen.
No pasaron tres o cuatro horas, como dijo la presidenta del tribunal. Pasaron ocho horas y media.
Se va a proceder a la lectura de la sentencia, en una sala colmada por familiares tanto de la víctima como de las personas acusadas. En el medio: uniformados de la policía judicial se mantienen dispuestos a contener cualquier tensión. “Procedemos a leer la parte resolutiva”, aclara el magistrado, ante el pronóstico que no será tomado para el bien por una parte importante del público.
Para los dos jóvenes implicados en el robo de la vivienda: penas de tres años, y tres años y medio de cárcel efectiva.
Por el encubrimiento, que incluyó la plantación del arma en el cuerpo de Isaías: cinco policías recibieron condenas de entre dos y tres años de prisión y sin cárcel efectiva. Uno quedó absuelto.
Finalmente, para Adavid, el acusado de haber efectuado el disparo contra Isaías: un año y medio, sin cárcel efectiva.
“¡Hijos de puta!”, “Basura”, “¡Está todo arreglo!”, “¡Asesinos!”, son los gritos que se superponen en el cierre del juicio. “¡Por favor! Retírenlos de la sala!”, ordena la jueza principal. Los de seguridad acatan la orden y proceden a sacar a las familias y allegados, no solo de la sala, sino de todo el establecimiento judicial. La bronca escupida en gritos y quejas se mantienen en las veredas y alrededores de los tribunales.
Wilson es el papá de Isaías. Con impotencia, hace un esfuerzo por hablar ante la prensa: “¿Te digo la verdad? Es una vergüenza la justicia de Córdoba. Siempre fue conservadora. Es insólito que todavía esta justicia cuide a esos policías. Y así van a pasar muchos otros casos. Vamos a estar pendientes que un policía mate a uno, le tire un arma y diga que lo quiso robar. Con eso es suficiente para que la justicia diga ‘tiene razón’. Con esto comprueba que no solo toda la policía es familia, sino también la justicia”. La mamá de Isaías prefiere, desde el comienzo, no expresarse de manera oral.
“La verdad es que, con este veredicto, la Policía sigue gozando la impunidad que le brinda el poder judicial. Las condenas son una burla”, replica conmovida la abogada querellante Victoria Siloff. “Adavid lo condenaron a un año y seis meses de prisión condicional y a cinco de inhabilitación para ejercer un arma de fuego, pero no para ejercer un cargo público. Con lo cual él podría ejercer el estado policial, porque es policía retirado y muchas veces la Policía llama a trabajar a policías retirados. Y si no está inhabilitado para eso, lo podría hacer”. Aclara que casarán la sentencia: “La condena de los jóvenes que recibieron por el robo es con más tiempo y más grave que la pena de los propios policías que no solo asesinaron a sangre fría, sino que plantaron un arma y orquestaron un encubrimiento”.
Por su parte, a unos pocos metros de distancia, el fiscal Juan Carlos Klinger mantiene su protocolaridad: “Quedó probado que el accionar de la policía no estuvo justificado. Eso nos lleva a otra cuestión: ¿no estuvo justificado porque la policía no estaba preparada, o por la carga subjetiva que tiene el policía, cuya intención era matar? En este caso, lo que también quedó comprobado es que su accionar era conforme a un mal entrenamiento, una mala lectura del escenario y una mala decisión. A partir de ahí, que la calificación legal que le dio el tribunal era la adecuada. Se pudo probar que hubo un exceso en la legítima defensa”. Ante la pregunta de la prensa de por qué entonces la condena por homicido es menor que el del robo y encubrimiento, el fiscal responde: “Porque lo que se le atribuye es la culpa, la imprudencia, la negligencia en el obrar. En cambio, al resto, se le atribuye haber actuado con intención, con dolo”.
Desde un punto de vista, se contempla una sentencia que antepuso la preservación de la propiedad privada por encima de la vida. Por el otro, la expectativa de marcar un antecedente, donde sería el segundo caso donde se condena a un policía por matar a un pibe en el marco de un robo. Interpretaciones contradictorias opacadas por sensaciones amargas.
Fuente: La Luna con Gatillo
Los nuevos criterios de la pauta
oficial: los discursos de odio, el
federalismo y el rol del Enacom
Por Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
La nueva regulación castiga los discursos de odio con la quita de pauta y promueve la pluralidad de voces. «La resolución no nos otorga más poder, sino más responsabilidad» aseguró Gustavo López, vicepresidente del Enacom. El posible impacto en los medios autogestivos.
En la antesala de la campaña electoral 2023, el Gobierno Nacional decidió modificar la resolución sobre pauta oficial que regía desde el macrismo. Se informó que ahora para acceder a la pauta del Estado los medios tendrán que cumplir con diversos requisitos, entre los que destacan la expresa mención a evitar la difusión de discursos de odio y promover diversidad de voces y federalismo, un terreno donde los medios cooperativos, comunitarios y autogestivos se hacen fuertes.
La resolución 9090/2023, firmada por el secretario de Medios Juan José Ross, fija criterios objetivos para medios que quieran acceder a pauta oficial. Se trata de alcance del medio, pertinencia del mensaje, zona geográfica para la que sale, fomento del federalismo, fomento a la pluralidad de voces (donde mencionan a las organizaciones sociales sin fines de lucro) y el cumplimiento de los artículos 70 y 71 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522.
Estos dos artículos son claves porque buscan frenar el avance de los discursos de odio. El 70 se refiere a «evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes».
El artículo 71, por su parte, sostienen que se deberá velar por el cumplimiento de normas para erradicar los consumos problemáticos como así también la discriminación y la violencia. De ahora en más se refuerza la idea de que el medio que incumpla con esto se le cortará la publicidad por parte del Estado. La Resolución también aclara que quien que regula el cumplimiento de estos artículos es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y si hay sanción por incumplimiento de estos artículos, puede dar aviso a la Secretaría de Medio para que retire la pauta.
Ante la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Medios, ANSOL se contactó con el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, quien aseguró: «la resolución no nos otorga más poder, nos otorga más responsabilidad. El poder de acción nosotros ya lo teníamos por los artículos 70 y 71. Ahora lo que tenemos es un grado más responsabilidad a la hora de dar aviso a la Secretaría de Medios o accionar (con la quita de pauta) ante la presencia de incumplimientos a esos artículos, como puede ser la presencia de discursos de odio».
La palabra del Enacom sobre los nuevos criterios de pauta
López aclaró que la resolución solo se tiene alcance a la suspensión del dinero por publicidad: «El ENACOM no tiene la potestad de suspender la emisión de un programa o canal por incumplimiento de los criterios objetivos, porque eso atenta contra artículos de la Constitución Nacional, pero sí podemos intervenir para que la Secretaría de Medios suspenda la pauta».
Quienes también respondieron las consultas de este medio fueron los representantes de la Defensoría del Público, el organismo que a instancias de la ya mencionada ley de Comunicación Audiovisual busca «promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual». Horacio Lutzky, subdirector de Asuntos Jurídicos de la entidad precisó que «la resolución viene a atender un reclamo histórico de la Defensoría».
El abogado especialista en medios de comunicación indicó que «el cumplimiento de los artículos 70 y 71 es un reclamo histórico, y esto abre dos caminos: uno es que se puede accionar de manera preventiva, es decir, que si un medio que no cumple esos artículos, al solicitar pauta se la pueden negar. Y el segundo camino es directamente que se retire la pauta a quien la tenga pero empiece a incumplir con ese inciso F de la Resolución 9090/2023«.
Federalismo y pluralidad de voces en el reparto de pauta oficial
Ahora bien, los medios cooperativos, alternativos y de autogestión miran con atención el criterio objetivo que busca velar por la pluralidad de voces, donde se hace referencia que corren con ventaja allí «los medios o plataformas gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten debidamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que emitan en las categorías de baja potencia según las definiciones técnicas que establece el Ente Nacional de Comunicaciones».
El vicepresidente del ENACOM aseguró que «esto propicia un escenario en el que el Estado para garantizar la diversidad de voces o el federalismo destine más recursos a los medios comunitarios, alternativos o autogestionados que son los que más lugar le dan a esos actores, ahora van a poder contar con más recursos«.
Por su parte, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público fue más cauteloso: «Hay que ver cómo se aplica en los hechos, sí es interesante para seguir que, con la vieja resolución, el primer requisito a cumplir para acceder a pauta estaba vinculado al alcance del medio, entonces eso posicionaba mejor a los medios grandes. Ahora eso no sería así, aparece en igual de prioridad el fomento al federalismo o a la pluralidad de voces, por lo que tendrían más oportunidades de recursos los medios cooperativos o autogestivos. De todas formas eso se verá con el tiempo«.
Foto: Diego Martinez@ildieco_diegomartinezph
Hermetismo y dudas en medios autogestivos por la pauta oficial
Algunas modificaciones aparecen como alentadoras para el sector, pero otras siembran dudas. La medida, inesperada y todavía en proceso de interpretación por parte de los actores involucrados en el ecosistema de medios nacional, estipula que “el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO) funcionará en la órbita de TELAM S.E. el que determinará sus características, usos y la información a requerir a los pretensos proveedores”.
Agustín Espada, especialista en director de la Maestría en Industrias Culturales en la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en el tema, realizó un hilo de tweets para recorrer las modificaciones. Sobre la reabsorción de RENAPPO por Télam, remarcó que se trata de una vuelta a la estructura previa al Gobierno de Mauricio Macri, al tiempo que señaló que la agencia estatal “tiene estructura para funcionar mejor en materia de publicidad oficial”.
A su vez, Espada observó que esta resolución elimina la obligación del Gobierno de crear un Plan Anual de Publicidad Oficial para elaborar las campañas y organizar el presupuesto. “Esto, en los hechos, no se cumplió nunca”, comentó.
Alejandro de Masi, integrante del colectivo de la cooperativa de Radio FM La Tribu, dialogó con ANSOL y se refirió a los últimos dos criterios. “Hay cambios interesantes con esta resolución, pero como pasa siempre con la pauta oficial hay que ver cuán capacitado está el Estado o el Gobierno en la práctica. El énfasis de fomentar el pluralismo abre una posibilidad para que los medios comunitarios puedan acceder a pauta oficial. Por ejemplo, ya no es necesario presentar licencia radiofónica para inscribirse como proveedor del Estado en publicidad”, expresó.
Según Agustín Espada, “la Secretaría insiste en denominar criterios objetivos a criterios que tienen mucho de subjetivo. Del mismo modo, no indica cómo se medirá el alcance de los medios (aspecto central de la distribución)”.
Por otro lado, el especialista de la Universidad de Quilmes indicó que también es relevante que a partir de ahora en cada campaña deberán tenerse en cuenta la mayor cantidad de criterios de distribución pertinentes y no todos como establecía la resolución 247 de 2016.
Al respecto, agrupaciones de medios populares y autogestivos expresaron su preocupación por una medida que consideraron inconsulta y que los tiene como protagonistas. En particular, el señalamiento es que se vislumbra una tendencia a favor de los medios más poderosos, ya que entre los criterios de base es necesario que quienes se inscriban para el formato digital deberán acreditar páginas web con más de un año de antigüedad y/o 250 mil usuarios únicos.
A su vez, Espada señala que la resolución elimina la obligación de los prestadores de presentar «acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales». Esto permite a organizaciones sin fines de lucro, medios autogestivos y populares, que por lo general cuentan con menos estructura, poder acceder a la pauta oficial.
Fuentes especializadas disintieron al respecto al ser consultadas por ANSOL. Argumentan que la decisión de no reclamar la Declaración Jurada de empleo formal de los integrantes de los medios que reciban pauta oficial abre la puerta a que empresas contraten de manera irregular a sus trabajadores y trabajadoras.
La medida es analizada con cautela y hermetismo, ya que todavía no son claras las intenciones del Ejecutivo nacional.
“Da la sensación de que si bien es interesante pensar la responsabilidad de los medios, quien sanciona es el Enacom” -comentó De Masi, de La Tribu- “En estos últimos años no hemos visto sanciones de ese estilo sin meterse en una discusión mucho más profunda y compleja que va de la mano de la idea de libertad de expresión. Es más, muchas veces el Enacom termina derivando las cuestiones a la Defensoría del Público, que no tiene capacidad de sanción”.
Fuente: Ansol
A pedido del FMI: Victoria Tolosa
Paz no concluyó el primer recorte
y ya prepara el segundo
Por Nicolás Salas, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
El giro de 5200 millones de dólares y el cambio de las metas de las reservas que el organismo le concedió a Sergio Massa viene con una contrapartida que le exige al país profundizar el ajuste, entre los que se menciona el achicamiento del programa Potenciar Trabajo. En momentos en que la Unidad Piquetera acampa en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación denunciando el ajuste en dicha cartera, desde el gobierno empiezan a programar un nuevo recorte en las partidas sociales. El origen de la decisión se concentra en el co-gobierno que desde hace años se mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esta oportunidad, la profundización del ajuste se origina en la última negociación que el Ministerio de Economía mantuvo con el organismo extranjero de cara a lograr el acceso a 5200 millones de dólares y modificar las metas de reservas del Banco Central para el 2023.
La aceptación de la propuesta argentina no fue producto de un entendimiento por la sequía que azota al país o la inflación derivada de la guerra en Europa, sino que vino con una nueva exigencia al país respecto a los recortes y ajuste de las políticas sociales, entre otras medidas.
La lógica “dealer” del FMI, cuanto más se le pide más te ata a sus intereses, no es nada nuevo en la historia del organismo y presupone una seguidilla de ajustes para los próximos años. En su último comunicado de prensa, el organismo le reconoce a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz haber cumplido con una “mejora en la focalización de los subsidios y la asistencia social”, eso que la ministra anunciaba como “revalidación de datos”.
Este reconocimiento fue acompañado de un nuevo pedido para emular tal medida en la búsqueda de achicar el déficit fiscal: “(…) En particular, será fundamental continuar con el proceso de consolidación fiscal que prevé una reducción del déficit fiscal primario del 2,5 % del PIB en 2022 al 1,9 % del PIB en 2023. Esto debe estar respaldado por esfuerzos para seguir movilizando ingresos, fortalecer controles de gastos, y mejorar de manera oportuna la focalización de los subsidios y la asistencia social, al tiempo que proporciona espacio para el gasto social y de infraestructura prioritario”.
El texto emitido por el Departamento de Comunicaciones del FMI es claro y genera las condiciones para que el gobierno avance en un nuevo recorte que, hasta el momento, se expresa en 85 mil bajas del Potenciar Trabajo y 20 mil de las prestaciones llamadas Nexo. Arduo trabajo tendrá Tolosa Paz que aún no concluyó el primer ajuste cuando ya le solicitan el segundo.
Fuente: AnRed
Persecución y despidos en la
Facultad de Psicología de la UBA
Por Micaela Medina, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
En el día de ayer se dio a conocer el despido de 5 docentes de la carrera de Musicoterapia (mtp), de la UBA, a raíz de haber participado de acciones de lucha en el marco de la designación a dedo de titulares de cátedra durante el 2do cuatrimestre del 2022.
Las y los docentes de prácticos, Gabriel Abramovici (mtp), Martin Nuevo (mtp), María Clara Olmedo (mtp), licenciada Laura Rossi (mtp) y Nahuel Prado (mtp), fueron notificados de su despido este martes 14 de marzo, por la tarde. La justificación fue explícita: fueron despidos por causas políticas y gremiales, más específicamente por criticar las designaciones a dedo y participar en protestas contra ellas.
Durante 2022, los docentes de musicoterapia en Salud Mental, Teoría y Técnica de Grupos y de la Práctica Profesional 330, protagonizaron enormes jornadas de lucha y difusión, a raíz de la designación a dedo, por parte de las autoridades de la Facultad de Psicología, a los cargos de titulares de las cátedras nombradas, poniendo en esos puestos a personal de su propio espacio político (UCR) y que nada tienen que ver con la profesión de musicoterapeutas, degradando así la formación de miles de estudiantes y próximos profesionales.
Las acciones llevadas adelante el año pasado fueron acompañadas por la comunidad de la carrera de musicoterapia y por la gremial docente, así como por el conjunto de la comunidad educativa de toda la Facultad de Psicología y otras Facultades de la UBA.
En las próximas horas se conocerán las medidas que se llevarán a cabo por parte de las y los docentes afectados, que ya están exigiendo su reincorporación.
A continuación, reproducimos su comunicado:
Fuente: La Izquierda Diario
Movimiento de Mujeres y
Diversidades Indígenas por el
Buen Vivir. Invitación al Conversatorio:
Retorno al Territorio
Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023
Retorno de Mujeres y Diversidades Indígenas al Territorio: La resiliencia sin fronteras 
Desde el @mmujeresindigenas deles invitamos a este nuevo conversatorio.
Modalidad: Por zoom.
16hs Argentina.
Reciprocidad: $2500.
Formulario de Pre-inscripción
https://forms.gle/hCxuLpnSb8uVKuRf8
(Link en Bio)
1)Completá el formulario con tus
datos.
2)Allí verás las formas de pago.
3)Envías el comprobante al mail movimientomujeresindigenas@gmail.com
Participan:
Fabiana Ibarra – Pueblo Wichi.
Emilia Carballo – Pueblo Charrúa.
Lorena Carpanchay – Pueblo Diaguita.
Raintuy – Pueblo Mapuche.
Rosario Virginia Hilario – Pueblo
Ava Guaraní.
Presenta y modera:
Stella Maris Molina – Pueblo Kolla.
Hermanes del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir realizaran un conversatorio donde dialogarán sobre la importancia del retorno al territorio y el fortalecimiento de la identidad como parte de los pueblos ancestrales y el vínculo con la naturaleza, la auto sustentabilidad y el compromiso con ella.
Si por algún motivo no podes participar en vivo, el conversatorio se grabará y podrá ser visualizado una vez enviado el vídeo por el tiempo de 15 días.
«La conformación del estado Argentino afectó de manera directa a los pueblos indígenas que ya habitaban este territorio. Realizando genocidio masivo a través de diferentes «campañas» y luego sistemáticos desalojos, y reducciones a las comunidades sobrevivientes, llevando a muches a tener que emigrar a las ciudades.
Con el transcurso de los años, hemos comprendido la importancia de reafirmarnos en nuestra identidad ancestral, recuperando la conexión con los territorios para lograr la armonía con la Madre Tierra. Somos parte de ella, esto lo comprendieron los antepasados. Las montañas, los ríos, la gente, las piedras, el bosque, la selva, etc. Todes cumplimos un rol en la vida, por la cual estamos en conexión permanente. Quien cuida de la Madre Tierra se está cuidando
No es otra ola de calor, Argentina
hierve en su modelo productivo
Por: Silvana Melo, Resumen Latinoamericano, 15 de marzo de 2023.
“Se podría decir que estamos experimentando las olas de calor intensas más frescas del resto de nuestras vidas”, dijo una investigadora del Conicet. Y es la distopía de marzo 2023: una de nube de fuego y humo, de 38 grados y 43 de térmica, de bichos diminutos que invaden las casas, los trenes, los bondis y los patios, de una sequía monumental que cuartea el 70 por ciento de la tierra del país. Una decisión irrenunciable del poder político de no mover ni un ápice el modelo de producción que nos tiene parados aquí, desgraciadas y desgraciados, en alerta rojo cuando el otoño debería ser inexorable.
Los catorce millones de personas hacinadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son el 35 por ciento de la población argentina y viven en 3.800 kilómetros cuadrados, en un país que se alarga en 2.780.000 kilómetros cuadrados. Catorce millones generando su propio calor, apilándose en manzanas enteras habitadas hasta el mínimo rincón interno, cementadas al extremo, con pulmones de manzana tan decrépitos y agotados como la propia población a ocho días de un otoño fraudulento.
Carolina Vera es la doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora principal del Conicet la que habló de las olas de calor más frescas del resto de nuestras vidas. Porque el país, cosido por la inflación y el desencanto político, soporta el verano más cálido de su historia con 1,3 grados por encima de la temperatura normal, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este verano fue el tercero más seco de la historia en la Argentina. Pero febrero fue el segundo más seco con un 41,9 por ciento menos de lluvia que el promedio. Es decir que llovió la mitad de lo que suele llover, más o menos normalmente, en uno de los meses de mayores precipitaciones promedio al año.
Y las olas de calor —que son nueve en este verano, hasta ahora— serán cada vez más frecuentes e intensas “por la influencia humana en el clima”. Es verdad que los gases de efecto invernadero, que producen el calentamiento de todo el planeta, se vienen acumulando desde el comienzo de la era industrial. Pero la locura de la riqueza concentrada y la rentabilidad ilimitada se han profundizado en las últimas décadas. Y el modelo de producción extractivista es el sostén financiero de la mayor parte de los países de América Latina, extremadamente débiles política y económicamente.
Las olas de calor del modelo extractivo
La ola de calor que se extendió en el AMBA, por gran parte del mes de marzo, es consecuencia de esa matriz productiva que la Argentina adoptó como propia a costa de lo que fuere. Los gases de efecto invernadero —los que producen el ahogo sostenido de este tiempo en calor y sequía— están directamente relacionados con quemar combustibles fósiles. Es decir, obtener energía del carbón, el petróleo y el gas natural. Vaca Muerta es el cuerpo de salvataje de este dislocado país, a partir de la producción de hidrocarburos no convencionales. Que para colmo necesitan de sistemas probadamente nocivos como el fracking —fractura hidráulica— para la extracción del petróleo y el gas.
Pero además, el cambio del clima está generado por la deforestación y la erosión del suelo, episodios con historia muy cercana: la ampliación de la frontera agrícola se puso en marcha en las últimas décadas cuando la Argentina decidió poner énfasis en la exportación de commodities con la consecuente entrada fácil de divisas y el enriquecimiento desmesurado de grandes productores que dominan extorsivamente la economía del país. Cuando la soja se volvió reina y señora y su cultivo fue casi único durante años, se deforestó desaforadamente, se corrió a la ganadería hacia los humedales y se destruyeron el suelo y los reservorios de agua dulce. Los propios dueños de la tierra y la vida se opusieron a la ley que intenta salvar los humedales y la pretenciosa letra legal quedó en un cajoneo con olor a para siempre.
El desmonte destruyó la ida y vuelta entre las lluvias, los árboles y la tierra que mantienen naturalmente la salud de unos y otras. El agotamiento del suelo por parte del monocultivo y la falta de árboles volvió ese suelo una calle de cemento por donde no escurre el agua. Por lo tanto, las distintas zonas del país se retuercen espasmódicamente entre terribles sequías e inundaciones. El negocio inmobiliario construyó countries que funcionan como paredes contra las que chocan las aguas en busca de su camino normal y que producen el desvío hacia las ciudades.
El Niño y la Niña o el modelo de la semilla zombie
Casi veinte días de entre 36 y 38 grados de temperatura en el AMBA hacinado no es fruto de la casualidad ni sólo de los fenómenos como el Niño o la Niña —en una connotación poco feliz que implica a la infancia— como sostienen los descontextualizados meteorólogos.
Los bichos diminutos —llamados trips— que rara vez vemos en las ciudades encadenadas en esta olla hirviente que es el Conurbano y los otros bichos, como los «astilos moteados» o el «siete de oro» —que se las agarran con las vacas ante la desesperación y el desconcierto— se vienen a los centros urbanos porque la sequía les arrebató el hábitat y el alimento.
Los centenares de miles de niños, niñas y adultos que sobreviven en los eufemísticos “barrios populares”, se llevan la peor parte. Como parece corresponder a una política de extinción de los sectores más frágiles. En sus barrios y en sus casas hace más calor, obviamente no tienen aire acondicionado, la electricidad tiene la inestabilidad de los que se cuelgan, el agua es una quimera, los espacios verdes son reducidos y el hacinamiento es mucho más profundo. “En Argentina las ciudades concentran al 90 por ciento de la población, y es en ellas donde los impactos se sienten más y, en consecuencia, donde debemos focalizar las soluciones”, dice el coordinador del Programa de Ciudades de la ONG Cippec, Alejandro Sáez Reale.
Los catorce millones que fatigan el AMBA transitando una ola de calor que ya parece sólida, no saben si tendrán luz cuando lleguen a sus casas. Si van a la escuela, probablemente no tengan aire ni ventiladores y son treinta o más en un aula con una docente y los chicos se desmayan de baja presión (a veces también de hambre) y la docente trata de exorcizar su propio desmayo.
Los fenómenos extremos generan incendios devastadores en el centro y en el sur del país, algunos accidentales, otros provocados por los mismos productores agropecuarios. Estas quemas han producido tragedias que, sin embargo, no lograron que la Justicia y el poder político actúen con dureza. Es que es el mismo poder económico, el mismo poder real, que logra dos ediciones del dólar soja, en un país desesperado por divisas y extorsionado por quienes las pueden generar. El mismo que inventa el trigo HB4 transgénico, «resistente a la sequía».
Es que primero destruyen los ecosistemas y luego crean la semilla zombie que resiste a todas las consecuencias de ese sistema productivo. Las olas de calor, la energía eléctrica que se apaga para 20 millones por un incendio de pastos, la sequía que manda los bichos a las ciudades y destruye las pequeñas economías, la desesperanza de los que tienen que salir todos los días al infierno, el desencanto de observar en la escena diaria la ritual disputa por cargos que deberían ser tóxicos, la luz que se corta y se corta y se corta.
Y los catorce millones hacinados en el AMBA, tanto como los 46 millones de todo el país, que pellizcan en la mesa un pan con trigo transgénico —ése que resiste a la sequía—. Sin siquiera sospecharlo.
FUENTE: Agencia Tierra Viva
Envio:ResumenLatinoamericano
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