‘Hay que defender los derechos ganados,
porque los podemos perder’, dice
diputado argentino
Por Fernanda Paixão, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2023.
Mónica Macha habla de agendas feministas en el Congreso y la lucha por los derechos humanos
Para nosotras, el movimiento feminista, implica un estado de alerta y movilización
Este año, Argentina celebra 40 años de redemocratización posdictadura. La población construyó, en ese momento, un camino de memoria y reparación sin equivalente en otros países que pasaron por dictaduras en el mundo.
Marzo, en particular, marca un mes de lucha en Argentina: no solo moviliza feminismos y transfeminismos por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer –y justo un día antes, por el Día de la Visibilidad Lésbica en el país–, también es el mes del histórico Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La multitudinaria marcha del 24 de marzo se remonta al 47 aniversario del golpe de Estado que instauró la última dictadura en Argentina.
Para esta Entrevista BdF , fuimos al país vecino a conversar con la diputada nacional Mónica Macha, de la coalición gobernante Frente de Todos, sobre el legado de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Macha preside la Comisión de la Mujer y la Diversidad de la Cámara de Diputados y promueve importantes y escasas discusiones sobre proyectos y agendas feministas a nivel nacional.
Como una de las autoras del proyecto de ley para la legalización del aborto de 2018, año en que se instaló el debate en el país, destaca la incidencia de la lucha colectiva, pero también la necesidad de defender derechos ya conquistados, en tiempos de alza. de extrema derecha.
“El desafío siempre es construir hegemonía, siempre que sea posible; y cuando no, construir consenso”, dice Macha. “Estos consensos significan poner sobre la mesa de debate político que estos derechos están en riesgo [con la derecha]. La ley de interrupción voluntaria del embarazo podría ser derogada con otra composición en la Cámara. Es importante, y necesitamos en este momento , ser conscientes de lo que conquistamos y de lo que tenemos que defender, porque podemos perder”, dice.
Hablamos con la diputada sobre las repercusiones del movimiento feminista argentino -que en 2020 ganó la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo-, la garantía de los derechos a partir de la lucha en las calles y dentro del Congreso, el papel de la medios de comunicación, el intento de asesinato de la líder peronista y vicepresidenta Cristina Kirchner y la importancia y práctica de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Brasil de Fato: Argentina lleva, en América Latina, el sello de la lucha por los derechos humanos y la legislación progresista que se destaca en la región. Aquí tenemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y, más recientemente, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En este último caso, los movimientos feministas inspiraron a otros países de la región. ¿Qué lecciones sacas de esta experiencia?
Mónica Macha : Todo el proceso de debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo deja muchas lecciones por aprender. Creo que el primero es la constancia del movimiento feminista en Argentina. Las mujeres pudimos coronar este proceso con la aprobación de este proyecto que ahora es ley porque hubo todo un proceso previo.
Para mí, este proceso previo incluyó los movimientos feministas que han existido desde el inicio de la construcción del Estado-nación argentino. Más recientemente, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han jugado un papel muy importante. Construyeron una forma de organizarse y hacer política que continúa hasta el día de hoy. Aún después de perder muchos referentes, como Hebe de Bonafini, referentes muy importantes en esta historia, la vigencia del legado, la lucha, la mirada sobre la necesidad de estas construcciones, que son integrales, ya empezó en el contexto de la civismo- dictadura militar, eclesiástica y empresarial en Argentina, y seguir con otras agendas.
Ahí hay un linaje, y es muy importante volver a ellos cuando pensamos en el proceso en Argentina. En el caso específico del aborto, quien jugó un papel fundamental y fundador fue la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en nuestro país. Fueron ellas quienes, en el marco de la construcción feminista, decidieron crear esta campaña y definieron acciones que permitieron avanzar el debate en el Congreso. También nos dejaron una gran lección de cómo construir transversalidad dentro del Congreso que, para nosotros, no es un lugar fácil, nada fluido.
Ellos trajeron esta experiencia, diciendo: «Estamos aquí por un proyecto que nos une, a pesar de nuestras diferencias partidistas». No nos dejamos llevar por las profundas diferencias que tenemos, y ponemos en primer lugar la necesidad de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay muchos aprendizajes conectados a este proceso. En las reuniones de Campaña que realizamos semanalmente, con la presencia de diputados de todos los bloques y demás acompañantes, establecimos estrategias. No sólo llevar adelante el debate en el Congreso, que también existía -a quién queríamos invitar, qué voces o líneas nos interesaba reprogramar-, sino también una estrategia en la calle.
«Maré Verde» nos sorprendió a todos. Cuando vimos la magnitud de estas manifestaciones también nos sorprendimos, porque era imposible predecir algo así. Pero quiero recordar que ella es producto de la militancia y articulación con cada uno de los sectores: con chicas de secundaria, con universidades, con compañeras que trabajan en movimientos sociales, con feminismo, con periodistas, con actrices argentinas. Un tejido que, al final, nos permitió pasar la ley.
Menciono también algo que quizás no tuvo mucha visibilidad, pero que fue un aporte fundamental: los compañeros indígenas. Hoy, están llevando a cabo un proceso de traducción de esta ley y las propuestas y políticas involucradas en la ley de interrupción voluntaria del embarazo a los idiomas originales. Todavía no es un debate masivo, pero existe, está ligado a nuestra historia y me gustaría llamar la atención sobre él.
Empezamos hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también marca un camino para otras agendas feministas en la región. En el caso de Argentina en particular, ¿cómo se ha hecho efectivo el acceso a este derecho?
Nuestro país, además de ser grande en términos de tamaño y diverso en términos culturales, también es muy heterogéneo políticamente. Si bien ciertas personas o grupos, como nosotros, forman parte, por ejemplo, del Frente de Todos, Toda e Todes, cuando tenemos que articular esta construcción con el factor territorial, encontramos grandes diferencias y heterogeneidad. También significa que al tratar de visualizar la implementación de la ley en cada provincia, hay muchas diferencias.
Lo que pasa en Buenos Aires es muy diferente a lo que pasa en Salta, Jujuy o Tucumán. Algunas provincias tienen sociedades más conservadoras y también gobernantes más conservadores, incluso si pertenecemos al mismo espacio político.
Eso significa que la implementación en algunos lugares, como Buenos Aires, gobernados por Axel Kicillof, quien incluyó el tema en su agenda, tiene su propio ritmo. Independientemente de lo que definan los municipios, la provincia monitorea. Esto no sucede en otras provincias.
Para nosotras, en el movimiento feminista, implica un estado de alerta y movilización, y estar muy atentas a lo que sucede. Implica actuar rápidamente donde vemos algún tipo de bloqueo e intentar retroceder.
En definitiva, estamos generando un debate articulado con una política pública que, en términos reales y concretos, implica que muchas mujeres y personas con capacidad de concebir accedan a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto se refleja en la disminución de la mortalidad de mujeres en edad fértil, gracias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Estos son datos objetivos y fue nuestro primer enfoque. Parte de una perspectiva de salud. Pero también hay otra línea, y muchas otras para pensar, pero una amplia y muy concreta es el contexto de cambio y posibilidad política, cultural y social. La implementación de la ley implica un cambio cultural porque, en definitiva, esta herramienta hace posible que toda mujer y persona con capacidad de concebir evalúe su proyecto de vida y tome decisiones.
Esto tiene un impacto que va más allá de la decisión de continuar o no un embarazo. Va mucho más allá. Es recuperar una cierta autonomía y soberanía sobre los cuerpos y un poder sobre la propia vida. Ese poder se lo está quitando a fuerza y con mucho trabajo a otras instancias políticas, religiosas… Esto también genera una transformación cultural importante.
Los argentinos usan el lema «nunca más» para repudiar la dictadura / Fernanda Paixão
En cuanto al tema de la autonomía, como mencionaste, una de las agendas de los feminismos hoy en día es el tema económico, desde la economía del cuidado hasta la independencia económica. En un contexto de sometimiento de las políticas económicas en países condicionados al FMI, como Argentina, ¿cuáles eran las posibilidades y perspectivas para la igualdad de género en los últimos años?
El movimiento sindical, por ejemplo, está absolutamente atravesado por esta discusión. Tanto la legislación como las discusiones políticas apuntan a una mayor participación de mujeres, lesbianas, hombres trans, travestis… También tenemos una cuota de trabajo para travestis y travestis, que es una herramienta interesante a tener en cuenta.
Hay muchas más discusiones sobre participación política y escuchar nuestras demandas y agenda, discusiones sobre salarios. Son intentos, por todos los medios, de reducir la disparidad salarial y todo lo que implica la discusión sobre políticas de cuidados.
Esto ha estado pasando mucho aquí en Argentina. Estamos avanzando con este debate en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en el propio Congreso. Iniciamos el foro parlamentario en el Congreso para priorizar el trabajo del cuidado.
Todas estas son instancias que realmente nos impulsan a llamar la atención sobre la discusión de cómo se distribuye el tiempo. El tiempo se convierte en un valor siempre escaso, siempre finito. Y, para muchas mujeres y personas con capacidad de concebir, fue y es una tarea invisible, pero fundamental, incluso para la construcción del capitalismo. En los últimos tiempos, también ha sido tema de discusión sobre el reconocimiento del trabajo, como la remuneración.
También quiero mencionar la calidad de esa atención, porque somos sociedades muy basadas en la violencia. La violencia de género es estructural en nuestras relaciones. Y creo que la violencia contra los niños es parte de esta estructura social. Discutir sobre esto es también discutir sobre la crianza de los hijos, sobre lo que significa el cuidado, tanto de los niños como de las personas con discapacidad y de los ancianos.
En una sociedad tan productivista, no parece haber lugar para eso. Para mí, la agenda feminista y transfeminista está abriendo espacio, como puede, para que esta discusión se dé no solo entre quienes nos importan, sino una apuesta a una discusión nacional, masiva, que coloque en el centro del debate político. qué tipo de sociedad estamos construyendo y eso nos lleva a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir.
Si nuestro ideal es construir una sociedad libre de violencia, también significa discutir los tiempos de atención, el valor, la inversión que representa para un país desarrollar un sistema de atención integral y, por supuesto, las líneas que no se contabilizan. con dinero, pero que son sumamente importantes: qué tipo de crianza brindamos y qué acompañamiento se brinda a las personas que están pasando por la última etapa de su ciclo de vida, cómo se da esto, en qué condiciones.
Es una discusión de gobierno, pero también está en las organizaciones. Eso es lo que estamos haciendo ahora, pensando en el tema de los cuidados y en cómo generar condiciones de vida y circulación más equitativas a través de la economía y el ámbito social, y la organización familiar.
Ahora tiene un proyecto de ley sobre los cuidadores en el hogar. Me gustaría que comentaras un poco sobre este proyecto, comenzando por por qué es importante reconocer esta actividad como trabajo.
Este proyecto me llegó de las propias organizaciones de atención domiciliaria. Es un universo muy vasto. Todas estas mujeres cuentan con alguna formación relacionada con el área de la salud, han realizado un curso técnico en gerontología o atención a personas mayores o con discapacidad. Algunos tienen formación vinculada a la salud mental. Serían, digamos, la primera escala a la hora de pensar en una intervención sanitaria o médica… Salud, en realidad, porque puede implicar otras disciplinas.
Hoy en día, tienen una forma de trabajar muy precaria. Costumamos dizer que elas estão em um estado pré-peronista, porque a heterogeneidade social também faz com que existam pessoas que, em seu trabalho, gozam de todas as garantias sociais, dos direitos sociais, direitos do trabalhador e da trabalhadora, e no caso delas no es así.
No hay una definición de horas de trabajo o salario. Muchos de ellos trabajan para empresas que hacen la intermediación y terminan ganando muy poco por el trabajo que realizan, o cobran hasta dos o tres meses después de realizar el trabajo. Algunos están agrupados en cooperativas y tienen más fuerza, porque es una organización social y política que les da otra protección. Lo que queremos con este proyecto de ley es regular la actividad y establecer sus derechos y obligaciones por ley.
Es una discusión importante también porque son personas que se vuelven esenciales para el funcionamiento de muchas familias. Para que una familia pueda trabajar, estudiar, disfrutar de su tiempo libre. Para que esto suceda, hay otra persona, generalmente una mujer, que se queda en la casa para realizar esta tarea. Por eso es importante jerarquizar y habilitar a estas mujeres para que disfruten de sus derechos laborales.
Este es el corazón del proyecto que presentamos. Ya lo hemos presentado varias veces. Es un proyecto muy difícil de procesar, pero estamos enfrentando todas las luchas necesarias para finalmente procesarlo. En esta discusión sobre el cuidado, también hay lugar e inclusión para esta demanda. Dentro de los espacios que se están diseñando y trabajando para conquistar el sistema de atención integral, hay un capítulo que corresponde a los cuidadores domiciliarios.
Aún en el tema del reconocimiento de derechos, estamos en un año electoral en Argentina y vemos que figuras más reaccionarias empiezan a tener más relevancia en el escenario y en las encuestas. Algo quizás inaudito en el país. ¿Cómo ve el debate sobre la garantía y ampliación de derechos en este contexto?
La ampliación de los derechos es siempre un campo en disputa. Estamos hablando de logros o procesos en los que estamos inmersos y esto no está garantizado. Es una construcción y una tensión permanentes. El surgimiento de tales personas o sectores reaccionarios es una alerta, pero no por el pueblo mismo, estas voces levantadas con mucha violencia -o incluso con un tono más bajo-, pero proponiendo cosas como el fin del Ministerio de la Mujer. Además del tono, lo que está en juego es que estas figuras sean portavoces de una parte de la sociedad.
Lo que preocupa es que estos sectores sean voceros. Creo que esta es la verdadera discusión social. Es decir, hay una parte de la sociedad argentina que es más conservadora, más violenta, que puede estar basada en gente como Javier Milei, por ejemplo, o Horacio Larreta. Larreta tiene un tono monótono, pero dice barbaridades. Lo que importa no es el tono, sino el contenido de lo que proponen.
Si hay lugar para una amenaza a la ampliación de derechos es porque una parte de la sociedad argentina escucha y está de acuerdo con esta perspectiva. Para mí, el desafío es construir hegemonía. Y cuando no esté al alcance, genere consenso. Estos consensos también significan poder poner sobre la mesa del debate político que estos derechos están en riesgo con personas como las que mencioné.
Celebramos e iniciamos esta entrevista hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que, si tuviéramos otra composición en la Cámara, podría ser revocada. En estos tiempos tenemos que ser muy conscientes de lo que conquistamos y de lo que tenemos que defender, porque podemos perder.
También impulsaste un proyecto que se aprobó el año pasado, sobre la paridad de género en los medios. ¿Cuál podría ser el impacto del equilibrio de voces en los medios de comunicación en las democracias de nuestra región?
Un gran impacto. Logramos aprobar la ley, pero no regularla. Aun así, se van incorporando otras voces y géneros, lo que implica una ampliación de miradas. El hecho de que una mujer tenga más acceso a un medio de comunicación no implica que tenga una postura feminista o que defienda los derechos de las mujeres. No necesariamente. Pero si cada vez más mujeres lesbianas, travestis, trans y bisexuales tienen espacio para trabajar en los medios, claramente esta posición subjetiva permeará miradas y discursos.
Como los medios no son objetivos y llevan a cabo una práctica social, distintas voces y posiciones, distintas trayectorias de vida, también tendrán un impacto en la forma de transmitir las noticias. Las noticias o cualquier otro contenido.
¿Cuál es la posición adoptada? De esta forma se regulan estos discursos que, en general, han sido muy patriarcales y entonces es posible generar otro tipo de discusiones, miradas y, por tanto, también otra agenda. A eso le estamos apostando y por eso hacemos campaña y trabajamos duro para hacer realidad la ley de equidad en los medios.
Esto también tiene que ver con lo que dijo antes sobre el tema del pacto para que funcione la democracia. Lo relaciono con el caso reciente, hace seis meses, del atentado contra Cristina Kirchner. La gente ha estado cuestionando mucho, incluido el presidente Alberto Fernández, sobre el papel de los medios de comunicación en la creación de una especie de discurso de odio constante. Es un caso muy emblemático que realmente muestra el impacto práctico en la vida de las personas. ¿No solo del liderazgo político, sino también de la sociedad en su conjunto?
Sí, en ese sentido, los medios de comunicación tienen la potestad de autorizar determinadas posturas y comportamientos. No es lineal.
El intento de asesinato de Cristina hiere la democracia que logramos construir en estos 40 años. Es un punto de quiebre. ¿Fue esto, en cierto sentido, autorizado por los medios de comunicación? Sí. ¿Son ellos los que tienen el arma en la mano? No. Pero son ellos los que generan una posibilidad social. Porque a la vez también censuran cosas.
Hay cosas de las que no hablan, que pasan, pero no divulgan. Por ejemplo, la cobertura del 8 de marzo. Hicimos una manifestación, con ciertas demandas, y se informó muy poco en los medios argentinos. Con su capacidad de amplificar las voces, autorizan o censuran.
Cuando autorizan el discurso de odio, porque es parte de él, es imposible saber el impacto que tendrá en quienes lo escuchen. Por eso, para mí, el papel de las personas en los medios tiene un alto nivel de responsabilidad.
Creo que eso fue lo que pasó con el intento de asesinato de Cristina y las secuelas del ataque. Porque, además del hecho, están los discursos posteriores que de alguna manera acompañaron un proceso complicado en la Argentina y que, para nosotros hoy, pone en riesgo la democracia. En un principio no es un riesgo como sucedió en la década de 1970, pero no deja de ser un riesgo con las características y condiciones de este tiempo, de esta etapa histórica.
Este año se cumplen 40 años de la redemocratización en Argentina. Estamos en el mes del Día del Recuerdo, la Verdad y la Justicia. ¿Cómo llega este día para la población argentina? ¿Qué reflexiones puedes compartir sobre esa fecha para concluir nuestra conversación?
Para nosotros el 24 de marzo es muy emblemático, y como bien decías, ya no es sólo el 24, todo el mes de marzo está ocupado por diferentes actividades, acciones y reflexiones en todos los ámbitos.
Creo que esto tiene una vigencia muy interesante en nuestro país. Creo que implica una reflexión sobre lo que hemos estado hablando. El papel de los medios de comunicación, del Poder Judicial, más aún cuando se articula con los espacios políticos, ¿cuál es el impacto de esto en nuestra democracia?
¿Qué es la vida en una democracia en este momento de la historia? ¿Y qué problemas te ponen en riesgo? Estos son debates muy importantes para nosotros y tratamos de generarlos donde podemos porque es para proteger la democracia. Para nosotros, la democracia es una forma de vida. Elegimos vivir en democracia. Pasamos mucho dolor para conquistar este sistema democrático: muchas pérdidas, desapariciones de compañeros.
Bueno, creo que nunca es un punto de llegada. Siempre es un proceso. Como decíamos antes, hay tensiones. Y tenemos que ser capaces de visualizar y gestionar lo que está pasando para tener una postura de mucha conciencia y responsabilidad.
Recientemente falleció Carlos Pedro Blaquier. Es el representante de la dictadura en Argentina. Porque es el responsable intelectual, empresarial y político de la llamada «Noche del Apagón» en Jujuy. La desaparición, en una noche, con la complicidad de Ledesma, empresa de la que fue presidente hasta su muerte. Ahí podemos ver perfectamente cómo fue la convivencia entre un proceso como la dictadura y los empresarios.
Llama mucho la atención que, con la muerte de Blaquier, la Unión Industrial guardó un minuto de silencio, y que el diario La Nación lo colocó en su nota necrológica, abriendo espacio para que sea recordado como un empresario argentino y ocultando por completo su participación y responsabilidad en la dictadura militar en esa provincia y, en especial, en el departamento de San Martín, donde se desarrolló la Noche del Apagón.
Estas conexiones y situaciones son temas de actualidad. No es como sucedió hace 40 años. Tiene un nivel de validez y por lo tanto es algo para analizar y tomar conciencia, teniendo mucho cuidado con nuestro sistema democrático.
Edición: Thales Schmidt
Este jueves, se realizará una
concentración frente a la embajada
del Estado Terrorista de Israel, para
recordar el Día de la Tierra Palestina
Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2023.
Varias organizaciones sociales, políticas y culturales se manifestarán este jueves 30, a las 17 hs frente a la embajada del Estado terrorista de Israel, respondiendo así a una convocatoria del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino-Palestinas.
El motivo de la movilización es recordar el Día de la Tierra Palestina y repudiar los crímenes que acometen diariamente los israelíes contra el pueblo palestino. Para ello, se realizará un «acto político-cultural», donde se leerán poemas de autorxs palestinxs, se interpretará un monólogo teatral y habrá canciones dedicadas a la tierra palestina, todo ello a cargo del Frente Cultural Che Adelita y la Federación Internacional de Escritores por la Libertad (FIEL). Los organizadores hablarán refiriéndose a la fecha.
Día de la Tierra Palestina
Este jueves 30 de marzo se cumplen 47 años de que se instituyera el Día de la Tierra Palestina en 1976. Ese día los palestinos llamaron a una huelga general en las ciudades de mayoría palestina en Israel, pues el gobierno de este país puso en acción un plan para expropiar tierras palestinas para dedicarla a nuevos asentamientos judíos.
Las fuerzas de Israel mataron a seis jóvenes palestinos que protestaban junto a miles contra la expropiación de tierras. Han sido años de vulneración de derechos contra el pueblo palestino, donde se les ha usurpado territorios de forma ilegal.
Cerca de 25 Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General han condenado la actuación de Israel en este territorio. Incluso la comunidad internacional se ha pronunciado al respecto, mas no ha tenido efectos reales.
Dueños de la dictadura, dueños
del país (las corporaciones del
genocidio)
Por Carlos A Villalba y Aram Aharonian*, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2023.
Caminar por las callecitas porteñas “que tienen ese no sé qué” es hermoso. Aún después del vendaval neoliberal y de la pandemia, que se llevaron puestos comercios y fábricas y familias… Buenos Aires gusta y atrapa y, entre sus encantos, surgen más de 200 edificios de ladrillo a la vista que empujan fantasías de siglos y lugares lejanos, pero que, en realidad, son la cáscara del huevo de la serpiente.
Desde la Boca a Mataderos, de Floresta a Puerto Madero, cada uno muestra su escudo de armas en el que reza en relieve un “Domito Fulmine”, con que el italiano Juan Carossio anunció, apenas desembarcado en el Plata en 1911, que venía a “dominar los rayos”. Un año después puso en marcha la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIADE) para dar pelea en un mercado que estaba en un período de expansión acelerada. Seguramente, ni imaginó que tras esas paredes se tejerían los planes y la arquitectura del golpe de Estado más destructivo y genocida en un país plagado de interrupciones a los gobiernos constitucionales.
Corría 1975 cuando, en las oficinas de uno de esos “palacios de luz”, se llenaron anaqueles y mesas con carpetas, informes, papeles de todo tipo y novedosas cintas de computación. Los administrativos recibían instrucciones directas de un hombre flaco, trajeado siempre, con camisas de cuello forrado con cinta lisa.
La figura desgarbada correspondía a quien, al promediar el año, era miembro del directorio de la Compañía y presidente de la siderúrgica Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del estanciero José Alfredo Martínez de Hoz (presidente de la Sociedad Rural entre 1946 y 1950 y accionista de la empresa de origen británico La Forestal, semiesclavista y depredadora de bosques en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, provincia que perdió el 86% de su foresta por acción el pulpo del quebracho, sus durmientes y su tanino.
Durante los meses previos al 24 de marzo de 1976 se sucedieron las reuniones. Algunas en el petit hotel ubicado en de Azcuénaga 1673 de Pedro Blaquier, ex titular del Ingenio Ledesma, que falleció impune el 13 de marzo de 2023 a los 95 años, acusado por su participación en La Noche del Apagón, en Jujuy entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en la que se secuestraron unas 400 personas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.
Un grupo más chico se trasladó al piso de Jaime Perriaux, ex ministro de Justicia de los dictadores Levingston y Lanusse, en la calle Gelly Obes, para recalar finalmente en las oficinas de la calle Austria, donde su propietario facilitaría encuentros entre representantes de la banca internacional y la local, de las filiales de las transnacionales y hasta de militares con militares. Además del ablandamiento para aceptar las herramientas represivas que aplicaría el golpe, en esas “tertulias” se llegó a confeccionar listas negras de cuadros políticos, sindicales, sociales y estudiantiles.
En el último de los encuentros, previo a la madrugada del 24 de marzo del 76, de Martínez de Hoz se trasladó al comando de la Armada, allí cerró detalles con quien era por entonces almirante, un tal Emilio Eduardo Massera.
Junto al recorrido por lo más granado de la arquitectura porteña, la lista de los civiles que representaron a cada uno de los poderes fácticos de la Argentina golpista –algunos de esos nombres, convertidos en “casos”, están siendo juzgados – constituyen radiografías superpuestas de golpistas, protagonistas del proceso de endeudamiento externo y de los juegos de desestabilización, con golpes de mercado y sociedades con jueces y fiscales tan venales como antipatrias.
Aquellos grupos económicos que organizaron el golpe del ´76, con la intención de destruir el aparato productivo desarrollado a partir de la década peronista de 1945 a 1955 que transformó al “granero”, que ayer (y todavía hoy) desean las potencias y los agroexportadores locales, en una Nación con sustitución de exportaciones, valor agregado industrial y derechos laborales y sociales. Aquellos grupos golpistas son las corporaciones dueñas del país actual, que empobrecen, hambrean, endeudan al pueblo, manejan el mercado y producen una inflación que ya convirtió en “lujos” a la leche y el pan, el gas, el agua y la electricidad.
El recorrido de estas notas, une publicaciones del número 357 del semanario argentino Miradas al Sur, del 22 de marzo de 2015 (1) , de la que los autores fueron directores editoriales con el informe del Boletín del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) / la Revista Realidad Económica de la tercera semana de marzo de
2023, bajo el título “24 de Marzo: uno por uno, los jefes de AEA y la responsabilidad empresaria en el genocidio”.
Martínez de Hoz
Cinco días después del golpe del 24 de marzo se decretó la designación de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía. El 2 de abril se sentó ante las cámaras ese personaje de relación histórica con la Sociedad Rural Argentina, articulador de intereses con grupos como Brown-Boveri, Bracht, Alpargatas o Roberts, asesor del Chase Manhattan Bank -encabezado en ese momento por David Rockefeller- devenido más tarde en el tristemente famoso JP Morgan.
Terminó de hablar al día siguiente; al cabo de dos horas y media dejó las cosas en claro. El abogado de las orejas ya famosas explicó que el programa económico que acababa de presentar “fue aprobado por las FFAA antes de hacerse cargo del poder y yo estoy ejecutando un programa aprobado por las FFAA”. Cambió el orden de los factores y precisó quiénes eran los jefes. El mismo declararía años después que, junto a otros miembros del Consejo Argentino Empresario, visitó al jefe del Estado Mayor Conjunto, (el luego degradado) general Jorge Videla, en 1975.
En la reunión explicó que “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad»; y reclamó el retorno al “imperio del orden sobre todas las cosas»;. Hombre de arma al cinto, como cuadro de conducción fue a motivar a los jefes operativos y se puso a trabajar con los cerebros estratégicos; gracias a eso, durante las
primeras horas de gestión instaló gran cantidad de decretos y resoluciones, sentando el cimiento del aparato de subsidiaridad del Estado con relación a los grupos concentrados de la economía y de la apertura que destruyó la economía nacional, con una secuela de fábricas cerradas, filiales que abandonaron el territorio argentino y
dejaron un tendal de desocupados, damnificados de todo tipo, hambre y un tobogán por el que se desplomaron todos los indicadores sociales de un país que, hasta entonces, encabezaba los estándares de Latinoamérica y el Caribe.
El golpe de los grupos
La decisión de golpear sobre la economía nacional, las organizaciones políticas, sindicales, sociales, universitarias, religiosas y contra el gobierno constitucional tuvo el “consejo” y la visión estratégica de los sectores más concentrados del capital local, estrechamente ligado al capital trasnacional. José Alfredo Martínez de Hoz fue la encarnación de un conjunto que integran los nombres rutilantes de siempre, muchos siguen actuando con total normalidad en la trama de la vida diaria de los argentinos y sus dirigentes políticos, nominan desde autos hasta
televisores, comidas y azúcares; además de tener sus letras estampadas en las tarjetas de débito o crédito que usan la población.
El largo listado de estos pilares de la economía antinacional, en tiempos de la dictadura y con gran permanencia en la actualidad (como lo muestra el informe publicado por el IADE) va desde la A de Acindar hasta la Z de Zorraquín, pasando por la Sociedad Rural Argentina (SRA), con escalas en todo el abecedario y marcas tan conocidas como Astra, Atanor, Bagley, Bayer, Bemberg, Braun Menéndez-Menéndez Behety, Bracht, Bridas, Bullrich, Bunge y Born, Campbell, Capozzolo, Cargill, Celulosa Argentina, Cementos NOA, Ciba Geigy, Coca Cola, Colorín, Dow Chemical, Duperial-Imperial, Ingenio Ledesma Blaquier, Ericsson, Esso Fiat, Firpo, Ford, Fortabat, Gurmendi, Lever, Massalin y Celasco, Merck, Mercedes Benz, Minetti, Nestlé, Nobleza Picardo, Patron Costas, Pérez Companc, Peugeot, Phillip, Renault , Reynal King-Ranch, Suberbühler, Thyssen, Unitam-La Forestal, Volkswagen, Westinghouse-Galileo y se puede seguir sumando, como en cena recaudadora de Mauricio Macri.
Esos grupos, que subyacen a las “caras de la dictadura”, son el resultado de la articulación ente intereses extranjeros con otros propiamente nativos, establecidos en el país durante el periodo original de la oligarquía, con ramas que, finalmente, se radicaron definitivamente en los países de origen de sus fundadores. También de los sectores internos, que confluyeron en esta matriz a partir del dominio político porteño o provinciano, comerciantes de cueros, alcoholes y prostitutas. Son los Grupos Económicos de la Oligarquía, son los dueños del golpe, siguen siendo los duelos de país.
Jefes, más que cómplices
Una sociedad es algo mucho más complejo y menos lineal que una estructura militar. Un sistema económico y social es mucho más sofisticado que la junta de directores de una empresa; incluye instituciones y organizaciones estatales, civiles y privadas, normativas, creencias, ideales…, y una ideología que empuja el pensamiento, a pesar de cada uno, hacia los intereses de los sectores más poderosos.
Cómplice es el responsable penal de un delito, no por haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Muchos empresarios y gerentes cometieron delitos de lesa humanidad, otros fueron “cómplices” de ellos: mandaron a matar rivales, denunciaron trabajadores que después desparecieron, hasta participaron de interrogatorios en salas de tortura. La derogación de las leyes de impunidad ordenada por el presidente Néstor Kirchner, permitió abrir un proceso de enjuiciamiento y condena contra los mandos militares, muchos de los cuales permanecen detenidos por graves violaciones a los derechos humanos y hasta fallecieron en condición de condenados por ello.
Sin embargo, los responsables civiles del proceso de destrucción del patrimonio nacional -que necesitó de esas violaciones- no estuvieron en el ojo de la Justicia, con excepciones, como las de José Alfredo Martínez de Hoz, quien falleció con prisión preventiva domiciliaria por su “presunta” vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim, o Jaime Smart, ministro de Gobierno del gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, ex general Ibérico Manuel Saint Jean.
Los grupos económicos concentrados -la oligarquía- como sostén del sistema y beneficiarios del mismo, fueron responsables de los hechos; sus hombres fueron jefes de lo actuado. Martínez de Hoz es solo un emergente, tal vez el más exacerbado -gerente y oligarca-, de ese proceso en que los intereses económicos se alinearon con la dinámica impuesta por las transnacionales. Se situaron en el puesto de mayor jerarquía y tuvieron la autoridad, no siempre documentada, de decidir y exigir acciones y, desde ya, de financiarlas.
El modelo macrista de gabinete (diciembre de 2014-2019) en el que cada área estratégica del Estado fue puesta en manos del gerente de alguna de las corporaciones del ramo, replicó el modelo de la dictadura cívico-militar, sin la violencia sistemática que caracteriza a toda dictadura, por haber sido electo por el voto, como ordena la Constitución Nacional.
En el libro sobre “Los cómplices económicos de la dictadura” 3 su autor, Juan P. Bohoslavsky, junto a Horacio Verbitsky, presentan un caso paradigmático como es el Procesamiento de Blaquier (luego revocado por la Cámara Federal de Casación Penal Nº IV) que va más allá de los hechos y desentraña su estructura. El 15 de noviembre de 2012 el juez federal Fernando Poviña consideró que “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar”, buscaron la “instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales, exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, además de intentar la “preservación de una determinada ideología”.
Es decir, defendieron un sistema, además de sus propios intereses empresariales. La revocación y la impunidad de la que gozó el imputado, también constituye un ejemplo del manejo judicial.
En el plano nacional, Martínez de Hoz ya había adelantado a los jefes militares que «No es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación del nivel de los salarios", al exigir que se suspenda “toda actividad de negociación salarial entre los
sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos»
Durante las primeras horas del golpe la ferocidad de los genocidas, por ejemplo, secuestró y desapareció a doscientos delegados de base solo en Córdoba y produjo centenares de arrestos y desapariciones en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Triste récord, el de la clase trabajadora, cuyos hombres y mujeres nutren el 46 % de los detenidos-desaparecidos por la dictadura de los grupos económicos y sus Fuerzas Armadas.
Ya en funciones, el régimen mostró rasgos claros de su carácter: participación inédita de cuadros orgánicos de los grupos económicos más destacados, con clara visión de los intereses de su clase y de sus intereses y fuerte presencia complementaria de miembros de alto nivel de las Fuerzas Armadas, integrados en las máximas responsabilidades de gestión, incluso las económicas.
Villa Constitución
Algunos instalan el plan piloto del golpe del ´76 en la localidad santafecina de Villa Constitución, ubicada a 68 km de Rosario y 285 km de la Ciudad de Buenos Aires. Para más datos, lo fechan el 20 de marzo de 1975 cuando las fuerzas de seguridad nacionales reprimieron con violencia la huelga de los metalúrgicos, los trabajadores en general y del pueblo del lugar. Fue el acto final de una huelga de 59 días llevada adelante en la planta de Acindar, encabezada por Alberto Piccinini, secretario local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), opuesto a la línea dialoguista de Lorenzo Miguel. Martínez de Hoz, entonces a cargo de la empresa, convenció al ministro de Interior, Alberto Rocamora; se declaró la ilegalidad de la huelga y llegó la represión.
Numerosos huelguistas fueron secuestrados, muchos sometidos a simulacros de fusilamiento y otros, con menos suerte, directamente asesinados. Unos 300 trabajadores y militantes de las organizaciones que apoyaban el accionar de los metalúrgicos fueron detenidos e integraron las listas de presos políticos que se multiplicarían 12 meses después. Las denuncias aseguran que las instalaciones de la fábrica se convirtieron en el primer «quot;centro clandestino de detención»– con una veintena de desapariciones- de los que sería un plan sistemático poco después.
Un año y una semana más tarde, Martínez de Hoz presentó los lineamientos centrales del experimento económico que deterioró la vida de la sociedad argentina a lo largo de décadas, y hasta el presente. Con el golpe de las Corporaciones, comenzó una etapa de “valorización financiera”, opuesta al funcionamiento de una economía de producción y trabajo. La lógica de una supuesta “inserción económica basada en la ventaja comparativa”, empujó a la producción económica hacia su primarización, con sobrevalorización financiera y abandono de todo tipo de industrialización.
Con otra vuelta de tuerca liberalizó el mercado y empujó el crecimiento de un grupo de bancos que realizaron grandes negocios gracias a su reforma financiera de 1977. La rentabilidad del sector creció y lo alejó del “desarrollo económico”. La “tablita” del ministro fue la hoja de ruta de los negociados y la descapitalización nacional.
Eso sí, Martínez de Hoz aclaró cuáles serían los dos rubros a los que se limitaba el dólar más barato de aquel entonces: importación de combustibles y Papel Prensa. Eligió un método -además de la expropiación bajo tortura de las acciones de la única fábrica de papel para periódicos- que le permitiría llevarse bien con los dueños de diarios y,
también, con los petroleros; subsidiados por el Estado ambos. Tuvo otra perlita más personalizada, al estatizar, con un gran sobreprecio y como ministro, una “empresa de capital privado” como era la Italo, de la que acababa de ser director.
Todo estaba en marcha. Los muertos enterrados, los secuestrados desaparecidos, los presos entre rejas, los trabajadores con sus condiciones diezmadas, las industrias destruidas y el “deme dos” de la plata dulce causando la sonrisa fácil de un día, que después pagarían durante décadas las argentinas y los argentinos, generación tras
generación.
Y el 24 de marzo de 1976 se concretó el golpe cívico-militar. El informe que reproduce IDEA también señala que el papel de las “grandes empresas” en la dictadura tiene varios hitos, a partir de “su participación en los preparativos golpistas que incluyeron lock-outs (paros patronales) y solicitadas reclamando que las fuerzas armadas tomen el poder”, “el aporte de muchos de sus gerentes a los equipos de gobierno de Videla y compañía: ministros, secretarios de Estado y todo tipo de funcionarios” y “su participación en la represión, entregando listas de delegados y activistas, llegando a montar centros de tortura en sus instalaciones”.
Como cuarto componente incluye “las leyes y negociados que permitieron a muchos grupos aumentar sus ganancias y la cantidad de empresas al final de la dictadura”, además de “un beneficio no menor: la estatización de sus deudas privadas por parte del Banco Central en 1982, miles de millones de dólares que todavía seguimos pagando”. Considera que se trató de “un golpe de clase”, en el que “los grandes empresarios, banqueros y terratenientes impulsaron un genocidio para aplastar las rebeliones obreras y juveniles que venían desde el Cordobazo e imponer sus intereses económicos” y constituyó “la dictadura más brutal, pero esa violencia no era una novedad.
Desde los orígenes del país la clase empresaria construyó su fortuna a «;sangre y lodo». Hasta imponer sus ideas liberales a través del terrorismo estatal”. Lucho Aguilar, autor del informe y editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario 4 , destaca que, a pesar de los hechos y las pruebas que marcan esas responsabilidades, “los ´comandantes´ del gran empresariado siguen impunes.
Gobierno tras gobierno. Por eso es impactante analizar la foto que se sacaron, hace pocos días, los integrantes de AEA (Asociación Empresaria Argentina)”. En la misma, que ilustra esta nota, posan “los eternos dueños del país: los que se enorgullecen de ´dirigir empresas que facturan USD 53.000 millones anuales, exportan por USD 9.604 millones y emplean a 240.000 personas´ y pasa a contabilizar “Nombre por nombre, empresa por empresa, prontuario por prontuario” a la que considera “pata civil de la dictadura”.
El registro incluye a Arcor, Luis Pagani; Techint de Paolo Rocca;, PanAmerican Energy, Alejandro Bulgheroni; Nordelta Consultatio, Eduardo Constantini; BGH, Alberto Hojfman; Bemberg, Carlos Miguens; FIAT, Cristiano Rattazzi; Braun-Menéndez-La Anónima, Federico Braun; Pecom, Luis Pérez Companc; Grimoldi, Alberto Grimoldi; Ledesma, “Charlie” Blaquier; Clarín, Héctor Magnetto; La Nación, Julio Saguier; Roggio, Aldo Roggio; Santander-Rio, Enrique Cristofani; Petroquímica Comodro Rivadavia, Martín Brandi; Oxenford, Alex Oxenford y Duhau, Enrique Duhau.
Señala que muchos de los otros grupos empresarios que integran AEA “fueron parte de la misma historia y las mismas acciones”, y otros como SOCMA, perteneciente al expresidente Mauricio Macri, que no la integran por supuestos conflictos de intereses, “hicieron lo mismo”. Agrega a la familia Bago, Aceitera General Deheza, José Cartellone Construcciones, Amadeo Vázquez, IBM, Jorge Aufiero dueño de Medicus.
En síntesis, los dueños del golpe no son sino la fotocopia de los dueños del país, responsables del terror de ayer, responsables de las miserias de hoy.
*Villalba es periodista, investigador y psicólogo argentino; analista senior de CLAE. Aharonian es comunicólogo, periodista y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
Dueños de la dictadura argentina, dueños del país (las corporaciones del genocidio)
Carlos A Villalba y Aram Aharonian*
Caminar por las callecitas porteñas “que tienen ese no sé qué” es hermoso. Aún después del vendaval neoliberal y de la pandemia, que se llevaron puestos comercios y fábricas y familias… Buenos Aires gusta y atrapa y, entre sus encantos, surgen más de 200 edificios de ladrillo a la vista que empujan fantasías de siglos y lugares lejanos, pero que, en realidad, son la cáscara del huevo de la serpiente.
Desde la Boca a Mataderos, de Floresta a Puerto Madero, cada uno muestra su escudo de armas en el que reza en relieve un “Domito Fulmine”, con que el italiano Juan Carossio anunció, apenas desembarcado en el Plata en 1911, que venía a “dominar los rayos”. Un año después puso en marcha la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIADE) para dar pelea en un mercado que estaba en un período de expansión acelerada. Seguramente, ni imaginó que tras esas paredes se tejerían los planes y la arquitectura del golpe de Estado más destructivo y genocida en un país plagado de interrupciones a los gobiernos constitucionales.
Corría 1975 cuando, en las oficinas de uno de esos “palacios de luz”, se llenaron anaqueles y mesas con carpetas, informes, papeles de todo tipo y novedosas cintas de computación. Los administrativos recibían instrucciones directas de un hombre flaco, trajeado siempre, con camisas de cuello forrado con cinta lisa.
La figura desgarbada correspondía a quien, al promediar el año, era miembro del directorio de la Compañía y presidente de la siderúrgica Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del estanciero José Alfredo Martínez de Hoz (presidente de la Sociedad Rural entre 1946 y 1950 y accionista de la empresa de origen británico La Forestal, semiesclavista y depredadora de bosques en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, provincia que perdió el 86% de su foresta por acción el pulpo del quebracho, sus durmientes y su tanino.
Durante los meses previos al 24 de marzo de 1976 se sucedieron las reuniones. Algunas en el petit hotel ubicado en de Azcuénaga 1673 de Pedro Blaquier, ex titular del Ingenio Ledesma, que falleció impune el 13 de marzo de 2023 a los 95 años, acusado por su participación en La Noche del Apagón, en Jujuy entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en la que se secuestraron unas 400 personas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.
Un grupo más chico se trasladó al piso de Jaime Perriaux, ex ministro de Justicia de los dictadores Levingston y Lanusse, en la calle Gelly Obes, para recalar finalmente en las oficinas de la calle Austria, donde su propietario facilitaría encuentros entre representantes de la banca internacional y la local, de las filiales de las transnacionales y hasta de militares con militares. Además del ablandamiento para aceptar las herramientas represivas que aplicaría el golpe, en esas “tertulias” se llegó a confeccionar listas negras de cuadros políticos, sindicales, sociales y estudiantiles.
En el último de los encuentros, previo a la madrugada del 24 de marzo del 76, de Martínez de Hoz se trasladó al comando de la Armada, allí cerró detalles con quien era por entonces almirante, un tal Emilio Eduardo Massera.
Junto al recorrido por lo más granado de la arquitectura porteña, la lista de los civiles que representaron a cada uno de los poderes fácticos de la Argentina golpista –algunos de esos nombres, convertidos en “casos”, están siendo juzgados – constituyen radiografías superpuestas de golpistas, protagonistas del proceso de endeudamiento externo y de los juegos de desestabilización, con golpes de mercado y sociedades con jueces y fiscales tan venales como antipatrias.
Aquellos grupos económicos que organizaron el golpe del ´76, con la intención de destruir el aparato productivo desarrollado a partir de la década peronista de 1945 a 1955 que transformó al “granero”, que ayer (y todavía hoy) desean las potencias y los agroexportadores locales, en una Nación con sustitución de exportaciones, valor agregado industrial y derechos laborales y sociales. Aquellos grupos golpistas son las corporaciones dueñas del país actual, que empobrecen, hambrean, endeudan al pueblo, manejan el mercado y producen una inflación que ya convirtió en “lujos” a la leche y el pan, el gas, el agua y la electricidad.
El recorrido de estas notas, une publicaciones del número 357 del semanario argentino Miradas al Sur, del 22 de marzo de 2015 (1) , de la que los autores fueron directores editoriales con el informe del Boletín del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) / la Revista Realidad Económica de la tercera semana de marzo de
2023, bajo el título “24 de Marzo: uno por uno, los jefes de AEA y la responsabilidad empresaria en el genocidio”.
Martínez de Hoz
Cinco días después del golpe del 24 de marzo se decretó la designación de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía. El 2 de abril se sentó ante las cámaras ese personaje de relación histórica con la Sociedad Rural Argentina, articulador de intereses con grupos como Brown-Boveri, Bracht, Alpargatas o Roberts, asesor del Chase Manhattan Bank -encabezado en ese momento por David Rockefeller- devenido más tarde en el tristemente famoso JP Morgan.
Terminó de hablar al día siguiente; al cabo de dos horas y media dejó las cosas en claro. El abogado de las orejas ya famosas explicó que el programa económico que acababa de presentar “fue aprobado por las FFAA antes de hacerse cargo del poder y yo estoy ejecutando un programa aprobado por las FFAA”. Cambió el orden de los factores y precisó quiénes eran los jefes. El mismo declararía años después que, junto a otros miembros del Consejo Argentino Empresario, visitó al jefe del Estado Mayor Conjunto, (el luego degradado) general Jorge Videla, en 1975.
En la reunión explicó que “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad»; y reclamó el retorno al “imperio del orden sobre todas las cosas»;. Hombre de arma al cinto, como cuadro de conducción fue a motivar a los jefes operativos y se puso a trabajar con los cerebros estratégicos; gracias a eso, durante las
primeras horas de gestión instaló gran cantidad de decretos y resoluciones, sentando el cimiento del aparato de subsidiaridad del Estado con relación a los grupos concentrados de la economía y de la apertura que destruyó la economía nacional, con una secuela de fábricas cerradas, filiales que abandonaron el territorio argentino y
dejaron un tendal de desocupados, damnificados de todo tipo, hambre y un tobogán por el que se desplomaron todos los indicadores sociales de un país que, hasta entonces, encabezaba los estándares de Latinoamérica y el Caribe.
El golpe de los grupos
La decisión de golpear sobre la economía nacional, las organizaciones políticas, sindicales, sociales, universitarias, religiosas y contra el gobierno constitucional tuvo el “consejo” y la visión estratégica de los sectores más concentrados del capital local, estrechamente ligado al capital trasnacional. José Alfredo Martínez de Hoz fue la encarnación de un conjunto que integran los nombres rutilantes de siempre, muchos siguen actuando con total normalidad en la trama de la vida diaria de los argentinos y sus dirigentes políticos, nominan desde autos hasta
televisores, comidas y azúcares; además de tener sus letras estampadas en las tarjetas de débito o crédito que usan la población.
El largo listado de estos pilares de la economía antinacional, en tiempos de la dictadura y con gran permanencia en la actualidad (como lo muestra el informe publicado por el IADE) va desde la A de Acindar hasta la Z de Zorraquín, pasando por la Sociedad Rural Argentina (SRA), con escalas en todo el abecedario y marcas tan conocidas como Astra, Atanor, Bagley, Bayer, Bemberg, Braun Menéndez-Menéndez Behety, Bracht, Bridas, Bullrich, Bunge y Born, Campbell, Capozzolo, Cargill, Celulosa Argentina, Cementos NOA, Ciba Geigy, Coca Cola, Colorín, Dow Chemical, Duperial-Imperial, Ingenio Ledesma Blaquier, Ericsson, Esso Fiat, Firpo, Ford, Fortabat, Gurmendi, Lever, Massalin y Celasco, Merck, Mercedes Benz, Minetti, Nestlé, Nobleza Picardo, Patron Costas, Pérez Companc, Peugeot, Phillip, Renault , Reynal King-Ranch, Suberbühler, Thyssen, Unitam-La Forestal, Volkswagen, Westinghouse-Galileo y se puede seguir sumando, como en cena recaudadora de Mauricio Macri.
Esos grupos, que subyacen a las “caras de la dictadura”, son el resultado de la articulación ente intereses extranjeros con otros propiamente nativos, establecidos en el país durante el periodo original de la oligarquía, con ramas que, finalmente, se radicaron definitivamente en los países de origen de sus fundadores. También de los sectores internos, que confluyeron en esta matriz a partir del dominio político porteño o provinciano, comerciantes de cueros, alcoholes y prostitutas. Son los Grupos Económicos de la Oligarquía, son los dueños del golpe, siguen siendo los duelos de país.
Jefes, más que cómplices
Una sociedad es algo mucho más complejo y menos lineal que una estructura militar. Un sistema económico y social es mucho más sofisticado que la junta de directores de una empresa; incluye instituciones y organizaciones estatales, civiles y privadas, normativas, creencias, ideales…, y una ideología que empuja el pensamiento, a pesar de cada uno, hacia los intereses de los sectores más poderosos.
Cómplice es el responsable penal de un delito, no por haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Muchos empresarios y gerentes cometieron delitos de lesa humanidad, otros fueron “cómplices” de ellos: mandaron a matar rivales, denunciaron trabajadores que después desparecieron, hasta participaron de interrogatorios en salas de tortura. La derogación de las leyes de impunidad ordenada por el presidente Néstor Kirchner, permitió abrir un proceso de enjuiciamiento y condena contra los mandos militares, muchos de los cuales permanecen detenidos por graves violaciones a los derechos humanos y hasta fallecieron en condición de condenados por ello.
Sin embargo, los responsables civiles del proceso de destrucción del patrimonio nacional -que necesitó de esas violaciones- no estuvieron en el ojo de la Justicia, con excepciones, como las de José Alfredo Martínez de Hoz, quien falleció con prisión preventiva domiciliaria por su “presunta” vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim, o Jaime Smart, ministro de Gobierno del gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, ex general Ibérico Manuel Saint Jean.
Los grupos económicos concentrados -la oligarquía- como sostén del sistema y beneficiarios del mismo, fueron responsables de los hechos; sus hombres fueron jefes de lo actuado. Martínez de Hoz es solo un emergente, tal vez el más exacerbado -gerente y oligarca-, de ese proceso en que los intereses económicos se alinearon con la dinámica impuesta por las transnacionales. Se situaron en el puesto de mayor jerarquía y tuvieron la autoridad, no siempre documentada, de decidir y exigir acciones y, desde ya, de financiarlas.
El modelo macrista de gabinete (diciembre de 2014-2019) en el que cada área estratégica del Estado fue puesta en manos del gerente de alguna de las corporaciones del ramo, replicó el modelo de la dictadura cívico-militar, sin la violencia sistemática que caracteriza a toda dictadura, por haber sido electo por el voto, como ordena la Constitución Nacional.
En el libro sobre “Los cómplices económicos de la dictadura” 3 su autor, Juan P. Bohoslavsky, junto a Horacio Verbitsky, presentan un caso paradigmático como es el Procesamiento de Blaquier (luego revocado por la Cámara Federal de Casación Penal Nº IV) que va más allá de los hechos y desentraña su estructura. El 15 de noviembre de 2012 el juez federal Fernando Poviña consideró que “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar”, buscaron la “instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales, exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, además de intentar la “preservación de una determinada ideología”.
Es decir, defendieron un sistema, además de sus propios intereses empresariales. La revocación y la impunidad de la que gozó el imputado, también constituye un ejemplo del manejo judicial.
En el plano nacional, Martínez de Hoz ya había adelantado a los jefes militares que «No es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación del nivel de los salarios", al exigir que se suspenda “toda actividad de negociación salarial entre los
sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos»
Durante las primeras horas del golpe la ferocidad de los genocidas, por ejemplo, secuestró y desapareció a doscientos delegados de base solo en Córdoba y produjo centenares de arrestos y desapariciones en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Triste récord, el de la clase trabajadora, cuyos hombres y mujeres nutren el 46 % de los detenidos-desaparecidos por la dictadura de los grupos económicos y sus Fuerzas Armadas.
Ya en funciones, el régimen mostró rasgos claros de su carácter: participación inédita de cuadros orgánicos de los grupos económicos más destacados, con clara visión de los intereses de su clase y de sus intereses y fuerte presencia complementaria de miembros de alto nivel de las Fuerzas Armadas, integrados en las máximas responsabilidades de gestión, incluso las económicas.
Villa Constitución
Algunos instalan el plan piloto del golpe del ´76 en la localidad santafecina de Villa Constitución, ubicada a 68 km de Rosario y 285 km de la Ciudad de Buenos Aires. Para más datos, lo fechan el 20 de marzo de 1975 cuando las fuerzas de seguridad nacionales reprimieron con violencia la huelga de los metalúrgicos, los trabajadores en general y del pueblo del lugar. Fue el acto final de una huelga de 59 días llevada adelante en la planta de Acindar, encabezada por Alberto Piccinini, secretario local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), opuesto a la línea dialoguista de Lorenzo Miguel. Martínez de Hoz, entonces a cargo de la empresa, convenció al ministro de Interior, Alberto Rocamora; se declaró la ilegalidad de la huelga y llegó la represión.
Numerosos huelguistas fueron secuestrados, muchos sometidos a simulacros de fusilamiento y otros, con menos suerte, directamente asesinados. Unos 300 trabajadores y militantes de las organizaciones que apoyaban el accionar de los metalúrgicos fueron detenidos e integraron las listas de presos políticos que se multiplicarían 12 meses después. Las denuncias aseguran que las instalaciones de la fábrica se convirtieron en el primer «quot;centro clandestino de detención»– con una veintena de desapariciones- de los que sería un plan sistemático poco después.
Un año y una semana más tarde, Martínez de Hoz presentó los lineamientos centrales del experimento económico que deterioró la vida de la sociedad argentina a lo largo de décadas, y hasta el presente. Con el golpe de las Corporaciones, comenzó una etapa de “valorización financiera”, opuesta al funcionamiento de una economía de producción y trabajo. La lógica de una supuesta “inserción económica basada en la ventaja comparativa”, empujó a la producción económica hacia su primarización, con sobrevalorización financiera y abandono de todo tipo de industrialización.
Con otra vuelta de tuerca liberalizó el mercado y empujó el crecimiento de un grupo de bancos que realizaron grandes negocios gracias a su reforma financiera de 1977. La rentabilidad del sector creció y lo alejó del “desarrollo económico”. La “tablita” del ministro fue la hoja de ruta de los negociados y la descapitalización nacional.
Eso sí, Martínez de Hoz aclaró cuáles serían los dos rubros a los que se limitaba el dólar más barato de aquel entonces: importación de combustibles y Papel Prensa. Eligió un método -además de la expropiación bajo tortura de las acciones de la única fábrica de papel para periódicos- que le permitiría llevarse bien con los dueños de diarios y,
también, con los petroleros; subsidiados por el Estado ambos. Tuvo otra perlita más personalizada, al estatizar, con un gran sobreprecio y como ministro, una “empresa de capital privado” como era la Italo, de la que acababa de ser director.
Todo estaba en marcha. Los muertos enterrados, los secuestrados desaparecidos, los presos entre rejas, los trabajadores con sus condiciones diezmadas, las industrias destruidas y el “deme dos” de la plata dulce causando la sonrisa fácil de un día, que después pagarían durante décadas las argentinas y los argentinos, generación tras
generación.
Y el 24 de marzo de 1976 se concretó el golpe cívico-militar. El informe que reproduce IDEA también señala que el papel de las “grandes empresas” en la dictadura tiene varios hitos, a partir de “su participación en los preparativos golpistas que incluyeron lock-outs (paros patronales) y solicitadas reclamando que las fuerzas armadas tomen el poder”, “el aporte de muchos de sus gerentes a los equipos de gobierno de Videla y compañía: ministros, secretarios de Estado y todo tipo de funcionarios” y “su participación en la represión, entregando listas de delegados y activistas, llegando a montar centros de tortura en sus instalaciones”.
Como cuarto componente incluye “las leyes y negociados que permitieron a muchos grupos aumentar sus ganancias y la cantidad de empresas al final de la dictadura”, además de “un beneficio no menor: la estatización de sus deudas privadas por parte del Banco Central en 1982, miles de millones de dólares que todavía seguimos pagando”. Considera que se trató de “un golpe de clase”, en el que “los grandes empresarios, banqueros y terratenientes impulsaron un genocidio para aplastar las rebeliones obreras y juveniles que venían desde el Cordobazo e imponer sus intereses económicos” y constituyó “la dictadura más brutal, pero esa violencia no era una novedad.
Desde los orígenes del país la clase empresaria construyó su fortuna a «;sangre y lodo». Hasta imponer sus ideas liberales a través del terrorismo estatal”. Lucho Aguilar, autor del informe y editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario 4 , destaca que, a pesar de los hechos y las pruebas que marcan esas responsabilidades, “los ´comandantes´ del gran empresariado siguen impunes.
Gobierno tras gobierno. Por eso es impactante analizar la foto que se sacaron, hace pocos días, los integrantes de AEA (Asociación Empresaria Argentina)”. En la misma, que ilustra esta nota, posan “los eternos dueños del país: los que se enorgullecen de ´dirigir empresas que facturan USD 53.000 millones anuales, exportan por USD 9.604 millones y emplean a 240.000 personas´ y pasa a contabilizar “Nombre por nombre, empresa por empresa, prontuario por prontuario” a la que considera “pata civil de la dictadura”.
El registro incluye a Arcor, Luis Pagani; Techint de Paolo Rocca;, PanAmerican Energy, Alejandro Bulgheroni; Nordelta Consultatio, Eduardo Constantini; BGH, Alberto Hojfman; Bemberg, Carlos Miguens; FIAT, Cristiano Rattazzi; Braun-Menéndez-La Anónima, Federico Braun; Pecom, Luis Pérez Companc; Grimoldi, Alberto Grimoldi; Ledesma, “Charlie” Blaquier; Clarín, Héctor Magnetto; La Nación, Julio Saguier; Roggio, Aldo Roggio; Santander-Rio, Enrique Cristofani; Petroquímica Comodro Rivadavia, Martín Brandi; Oxenford, Alex Oxenford y Duhau, Enrique Duhau.
Señala que muchos de los otros grupos empresarios que integran AEA “fueron parte de la misma historia y las mismas acciones”, y otros como SOCMA, perteneciente al expresidente Mauricio Macri, que no la integran por supuestos conflictos de intereses, “hicieron lo mismo”. Agrega a la familia Bago, Aceitera General Deheza, José Cartellone Construcciones, Amadeo Vázquez, IBM, Jorge Aufiero dueño de Medicus.
En síntesis, los dueños del golpe no son sino la fotocopia de los dueños del país, responsables del terror de ayer, responsables de las miserias de hoy.
*Villalba es periodista, investigador y psicólogo argentino; analista senior de CLAE. Aharonian es comunicólogo, periodista y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
El Ejército anunció la militarización
de zonas de sacrificio extractivista,
como Vaca Muerta
Por Juan Duarte, 28 de marzo de 2023.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo*, anunció «ocho planes de campaña» para desplegar fuerzas militares en áreas de «recursos naturales y espacios soberanos» del país, como Vaca Muerta, el Atlántico sur y zonas de extracción de litio.
Los anuncios se produjeron durante la apertura y primer encuentro del «ciclo de debates para la elaboración del Libro Blanco de la Defensa Argentina 2023, en el Salón almirante Brown de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), en la CABA. Fueron publicados el 24 de Marzo en la cuenta de Twitter del Ejército.
En la misma, Paleo señaló que «a partir de la directiva del poder político acerca del Planeamiento de la Defensa 2023», el Estado Mayor Conjunto elaboró «8 planes de campaña que contemplan principalmente la defensa de los recursos naturales y los espacios soberanos del país».
Asimismo, que seis de ellos continúan desarrollándose y «se espera que se conviertan en ejercicios en el terreno para las Fuerzas Armadas».
«Este año vamos a poner en práctica tres: uno es el de la zona del Comahue, donde se encuentra Vaca Muerta; otro de la zona Buenos Aires, que es fundamentalmente la zona de Bahía Blanca y el complejo nodal de comunicaciones; y otro del Atlántico. Donde vamos a poner en práctica nuestra capacidad de desplazar medios militares para disuadir, y en el caso necesario defender, nuestros objetivos de valor estratégico», señaló el Paleo.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto también se refirió a los yacimientos donde se explota el litio como “fronteras a través de las cuales ingresan divisas al país”, que también se verían alcanzados por el nuevo despliegue militar prestablecido.
Paleo planteó que, debido a la escasez de recursos militares para la extensión del país, el enfoque tradicional de la defensa militar no era adecuada, por lo que decidieron cambiarlo. «La geografía separa fronteras de naciones, ese era el enfoque tradicional desde Napoleón», señaló. «Decidimos echar mano a otro concepto: la conectografía», que «relaciona infraestructuras y cadenas de suministro. Hay una evolución de la geografía política a la geografía funcional».
Mencionó también el ejemplo de un aeropuerto, una central hidroeléctrica o Las Toninas, como fronteras, vías por donde ingresan al país mercaderías, personas, energía o información, y continuó: «vamos más allá: un yacimiento de Litio, como el que tanto se habla, Vaca Muerta, u otros yacimientos de otros recursos que tenemos, ¿no es una frontera a través de la cual ingresan a nuestro país las divisas que necesita para desarrollarse? ¿No lo debemos considerar como un concepto ampliado de frontera?»
Asimismo, durante su charla Paleo buscó desarrollar un supuesto «marco teórico» estratégico ubicando 1989 como parteaguas con la caída del muro de Berlín y el desarrollo de la World Wide Web y ubicar a Gran Bretaña como contendiente estratégico central.
El anuncio resulta significativo en un marco en el que tanto el gobierno nacional como los provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición, están decididos a profundizar aún más el modelo extractivista sobre los bienes comunes naturales, con el objetivo central de pagar una deuda ilegítima e ilegal con el FMI.
Esto significa disciplinar a las poblaciones, pueblos originarios y trabajadores que luchan contra la acción de las empresas, centralmente de capitales transnacionales, que arrasan sus territorios transformándolos en zonas de sacrificio: la mención de Vaca Muerta no es casual en este sentido, Chevrón o Shell tienen intereses clave ahí; tampoco el Atlántico Sur cuando el gobierno impulsa la exploración y explotación offshore de petróleo y gas, nuevamente junto a British Petroleum, Shell o Equinor, y un nuevo centro de fracking en Santa Cruz (Palermo Aike), que tendrán sus puertos exportadores.
Tampoco es casual la referencia del Litio, verdadera amenaza al agua para las comunidades y ecosistemas altoandinos en en noroeste del país, en momentos en que la Secretaria de Asuntos Estratégicos del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, declaró varias veces que es un objetivo estratégico central frente a China y Rusia. La norteamericana Livent, que ya causó un desastre ambiental, opera en la zona. En el polo petroquímico de Bahía Blanca operan, entre otras, la malaya Petronas, Dow y muchas otras. Pero esto es solo la mitad de la lista, que puede incluir megaminería (Barrick Gold, Panamerican Emergy, etc.), hidrógeno verde (la australiana Fortescue), centrales hidroeléctricas, otras zonas de fracking (en Cuyo por ejemplo), y un largo etcétera.
En otras palabras estos anuncios no significan otra cosa que blindar militarmente la planificación de la entrega extractivista que planean los gobiernos, el ecocidio y el saqueo de los bienes comunes naturales y de la economía del país.
A días de un nuevo aniversario del 24 de Marzo, estos planteos del Ejército genocida merecen repudio y atención.
*Juan Martín Paleo, fue el mismo militar que estuvo involucrado en la idea de una intervención militar a Venezuela, por pedido de los Estados Unidos.
Massa en busqueda de ayuda
extra del FMI para »compensar el
daño por la sequía»
Por Marcelo Di Bari, Resumen Latinoamericano, 28 de marzo de 2023.
Massa se entrevistará el jueves con la número 2 del FMI, Gita Gopinath. Argumentará un «shock exógeno» que afecta el programa vigente.
Contra reloj, el gobierno explora líneas alternativas con las cuales reencauzar la negociación ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras ya está todo resuelto en otras cuestiones como el cumplimiento de las metas pactadas para 2022 y la continuidad (con algunas modificaciones) del préstamo de facilidades extendidas, ahora la urgencia es otra: dotar de mayor margen de divisas al Banco Central, cuyas reservas líquidas están cayendo vertiginosamente. Si bien hay muchos motivos que complican la economía del país (que volvió a depender del FMI en 2018, cuando Mauricio Macri acudió para pedir auxilio), hay uno que en las últimas semanas se volvió acuciante: la sequía que afecta fuertemente la cosecha y frenó súbitamente el ingreso de divisas de la exportación.
El próximo jueves 29, el ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá un nuevo encuentro con la segunda al mando del FMI, Gita Gopinath, según confirmaron a Tiempo fuentes del organismo multilateral de crédito. El encuentro se realizará un día después de la reunión entre los presidentes Joe Biden y Alberto Fernández. La secuencia temporal no es casual: se presume que Massa llegará con un panorama sobre el plafón que habrá otorgado (o no) el mandatario estadounidense para una ayuda extra. Se sabe que el Fondo es más que permeable a las directivas que emanan de la Casa Blanca.
Foto: @SergioMassa
Una de las hipótesis que se manejan es recurrir a alguna de las líneas especiales previstas en los reglamentos del organismo para asistir a países con “necesidades urgentes de balanza de pagos causadas por fuentes que incluyen inestabilidad interna, shocks exógenos y fragilidad”.
Allí se encuentra la línea RFI (Instrumento de Financiamiento Rápido), que tiene como objetivo “responder a situaciones en las que no es necesario un programa económico completo porque la necesidad es transitoria y de naturaleza limitada, o no factible debido al diseño de políticas, la capacidad y otras restricciones de implementación”.
La mirada hacia esta línea no es casual: entre los motivos que habilitan su uso, se encuentra “una inseguridad alimentaria aguda, un fuerte aumento en la factura de importación de alimentos o fertilizantes, o un shock en las exportaciones de cereales”. Este último calza a la perfección con la situación argentina: las estimaciones hablan de una caída en las ventas de productos agrícolas al exterior de entre 14 y 20 mil millones de dólares.
“El apoyo se brinda sin condicionalidades o revisiones ex post basadas en programas, aunque a veces se aplican acciones previas”, detalla el manual de procedimientos del FMI. Además podría correr en paralelo al programa actual vigente.
Claro que para eso se necesitará una negociación política que el gobierno viene planteando ya hace tiempo: por ejemplo, que el Fondo atienda el daño causado por otro shock exógeno, la guerra entre Rusia y Ucrania, que disparó el costo de la energía y los fletes. Todo eso impactó en los requerimientos de dólares durante el año pasado.
La eventual asistencia crediticia, de todas maneras, está muy lejos de compensar ese monto. El RFI está limitado al 50% de la cuota que el país solicitante tiene asignada en el Fondo. A la Argentina, esto le reportaría unos U$S 2.300 millones, a devolver en un plazo máximo de cinco años, con la eventualidad de que si el shock exógeno continuara (algo que por ahora nadie puede avizorar) la ayuda podría repetirse por hasta tres años.
De todas maneras, en un contexto en el que el gobierno está rascando todas las ollas a su alcance para conseguir divisas, podría ser de ayuda.
Fuente: Tiempo Ar
Envio:ResumenLatinoamericano
ESTE MIÉRCOLES
Cumbre Alberto – Biden: quiénes participarán de la bilateral en Washington
El miércoles se encontrarán en Washington. Una reunión con varios funcionarios de cada lado, declaración conjunta y conferencia de prensa. Los detalles.
28/03/2023
La cumbre bilateral de Alberto Fernández y Joe Biden en la Casa Blanca contendrá a al menos ocho funcionarios de ambos lados. Luego, los mandatarios brindarán una declaración conjunta y el presidente argentino dará una conferencia de prensa para recorrer las conclusiones del esperado encuentro con el mandatario norteamericano.
El jefe de Estado será acompañado por Santiago Cafiero (canciller), Sergio Massa (ministro de Economía), Aníbal Fernández (ministro de Seguridad), Gabriela Cerruti (portavoz presidencial), Julio Vitobello (Secretario General de la Presidencia), Jorge Arguello (embajador argentino en Estados Unidos), Luciana Tito (jefa de Gabinete de Cancillería) y Leonardo Madcur (jefe de Gabinete de Economía).
MIentras que al otro lado de la mesa, en la Sala de Gabinete, Biden sentará a Jack Sullivan (consejero principal de Seguridad Nacional), Antony Blinken (secretario de Estado), Janet Yellen (secretaria del Tesoro), Juan González (consejero de Seguridad Nacional para América Latina), Brian Nichols ( subsecretario de Estado para América Latina), Lorenzo Harris (encargado para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad) y Marc Stanley (embajador de Estados Unidos en Argentina).
MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS
Sergio Massa destacó la aprobación del proyecto de monotributo tecnológico
El ministro de Economía la calificó como “un enorme paso hacia la regularización financiera y tributaria de los gamers y programadores freelance que cobran en moneda extranjera y que desean tener sus ingresos en la Argentina”.
29/03/2023
El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó heste miércoles la media sanción del proyecto que establece un nuevo Régimen Tributario Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos.
En su cuenta oficial de Twitter expresó: «Celebro la media sanción en Diputados del proyecto de Ley de Monotech, un enorme paso hacia la regularización financiera y tributaria de los gamers y programadores freelance que cobran en moneda extranjera y que desean tener sus ingresos en la Argentina».
«Con Monotech, se crean nuevas categorías de monotributo para los jovenes trabajadores que exportan sus servicios tecnológicos al exterior, para que facturen sin necesidad de liquidar sus divisas y promoviendo el trabajo registrado con acceso a obra social y aportes jubilatorios».
Además, agradeció «enormemente a Cecilia Moreau, Ariel Sujarchuk, Guillermo Michel (quien colaboró con la redacción del proyecto), al bloque del Frente de Todos y a todos los diputados que más allá de las banderas políticas la apoyaron para que los jóvenes tengan herramientas que pongan en valor toda su capacidad».
Massa sostuvo también que «medidas como esta son claves para que desde el Estado sigamos generando condiciones y oportunidades que permitan impulsar el crecimiento de la Economía del Conocimiento, uno de los grandes sectores que producen empleos de calidad y fortalecen nuestras divisas».
Por su parte, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, señaló que «esta iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados es un gran avance para aquellos emprendedores del sector informático, gamers, trabajadores free lance, entre otros, que permitirá que reciban beneficios sociales, créditos y consolidar la industria y los profesionales que la desarrollan y ayudan a crecer al pais».
En tanto, el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, manifestó que “con este proyecto que hoy tiene su media sanción en Diputados, las personas que trabajan en la modalidad de freelance, en alguna actividad de la Economía del Conocimiento, podrán ingresar sus dólares de forma legal y trazable, así como asegurar su ahorro jubilatorio y obra social”.
Esta iniciativa apunta a integrar a los trabajadores y trabajadoras de la economía del conocimiento al régimen tributario, para que las y los interesados puedan declarar sus ingresos, acceder a una obra social, asignaciones familiares y créditos, entre otras cosas.
Uno de los aspectos más novedosos del llamado «Mono Tech» es que incorpora a las personas que participan en competencias internacionales de e-sports, también conocidos como deportes electrónicos, que marcan tendencia en las nuevas generaciones y que se consolida como la industria de mayor desarrollo a nivel mundial.
Programadores, informáticos, periodistas, docentes universitarios, gamers, arquitectos, guionistas, traductores y todas aquellas trabajadoras y trabajadores que exporten servicios basados en el conocimiento al exterior podrán acceder a esta iniciativa que promueven desde el Ministerio de Economía.
VOTADO POR 214 DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE DISTINTOS BLOQUES
Cecilia Moreau celebró la media sanción al proyecto que fortalece la Justicia de Santa Fe contra el narcotráfico
La presidenta de la Cámara de Diputados destacó que la norma “permitirá una acción eficaz y eficiente para darle mayor seguridad a nuestra sociedad, a los jóvenes y el futuro de nuestra Nación”.
29/03/2023
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebró este miércoles la aprobación por unanimidad del proyecto de ley de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que permitirá avanzar contra el narcotráfico.
Al respecto, Moreau destacó que «contar con una Justicia más justa, más rápida y efectiva contra el flagelo del narcotráfico permitirá una acción eficaz y eficiente para darle mayor seguridad a nuestra sociedad, a los jóvenes y el futuro de nuestra Nación».
El proyecto de ley de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, en la provincia de Santa Fe fue votado por 214 diputados y diputadas de distintos bloques durante la sesión especial.
Fuente:TiempoArgentino
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