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22 de marzo de 2023
TROPEL del 22.02.2023.
La versión que Cafiero bochó la central nuclear de China elevó al máximo la tensión con Massa
La versión circula en el máximo nivel del Gobierno y complica el próximo viaje de Massa a China. Estados Unidos objeta la cooperación nuclear con el gigante asiático.
Por Luciana Glezer
21/03/2023
La feroz interna de la coalición gobernante expuesta en la crudeza de la batalla de los off the récord, llegó al absurdo de mezclarse con la geopolítica, nada menos que con la potencia ascendente de China.
Este miércoles circuló en el gobierno una versión que hizo cimbrar el próximo viaje del ministro Sergio Massa a la potencia asiática. La versión indicaba que el canciller Santiago Cafiero avanzó unilateralmente sobre la agenda de cooperación con China y eliminó de los acuerdos con el gigante asiático la construcción de una nueva central nuclear en el país, un tema que está bajo el área de Massa.
"El canciller Santiago Cafiero desechó de los acuerdos de cooperación con China la construcción de la cuarta central nuclear que habían firmado Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando era presidenta, y a la vez que complicó el viaje de Sergio Massa al país asiático porque dejó afuera del texto al Ministerio de Economía", afirmó a LPO una fuente involucrada en las negociaciones con el gigante asiático.
"La decisión inconsulta de la Cancillería de Argentina tomó por sorpresa al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, a la Embajada de Argentina en Beijing y a organismos como el INVAP, que ve afectada la posibilidad de venta de reactores de isotopos medicinales a China", agregó la fuente.
La versión circuló cuando la relación de Massa con Alberto pasa por su peor momento, como anticipó en exclusiva LPO. Cafiero es el asesor más cercano del Presidente, su hombre de mayor confianza.
Lo cierto es que en febrero de 2021, en su viaje a Beijing, el propio presidente Alberto Fernández había firmado con su par de China, Xi Jinping, una declaración conjunta que incluía la cooperación nuclear y en telecomunicaciones. Pero además fue el propio Canciller quien había suscripto personalmente el Memorándum de La Franja y La Ruta de la Seda. Con lo cual resulta contradictorio que ahora descarte el proyecto oficial que elevó a China el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
La versión circuló cuando la relación de Massa con Alberto pasa por su peor momento. Cafiero es el asesor más cercano del Presidente, su hombre de mayor confianza.
Lo llamativo es que el paso decisivo para el acceso al financiamiento es lo que tenía previsto concretar Sergio Massa en el viaje que hasta ahora realizaría en Mayo. Es por eso que las supuestas modificaciones de Cafiero sin consulta previa con el Ministro fueron leídas en ciertos despachos del Gobierno nacional como un un boicot directo al próximo viaje.
"Puede hacer peligrar la continuidad de todos los proyectos, que venían dando aire y financiamiento al gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos el swap por 2.000 millones de dólares, y el financiamiento para las represas de Santa Cruz por otros 4.000 millones más aproximadamente", agregó a LPO la fuente citada.
Desde Cancillería salieron a desmentir la versión sobre las decisiones unilaterales de Cafiero "La coordinación entre Cancillería y Economía funciona perfectamente y la llevan adelante Cecilia Todesca y Marco Lavagna", afirmó a LPO una fuente del Palacio San Martin.
Más allá de las características de la política local, lo cierto es que Estados Unidos objetó de manera vehemente ante el gobierno de Alberto Fernández, la cooperación nuclear con China. Y no parece un dato menor que el texto del acuerdo que Argentina envió a China esta semana en el marco de la Ruta de la Seda no incluya ni la cooperación nuclear ni las obras vinculadas a Telecomunicaciones, tal como confirmaron a LPO desde ambas embajadas.
Es dato que la semana pasada el subsecretario de Energía de Estados Unidos, David Turk, visitó el país y estuvo reunido con Santiago Cafiero. Luego recorrió el predio que de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Ezeiza acompañado por la secretaria de Energía Flavia Royón, funcionaria que responde a Sergio Massa.
El financiamiento chino se instrumenta por dos vías. Por un lado el acuerdo de cooperación denominado Diálogo Estratégico para la Cooperación y la Coordinación Económica (DECCE) que ya está aprobado, y equivale a 14.000 millones de dólares. Dentro de este paquete se destacan la Cuarta Central Nuclear en Zárate; las represas de Santa Cruz Néstor Kirchner y Carlos Cepernic; proyecto de adquisición de material rodante Roca eléctrico; Parque Eólico Solar Cerro Arauco en La Rioja; entre otros.
La semana pasada el subsecretario de Energía de Estados Unidos, David Turk, visitó el país y estuvo reunido con Santiago Cafiero. Luego recorrió el predio que la Central Nuclear de Atucha en Ezeiza acompañado por la secretaria de Energía Flavia Royón, funcionaria que responde a Sergio Massa.
Por otro lado, es este acuerdo de cooperación lo que habilitó a la Argentina como integrante de la Ruta de la Seda. Con ese nuevo marco el financiamiento comprometido suma 9.700 millones de dólares más.
"La pregunta es porque de todos estos proyectos el único que no se frena es el proyecto de energía solar de Morales en Jujuy", formuló a LPO una fuente que participa de las negociaciones con el gigante asiático.
"En el caso de las represas de Santa Cruz, se dieron un par de pasos, destrabamos una parte de los fondos pero la negociación para establecer el cronograma del resto de los desembolsos se detuvo", agregó esta fuente.
"El financiamiento está comprometido pero no hay un interlocutor válido para concretar el envío de los fondos. Esa era la misión del viaje de Massa a China. Destrabar el financiamiento con la firma del segundo paquete, el de la Ruta de la Seda", agregó la fuente.
En este sentido vale recordar el informe confidencial que detalla la visita de una misión de EEUU preocupada por la construcción china de la cuarta central nuclear a la que LPO accedió en exclusiva. Las autoridades tuvieron que reconocer que un agente del FBI integro la comitiva que desembarcó en Atucha, y fue la confirmación que Béliz era en ese momento el encargado de bloquear a China.
Fuente:LaPolitica.online
ECONOMÍA
Salarios: Rechazo de Nación a las sumas fijas, mensaje al kirchnerismo y críticas de parte del sindicalismo
Tras la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil fueron varias las repercusiones sobre los acuerdos logrados en medio de la delicada situación económica del país
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil culminó una nueva reunión anoche con varias repercusiones de distintos referentes que se pronunciaron hoy. Por un lado, desde Casa Rosada volvieron a rechazar la posibilidad de aumentos por sumas fijas y pusieron el foco en las paritarias, mientras que el sindicalismo manifestó sus quejas sobre los resultados. Al mismo tiempo, hubo comentarios dirigidos al ala kirchnerista del Gobierno.
La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos tomó la palabra tras la reunión y reivindicó una vez más las revisiones salariales mediante paritarias, a contrapunto de los reclamos por un aumento fijo y un salario universal, tal como fue reclamado el año pasado por diversos sectores del oficialismo ante la inflación.
“Lo que nosotros tomamos cuando hay estos impactos inflacionarios es la decisión de habilitar todas las revisiones que nos solicitan. El año pasado hubo gremios que revisaron tres o cuatro veces sus paritarias. Nunca les negamos esa revisión”, dijo Olmos en declaraciones a AM750.
Asimismo, la ministra de Trabajo envió señalamientos a la gestión bonaerense, a cargo de Axel Kicillof, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, dos de las referencias más fuertes del kirchnerismo duro en la actualidad. Al referirse a los problemas salriales, Olmos indicó: “Yo le digo que el sector más retrasado es el de los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí deberían intervenir, porque yo no tengo competencia sobre esos sectores y la Provincia, sí”.
Cabe recordar que el ministro de De Pedro fue uno de los referentes de Nación que había reclamado que se implementen aumentos por sumas fijas en los sectores donde los acuerdos salariales no logran superar la línea de la pobreza.
Mientras tanto, desde el sindicalismo llegaron críticas hacia el Consejo del Salario. “Es una vergüenza que estemos 4 horas discutiendo el salario mínimo para aumentar 18 mil pesos”, expresó el líder de Camioneros, Pablo Moyano, en declaraciones a Futurock. En esa línea, Moyano apuntó directo a la titular de la cartera de Trabajo: “Le dije en la cara a la ministra Kelly Olmos que es una vergüenza el aumento del salario mínimo”.
Fuente:Diagonales
Intervención a Edesur: una respuesta
a los cortes de luz, el mal humor social
y una empresa que se borró
Por Randy Stagnaro, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2023.
La decisión de Sergio Massa busca dar un paso que no lo comprometa con pleitos internacionales. Resta conocer detalles de la actividad que desplegará Jorge Ferraresi.
Finalmente, el gobierno optó por la intervención de Edesur como respuesta al dilema de los constantes cortes de luz. Aún se desconoce el trazo fino de la medida, concretamente si entre los poderes del interventor figurará el control de la caja a fin de emplear el flujo de dinero para fondear las obras necesarias para dar un servicio correcto. El interventor designado es Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.
El gobierno se juega con esta medida más que un disgusto con Enel, la semi estatal italiana dueña de Edesur. También está la expectativa de los usuarios sin luz que la semana pasada multiplicaron las protestas callejeras y se profundizó el mal humor social. En ese contexto, no parece que la paciencia de los usuarios sin luz pueda prolongarse por mucho tiempo.
Según anunció en la noche del lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, ya dio instrucciones al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que dirige Walter Martello, para intervenir Edesur por 180 días. Horas después del anuncio, desde Economía se aseguró que la intervención sería “administrativa”, aunque no abundaron en sus alcances.
Ferraresi, junto con Martello y la secretaria de Energía, Flavia Royon, estaban camino de presentarse “físicamente” en las oficinas centrales de Edesur, en el barrio porteño de Montserrat, a pocos cientos de metros del Congreso y la Casa Rosada.
Massa también adelantó que Royon informará a la Bolsa de Buenos Aires sobre los “incumplimientos” de Edesur y explicó esto en que las acciones de la distribuidora cotizan en varias plazas, entre ellas la local. Edesur ganó en julio de 1992 una concesión de 95 años, ¡hasta 2087!, para distribuir electricidad en la zona sur del Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.
El titular del Palacio de Hacienda también apuntó que resolvió ejecutar $ 2700 millones en multas a Edesur para resarcir a los usuarios afectados por los cortes del servicio. No aclaró si se trata de dinero contante y sonante o de una factura que luego se intentará cobrar.
Propiedad y Ciadi
Massa se preocupó en aclarar que la decisión que tomó “no afecta el contrato de concesión ni la propiedad de los accionistas”.
La semana pasada arreciaron los rumores sobre algún tipo de acción desde el gobierno nacional ante la irrupción de protestas callejeras provocadas por los cortes cada vez más seguidos y al mismo tiempo, más prolongados. Massa se refirió a eso al decir: “A lo largo de los últimos 15 días hemos vivido situaciones que a todos nos golpearon y nos dolieron. Claramente, ver comercios teniendo que tirar las mercaderías, hogares sin luz y sin agua por la falta de luz a lo largo y a lo ancho de la zona de concesión de Edesur fueron las imágenes que marcaron la agenda de la Argentina y sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires”.
El gobierno fue acercándose a la intervención paso a paso y en medio de un intenso debate interno. No pasó una semana desde que Martello, del ENRE, avisó que se iba a tomar hasta 90 días para elaborar “un informe” a elevar al Congreso para que el cuerpo legislativo evaluase la pertinencia de una caducidad del contrato. Ese día hubo picos de 120 mil usuarios sin luz en la zona de Edesur.
Pero tres días después ya había cambiado de parecer y evaluaba medidas “extraordinarias”. En el medio, Massa le pidió a Martello que iniciara una causa penal contra los directivos de Edesur incluido el pedido de prohibición de salida del país.
Además de los reclamos callejeros, el otro factor que determinó estos cambios en las decisiones fue el “estilo” de gestión de Edesur, cercano a la “desidia”, según testigos. El mismo lunes, desde Economía se aseguró que “los italianos abandonaron la gestión de Edesur” y que la firma se encontraba al garete. Tiempo intentó comunicarse con Edesur pero no logró una respuesta.
La intervención “administrativa” es una salida que adelantó Tiempo en su edición del domingo, donde aseguró que el gobierno estaba buscando controlar “áreas” de la empresa.
Esto sucede al mismo tiempo que la venta de Edesur no avanza por falta de interesados al precio actual, por lo que arreciaron versiones de que Enel buscaba provocar una reacción de las autoridades argentinas, una nacionalización, a fin de llevar el caso al Ciadi y reclamar una indemnización.
Pasó mucho tiempo
La intervención es para “observar que se dé cumplimiento efectivo del contrato” de concesión, afirmó Massa al explicar las tareas de Ferraresi. Agregó que en detalle, “fiscalizará” que se ejecuten las obras y se mejore el servicio.
La necesidad de una intervención no puede soslayar el hecho de que el ENRE tiene ojos y oídos en Edesur a través de un veedor y que su función fue fortalecida hace poco. Esto además del poder de auditoría del ENRE sobre Edesur y su par de la zona Norte, Edenor.
Es decir, la desinversión que denuncia el gobierno nacional se ha realizado ante la mirada de los propios funcionarios y, además, superó la renegociación de la deuda de Edesur a Cammesa (la empresa mixta que administra el mercado eléctrico), que derivó en una quita del 60% del valor presente neto de la misma, hasta $ 47.225 millones desde los $ 113.838 millones, y a pagar en 8 años con una tasa de interés subsidiada. Esto sucedió a fin de 2022.
Fuente: Tiempo Ar
Córdoba: Teatro antidisturbios,
habeas corpus contra la protesta
social
Por Verónica Michelle Cabido, Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2023.
A fines del año pasado, vecines del centro de Córdoba presentaron un habeas corpus en contra del ejercicio de la protesta social por el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que habrían generado las organizaciones sociales. En los próximos días, se conocerá la resolución del juez Fernández López, quien se refirió a la protesta como un “ataque directo” de quienes manifiestan hacia quienes habitan la ciudad. En esta nota, la abogada e integrante del Programa de Violencia Institucional del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia analiza y reflexiona sobre el caso y la narrativa construida en torno a esto.
Solicitaron la instrumentación “dentro de la razonabilidad y proporcionalidad” de medidas que mitiguen o hagan cesar las “restricciones arbitrarias”. El juez Fernández López refirió a la protesta como un “ataque directo” de les manifestantes a “conciudadanos, no al gobernante”, que vulnera derechos constitucionales.
Si bien el habeas corpus se utiliza para garantizar la libertad física, aquí se utiliza para limitar el derecho a la protesta social. La libertad de circulación es un derecho reconocido por nuestra constitución y tratados internacionales, pero la protesta social es un derecho fundamental de la democracia.
Aunque la resolución del habeas corpus se conocerá en los próximos días, el juez anticipó que considera que la protesta es una conducta comprendida en el Código Penal y en el Código de Convivencia. En las audiencias previas, advirtió que dicho “catálogo de normas” permite “no consentir el corte de calles, ni siquiera media calzada”, y que ambas normas “pueden dar respuesta adecuada” al pedido de les vecines. De esta manera, dejó en evidencia su inclinación hacia la criminalización del derecho a la protesta social. Sin embargo, cuando se le consultó sobre esto, argumentó tautológicamente: “Sólo se criminaliza cuando las personas que enarbolan la protesta o la organizan incurren en delitos”.
Al haberse expresado en este sentido, se estima que resolvería que los cortes por parte de organizaciones deben ser “neutralizados”. Para ello, exhortaría a la policía y al Ministerio Público Fiscal a que apliquen las mencionadas normas penales y contravencionales, y aseguró que dichos órganos investigarán a sus organizadores. Cuando se le preguntó cuál sería el delito que habilitaría la investigación, respondió que “si hay una marcha organizada, ya se sabe qué clase de delitos se podrían dar y se puede actuar preventivamente”. Las expresiones del juez no solo dejan entrever que la resolución del habeas corpus será desfavorable a la protesta social, sino que encienden algunas alarmas.
A fines de 2022, vecines de barrio Centro presentaron un habeas corpus en contra del ejercicio de la protesta social por el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que habrían generado las organizaciones sociales. Solicitaron la instrumentación “dentro de la razonabilidad y proporcionalidad” de medidas que mitiguen o hagan cesar las “restricciones arbitrarias”. El juez Fernández López refirió a la protesta como un “ataque directo” de les manifestantes a “conciudadanos, no al gobernante”, que vulnera derechos constitucionales.
Si bien el habeas corpus se utiliza para garantizar la libertad física, aquí se utiliza para limitar el derecho a la protesta social. La libertad de circulación es un derecho reconocido por nuestra constitución y tratados internacionales, pero la protesta social es un derecho fundamental de la democracia.
Aunque la resolución del habeas corpus se conocerá en los próximos días, el juez anticipó que considera que la protesta es una conducta comprendida en el Código Penal y en el Código de Convivencia. En las audiencias previas, advirtió que dicho “catálogo de normas” permite “no consentir el corte de calles, ni siquiera media calzada”, y que ambas normas “pueden dar respuesta adecuada” al pedido de les vecines. De esta manera, dejó en evidencia su inclinación hacia la criminalización del derecho a la protesta social. Sin embargo, cuando se le consultó sobre esto, argumentó tautológicamente: “Sólo se criminaliza cuando las personas que enarbolan la protesta o la organizan incurren en delitos”.
Al haberse expresado en este sentido, se estima que resolvería que los cortes por parte de organizaciones deben ser “neutralizados”. Para ello, exhortaría a la policía y al Ministerio Público Fiscal a que apliquen las mencionadas normas penales y contravencionales, y aseguró que dichos órganos investigarán a sus organizadores. Cuando se le preguntó cuál sería el delito que habilitaría la investigación, respondió que “si hay una marcha organizada, ya se sabe qué clase de delitos se podrían dar y se puede actuar preventivamente”. Las expresiones del juez no solo dejan entrever que la resolución del habeas corpus será desfavorable a la protesta social, sino que encienden algunas alarmas.
En primer lugar, asimila el ejercicio de un derecho a la comisión de un delito. “Si tres o más personas convergen intencionalmente para cortar una arteria principal, están incurriendo en la comisión del Art. 194, por ejemplo, la interrupción del transporte terrestre, o si se instalan en la puerta de edificios y no permiten el ingreso o egreso, puede ser una turbación de la posesión. Pueden ser un sinnúmero de infracciones penales y contravencionales”, sostuvo, sugiriendo que, cuando un grupo de personas se convoca en la vía pública, está incurriendo en una conducta penal y omitiendo que dicha conducta es el ejercicio de un derecho constitucional.
No sobra mencionar brevemente el origen histórico del Artículo 194 al que se refiere el magistrado. Se trata de un artículo que se incorpora al Código Penal de manera antidemocrática, sin tratamiento por parte del Congreso y por medio de un decreto-ley que tuvo lugar durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, la autoproclamada “Revolución Argentina”, caracterizada por ser el único gobierno que disolvió los partidos políticos. El dato podrá parecer anecdótico, pero nos revela el origen antidemocrático de una figura penal que se utiliza hasta el día de hoy para reprimir y perseguir a quienes ejercen un derecho básico de toda democracia.
En segundo lugar, el juez hace mención a que la protesta puede configurar “un sinnúmero de infracciones”. En efecto, advierte Roberto Gargarella sobre el problema de que existan muchos delitos que se utilizan o puedan utilizarse para reprimir la protesta social. Señala que “muchos de estos tipos penales, a su vez, son de dudosa compatibilidad con el sistema interamericano de derechos humanos: algunos son imprecisos o no protegen bienes jurídicos relevantes o concretos, o tienen un ámbito de prohibición demasiado amplio. A esto, hay que agregarle la propia naturaleza del sistema penal, que no opera ante todos los casos, sino que es selectivo”.
Por otro lado, las expresiones del juez justifican una labor de inteligencia policial y la puesta en marcha de los órganos del aparato represivo de manera preventiva, en función de un delito que aún no se cometió, pero cuya comisión se presume. Esta excesiva confianza en las habilidades futurológicas (“ya se sabe qué clases de delitos se podrían dar”) no sólo desatiende que, en muchas ocasiones, los delitos ocurren de manera espontánea, guiados por la oportunidad y la reacción a circunstancias del momento, sino que se apoya en meros prejuicios que justifican la actuación preventiva de los órganos del aparato punitivo, adelantando y ampliando el despliegue penal. Este ejercicio preventivo hunde raíces en nociones como la peligrosidad presunta de determinados sujetos y contraría garantías constitucionales como el principio de inocencia.
Por último, se reproduce una narrativa que reduce la situación a un conflicto normativo y una vulneración de derechos entre particulares. El derecho a la protesta parecería restringir el derecho a la circulación, mientras que la defensa del derecho a la circulación impediría el derecho a la protesta. Esta estrategia desplaza la atención sobre la demanda de derechos que origina la manifestación. Cuando los movimientos sociales luchan por determinado derecho, utilizan la protesta como estrategia de visibilización de su reclamo. Pero la narrativa de conflicto de derechos corre el eje hacia el derecho a la libre circulación. De esta manera, la atención se pone sobre “el corte de tránsito” y se invisibiliza el reclamo o la vulneración de derechos que lo motiva. Como consecuencia de dicho desplazamiento, es más fácil que la sociedad en general reclame una intervención estatal punitiva y convalide la criminalización de la protesta social. Reducir la cuestión a un conflicto normativo pierde de vista que el ejercicio del derecho a la protesta, en la mayoría de los casos, no es más que un medio para visibilizar una vulneración preexistente de algún otro derecho.
Sin desconocer el rango constitucional del derecho a la circulación, debemos mencionar que el derecho a la protesta social no solo reviste la misma jerarquía, sino que es un derecho de particular importancia en cualquier sistema democrático. En la mayoría de los casos, abarca expresiones críticas a determinadas políticas de gobierno o a sectores vulnerables que encuentran una vía para hacer escuchar sus necesidades. Las protestas sociales han sido, por lo general, la única forma a través de la cual ciertos grupos históricamente violentados por la desigualdad social han conseguido reivindicar sus derechos. Por lo tanto, cuando se vulnera el derecho a manifestarse, se está privando de otro derecho más a quienes, ya de por sí, tienen derechos negados.
El derecho a la protesta es un elemento esencial de todo sistema democrático por lo que debe ser defendido y no criminalizado. Gargarella advierte que el derecho a la protesta es el primer derecho, ya que es el que permite la conquista y la lucha por el restablecimiento de todos los demás. Si no tenemos garantizado nuestro derecho a protestar, nuestros otros derechos estarán en peligro, pues no podríamos reclamar frente a su vulneración ni luchar por la conquista de nuevos derechos. El conflicto social es irreductible e inherente a cualquier sociedad. El problema es que existan situaciones de desigualdad social de tal magnitud que haya sectores que restrinjan la circulación, porque disponen de ese único medio para hacerse visibles y reclamar derechos básicos. La mejor forma de defender la libertad de circulación, y la libertad en general, es generando una sociedad más igualitaria, redistribuyendo la riqueza y garantizando el respeto de los derechos de todas las personas.
Fuente: La Tinta
Mendoza: Gracias a la presión que
ejercieron muchxs en muchas partes
del país, liberan a Lorena Torres y
Martín Rodríguez
Por Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2023.
En el marco de la jornada nacional de lucha contra la persecución y el encarcelamiento de ambos militantes, la Justicia ordenó la liberación de Lorena y Martín. Se encontraban detenidos desde la semana pasada por participar de piquetes contra el ajuste del Gobierno nacional a los planes Potenciar Trabajo.
Este martes, la jueza Mirna Montaldi, a cargo del Juzgado Penal Colegiado N° 2, ordenó la liberación de Lorena Torres y Martín Rodríguez, militantes del Polo Obrero de Mendoza. Ambos se encontraban detenidos desde el martes pasado por los piquetes impulsados por Unidad Piquetera contra el recorte de los planes Potenciar Trabajo, por parte del Gobierno nacional.
La libertad de los compañeros se consiguió en el marco de jornadas de lucha que tuvieron lugar a lo largo de toda la semana, tanto en la provincia como en el resto del país. En esas jornadas de protesta participaron múltiples organizaciones sociales, políticas y sindicales. Entre ellas, tanto en Mendoza, como en Ciudad de Buenos Aires, La Plata y otras localidades.
En un acto de persecución y criminalización de la protesta, el Gobierno mendocino había detenido a los dos compañeros sin notificación previa en medio de una movilización por el delito de «reiterancia» y los mantuvo detenidos una semana, hasta este mediodía.
El ministro de Seguridad Aníbal Fernández se enfrentó al gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense. La discusión no gira alrededor de los problemas y penurias que pasan la mayoría de la población de la Provincia. Interna en el Frente de Todos y campaña electoral.
Según lo trascendido a la prensa -hasta ahora no hay un comunicado oficial-, Alberto Fernández autorizó los operativos de fuerzas federales en el Conurbano que anunció el ministro de Seguridad de la Nación.
Entre los 4.500 efectivos de las Fuerzas de Seguridad habrán gendarmes, prefectos, Policía Federal y PSA.Aníbal Fernández, prepara el desembarco de estás fuerzas en cinco puntos del Conurbano. El gobernador Alex Kicillof salió a su cruce, y cuestionó que el gobierno bonaerense no estaba al tanto de este desembarco y que eso impide coordinar el operativo con la cartera bonaerense, a cargo de Sergio Berni.
Aníbal Fernández no se demoró en responder a este cuestionamiento. Ninguneó al gobernador y sostuvo que elevó los detalles de las reuniones con los secretarios de Seguridad de los distritos del conurbano para coordinar la medida. «Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera», afirmó el funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández.
El reclamo surge luego de que el funcionario del Ejecutivo diagramara la instalación de bases operativas en el Conurbano sin diagramar esfuerzos con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Las cinco bases estarán en La Plata, Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre y buscan «prevenir» situaciones en materia de seguridad.
En el caso de La Matanza fue el propio Fernando Espinoza, quién realizó las gestiones pertinentes para recuperar la presencia de la Gendarmería Nacional.
Quién también se sumó a esta disputa fue el jefe comunal de Tres de Febrero por Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, a través de sus redes sociales. “El envío de fuerzas federales a los municipios del conurbano es una medida necesaria en el contexto de inseguridad que estamos viviendo. Pero nos parece imprescindible que estén bien coordinadas Nación y Provincia y que los Municipios seamos parte de esa conversación”. Del mismo espacio político se expresaron los intendentes de La Plata, Julio Garro; y Lanús, Néstor Grindetti, quienes cuestionaron tanto al Gobierno nacional como provincial por la falta de coordinación.
Fuente: La Izquierda Diario
Adolfo Pérez Esquivel manifestó
su apoyo al Sáhara Occidental en
el Foro Mundial de
Derechos Humanos
Resumen Latinoamericano 21 de marzo de 2023
Foto: Adolfo Pérez Esquivel
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel afirmó que siempre ha apoyado la causa del pueblo Saharaui, durante su intervención como panelista en el Conversatorio sobre Cultura de Paz, realizado este lunes 20 de marzo en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Mohamed Alí Alí Salem, Representante del Frente Polisario en Argentina, tomó la palabra en el encuentro, que también tuvo como panelista a la defensora de DDHH Alicia Cabezudo.
Mohamed Alí Alí Salem:
Durante su intervención, el diplomático denunció la sistemática violación a los Derechos Humanos y la expoliación de recursos ejecutada por el reino de Marruecos contra el pueblo saharaui, sobre cuyo territorio mantiene una ocupación ilegal.
Alí Salem lamentó además que la organización del Foro vetara la participación del Sáhara Occidental en la programación oficial, para la cual se habían enviado dos propuestas.
De esta forma, se pretende invisibilizar la causa del Pueblo Saharaui y la larga espera de un referendum que debió hacerse hace 29 años, de la mano de Naciones Unidas para definir su autodeterminación, prolongando la existencia de la última colonia en África.
«Estaremos presentes mediante la inmensa solidaridad del Pueblo Argentino y demás Pueblos Latinoamericanos y el Caribe denunciando al represor régimen marroquí que vulnera los derechos humanos de los saharauis a diario», concluyó.
Declaración Internacional en defensa de los Derechos Humanos del Pueblo Saharaui:
La vicepresidenta cerró un acto del Grupo de Puebla, que condenó la persecusión judicial en su contra y sostuvo que seguirá con una campaña internacional en defensa de su inocencia. Las principales definiciones de CFK , respaldada por Rafael Correa, Evo Morales, Ernesto Samper y el conocido represor español Baltazar Garzón, entre otros tantos dirigentes y juristas .
Foto: Telam Luna Alfredo
«Se trata de que reconstruyamos un estado democrático constitucional. Podemos volver a construir el país que tuvimos», dijo la vicepresidenta, Cristina Fernández, en una de las frases que dejó abierta alguna señal sobre su posible futuro político. Ese era el enigma que había recorrido toda la jornada en la que CFK reapareció, en el acto que el Grupo de Puebla, reunido en la sala de la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, organizó para respaldarla y denunciar la persecusión judicial y la proscripción política que sufre Cristina.
En otro tramo de su intervención, la vicepresidenta analizó el lawfare, que era la consigna del encuentro. «Las sentencias se escriben en los medios y después un juez o un fiscal las suscriben», dijo, y agregó: «Me interesa analizarlo desde una perspectiva histórica. Es la criminalización de la política, pero no de toda la política sino de la que distribuye el ingreso, la que busca mejorar la vida de los sectores populares».
Luego desarrolló ese análisis histórico: «El lawfare que hoy inunda la región fue precedido por instrumentos previos. Durante los años de la doctrina de seguridad nacional, las fuerzas armadas ocuparon el rol de interrumpir los procesos populares. En 1976 se interrumpió un modelo de acumulación que había nacido con el peronismo. Era el modelo de movilidad social ascendente, cuando el hijo de un trabajador accedía a la universidad o a la presidencia. Somos hijos de ese modelo. Había otros golpes que habían derrocado al peronismo, pero fue el del 76 el que cambió esa matriz», dijo, al referirse al rol del llamado Partido Militar.
La vicepresidenta puso el acento en el objetivo económico de los procesos autoritarios. «A partir de allí se reafirmó la economía bimonetaria en la Argentina. Todo lo que se sufre y todas las persecusiones tienen que ver con la economía».
Siguiendo la misma línea, la vicperesidenta destacó: «Cuando el partido militar golpea en 1976, con la excusa de la guerrilla, los trabajadores participaban del 51% del PBI. La misma participación que tenían en diciembre del 2015. Y entonces empieza el lawfare. Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX es el lawfare a los del siglo XXI».
En la segunda parte de su discurso, Cristina rememoró el proceso político que se inició en mayo de 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner. «Fue una reconstrucción del Estado democrático constitucional de manera profunda y a fondo. Se reconstituyó el rol del presidente y el Poder Legislativo», dijo. También agregó que le tocó «a él» (Néstor) reconstruir un Poder Judicial que «tenía la mayoría automática». «Era una nueva argentina. Ese hombre, junto con Lula en Brasil, decidieron pagarle al FMI para que nunca más pudiera dirigir a la Argentina. Luego vino la recuperación de las jubilaciones, de YPF. Podemos recuperar el país que tuvimos porque ya lo hicimos», remató.
La vicepresidenta destacó que «además de imponer un modelo económico, el lawfare tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular. Es necesario reconstruir un sistema judicial para poder luchar de verdad contra el narcotráfico y defender nuestros recursos naturales», agregó.
Antes de la vicepresidenta hablaron: los expresidentes Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; José Luis Rodríguez Zapatero, de España; y Ernesto Samper, de Colombia. Todos expresaron su respaldo a CFK y cuestionaron la persecusión política en su contra. También pidieron que se investigue el intento de magnicidio que sufrió Cristina el 1 de septiembre del año pasado. En el acto participaron además el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, el ex juez español Baltazar Garzón (represor de cientos de luchadorxs) y el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami.
En el Puente Pueyrredón bloqueado
por miles de manifestantes se festejó
la libertad de Lorena y Martín / La
lucha popular le dobló el brazo a un
gobernador ultra reaccionario
Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2023.
La justicia ordenó liberar a Lorena Torres y Martín Rodríguez, militantes del Polo Obrero que se encontraban presos políticos del gobierno radical de Rodolfo Suárez. Ambos se encontraban detenidos desde el 14 de marzo, cuando la policía de Mendoza los encarceló mientras participaban de la movilización de la Unidad Piquetera, en reclamo de trabajo genuino y alimento para los comedores populares.
Este martes, miles de manifestantes bloquearon el puente Pueyrredón en Buenos Aires, la autopista de La Plata y realizaron numerosos cortes en distintas ciudades del país exigiendo lo que pocas horas fue realidad: la libertad de los dos dirigentes sociales detenidos en Mendoza.
La lucha y la movilización nuevamente fueron un ariete fundamental para arrancar de la prisión a estos dos luchadores. Lo mismo habría que hacer -la izquierda tiene una asignatura pendiente en ese sentido- para liberar a las comuneras mapuche y sus hijitxs que están presas desde hace meses en Bariloche.
IMÁGENES Y VIDEOS DE PUENTE PUEYRREDÓN
EN MENDOZA LORENA Y MARTÍN SONRÍEN EN EL TRIBUNAL: LA LUCHA SIRVE
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