Una comisión para borrar la evidencia de la acción represiva
El plan de la Armada para deshacerse de las pruebas de las desapariciones
En octubre de 1982, más de un año antes del regreso de la democracia, un grupo de represores de la ESMA recibió la tarea de borrar toda la evidencia de los crímenes mientras las denuncias de víctimas y organismos de derechos humanos adquirían cada vez más relevancia. La información surge de una investigación del Ministerio de Defensa a la que accedió Página/12.
Más de un año antes de que terminara la dictadura, la Armada puso en marcha una comisión para borrar los rastros de sus crímenes. Fue una iniciativa de oficiales que habían actuado dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal campo de concentración de la Marina. Denunciado al retorno de la democracia por el sobreviviente Víctor Basterra, un trabajo de reconstrucción minuciosa del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, al que accedió Página/12, revela cómo funcionó la Comisión Permanente de Estudios de Situaciones Especiales (Copese) entre 1982 y 1984 para evitar que se investigaran los crímenes aberrantes en los que habían participado los caballeros del mar. La documentación también le da un rol relevante a Pedro Carlos Florido, un operador de la Marina en los tribunales y exempleado del gobierno de Mauricio Macri, a quien la justicia no lo alcanzó.
Basterra trabajaba como mano de obra esclava en el sector Documentación de la ESMA desde que había sido secuestrado en 1979 con su compañera y su hijita. En 1982, advirtió la presencia de tres oficiales que se dedicaban a analizar y clasificar los documentos que se habían producido como parte de la tarea represiva a la que estuvo dedicada esa dependencia de la Marina durante los años anteriores. Los oficiales en cuestión eran Jorge “Tigre” Acosta –el exjefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2–, Raúl Enrique Scheller y Alberto Eduardo González. “Estaban en un pasillo y había una microfilmadora. Pasaban horas y horas microfilmando”, relató Basterra ante la justicia.
El sobreviviente sabía que se denominaban Copese pero no sabía qué significaba esta sigla. Como pudo encontrar una ficha que confeccionaban los oficiales con cada persona que había estado secuestrada allí, entendió que la Comisión había sido creada para “contrarrestar la acción de organizaciones de derechos humanos”.
En noviembre de 1983 –tras el decreto 2726 del dictador Reynaldo Benito Bignone, que ordenaba destruir las constancias relativas a la detención de personas–, la Copese tuvo una segunda etapa, según recordó Basterra. En ese momento, un grupo de integrantes del área de inteligencia comenzó bajar documentación que estaba en el altillo y la colocaba en un camión. “Desde el lugar donde yo me encontraba –el sector Documentación– vi cómo el camión fue y volvió varias veces para llevarse numerosos paquetes”, contó el exdetenido-desaparecido.
En esa tarea estaban involucrados los suboficiales Antonio Rosario Pereyra, Raúl Agustín Cejas y un tercero al que identificó como Delfor. “Observé también que al regresar de cada uno de los viajes los auxiliares de inteligencia Pereyra, Cejas y alias Delfor mostraban las ropas sucias de cenizas y el rostro arrebatado, como se encuentran las personas que han estado muy cerca del fuego".
Si bien el sistema de desaparición buscaba de por sí la eliminación de la evidencia de los crímenes, la Armada llevó adelante distintas iniciativas de ocultamiento que pudieron ser conocidas gracias a los testimonios de los sobrevivientes: las refacciones que se hicieron antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 --con el correspondiente traslado de los detenidos-desaparecidos a la isla El Silencio-- y la Copese. Hasta sus últimos días, Basterra se preguntó dónde habrían guardado las microfilmaciones que preservaban la información que se encontraba en los papeles que después fueron quemados.
La Copese
Como denunció tras recuperar su libertad Basterra, la Copese existió. “Si bien no fue hallada hasta el momento la resolución de creación de esta Comisión, los oficiales que la integraron fueron designados a revistar en el Estado Mayor de la Armada (EMGA) a partir del 22 de octubre de 1982”, explicó a Página/12 Eduardo Jozami, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, sobre el material que la repartición aportó tiempo atrás en la causa sobre la desaparición de Ricardo Haidar.
El equipo de relevamiento de la Armada pudo reconstruir por una nota hallada en el legajo de Scheller que la Copese comenzó a funcionar el 25 de octubre de 1982. En una misiva que el propio Scheller le envió a Salvio Olegario Menéndez, que ejercía como presidente de la Comisión, se explican los objetivos del grupo. “En el mes de octubre de 1982, hice presente a Usted mi preocupación por diversos problemas que entendía que afectaban o afectarían en el futuro inmediato a la Armada como institución y a su personal como consecuencia del accionar contra el enemigo terrorista”, escribió Scheller.
Para esa época, las denuncias ya estaban picando cerca del almirante retirado Emilio Eduardo Massera. Tal es así que el 17 de septiembre de 1982, el exhombre fuerte de la Marina le mandó una nota al entonces almirante Jorge Isaac Anaya reclamándole medidas institucionales ante las acusaciones que estaban surgiendo contra él.
El 4 de septiembre, Clarín publicaba en tapa que Juan Alemann responsabilizaba al exjefe de la Armada por el atentado que había sufrido en 1978. El 20 de septiembre de 1982, el diplomático Gregorio Dupont se presentaba a declarar en la justicia por el asesinato de Elena Holmberg y apuntaba directamente hacia Massera. El caso era levantado no solamente por la gráfica sino por la televisión más procesista. Por esos días, los hermanos de Holmberg iban al programa Tiempo Nuevo para denunciar al almirante retirado, como reconstruye la periodista Andrea Basconi en su libro Elena Holmberg, la mujer que sabía demasiado. Dupont salió ileso de la declaración, pero no tuvo la misma suerte su hermano Marcelo, el publicista. Lo secuestraron el 30 de septiembre de 1982 y, a los días, arrojaron su cuerpo desde un edificio.
Probablemente después de atender estos "problemas", la Copese se disolvió por resolución secreta del jefe de la Armada, Ramón Arosa, el 13 de febrero de 1984. Raúl Alfonsín llevaba dos meses en la Casa Rosada y estaba en pleno funcionamiento la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Todos los hombres de la ESMA
Si Massera estaba preocupado por las denuncias en su contra, no es ilógico que el “Tigre” Acosta haya estado comisionado a la Copese, aunque no formara parte del plantel estable. Según la información relevada por el Ministerio de Defensa, sus integrantes fueron:
* Menéndez fue su presidente. Fue el subdirector de la ESMA en 1976. El 12 de julio de ese año fue herido en el operativo en Santa Fe y Oro en el que asesinaron a María Cacabelos y Edgardo Jesús Salcedo. Primero lo trasladaron al hospital Churruca; después al Naval y finalmente estuvo durante un año y medio en el Hospital Naval de Las Vegas. En 1978, Massera lo condecoró por haber recibido heridas durante un procedimiento “antisubversivo”. Al declarar en el Juicio a las Juntas, Menéndez confirmó que había sido herido en un combate militar “contra el enemigo terrorista”.
* Scheller ofició como secretario y alma páter de la Copese. Entre 1977 y 1979 integró el grupo de tareas de la ESMA como oficial de inteligencia. Fue uno de los represores cuya extradición reclamó el juez español Baltasar Garzón. En plenos años de impunidad, dos sobrevivientes, Carlos Lordkipanidse y Enrique Fukman, lo escracharon en un bar de la zona del Congreso. En 2011, lo condenaron a prisión perpetua. Murió en 2015 mientras era juzgado nuevamente.
* Carlos Alberto Piccone era el vocal que representaba al sector de Inteligencia en la Comisión. Entre 1978 y 1980 estuvo destinado en la ESMA como jefe de la Compañía Aspirantes del Curso de Armas. Sus calificaciones lo ubican en tareas operativas.
González también funcionó como vocal en representación del área de logística. Conocido como “Luis”, “Gato” o González Menotti, su actuación en el centro clandestino de la Marina ya fue acreditada por los tribunales que lo condenaron a prisión perpetua. Tiene una sentencia también por haber sometido sexualmente a una detenida-desaparecida. Era oficial de inteligencia y formó parte de la escuadrilla de helicópteros. Participaba en las reuniones de los miércoles en las que se decidían los “traslados”. Según contó ante la justicia, estuvo al frente de Croma, la productora de contenidos que funcionaba con la mano de obra esclava de detenidos-desaparecidos de la ESMA. Viajero frecuente: estuvo en el Centro Piloto de París y también fue a Europa para rastrear el dinero de Montoneros. Cuando fue destinado en la embajada de Inglaterra, la sobreviviente Norma Susana Burgos se apersonó con un equipo de Granada TV para exponerlo. Terminó siendo expulsado del Reino Unido. Según se ventiló en el juicio de ESMA Unificada, González en presentaciones administrativas reconoció dos cosas: que participó en la represión y que negaba los crímenes por orden de la superioridad. “Me siento responsable por la vida que debió llevar mi familia como consecuencia de mi actividad antiterrorista”, escribió en la década de 1990. “Mi familia leía y veía por TV lo que yo negaba siguiendo las directivas de mis superiores”.
Miguel Ángel Benazzi fue vocal de la Copese. En la ESMA se lo conocía como “Manuel”, “Salomón” o “Turco”. Allí estuvo destinado entre 1976 y 1979. Después fue parte de la misión naval en Bolivia. A Ana Testa la controló hasta julio de 1983. Murió mientras estaba preso en Marcos Paz.
Pablo Eduardo García Velasco también conformó la Copese como vocal. Como integrante del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), estuvo en la ESMA entre 1976 y 1979. Pese a que procuró decir que quien actuó en ese centro clandestino fue su hermano mellizo, la justicia le dio prisión perpetua.
Pedro Carlos Florido fue el asesor jurídico de la Copese. A diferencia de los otros vocales, Florido nunca fue siquiera indagado por crímenes de lesa humanidad.
Algo más que un operador florido
Hasta ahora, Florido siempre había quedado reducido al lugar de lobbista de los marinos en los tribunales. Sin embargo, la información que tiene la justicia en su poder da cuenta de que Florido tuvo un rol operativo dentro de la ESMA y que incluso él se vanagloriaba de actuación en la “lucha contra la subversión”.
El nombre de Florido figura en las denuncias desde los primeros días de la democracia. Basterra aportó incluso una fotografía de Florido o “Florindo”, a quien describía como un auditor del grupo de tareas. En 1999, un día antes de dejar el gobierno, Carlos Menem mandó su pliego para ascenderlo, lo que generó un escándalo alrededor del abogado de la Marina. Florido se retiró en 2003, pero siguió siendo inspiración de un grupo de contención para quienes habían actuado en la dictadura y tenían problemas judiciales –cuya existencia fue revelada por Nora Veiras en este diario–.
En 2008, se supo que Mauricio Macri lo había contratado en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que, por entonces estaba a cargo de Pablo Tonelli. Cuando trascendió que Florido estaba conchabado en ese organismo, debió presentar la renuncia. Nadie pudo explicar por qué ni cómo había llegado allí.
En ese momento, exdetenidos-desaparecidos pidieron a la justicia que pusieran un ojo sobre Florido, pero él se las ingenió para pasar desapercibido. Uno de sus compañeros de armas, el médico Carlos Capdevila, dijo en indagatoria estar sorprendido porque a Florido no lo investigaban cuando él sabía por boca del propio “Tigre” Acosta que había actuado en el grupo de tareas. Entonces, el “Tommy” Capdevila denunció que Florido tenía vínculos con jueces federales como María Servini o el magistrado que estaba entonces a cargo de la causa ESMA, Sergio Torres, según consignó el periodista Diego Martínez.
En 2012, el fiscal Eduardo Taiano pidió su indagatoria y detención, pero en 2015 el entonces juez Torres dijo que no existían los suficientes elementos para avanzar con Florido o con otros marinos que actuaron en el campo de concentración de Avenida del Libertador.
Florido estuvo en la ESMA, al menos, entre 1977 y 1980. Entonces se encontraba a cargo de la División Justicia. Tenía, en ese momento, una doble foja de conceptos: una para la ESMA y otra para la División de Bienestar de la Armada. Todas sus calificaciones destacaban su participación en tareas operativas y, en 1980, figuraba como jefe de patrulla externa --es decir, de la guardia--.
En 1983, Florido estuvo destinado a la Copese, donde evidentemente empezó a perfeccionar sus dotes para hacer que los represores de la Armada esquivaran los tribunales. “Dar detalle de las excepcionales cualidades profesionales del teniente Florido significaría poner de manifiesto parte del adecuado tratamiento jurídico y ‘político’ que esta Comisión ha dado a temas tan complejos y comprometedores para la institución”. Por si quedaban dudas, Scheller escribió que había realizado “tareas que normalmente no guardan ninguna relación con las tareas de su profesión en el ámbito naval”.
El diario La Voz publicó en 1984 la denuncia de Basterra con fotos. Allí apareció Florido con su imagen. La publicación enfureció al letrado de la Marina. Entonces, el sobreviviente lo había señalado como quien le pidió que falsificara un pasaporte para Licio Gelli, el ultraderechista italiano que lideró la logia P2. En un descargo ante la Armada, Florido buscó despegarse de la denuncia de Basterra sobre el documento de Gelli. “Deseo dejar constancia que todo lo expuesto de modo alguno significa que no esté orgulloso de haber participado en tareas vinculadas a la Lucha Contra la Subversión ni tampoco eludo cualquier responsabilidad al respecto, pero no puedo permitir que maniobra política alguna me involucre en hechos que no tienen nada que ver con dicha guerra”.
En otras palabras, Florido procuró mostrarse ajeno a los negocios particulares de Massera, pero reivindicó su accionar en la “guerra”, dejando en claro que no era solo un abogado jurisconsulto y manya-papeles de la Armada, sino un hombre comprometido con la acción represiva.
Fuente:Pagina12
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