11 de abril de 2023
Córdoba: Barreiro sumó otros 24 de años de prisión a su condena a perpetua
Fue sentenciado junto a otros dos represores por ser parte de la patota que usurpó y actuó en la Quinta de Guiñazú, el último centro clandestino que se desactivó en la provincia.
Desde principios de la década de los 70, la familia Viotti trabajaba plantaciones de durazno en la Quinta de Guiñazú, un terreno de unas seis hectáreas, ubicada a pocos kilómetros al noreste de la capital cordobesa. Si bien en los papeles la tierra estaba a nombre de Silvio Viotti, la quinta había sido adquirida junto con la pareja de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) integrada por Juan Jacobo Mogilner y María Irene Gavaldá.
El 6 de diciembre de 1977, una patota de la fuerza comandada por el represor Luciano Benjamín Menéndez asaltaron el lugar. “Nos fue apropiado por personal del Ejército en un allanamiento en donde fue secuestrado y desaparecido el matrimonio Mogilner-Gavaldá, mi papá, mi hermano y yo”, contó durante su testimonio Silvio Viotti (hijo), sobreviviente de lo que se conoce como “Operativo Escoba”, que implicó los episodios en torno de la quinta y la caída de varios militantes del PCML en otros puntos del territorio nacional.
Durante su cautiverio –primero en diversos centros clandestinos locales, luego en distintas cárceles– Viotti padre fue torturado y amenazado para que ceda la propiedad de la quinta a la patota. “Los interrogadores le decían que esa quinta se había comprado con plata de la subversión, que la tenía que entregar”, testimonió Silvio en el juicio oral y público que comenzó a principios de marzo pasado con el objetivo de revisar una serie de secuestros, torturas y asesinatos que sucedieron en ese lugar; pero no referidos a los casos que tienen como víctimas a los Viotti y al matrimonio Mogilner-Gavaldá. Tampoco el robo bajo tortura del predio que se convirtió en el último centro clandestino que mantuvo en funcionamiento Menéndez en la provincia, activo hasta 1981. Durante su testimonio, Viotti hijo pidió que el lugar sea señalizado como Sitio de Memoria.
La persecución al Peronismo de Base
El juicio que culminó este martes revisó las responsabilidades de los acusados en el secuestro, las torturas y el asesinato de Pocho Palazzesi, un militante de las Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base, junto a su cuñado y un compañero.
El 11 de agosto de 1979, Palazzesi se encontraba en el barrio Parque Vélez Sarsfield, de la capital cordobesa, y viajaba en un automóvil junto con su compañero de trabajo Jaime Blas García Vieyra en busca del almuerzo. Fue entonces cuando una patota del Ejército integrada -entre otros por Villanueva, a quien sus colegas de armas le llamaban "Principito"- les cruzó un Ford Taunus verde y un Peugeot blanco. En los baúles de esos vehículos fueron llevados hasta la Quinta de Guiñazú, depositados en el sótano y torturados. Durante el debate judicial, García Vieyra recordó que en el lugar “veía correr a las ratas” y que fueron brutalmente golpeados. Según testimonió, a él lo mantenían esposado y “colgado del techo por horas”. A su compañero lo pasaron por la picana y lo golpearon hasta matarlo: según sus recuerdos, le exigían plata “de su organización”.
La cacería no culminó allí. Unos diez días después, de madrugada, los represores del Ejército atacaron la casa de la hermana de “Pocho”. De allí, la madrugada del 22 de agosto, se llevaron a Nilveo Teobaldo Cavigliaso, a quien también mantuvieron cautivo y bajo torturas en la quinta que le habían usurpado a los Viotti. Sobrevivió al cautiverio, pero falleció esperando el juicio oral y público en el que pudiera declarar contra sus represores.
Su viuda, hermana de Palazzesi, a quien también secuestraron, sí declaró en el juicio. También la viuda de “Pocho”, Cristina Guillén, y el padre de ella; todos pasaron por centros clandestinos de la provincia de Córdoba y fueron “blanqueados” en diferentes cárceles del país.
Además de Villanueva, quienes sobrevivieron identificaron al Nabo Barreiro, quien fue jefe de La Perla, uno de los campos de concentración más sanguinarios de la última dictadura cívico militar eclesiástica; y a Carlos Díaz. Los tres fueron condenados a 24 años de prisión, las penas solicitadas por la Fiscalía. La querella, representada por la Secretaría de Derechos Humanos había pedido perpetua; situación que de alguna manera se cumplió, ya que el TOF 2 de Córdoba unificó las flamantes condenas en las prisiones perpetuas que ya estaban cumpliendo los acusados por otros juicios de lesa humanidad.
A Palazzesi lo venían buscando. La patota represiva sabía que, al menos una vez al mes, solía viajar a Buenos Aires, donde se encontraba con quienes militaban en el PB y quienes quedaba de la dirigencia de las FAP, que compartía con Raimundo Villaflor y Enrique Ardetti. En su último viaje a Buenos Aires, Palazzesi supo del secuestro de sus compañeros de militancia, que fueron vistos en la ESMA y que permanecen desaparecidos. “Era un compañerazo”, lo definió Consuelo Orellana de Ardetti.
Mientras estuvo encerrado en la Quinta de Guiñazú, Palazzesi fue interrogado por una delegación de la patota de la ESMA, integrada por los genocidas Ricardo Cavallo, Fernando Peyón y Adolfo Donda, entre otros. Durante la tortura lo destrozaron hasta matarlo. Luego subieron su cadáver a un automóvil y lo llevaron hasta Campo de Mayo. A la familia se lo entregaron sin pies ni manos, calcinado, y con la explicación falsificada de que había muerto y sufrido esos ataques en un accidente de auto que había sufrido en un intento de fuga.
Fuente:LetraP
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