Alianza entre la oposición y los magistrados
Consejo de la Magistratura: La familia judicial toma todo el poder
Los representantes de Juntos por el Cambio y de la corporación judicial impusieron como vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, para secundar al supremo Horacio Rosatti, a la jueza Agustina Díaz Cordero, exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri. El oficialismo denunció un intento de "mantener el statu quo" y de "garantizar impunidad" a exfuncionarios del macrismo con causas pendientes.
La oposición y la corporación judicial se aliaron para dejar la conducción del Consejo de la Magistratura en manos de un juez y una jueza. Al supremo Horacio Rosatti, que obtuvo la presidencia del cuerpo gracias a un fallo que él mismo firmó, se suma ahora como vice la jueza civil Agustina Díaz Cordero, quien trabajó para el Ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri y llegó al organismo como representante de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, la más conservadora y antigobierno (o antiperonista). Desde el oficialismo varios consejeros/as cuestionaron este nuevo esquema como "un retroceso" y un intento de "garantizar impunidad" a funcionarios del macrismo que tienen causas pendientes y "mantener el statu quo". Hubo enojos desde la otra vereda, ataques y contraataques y unos cuantos reproches en la cara al cortesano Rosatti. También hubo acuerdo unánime para conformar las comisiones, aunque no fueron elegidas las respectivas autoridades.
Fue la primera sesión después de casi nueve meses de parálisis. El último plenario había sido el 15 de julio del año pasado. Este martes hubo negociaciones hasta último momento, que demoraron el arranque, pero la realidad es que una oposición mixta (combinación de políticos/as y judiciales) logró manejar el tema central y simbólico de la vicepresidencia, y consiguió los 13 votos necesarios para avalar a Díaz Cordero. A simple vista, es el avance de la propia familia judicial sobre el sistema junto a referentes radicales y del PRO que la protegen, como lo hacen frente al juicio político a los cortesanos. La jornada empezó con cierta solemnidad pero con el correr de los minutos, y tras la votación, el clima se fue caldeando a medida que se sumaban voces opositoras.
Reacciones
"Es un retroceso que los dos cargos más importantes del Consejo correspondan a un solo estamento", cuestionó el diputado Rodolfo Tailhade. Se dirigió a Rosatti y señaló que ese criterio no respeta ni siquiera el fallo de la propia Corte que decidió alterar la conformación del organismo reimplantando una ley derogada hace 16 años, y que decía que debía haber "equilibrio" para "evitar acciones hegemónicas" de la política. "Ahora los jueces tienen esa hegemonía. No se puede admitir dos jueces en la presidencia y vice. A las y los magistrados que integran el organismo, advirtió el diputado, los eligen 700 jueces y juezas que los votan dentro de su corporación mientras que "nosotros (el oficialismo) tenemos el bloque más consolidado de seis, entre ellos somos dos diputados, deberíamos ser dos senadores, y representamos a todo el pueblo argentino", advirtió. Subrayó la falta de un senador, otra decisión de los jueces supremos que hace que el Consejo siga incompleto ya que no le quisieron tomar juramento a Martín Doñate (senador por Unidad Ciudadana), mientras avanza un pleito impulsado por el senador Luis Juez (JxC), que cree que el cargo es suyo.
El senador Mariano Recalde (Frente de Todos) señaló la situación irregular en la que funciona el organismo que elige y sanciona jueces/zas, acorde la sentencia de la Corte en cuestión pero no a una nueva ley. "Esto, al igual que la designación de Díaz Cordero, es para que el Consejo lo manejen los jueces, garantizar impunidad y mantener el statu quo. Nosotros venimos con otra representación y otro objetivo. Venimos a cambiar lo que está mal", se enojó. Un rato antes el camarista y consejero Alberto Lugones había planteado que sería bueno tener en claro "para qué se eligen autoridades" y lanzó una serie de propuestas. Recalde le retrucó: "Yo tengo alguna respuesta y está en ese fallo dictado por cuatro integrantes de la Corte que hoy están sometidos a juicio político por mal desempeño con graves acusaciones, como violar el sistema republicano. Un fallo que puso como presidente del cuerpo a uno de los firmantes del mismo fallo. Una de las cosas más graves que puede cometer un juez es eso, ser juez y parte. Lo sabe cualquier estudiante de Derecho".
La votación
El nombre de Díaz Cordero para la vicepresidencia lo había fogoneado el propio Rosatti. Llegó a consejera al postularse por la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, donde ya había hecho escuela su madre, la excamarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, quien presidía la sala B de la Cámara Comercial y manejó los infinitos tiempos del concurso de acreedores del Correo en favor de Mauricio Macri y su familia. El propio Macri promovió la designación de Díaz Cordero hija como jueza civil en 2018 tras un concurso controvertido. Muchos lo leyeron como una retribución a su progenitora. La ahora jueza había sido antes asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, y había participado como coordinadora en esa gestión de un proyecto de reforma procesal civil y comercial.
Quien postuló a Díaz Cordero en el plenario para ocupar la vicepresidencia fue el diputado de Juntos por el Cambio Alvaro González. Dijo que lo hacía porque tiene una extensa trayectoria y porque es mujer. González tuvo un papel relevante dentro y fuera del recinto. También hizo otra parte importante el abogado radical Miguel Piedecasas. Junto con ellos este bloque lo integran los radicales Roxana Reyes (diputada) y Eduardo Vischi (senador), el juez Diego Barroetaveña, la abogada Jimena de la Torre (ex funcionaria en la AFIP macrista), y las juezas Alejandra Provítola y Díaz Cordero. A la hora de levantar la mano habían logrado sumar a ellos a los dos consejeros académicos, Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, al camarista Lugones (que supo ser más cercano al oficialsimo) y a la representante de la abogacía Fernanda Vázquez, que es decana de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora.
El oficialismo quiso postular al abogado Héctor Recalde, pero no llegaba con los votos a la mayoría calificada. Lo apoyaban, además de Tailahde que lo propuso, el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, la senadora María Inés Pilatti de Vergara, Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley. Frente al triunfo opositor, Tailhade dijo: "Lamento que sea la política la que impulse este retroceso".
Retruco
González se ofuscó frente a las apreciaciones del oficialismo. "Yo no estoy acá para garantizar la impunidad de nadie. Estoy acá para ejercer una función para la que un bloque de la Cámara de Diputados me eligió". Poco antes, De la Torre había hecho una exposición donde parecía desbordar de esperanza con todo lo que se viene en el Consejo, y pidió concursos de jueces objetivos, transparentes y equitativos, además de remarcar que hay concursos en el consejo para 166 cargos, y remarcar que hay 75 pliegos que esperan decisiones en el Poder Ejecutivo y el Senado. Tailhade le recordó que ella fue consejera durante todo el año pasado y que "debió haber aplicado su compromiso republicano en 2022 cuando este Consejo se reunió solo dos veces".
Piedecasas, a su turno, acusó a la dirigencia política: "La deuda es de la política, que no le dio a la República Argentina una nueva ley (del Consejo de la Magistratura)". Lo que no aclaró el abogado y consejero es que no se avanzó por los obstáculos interpuestos por la oposición a toda reforma judicial impulsada por el FdT. La diputada Reyes también gruñó: "No voy a permitir que se diga que venimos a defender al gremio judicial". Reyes le debe a la Corte haberle tomado juramento pese a que había un fallo judicial que cuestionaba su designación como consejera. Doñate no tuvo la misma suerte. Siguió: "No vamos a permitir el avasallamiento de la Justicia con esa obsesión que tiene el kirchnerismo por ir sobre los poderes del Estado y fundamentalmente sobre los jueces".
Cuando tomó la palabra, la diputada Siley recordó algunos ejemplos bien conocidos de cómo la oposición y el propio Rosatti pusieron obstáculos. "No finjamos demencia en el Consejo -dijo la legisladora-. Estamos acá sentados después de nueve meses (de falta de actividad). A punto tal que tenemos la terna para los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi" sin votar, para la Cámara Federal de Comodoro Py, advirtió. Miró a Rosatti y le dijo: "Este Consejo sin usted presidiendo cumplió con su fallo". La Corte había dicho que ambos jueces, trasladados a dedo por el gobierno de Macri, no podían ser definitivos y se debían hacer concursos. El concurso se hizo, la terna se armó y la oposición no la quiso votar nunca, porque no les gustaban los candidatos. "Luego el Consejo dejó de funcionar. Recibimos el incumplimiento del fallo por quien lo firmó, el avasallamiento de las instituciones por quienes dicen defenderla. Todo parece el mundo del revés. Debe ser un privilegio poder escribir un fallo y después sentarse en el lugar donde hay que ejecutar ese fallo. Yo lo ejecutaría rá0pidamente", ironizó. Luego exigió que se pongan días y horarios de reunión. También pidió avanzar con las más de 400 denuncias contra los jueces que viajaron a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido. ¿De qué vamos a hablar en el Consejo de la Magistratura? Esta es una cuestión que conoce toda la sociedad. ¿No va a ser una prioridad?"
Más allá del debate, a la hora de votar integrantes de la comisiones nadie puso reparos. La puja vendrá la semana próxima, cuando haya que elegir sus autoridades.
El Gobierno denunciará a empresas que no liquidaron divisas
Los 4000 millones de exportaciones ocultas
Un decreto habilitará al BCRA para vedarles el acceso a dólares y denunciar a sus directivos. Quiénes son las cerealeras, pesqueras y curtiembres que evaden.
A horas de anunciarse el nuevo dólar agro, que les da a las empresas un mejor tipo de cambio para que liquiden exportaciones, el Gobierno salió a exponer una maniobra millonaria donde empresas cerealeras, pesqueras y curtiembres se quedaron con 4000 millones de dólares que no liquidaron ante el Banco Central (BCRA). Según la investigación a la que accedió Página I12, lo hicieron para aprovechar la brecha cambiaria por dos vías: dejando el dinero en el exterior o convirtiéndolo al valor de dólares financieros como el Contado con Liquidación.
En este contexto, por citar un ejemplo, una sola empresa no liquidó 700 millones de dólares antes el BCRA, y las 25 firmas que más evadieron no liquidaron por un valor superior a los 1500 millones de dólares. Todo este dinero, para una economía que padece el faltante de divisas, es mucho dinero. A los fines de regularizar la situación, el ministerio de Economía publicará en las próximas horas un decreto que le dará al BCRA la potestad de hacer varias medidas: en primer lugar, se endurecerá el accionar administrativo pudiendo el Central suspender la autorización para operar en el mercado de cambios y cursar nuevas operaciones de exportación a las empresas que incumplan.
Naturalmente, detrás de estas medidas hay una disconformidad de Economía respecto al nivel de controles que tiene a cargo el titular del BCRA, Miguel Pesce. Al día de hoy, las empresas deben informarles a sus agentes financieros sobre la liquidación de divisas, y ahí el BCRA debe controlar. Eso, según diferentes fuentes, no está siendo efectivo, por lo cual habrá además acciones a través de otros organismos del Estado, como la articulación de Aduanas con AFIP y el ministerio de Agricultura. En paralelo, se habilitarán denunciar y bloques cambiarios a las empresas y a sus socios.
Los más pícaros creen, además, que esta información se conoce justo cuando este miércoles por la tarde, en un acto con gobernadores y empresarios en el CCK, Massa anunciará el nuevo dólar agro, un tipo de cambio exclusivo para cerealeras y economías regionales por 30 y 90 días a valor de 300 pesos. Algunos apuntan a que la negociación venía picante hasta que se pusieron sobre la mesa estos datos.
Los antecedentes
Según la comunicación 7490 del BCRA, los plazos de liquidación de divisas por las exportaciones de bienes van de los 15 días desde el permiso de embarque (soja) hasta 180 días (economías regionales), existiendo casos de 365 días, pero siempre con un máximo de 60 días para operaciones entre empresas vinculadas.
Así las cosas, ya hubo varias denuncias por este tipo de irregularidades. Un ejemplo es el de la empresa Díaz & Forti, que denunciada pero nunca trajo los dólares al país. Hoy la causa sigue en los juzgados federales de Santa Fe sin ninguna novedad y los dueños de Diaz & Forti esperan en el exterior un cambio de legislación cambiaria para volver al país sin ningún tipo de sanción.
En esa línea, la Aduana dicto la IG 07/2022 (DGA) estableciendo pautas a seguir para la Aduana en aquellos casos en que los Exportadores no efectúen el ingreso oportuno de divisas estableciendo que si se verificase el efectivo incumplimiento, el Administrador de la Aduana de registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso (seguro de caución).
También hubo sobre el caso denuncias penales por la no liquidación de divisas cuando se verifica una simulación de una operación de comercio exterior. En ese sentido, la última denuncia fue, hace tiempo, a la firma Rizobacter por el no ingresó al país divisas por u$s 17 millones, generadas en ventas a empresas vinculadas en el exterior.
El top 25
Para tomar dimensión del tema, un informe reservado que ya fue remitido al BCRA marca que las principales 25 empresas exportadoras tienen pendiente de liquidación ante el BCRA USD 1.543 millones. Todas estas empresas ya están siendo investigas fiscalmente por DGI-AFIP y se iniciaron presentaciones ante la UIF por posible lavado de dinero.
Incluso desde la cámara de exportadores de cereales CIARA CEC se han expresado en apoyo a las medidas del Gobierno al decir que "vemos positiva estas acciones para detener las operaciones de empresas fantasmas que operan de manera desleal en el mercado generando daño al empleo, produccion, exportacion y divisas en el pais".
Entre los 25 mayores evasores aparecen Díaz y Forti con 692,5 millones de dólares; Vicentín con 89,5 millones; Alimentos Coronel Baigorria con 79,6 millones; Extrugreen S.A. con 70,9 millones. Galileo Technologies con 57,7 millones; Grupo TBA con 51 millones; ART Logistics con 45,1; Pesquera Mar Chiquita 39,3 millones; Huachana SRL 37,6 millones; Trapani SA 37,5; Curtiembre Arlei con el mismo monto; Argen Times SA con 37 millones; Expo Impo SRL 28,8; Clodomira Industrial 26,4 millones; Refinería de Grasas Sudamericana 24,9; Pesquera Tolmar SA 24,4; Frigorífico HVSA 19,6; Fénix Internacional 19,5 millones; Centro Electro 19,4; Global Serv 19 millones; Agroskita 18,7; Marfepa 18,6; AMT Sud 18,3 millones; Frigorífico General Pico 18,1 millones y World Quality Fish 15,9.
Proyectos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio
Propuestas para cambiar la ley de Alquileres
A lo largo del debate que se produjo el año pasado en el Congreso, el oficialismo buscó reforzar la posición de negociación de los inquilinos. La oposición apuntó a la desregulación.
A lo largo del año pasado se desarrolló en el ámbito legislativo un intenso debate alrededor de la Ley de Alquileres. Mientras el oficialismo buscó reforzar la posición de negociación de los inquilinos, la oposición apuntó a la desregulación.
A fines de marzo del 2022 se había llegado a un acuerdo para tratar tres proyectos de Juntos por el Cambio que proponían la derogación de la Ley 27.551 o “ley Lipovetzky”, como se conoce en los pasillos a la ley de Alquileres sancionada en junio de 2020 y actualmente vigente. Esa modificación suponía la no regulación de los contratos y negociaciones, dejando todo el tratamiento a ser “librado entre las partes”.
En abril, se realizaron cuatro “reuniones informativas” en el marco del tratamiento de los nuevos proyectos. A esas reuniones asistieron expertos y no menos de 100 expusieron en el caso de los alquileres. Los plazos para la sanción de dictámenes se estiraron hasta junio, aún así no se logró consensuar y se firmaron dos dictámenes: por mayoría del Frente de Todos que reivindica la Ley 27.551 y por minoría de Juntos por el Cambio y bloques federales que modifican la norma.
Los ánimos caldeados entre oficialismo y oposición hicieron culminar el año legislativo con una bochornosa sesión del 21 de diciembre en la que el oficialismo había incorporado el tratamiento de la Ley de Alquileres pero Juntos por el Cambio se negó a dar quorum: la oposición entonces no tenía el número para imponerse y el oficialismo habría podido imponer su propio dictamen. Así se llega a la situación actual sin tratamiento de la ley.
Cabe recordar que la ley de Alquileres fue aprobada en la Cámara Baja en tiempos de gobierno de Mauricio Macri y sancionada en el Senado un año después debido a la ausencia opositora. Eran tiempos de pandemia y las y los senadores de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto rechazando el tratamiento de temas que fueran ajenos a la emergencia sanitaria.
Proyectos y dictámenes
El dictamen de mayoría, elaborado por el bloque del Frente de Todos, que no se pudo tratar a fines del año pasado propone mantener el plazo de tres años en los contratos, un índice de actualización que combine el IPC y Ripte y otorgar más facilidades a los inquilinos para la presentación de garantías. Además de una reforma al régimen de monotributo para beneficiar a contribuyentes con más de tres unidades de explotación, de incorporar inmuebles al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción y eximir a las propiedades de menor valor del impuesto a los Bienes Personales.
El dictamen sumó la vista de casi 30 expedientes, entre los que sobresale el 1373-D-2022 de la diputada Gisela Marziotta que buscaba crear una Cámara Nacional de Alquileres (un órgano autárquico integrado por representantes del poder Ejecutivo y de las partes involucradas, con el objetivo de regular precios y contratos) y que se elaborase un registro de las propiedades que se ofrecen y las alquiladas.
También el expediente 2172-D-2022 con firma en cabeza del diputado José Luis Gioja que proponía, entre otros aspectos, la bancarización de los alquileres y la realización de un censo habitacional “para comprender mejor la situación habitacional y para diseñar nuevas propuestas”, entre las que se debatía un gravamen para inmuebles en desuso.
En tanto, el dictamen de minoría de la oposición vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos y propone que “entre las partes” acuerden los intervalos para la actualización de los valores (entre 3 y 12 meses) y también “las partes” deberán convenir el mecanismo de ajuste al inicio del contrato pudiendo aplicar el IPC, IPIM o el Índice de Salarios que elabora Indec o una combinación entre ellos. También contempla una reforma al régimen de monotributo, la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) para que eximir a las cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para la locación de inmuebles para vivienda.
Por el lado de la oposición, los expedientes que sobresalen son, en primer lugar, 6839-D-2020 del diputado Alberto Assef, que suma dos nuevas propuestas relacionadas al desalojo abreviado (es decir acortar los tiempos procesales del desalojo) y una alternativa al gravamen a la vivienda vacía (que no es otra cosa que premiar impositivamente a quienes no mantengan propiedad de vivienda ociosa).
Por otro lado se suman los expedientes 4120-D-2021 de Karina Banfi, el 5349-D-2021 de Carolina Píparo y el 5293-D-2021 de Germana Figueroa Casas que derogan la Ley 27.551. Pero dentro de la oposición también hubo divergencias en torno a los tiempos de ajustes de los alquileres, el diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro rechazó que los ajustes se hicieran cada tres meses, reclamando que fueran cada seis.
Fuente:Pagina12
¿Hay en la Argentina Pueblos
Indígenas «No-argentinos»?
Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2023
En la jornada del miércoles 29 de marzo de 2023, una mayoría de legisladores que integran la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales elevó a votación de la Cámara de Diputados de Mendoza una declaración que afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. En consecuencia, el texto también llamó a desconocer los relevamientos territoriales de tres comunidades mapuches de Malargüe y San Rafael, efectuados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la ley nacional 26160 (dictada en 2006 y prorrogada en sucesivas ocasiones). Lo que ocurrió en el recinto legislativo es corolario de una escalada de declaraciones y denuncias esgrimidas por funcionarios mendocinos y medios de comunicación desde que se conocieron, públicamente, los resultados arrojados por dichos relevamientos.
Tras la aprobación de la declaración por la Cámara de Diputados, más de mil autoridades académico-científicas de todo el país, así como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el mismo INAI, manifestaron su preocupación frente a lo infundado de la medida y el avasallamiento de derechos que acarrea. Como antropóloga social que ha realizado investigación etnográfica y trabajo colaborativo con grupos mapuches y mapuche-pehuenches del sur de Mendoza durante los últimos 10 años, me urge detenerme en, por lo menos, dos dimensiones de esta grave declaración.
- LA ETERNA SOSPECHA SOBRE LA PREEXISTENCIA MAPUCHE
Es indispensable repetir que, en el caso de los grupos originarios que fueron sometidos militarmente recién en la década de 1870, cuando hablamos de preexistencia étnica y cultural, según la Constitución nacional (art. 75, inc. 17) y el Convenio 169 de la OIT (art. 1), se trata de preexistencia al momento de imposición de soberanía del Estado nacional/provincial sobre territorios indígenas conquistados. En este sentido, vale recordar que el pueblo mapuche habitó a ambos lados de la Cordillera de los Andes mucho antes del trazado de la frontera internacional entre Argentina y Chile como países independientes.
Incluso, más allá de la indiscutida presencia mapuche en Mendoza previo a la avanzada militar nacional a fines del siglo XIX, el registro arqueológico, la documentación histórica y la memoria colectiva dan cuenta de la existencia de amplias redes indígenas (intercambios, matrimonios, rivalidades, migraciones, reuniones políticas) desde tiempos prehispánicos. Esto significa que “araucanos”, “pehuenches”, “puelches” ejercían territorialidad en ambas vertientes andinas; proceso histórico que permite explicar dos situaciones contemporáneas:
Primero, ningún especialista niega que, ya en el siglo XVII, el mapudungun (idioma mapuche) y numerosas prácticas culturales eran compartidos a lo largo de una extensa área transandina que incluye el sur mendocino.
Segundo, varias de las comunidades que viven en el sur mendocino afirman su identificación como mapuche-pehuenche en virtud de historias y memorias familiares que recuperan la experiencia histórica de linajes interconectados y trayectorias comunes. Entonces, la estéril discusión en términos nacionalistas sobre las identidades indígenas del presente sólo demora el diálogo bienintencionado sobre las políticas y problemáticas territoriales que urge abordar.
Por otro lado, es preciso decir que no es injerencia (tampoco posibilidad) de funcionarias/os ni de investigadoras/es diagnosticar quién es qué cosa, ya que ninguna identidad funciona como un repertorio de rasgos susceptibles de ser chequeados por certificación externa. Tampoco debería admitirse que se propaguen frases como “pseudo mapuches” o “mapuches autopercibidos” en un claro intento de caricaturizar el derecho de autoadscripción. En este debate, y para quienes estén realmente interesados en la interpretación histórica, la tarea es reconstruir, en diálogo con las propias comunidades, las condiciones que propician que, hacia fines del siglo XIX, se generalice el uso de la identificación “mapuche” como resultante de relaciones de dominación y sometimiento que moldean las percepciones de fronteras identitarias (en términos de un nosotros indígena abarcativo frente a las sociedades nacional/provincial). Si en algún sentido es real, como desliza un sector de estudiosos mendocinos, que el “tema mapuche” es un asunto “más politizado que académico” tiene que ver, precisamente, con que la clasificación de “indios chilenos” y su reproducción al infinito como “extranjeros” se origina en el relato político-ideológico que las elites gobernantes e intelectuales del siglo XIX impusieron para justificar, en nombre de la patria y la soberanía argentinas, la avanzada militar y el exterminio físico sobre territorios y grupos hasta el momento autónomos.
El respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados a la afirmación “los mapuches no son un pueblo originario argentino” pone en acto, dramáticamente, contradicciones ya identificadas al analizar procesos de reemergencia, territorialización y memorias indígenas en el sur provincial. En Mendoza, existen dos enunciados paradójicamente ligados. Por un lado, que los mapuches fueron advenedizos que reemplazaron a las poblaciones nativas “autóctonas” (puelches y pehuenches); por tal razón, hay quienes sostienen que atender sus reclamos es moralmente inadmisible. Por otro lado, el mismo imaginario atribuye validez a los colectivos mapuches de las provincias patagónicas y de Chile por su visibilidad continuada, aunque siempre combatida, durante el siglo XX. Parece desprenderse, entonces, que el criterio mendocino de argentinidad/extranjería de “lo mapuche” está más regido por deseos de expulsión de estos sujetos fuera de su composición geográfico-social que por inexistencias fácticas del pasado y del presente. ¿Qué otra cosa sino denotan expresiones del tenor “un problema que no queremos los mendocinos” o “lo que no queremos los mendocinos es que nos inventen problemas”, oídas en la Legislatura el pasado 29 de marzo?
2. LOS PODERES PÚBLICOS COMO GUARDIANES DE LA PROPIEDAD PRIVADA
Luego de conocerse los últimos reconocimientos territoriales, en el marco de la ley 26.160, el gobernador de Mendoza y el intendente de Malargüe alarmaron a la ciudadanía afirmando que las posesiones relevadas pondrían en peligro los intereses petroleros del área en cuestión. Además, el mismo intendente y las cámaras comerciales y turísticas locales se expresaron, fervientemente, contra cualquier medida que atropelle el “derecho de propiedad privada”. Como si se hablara del núcleo inviolable de un proyecto civilizatorio que prometieron los “célebres pioneros” del sur mendocino: “no podemos aceptar un avasallamiento sobre la propiedad privada. La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael brega por la libertad, la iniciativa privada, el mérito y sobre todo por el respeto a las leyes”, expresaron sus representantes. Tampoco faltaron las/os diputada/os con enunciados del tipo: “Ni un metro cuadrado de Mendoza dejará de ser suelo patrio” o que la presencia de mapuches “puede poner en jaque la conformación del estado mendocino”. Por si fuera poco con estas declaraciones, los sectores empresariales llegaron a promover una movilización desde el Valle de Uco hasta Malargüe bajo consignas intimidatorias como “defendemos nuestro territorio” y contra los “falsos mapuches”. Todo resuena como si la historia nacional de los últimos 150 años, la ampliación de los marcos jurídicos a todo nivel y los nuevos pisos de convivencia intercultural no hubiesen transcurrido.
Es llamativo, además, que las alarmas por “territorialidades peligrosas” se enciendan, únicamente, ante la presencia de familias locales organizadas que deciden proteger y/o regularizar, con las herramientas administrativas y jurídicas disponibles, sus formas de habitar y proyectarse en los territorios que ocupan. Al mismo tiempo, hiere las posibilidades de diálogo intercultural que sean las/os especialistas quienes reproducen y amplifican burdas representaciones de “peligrosidad” sobre el pueblo mapuche en instancias planificadas para el debate fundado y superador. Ejemplo de esta actitud fue la exposición de la Dra. Greco ante miembros de la Comisión de Derechos y Garantías de notas periodísticas sobre incendios forestales en la Patagonia y sur de Chile como hechos adjudicables a mapuches; responsabilidades no probadas y que, además, nada aportan para dirimir los derechos de comunidades mapuches y mapuche-pehuenches de Mendoza.
Las territorializaciones indígenas actuales, en cualquier jurisdicción provincial, están conectadas a herencias, memorias y experiencias colectivas que, por décadas, fueron silenciadas o confinadas al espacio íntimo y, en los últimos años, pasaron a ser valoradas en arenas públicas como motor de reinterpretaciones y reparaciones pendientes. Desde inicios del siglo XX, leyes y políticas continuas produjeron una drástica privatización de tierras, que en Malargüe mayormente pasaron a manos de propietarios absentistas; proceso que dio origen a un sinfín de situaciones irregulares y mecanismos de expoliación vigentes hasta hoy. La concepción dominante de la tierra como medio de acumulación económica, junto con el racismo estructural que existe en nuestro país, es lo que explica que, en el presente, casi el 15% del territorio malargüino esté en manos de particulares y consorcios extranjeros y que tal cifra no despierte la más mínima inquietud en términos de integridad territorial y ejercicio de soberanía estatal.
Aun con los reconocimientos jurídicos (nacionales e internacionales) en materia de derecho indígena, se robustece en los discursos políticos y mediáticos un imaginario que entroniza al ciudadano-propietario como único parámetro de “civilidad” y “legalidad”. Esto tiene su raíz histórica en que, como sociedad de frontera tardía, en Mendoza la propiedad privada fue y es no sólo el derecho predilecto del sistema capitalista, sino también el signo civilizatorio y moralizador por excelencia (en cuyo nombre hay sectores dispuestos a lanzar las más autoritarias consignas, como dejaron expuesto empresarios sanrafaelinos). Semejante lógica de clasificación y estigmatización de grupos sociales en virtud de sus cosmovisiones y proyectos de vida –o, en otras palabras, su grado de proximidad o lejanía del modelo civilizatorio occidental capitalista– encierra serios retrocesos en términos de construcción democrática, participación ciudadana, convivencia intercultural y ejercicio de derechos que parecían estar definitivamente alcanzados.
Fuente: Gemas
De la mano del FMI, el gobierno
prepara un nuevo hachazo contra
el “Potenciar Trabajo”
Por Nicolás Salas, Resumen Latinoamericano, 04 de abril de 2023.
El nuevo informe enviado por el organismo internacional reivindica la caída de 97 mil programas de trabajo y supone que 400 mil beneficiarios conseguirán empleo por fuera del programa laboral, es decir un nuevo número de personas del que se podría prescindir a futuro, sin estadísticas laborales que fundamenten o justifiquen tal proyección. Como adelantó Anred (“A pedido del FMI: Victoria Tolosa Paz no concluyó el primer recorte y ya prepara el segundo”), el Fondo ya había planteado una nueva “focalización” de la asistencia social para este año, lo que traducido de la jerga neoliberal significa nada más y nada menos que la profundización del ajuste en curso.
El último documento oficial enviado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina confirma la hoja de ruta para el gobierno que no es otra que el incremento del ajuste en curso, lo cual queda certificado en restricciones en la moratoria jubilatoria, un fuerte aumento de tarifas, una reducción fiscal del 1,9%, entre otros.
Un punto obligado de los últimos informes del FMI tiene que ver con la asistencia social, sobre la cual plantea una reducción del 0.7% para este 2023 (lo que llaman “simplificar la asistencia social”). Varios fragmentos del texto apuntan a la situación del Potenciar Trabajo (PT), programa que si bien no llega ni al 1% del PBI, se erige como el caballito de batalla simbólico que se utiliza para legitimar el ajuste en curso. ¿Qué dice el informe en cuestión respecto a los programas de empleo?:
“Mejorar la calidad y la focalización del gasto social sigue siendo una prioridad. Esfuerzos para fortalecer la focalización del programa insignia de empleo social (Potenciar Trabajo) debe continuar. Tras una auditoría reciente, alrededor de 97.000 reclamantes no elegibles fueron suspendidos del programa, mientras que ahora se espera que otros 400,000 beneficiarios vuelvan a ingresar al mercado laboral, y otros 500.000 para volver a matricularse en la escuela”.
En principio cabe preguntarse de dónde sale que 400 mil beneficiarios de planes sociales ingresarían al mercado laboral y por qué esa mención queda atada a las casi 100 mil personas recortadas. Más allá de las especulaciones, el FMI estima que de una u otra forma hay un 30% del PT que se caerá del padrón total (1.268.000 de personas) en un futuro próximo.
Siguiendo la línea del informe, se sostiene: “Mientras tanto, trás una rápida expansión de las asistencia durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos del año pasado, una evaluación integral de programas de apoyo social (finales de marzo de 2023, SB) está identificando el potencial para reducir el programa superposiciones, incluso limitando los beneficios de asistencia social totales para aquellos que reciben otros beneficios sociales. transferencias iguales o inferiores al salario mínimo para fomentar la entrada en el mercado laboral formal».
Aquí se devela otra forma del ajuste. En diciembre del año pasado, el gobierno nacional tenía listo un decreto que finalmente no salió a la cancha, y que planteaba reducir “gastos” evitando que una persona que percibe un PT, por ejemplo, pueda cobrar la AUH, tarjeta alimentar u otra asistencia social.
Flores a la obediencia de Tolosa Paz
A lo largo del informe, se destaca la gestión de la ministra Tolosa Paz al frente del ministerio de Desarrollo Social, ya que se pone en valor “la focalización” de las políticas sociales, el cierre de los ingresos nuevos al programa y se recalca los frutos dados por la validación de datos por la que se garantizó la caída de casi 100 mil beneficiarios.
Se habla de que se está trabajando “en la normativa para reducir los posibles desincentivos para reingresar al mercado laboral”, lo cual no queda claro a qué se refiere o qué puede implicar. Asimismo, se sostiene las tesis del “plan empalme” aunque no se admite el fracaso total de la iniciativa.
Por otra parte, se da un respaldo indirecto a la línea impulsada por Emilio Pérsico dentro del gobierno en relación a que se confirma que “la mayor parte de los ahorros de la reducción de transferencias se utilizará para fortalecer el capital humano a través de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos”, cuestión que era objetada por el propio ministro de Economía, Sergio Massa, quien apuntaba, resolución mediante, a quedarse con dichos fondos .
El FMI empezó a ponerle números a lo que entiende debe ser el recorte total del programa, el cual de confirmarse en 400 mil, no necesariamente implica que se haga abruptamente, ya que la línea por el momento es contener socialmente la crisis. En ese contexto, la idea que sobrevuela en el informe pareciera tener más que ver más que ver con la orientación de los Massa y Larretas de recortar el Potenciar Trabajo para condicionar a los movimientos y legitimar ante la clase media el ajuste, a diferencia de la proyectada por Bullrich y “los halcones” que apunta abiertamente a recortar los planes sociales para desarticular definitivamente a las organizaciones sociales. Debate más, debate menos, el ajuste está en curso con la complacencia de (casi) todos.
Fuente: Anred
Berni, sostenido por Kicillof, vuelve
a ser cuestionado: ¿por qué otros
motivos fue repudiado?
Por Resumen Latinoamericano, 04 de abril de 2023.
El ministro de Seguridad bonaerense vuelve a estar en la mira tras ser golpeado por choferes en una protesta por el crímen de un colectivero. También ha sido repudiado por reprimir trabajadores, personas sin vivienda y por la desapación de Facundo Castro.
Éste lunes, Sergio Berni es noticia por haber sido golpeado por choferes de la línea 620 que protestaban por el crímen de Daniel Barrientos. La bronca se desató, porque la aparición del ministro de Seguridad bonaerense junto al ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, se vivió como una provocación y un intento de «figurar», en medio del dolor por la muerte de su compañero.
Los trabajadores fueron reprimidos por el cuerpo de infantería de la policía de la Ciudad. Según contó Samuel Rodríguez, uno de los compañeros de Barrientos, a varios choferes se los llevó el SAME, tras la represión.
Ni policías ni gendarmes: cabinas ya
Tras lo sucedido, el Movimiento de agrupación clasistas (MAC) exigió a la UTA asambleas en todas las empresas y paro nacional. Plantean «ni policías, ni gendarmes: cabinas ya«. Explican que de esa manera podrían protegerse y afirman que son «el único medio de transporte en el que el conductor no está aislado del pasajero».
A su vez cuestionan que el reclamo de «más seguridad» que impulsa el gremio, «desde el Gobierno es respondido con más policías en las calles y más patrullaje, pero que no sirve para evitar tragedias como la que terminó con la vida de Barrientos».
Berni, un represor muchas veces repudiado
El extenso prontuario de repudios que pesa sobre Sergio Berni, tiene que ver con su rol como represor en varios conflictos obreros y populares, también a choferes de colectivo, e incluso por el caso de la desaparición seguida de muerte del jóven Facundo Astudillo Castro.
El gobierno de Axel Kicillof y el kirchnerismo, decidieron bancarlo en cada uno de los escándalos en los que se vio implicado. También durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con Daniel Scioli en el cargo que hoy ocupa Kicillof.
- Represión a choferes de la línea 60. En julio de 2015, Sergio Berni comandó una represión a colectiveros, siendo Secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los choferes reclamaban la reincorporación de más de 50 compañeros despedidos injustamente. En esta ocasión, la conducción de la UTA se puso del lado de la gendarmería, el gobierno y la empresa.
- Desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. El 30 de abril de 2020, es desaparecido tras ser detenido por la policía bonaerense en localidad de Mayor Buratovich, durante la cuarentena. Cuatro meses después, aparece sin vida. Desde que Cristina Castro, la madre del jóven hizo conocido el caso, Sergio Berni intentó despegar a los policías del crímen del jóven, interviniendo en la investigación y con apariciones mediáticas donde daba versiones para favorecer a las fuerzas de seguridad.
- Desalojo en Guernica a mujeres y niños sin techo. El 29 de octubre de 2020, comienza una brutal represión con balas de goma, comandado por Sergio Berni, contra miles de familia que luchaban por un pedacito de tierra para vivir, en la localidad de Guernica. Prendieron fuego las casillas y les pasaron por encima con topados, destruyendo las pocas pertencias de las familias. La orden fue avalada por el gobernador Axel Kicillof.
- Represiones a trabajadores de LEAR y gendarme carancho. En 2014, bajo el gobierno de CFK, Sergio Berni comandó represiones con balas de goma, gases y palazos a los trabajadores de LEAR, junto a organizaciones solidarias, entre quienes también violentaron a la nieta restituída, Victoria Moyano. En uno de los operativos, el comandante de la gendarmería Juan López Torales, simuló ser atropellado por un auto, para justificar el inicio de la represión. En esta ocasión, el SMATA también les dio la espalda a los metalmecánicos.
- Aseinatos del Parque Indoamericano. En 2010, una operativo conjunto de la policía bonaerense y la entonces policía metropolitana, impulsó un brutal desalojo sobre familias sin techo, en el Parque Indoamericano. Sergio Berni participó de este operativo que tuvo un saldo de tres personas asesinadas por las balas: las familias de Bernardo Salgueiro y Rosmary Chura Puña continúan reclamando justicia.
Estos son solo algunos de los casos. En su prontuario, Sergio Berni también se infiltró ilegalmente entre trabajadores mineros durante la huelga de Río Turbio en 1994. Néstor Kirchner, en ese entonces gobernador de Santa Cruz, lo había designado director de un hospital de la provincia. De esta manera, Berni se ofreció como voluntario para supervisar la salud de los mineros, pero en verdad hacía tareas de espionaje.
Fuente: La Izquierda diario
A 16 años del asesinato del docente
Carlos Fuentealba: crónica del juicio
reciente
Por Máximo Paz, Resumen Latinoamericano, 04 de abril de 2023.
Luego de más de una década de lucha para que suceda y casi a poco de cumplirse 16 años del suceso, en el mes de marzo se perpetró el juicio conocido como “Fuentealba ll”. El proceso juzgó a la cúpula policial que actuó el 4 de abril del 2007, a partir del fatídico hecho donde resultó el fallecimiento del maestro Carlos Fuentealba, cuando el cabo Darío Poblete (ya condenado en el primer juicio) le disparó en la nuca con una granada mientras el docente se hallaba en un vehículo Fiat 147, en el marco de una feroz y absurda represión a la vez que trabajadoras y trabajadores de la educación protestaban por mejoras salariales y condiciones laborales. El juicio sirvió para que seis de los ocho policías fueran hallados culpables. También, el proceso judicial hizo trascender el muy poco conocido rol del agente Matus, mientras que la controversial declaración del entonces gobernador Jorge Sobisch, quien solo fue como testigo, en tanto que no se no se logró colocarlo en la silla de los acusados, resultan los puntos clave por los cuales merece ser recordado al docente, sinónimo de compromiso y lucha.
«No debe haber en la historia de la provincia» un procedimiento como este, donde asistió toda «la plana mayor» de la fuerza, aseguró el abogado Ricardo Mendaña. “Lo que aquí se va a juzgar es una grave violación a los Derechos Humanos”, afirmó el otro letrado querellante, Marcelo Medrano.
Las palabras retumbaron ante la mirada de los jueces Luis Giorgetti (presidente del Tribunal), Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz, quienes llevaron adelante la tarea de juzgar las actuaciones de ocho policías que ocupaban cargos claves en las inmediaciones de la localidad neuquina de Arroyito el día 4 de abril de 2007.
La primera jornada, ocurrida el miércoles 1, dio inicio al alegato de apertura del juicio sobre los oficiales Carlos Zalazar (defendido por el letrado Rubén Casas), Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido y Aquiles González (clientes del abogado Gustavo Lucero), Julio Lincoleo (cuyo auspicio legal depende del doctor Esteban Sampayo) y Benito Matus (representado por el profesional Juan Coto).
Es que tras dieciséis años, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén aprobó para que el caso llegara a juicio. Aquél día de 2007 se articuló una estructura operativa bajo el claro objetivo de imposibilitar la manifestación del sindicato docente ATEN en la Ruta 22, en las inmediaciones de la localidad de Arroyito. Como consecuencia del plan, resultó un inmenso despliegue de las fuerzas represivas, compuestas por el grupo de Seguridad Metropolitana, la Despo, grupos especiales de Cutral Co, Zapala y Junín de los Andes, coronado por un camión hidrante y una autobomba.
En el marco del operativo policial, el excabo Darío Poblete disparó y mató a Carlos Fuentealba. Por ese hecho, el policía fue acusado y condenado a prisión perpetua, responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.
De forma paralela, el Ministerio Público Fiscal indagó sobre el grado de compromiso de otros efectivos y jefes policiales en relación al tratamiento del operativo. Ello desembocó en la apertura de otro expediente. En 2009, el fiscal del juicio, Alfredo Velasco Copello, solicitó el sobreseimiento de los acusados, con la excepción de Benito Ariel Matus, a quien el funcionario hizo responsable de dos imputaciones. El proceso quedó en la nada y, por la caída de la acción penal, todos los policías acusados fueron sobreseídos, mientras caían denuncias de que Poblete, el asesino directo de Fuentealba, no cumplía con la condena establecida.
De todos modos, la inquietud querellante no se dio por vencida. Diez años después del peor momento, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la vuelta de la trunca investigación. La causa tuvo que ser adaptada al nuevo Código Procesal Penal de la provincia, ya que este fue reformado en 2014. Ello derivó en que el Ministerio Público Fiscal se encuentre restringido para operar sobre el único que fuera denunciado en 2009, pero no así la querella.
Sobre fines de noviembre de 2021, el juez de garantías Lucas Yancarelli habilitó la etapa de juicio. La decisión, ratificada en abril del 2022, hizo que Benito Ariel Matus quedara imputado por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público; mientras que respecto de los efectivos Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo, la habilitación de instancia de juicio fue por abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.
De todos modos, la cuestión extendió su lateral espinoso y ríspido, en tanto que se le planteó a los acusadores que en el proceso no se podrá ampliar el objeto de investigación. Es decir, no se lis iba a permitir componer evidencia nueva, ni añadir inculpados.
A su vez, como desde 2009, ninguno de ellos está imputado por la fiscalía, sino que solo la querella acarrea el desafío que intentó llevar justicia a sus representadas Camila y Ariadna Fuentealba, las hijas del docente, y a Sandra Rodríguez, la que fuera su compañera.
La única denuncia en la que serán acompañados por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid fue contra el policía Benito Matus.
Matus
En las primeras jornadas de testimonios sobrevoló de manera aguda la acusación a Matus. Sus maniobras en aquél dispositivo represivo se hicieron conocidas a partir de una filmación donde se lo vio vestido de civil –pantalón negro y camisa blanca- disparando su escopeta 12/70. En ese sentido, al oficial se le reprende haberle tirado balas a Angélica Cisterna en las inmediaciones de la estación de servicio YPF de Arroyito. La docente se encontraba en el asiento trasero de un Ford Escort. También carga con la denuncia de que, más tarde, a la altura del kilómetro 1.263, el agente golpeó con aquel artefacto de fuego a Miguel Alejandro Castelar, quién se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial. Los cargos son por abuso de armas, en concurso con lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público.
En primer término, allí en los tribunales, fue sentado al banquillo declarante a un comisario testigo. Este refirió sobre Matus. No tuvo más que decir que el disparo hacia el Escort, donde yacía Cisterna, fue “antirreglamentario”.
El declarante fue citado como tal porque trabajó en el sumario que se le inició desde el área de Asuntos Internos de la policía de Neuquén al imputado por su participación en la represión del 2007. Aquella mañana, tal lo descrito, no usó uniforme y la tarea que se le había encargado, en tanto partícipe del grupo de logística, se trató de repartir comida y bebida entre personal en instancias represivas. Al parecer, su tarea derivó en otra algo más violenta.
La querella
Entre otros testimonios que alimentaron el curso del nuevo juicio sobre el caso, está lo volcado por los querellantes Mendaña y Medrado. Allí dejaron en claro que el imputado Zalazar, entonces jefe de la policía, se reunió el 3 de abril con el exgobernador Jorge Sobisch. Allí el funcionario dio instrucciones al oficial. También dieron cuenta de la convocatoria al subjefe, Moisés Soto y al superintendente de Seguridad, Adolfo Soto. Salazar les expuso la organización operacional, cuya responsabilidad le correspondía a Rinzafri. Todos ellos, en permanente comunicación, estuvieron en Arroyito.
En otro orden, el letrado Mendaña sostuvo que el proceso represivo estuvo compuesto tres instancias.
La primera en la que Rinzafri, como responsable del operativo, conversó con Marcelo Guagliardo, el secretario general del sindicato docente. Ese diálogo se interrumpió cuando un efectivo arrojó una granada de gas. El abogado afirmó que “no había hostilidad” alguna de parte de quienes se manifestaban, ni tampoco la policía “estaba en riesgo”.
Sostuvo que se alanzaron gases en plena ruta y banquina y que tal acción se amplificó hasta la estación de servicio YPF. Apuntó que si el plan era desalojar no se entendería aquella actitud, que fue más bien de quien “caza personas”.
La segunda cuando se siguió corriendo a docentes que se retiraban como podían, a pie o en vehículos.
La tercera ocurrió a casi a cinco kilómetros de donde inició la represión en el puente Arroyito, y cuando una gran columna se iba ya a la ciudad de Senillosa. Allí se consumó la agresión al Fiat 147.
Mendaña remarcó que observaron y convalidaron “los aspectos centrales del operativo” y el “empleo injustificado e innecesario de la fuerza”. “No dispusieron el cese de la violencia ilegítima”, agregó, cuando tenían facultades para hacerlo. Después del ataque a Fuentealba indicó que ninguno “tomó medidas para resguardar el lugar” en el que había evidencia.
En los mismos términos se refirió a Garrido, exjefe del departamento de Seguridad Metropolitana, de quien dijo “llevaba un control directo y simultáneo” del procedimiento. A todos ellos les imputó los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento.
Sobisch
Desde siempre, los ojos del entorno de la víctima principal, Fuentealba, incurrieron sobre el que fuera el gobernante de la provincia neuquina, Jorge Sobisch. Al ex funcionario se lo pensó desde siempre como el responsable político principal del asesinato del docente. El sistema legal sólo lo convocó como testigo. Y fue.
Con contradicciones y olvidos, el ex mandatario volvió a esquivar sus responsabilidades en la jornada represiva del 4 de abril de 2007. Por caso, la conferencia de prensa en la que se hizo cargo políticamente de lo sucedido. Solo aseguró que lo que se hizo en Arroyito se trató de proponer opciones para que la circulación por la ruta y la manifestación pudieran converger sin perjuicios a ninguna de las partes.
«Siempre la decisión fue muy clara: buscar alternativas para que se pudiera circular. Que los docentes se manifestaran sin perjudicar a la gente», afirmó ante la pregunta por las instrucciones que le impartió a la cúpula policial la noche previa a la jornada fatal.
Es decir, su respuesta fue sustancialmente distinta a la que había brindado en 2008, en el primer juicio, ante la misma pregunta: en aquella ocasión declaró que la orden fue «que no se utilizara la violencia». Esta ve, declaró que no se recordaba casi nada de aquella instancia, siquiera de la conferencia de prensa posterior al asesinato en la que asumió la responsabilidad política del hecho.
Por su parte, el fiscal Maximiliano Breide Obeid, allí, reveló que iba a analizar con detenimiento las declaraciones de Jorge Sobisch en el juicio de 2008 para confirmar las contradicciones en las que podría haber incurrido el exgobernador.
Un día, llegó: El Tribunal Penal de Neuquén entendió que seis de los ocho policías imputados en el nuevo juicio, producto de la represión que desembocó en el asesinato del docente y militante Carlos Fuentealba en 2007, fueron declarados culpables por los delitos de «abuso de autoridad» y «abuso de armas».
El exjefe de la policía de Neuquén Carlos Zalazar, el exsubjefe Moisés Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido y el exdirector de Seguridad Mario Rinzafri resultaron inculpados por «abuso de autoridad». Por otro lado, el policía Benito Matus fue condenado por el delito de «abuso de armas»
Aunque en la lectura del fallo no se expresaron en años las penas que le caben a los policías que operaron el día del asesinato de Carlos Fuentealba en la represión en Arroyito, en la resolución, explicada en voz alta por Giorgetti ante los presentes, se lanzaron, al menos, los por qué:
“La fiscalía y la querella lo acusan de haber disparado un arma de fuego escopeta calibre 12/70 contra la humanidad de Angélica Cisterna el día 4 de abril de 2007, en horas de la mañana, sin herirla», refirió el juez a propósito de las acusaciones a Matus.
En ese sentido, Giorgetti explicó que la acusación a Benito Matus no estuvo sustentada por «la mera portación del arma de fuego», sino que el adeudo del excabo «es cómo se usó esa arma en particular, en qué dirección disparó, con qué motivo y con qué intención»
«Se puede ver una conducta cabal de hacer puntería en dirección al vehículo Ford Escort verde. La imagen del momento preciso del disparo permite observar que estaba apuntando hacia el vehículo y sus ocupantes, en particular a Angélica Cisterna en forma directa», completó el presidente del tribunal. Por tanto, el equipo penal magistrado concluyó que el agente cometió un abuso de armas agravado en perjuicio de la docente reprimida en la Ruta 22.
Asimismo, ante la imputación sobre la acción posterior en aquél fatídico día cometida a Miguel Alejandro Castellar, Matus se vio amparado por el beneficio de la duda. Castellar, en un momento, dio una clara señal de acato cuando se dirigió con ambos brazos alzados en dirección al cordón policial ubicado en la ruta. Allí, el oficial le aplicó un violento golpe con el arma. Luego, el diagnóstico médico manifestó una luxación en uno de sus hombros al golpeado
Sin embargo, Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz creyeron que «la acusación no ha logrado demostrarlo”, al concluir que de ella se desprende » un márgen de duda razonable».
En síntesis: los policías de la cúpula aquella condenada por abuso de autoridad aparecieron, aquí, cometiendo una agresión que fue analizada por la justicia desligando cualquier correlación entre el comportamiento efectivo policial protagonista del operativo negro y la consecuencia seguida generada: el asesinato de Carlos.
Las consideraciones continuaron en la Sala: en cuanto a Lincoleo y González, justamente, los dos jefes de grupos especiales de represión, resultaron absueltos. Ambos habían sido denunciados de haber auxiliado a José Darío Poblete para esquivar las investigaciones y, de ese modo, encubrir al mismo de los delitos a los que fuera sometido.
Como se sabe, Poblete se había dado a la fuga de la zona del desastre montándose en un furgón de las fuerzas ajena a su grupo. Aparentemente, el fin fue para entorpecer su identificación ante la mirada de una muchedumbre docente que lo observó en vivo y en directo disparar sobre la espalda de Carlos Fuentealba.
No obstante, aquellos magistrados supusieron que no hubo encubrimiento cierto, en tanto que tales agentes públicos no efectuaron gestión activa alguna en ese sentido (requisito para tipificar tal delito). Sí, se dio por hecho que Julio Lincoleo estuvo con Poblete en el furgón que dio a la fuga al cuerpo policial de Cutral Có y que no pertenecía al cabo tirador.
En ese marco, un policía certificó oportunamente en la ronda de declaraciones que el propio chofer de ese móvil había dicho que subieron a Poblete para encubrirlo. Así y todo, los jueces concluyeron que “más allá de la interpretación de los dichos, esa prueba no es suficiente para acreditar una acción punible”.
Por ello sentenciaron que «del alegato inicial no se desprende ninguna conducta concreta con esas características que pueda ser reprochada a ambos acusados. La falta de pruebas en su contra determina que deban ser absueltos».
Como recorte, consta la denuncia de abuso de autoridad en tres hechos represivos perpetrados por los agentes Zalazar, Garrido, Rinzafri, Moisés y Adolfo Soto.
De allí se desprendió que «las directivas tuvieron origen en el entonces gobernador de la provincia, quien las transmitió a la cúpula provincial en una reunión mantenida el día 3 de abril de 2007″. Para agregar que «del testimonio de Jorge Sobisch e incluso de las manifestaciones de los imputados quedó comprobado que no hubo una intervención previa de la Justicia Penal Federal ni provincial».
Es que el exgobernador Jorge Sobisch cuando declaró como testigo en el juicio y le preguntaron por las instrucciones que le compartió a la cúpula policial la noche anterior al día represivo contestó que “siempre la decisión fue muy clara: buscar alternativas para que se pudiera circular. Que los docentes se manifestaran sin perjudicar a la gente”.
La réplica de Sobisch fue completamente opuesta a la que había manifestado en el juicio a Poblete en 2008 ante la misma pregunta. En aquella instancia había atestiguado que las instrucciones volcadas por su parte fueron “que no se utilizara la violencia”.
También aseguró que no recordaba casi nada de aquel operativo, siquiera de la conferencia de prensa posterior al asesinato en la que se adjudicó, acorralado, la responsabilidad política del proceso que derivó con una persona fallecida.
Como se sabe, el grueso docente allí presente el 4 de abril de 2007 se encontró con que la ruta ya estaba ocupada por las fuerzas policiales. De allí en más, todo fue pérdida ante la contundente envestida para que no pisen un centímetro de ruta.
Por ello, más allá del reparto necesario de culpabilidades, quedó expuesta la necesidad de una fundamental a partir de la fehaciente existencia de un operativo, con reuniones el día anterior a la represión, entre el gobernador y la cúpula policial condenada. Un hecho reconocido por el propio tribunal. Lo que implica la existencia de una peleada pero posible abertura para que Jorge Sobisch quede en un futuro próximo en el banquillo de los acusados.
Fuente: Anred
En la localidad de Florencio Varela
escracharon la comisaría por ser
un centro de corrupción y también
por estar implicada la policía en
asesinatos de jóvenes, redes de
trata y narcotráfico
(corresponsal) Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2023.
Este martes en la localidad bonaerense de Florencio Varela se llevó a cabo la jornada BASTA DE MATAR A NUESTROS PIBES, NO QUEREMOS SER ROSARIO, frente a la comisaría primera del distrito, donde se denunció la corrupción policial y politica que se lleva por delante la vida de los jóvenes, la denuncia de la complicidad institucional con las redes de trata y narcotráfico.
Con la presencia de familiares de las víctimas y las organizaciones sociales que acompañaron la jornada
fuimos charlando con la familia de Lautaro , las víctimas de la causa Zisuela , la familia de APU LEDESMA , las familias de los pibes muertos en la tosquera , la familia de un pibe que apareció muerto en Villa Hudson, la familia de Sabrina ( asesinada en la masacre de Senzabello, familiares de desaparecidos en la dictadura ) y se está dialogando con otras familias , pero se decidió crear un espacio de FAMILIARES DE VICTIMAS DE LAS VIOLENCIAS Y LA CORRUPCION POLITICA .
Los objetivos de dicha comisión son :
∆ Hacer más visibles las luchas
∆ Mostrar los vínculos judiciales , políticos y policiales en los encubrimientos .
∆ Apoyar a los pocos jueces y fiscales que avanzan con las investigaciones y son amenazados .
∆ Hacer el seguimiento de cada causa y hacer público como se repiten los personajes
Las víctimas y sus familias necesitan que no lxs dejemos solxs!!!
Día a día luchan por JUSTICIA y una sociedad sin mafias que maten a nuestrxs Pibes!!!
NO LXS DEJES SOLXS !!!!
A PARTIR DE UN VIDEO PUBLICADO POR LA EX MINISTRA
Denunciaron que seguidores de Patricia Bullrich serían los autores de la agresión a Sergio Berni
La ex ministra compartió un video de una reunión con choferes de colectivos que aparecen, según la denuncia, golpeando al titular de Seguridad bonaerense.
04/04/2023
La abogada Valeria Carreras, querellante por familiares de víctimas del ARA San Juan en la causa por el naufragio, vinculó este martes a seguidores de la presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, con las agresiones que sufrió en la víspera el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
“La organización de los atacantes, autores materiales de los golpes y la arenga que incitó a la violencia, serían del espacio político liderado por Patricia Bullrich”, sostiene la denuncia, firmada por Carreras como “ciudadana y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Colegio de Abogados de Avellaneda – Lanús (CAAL)”.
Según la denuncia, que recayó en el juzgado federal número nueve (vacante por la renuncia de su titular, Luis Rodríguez), Bullrich concurrió el 17 de marzo pasado “a una línea de colectivo, subiendo mensaje sobre ‘reclamo de choferes respecto a la seguridad’ y video con personas que coincidirían con los atacantes de ayer”.
Intimidación pública e incitación a la violencia
“Se suma como indicio el hecho que algunos miembros policiales pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires fueron los que con represión burda, violenta, desmedida y sin motivo exaltaron a los presentes, incitándolos a la violencia de masas”, añade el texto.
Carreras exhortó al juez que deba investigar el caso que “podrá profundizar y/o descartar el indicio aportado para los autores intelectuales” de la agresión a Berni.
La denuncia, que quedó registrada con el número 1064/2023, apunta a los presuntos delitos de “intimidación pública e incitación a la violencia”.
“A poco de ver las imágenes, pueden verse partícipes concretos de la arenga y agresiones, puesto que en caso de haber agredido la totalidad de los presentes estaríamos frente a otra víctima más”, subrayó la abogada denunciante.
RATIFICÓ LA META DEL 60%
El gobierno promete al FMI que para fin de año la inflación bajará al 3% mensual
El compromiso figura en la carta de intención enviada al organismo, difundida este lunes. De esa manera, ratificó la pauta del 60% prevista para todo el año.
04/04/2023
El gobierno prometió al Fondo Monetario Internacional que la inflación irá disminuyendo paulatinamente y que hacia fin de año estará en el orden del 3 por ciento mensual. De esa manera, piensa cumplir con la pauta del 60% que se había autoimpuesto para 2023.
El compromiso fue tomado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, divulgado este lunes. El documento, más conocido como “carta de intención”, fue incluido por el FMI en el informe técnico elevado por los auditores al directorio del organismo, que el viernes pasado aprobó un nuevo desembolso por U$S 5.400 millones.
“Se proyecta que la inflación de este año se modere durante el año de 6,3 por ciento mensual en enero/febrero a alrededor del 3 por ciento mensual para fines de 2023, respaldado por una combinación de medidas de política fiscal más estrictas, tasas de política monetaria real positivas sostenidas (y cierta recuperación en la demanda de dinero), mejor coordinación de salarios y precios, y precios mundiales de materias primas más suaves”, señala el documento.
De todas maneras, las autoridades aclararon que “se espera que la caída de la inflación sea gradual, dada la alta inercia de la inflación”.
El desafío luce difícil en vistas de la aceleración que ha tenido el fenómeno inflacionario en los últimos meses. Hacia fines del año pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, había planteado el objetivo de que en abril la variación del índice de precios al consumidor comenzara “con un 3 adelante”.
La realidad le contestó con un rally alcista que por ahora no encuentra techo: 5,1% en diciembre, 6% en enero y 6,6% en febrero. La mayoría de los pronósticos privados vaticina que en marzo el piso será de 7%.
Sin embargo, en el capítulo de proyecciones macroeconómicas, el gobierno mantuvo las previsiones de un rango de inflación de entre 55% y 65% para el fin del período.
«Shocks de oferta» como causa de la inflación
Adicionalmente, en una declaración que complementa la carta de intención, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, adjudicó a “un conjunto de shocks de oferta” la suba de la inflación a una tasa interanual de 102% en febrero. “Esta no es una dinámica impulsada por la demanda”, aseveró.
Sin embargo, Chodos aseguró que “continuamos tomando todas las medidas para abordarlo de manera decisiva”. Y detalló: “Nuestra política, mezcla de la contención fiscal, el límite de la financiación monetaria, y la tasa de interés y política cambiaria muestran un compromiso incansable para abordar este problema. Estamos confiados que seguirá un camino de desinflación gradual pero consistente”.
Como para asegurarse de esos objetivos, el FMI fue bastante enfático en la insistencia en que se fijen tasas de interés positivas en términos reales (es decir, por encima de la inflación) y en evitar el desborde del gasto público, que deberá seguir anclado en 1,9% del PBI. Así lo señaló la subdirectora del organismo, Gita Gopinath, en un comunicado. También pidió actualizar la cotización del dólar para evitar un retraso cambiario.
Como se descuenta que habrá menores ingresos fiscales, por la sequía, el gobierno se verá obligado a practicar un ajuste en los gastos. Las recomendaciones del Fondo para ese fin consistieron en una implementación más rápida del recorte a los subsidios en las tarifas públicas y una limitación de los criterios para aceptar ingresos a la moratoria previsional, entre otros aspectos.
En su carta de intención, el gobierno prometió que a pesar de los perjuicios que la sequía genera para el conjunto de la economía (y cuyos efectos todavía no están claramente definidos, señala en más de una ocasión), “estamos adaptando proactivamente nuestras políticas para garantizar la estabilidad macroeconómica y la adherencia a los objetivos del programa. Estamos listos para seguir actuando según sea necesario”.
Fuente:TiempoArgentino
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