Estados Unidos no afloja el cuchillo
que mantiene en el cuello del país /
Viene la jefa militar del Comando
Sur del imperio
Por Luis Bruschtein, 15 de abril de 2023.
Tenemos visitas: Argentina rinde examen cada 3 meses
Viajes a Washington cada tres meses y visitas de legisladores, militares y altos funcionarios de Estados Unidos en Buenos Aires. Lula criticó al FMI y dijo que ningún gobierno puede gobernar con un cuchillo en el cuello”.
“Ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta”, dijo el jueves Lula al asistir a la asunción de Dilma Rousseff como presidenta del Banco de Desarrollo creado por los BRICS. La frase apuntó a la relación del FMI con Argentina. Mauricio Macri dejó el país al borde del abismo y cada tres meses el ministro de Economía debe rendir examen para que Estados Unidos corra el plazo de la ejecución. En pleno escenario electoral se renuevan los viajes a Washington y el arribo de delegaciones norteamericanas, como la que circula en estos días integrada por senadores republicanos y demócratas y las visitas que están por realizar la jefa del comando sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, Laura Richardson y la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman.
Sumida en una crisis producida por la enorme deuda que el expresidente Mauricio Macri imploró al FMI –para no perder las elecciones que perdió– y que le concedió el expresidente norteamericano Donald Trump –para garantizar el control sobre la Argentina si Macri perdía–, ahora el país se ha convertido en el blanco de fuertes presiones para bloquear inversiones chinas que Estados Unidos no está dispuesto a suplantar.
No es necesario hacer un recuento de las relaciones, desde la primera invasión a las Islas Malvinas por la fragata norteamericana Lexington, en diciembre de 1831 –que derivó finalmente en la ocupación británica de 1833–, hasta esta deuda-yugo que obliga a controles periódicos sobre decisiones soberanas y apremia a los gobiernos para afectar subsidios, empleo, salarios y jubilaciones.
No es necesario tampoco un alineamiento por posiciones ideológicas. No se trata de atacar o defender al “Occidente cristiano”, como decían las dictaduras, ni estar de acuerdo con los regímenes de Rusia o China. Lo real es que es imposible recordar una acción amigable de Estados Unidos con la Argentina. Sin recurrir a la cuestión ideológica, sin recordar las relaciones históricas entre los dos países, Estados Unidos es el principal responsable (no el único) de la crisis actual de inflación y empobrecimiento. No es el único, porque además están los responsables locales, como Mauricio Macri y sus amigos que fugaron esos dólares.
El empréstito, irregular por el monto monumental, fue impuesto por Trump en el FMI. Y cuando cambió el régimen y asumió Joe Biden, aunque lamentaron las irregularidades, en vez de aceptar un acuerdo que permitiera reponerse a la Argentina, apretaron las cláusulas de control. Y ahora hay que rendir examen cada tres meses con metas imposibles en medio de sequías y guerras mundiales. Como el reo al que le postergan la ejecución cada tres meses, aquí, cada postergación –más condicionada que la anterior– se presenta como un acto de “amistad”.
Estados Unidos no es el principal socio comercial de la Argentina. Es el tercero detrás de Brasil y de China. La economía argentina está más ligada a esos dos países que a Washington. Pero China es el principal socio comercial de Brasil. Y Rusia es el principal proveedor del campo en Brasil. El 85 por ciento de los fertilizantes que necesita Brasil proviene de ese país. No hay sector más regresivo en la política brasileña, que el dispositivo sojero que depende tanto de los rusos. Esa fue la razón por la que Jair Bolsonaro se cuidó de mantener la neutralidad en el conflicto ruso-ucraniano a pesar de las presiones de Washington.
El presidente Lula estuvo el jueves en Shangai, en la asunción de Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) al cual se integrará en los próximos meses Argentina si es que no sucede nada en ese tiempo.
«No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina el FMI y como hacían con Brasil y otros países», aseguró Lula, que también defendió el comercio y la financiación en monedas locales sin el uso del dólar y reivindicó al nuevo banco como forma de independizarse de las «amarras» de los organismos de financiamiento tradicionales, en referencia al FMI y el Banco Mundial. «Ningún gobernante puede gobernar con un cuchillo en la garganta por el hecho de que el país sea un deudor”, agregó.
El nuevo Banco de estas grandes economías tiene un fondo inicial de cien mil millones de dólares. La cifra sirve para compararla con los 55 mil millones de dólares que cedió el FMI a Mauricio Macri. Es una cifra absurda por lo inmensa, que se concedió a un solo país y se volatilizó sin dejar una sola obra. No es una fantasía como los dos PBI “que se robó el kirchnerismo”. Los pagos son concretos y los controles también. No hay que hacer ningún pozo en la Patagonia para buscarlos.
Argentina tendría que integrarse a los BRICS (que se transformarían en BRICSA) en la reunión que se hará en agosto de este año en Sudáfrica. Pero las delegaciones de Estados Unidos que, de repente han descubierto a la Argentina, más los condicionamientos que pone Washington para cada condonación de metas, vienen acompañados por imposiciones para que Argentina bloquee los negocios pactados con China, desde Atucha III, hasta la compra de aviones de combate. Pero Estados Unidos no está dispuesto a financiar la megaobra de Atucha, y los chinos sí. Y los aviones que puede comprar Argentina a potencias de la OTAN no pueden tener radares de última generación, porque lo impide Gran Bretaña. Serían aviones ciegos para la defensa. En cambio los aviones chinos son más baratos y tienen todos los instrumentos de última generación.
Estados Unidos no se ha mostrado amigable con la Argentina, a la que tiene con el cuchillo en el cuello, como dijo Lula. Tampoco se trata de buscar enemigos ni de tomar partido, más que por la defensa de los intereses propios. Salvo con las dictaduras, o con gobiernos neoliberales, como el menemismo, Argentina ha mantenido una política exterior de paz, o sea de neutralidad en los conflictos que generan las potencias.
Washington sólo ofrece apretar más el cuchillo. Y lo peor es que el cuchillo que Estados Unidos tiene en el cuello de los argentinos se lo dio Mauricio Macri cuando gobernó con Juntos por el Cambio. Las presiones cada vez más fuertes de Washington se producen en un momento de elecciones, a las que el gobierno del Frente de Todos se acerca en un escenario desfavorable por la alta inflación que no ha podido controlar y por los exámenes permanentes por la deuda.
La paradoja es que, cansados por el impacto de la inflación y otros problemas no resueltos, muchos ciudadanos, piensan que es mejor alguien por conocer que los malos conocidos. Y, sin ver los hilos que se mueven detrás de los personajes, ponen su esperanza en figuras como Javier Milei o Patricia Bullrich, los candidatos del mismo que puso el cuchillo que ahora está en el cuello de esos ciudadanos que van a elegir a sus verdugos.
Noam Chomsky reafirmó ayer que “el orden internacional está cambiando de un modelo con una preponderancia de Estados Unidos a un sistema multipolar más diverso”, donde ya no habrá un único país que domine el funcionamiento de algunos ámbitos en todo el planeta. “En el sistema mundial emergente, América Latina tiene la oportunidad de liberarse de estar demasiado cerca de Estados Unidos, como ha pasado históricamente”, dijo Chomsky.
Pese a que hay un sector de la sociedad que los percibe como “lo nuevo”, la Argentina nunca podrá aprovechar este momento de cambio planetario con personajes como Milei o Bullrich que, por convicción u oportunismo, representan al viejo mundo, donde el hegemón está en declive, haciéndoles pagar el alto costo de ese retroceso a sus aliados de la OTAN.
Envio:ResumenLatinoamericano
Se presentó ante la justicia Federal una denuncia que involucra a la cúpula del fútbol y políticos
Un abogado le reveló a El Diario lo presentado ante la Justicia Federal contra River, AFA, Conmebol y FIFA. También va contra políticos. Es por el famoso 8-0 del equipo de Gallardo contra Jorge Wilstermann de Bolivia, en el Monumental, en 2017.
El fútbol tiene historias épicas, aunque algunas de ellas guardan un trasfondo dudoso. La que describimos a continuación puede ser fiel reflejo de esta situación:
El 21 de septiembre de 2017, River recibió a Jorge Wilstermann de Bolivia, en el Estadio Monumental de Núñez y por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.
Los bolivianos habían ganado 3 a 0 en la ida y se preparaban para dar un salto histórico en su vida deportiva. Sin embargo, el River de Gallardo fue quien escribió una página gloriosa en su carpeta, venciendo nada menos que 8 a 0 para clasificar a las semifinales del certamen.
Por entonces, la previa tenía cierta pimienta y un tuit de José Luis Félix Chilavert esbozaba suspicacias: “Justo cambiaron al árbitro. Señores del Wilstermann, tengan los ojos bien abiertos: juegan contra la Conmebol, no contra River”, escribió el exarquero.
Pasó el tiempo, River siguió ganando cosas, pero en ese entonces se puso en marcha una investigación minuciosa que derivó nada menos que en una denuncia penal ante la Justicia Federal. Una denuncia que intenta “descubrir un entramado de mafia y delitos de lesa humanidad”, en el que quedan involucradas las altas esferas del fútbol continental y los entonces presidentes de ambos países, Evo Morales, de Bolivia, y Mauricio Macri, de Argentina, sin distinción política, entre otros políticos y dirigentes.
Así lo indica uno de los que se presentó ante la Justicia, Sergio Parodi, quien ratificó ante El Diario toda la investigación que ahora quedó en manos del juez federal Sebastián Cassanello.
Además de abogado, Parodi es excampeón mundial de fisicoculturismo y desde la década del 90 maneja una ONG que viene luchando contra las drogas y la mafia del deporte. De hecho, fue uno de los que denunció a Diego Maradona y a Julio Grondona por los casos de dóping que supuestamente se ocultaban en AFA, aunque la Justicia por entonces procesó a don Julio y luego dejó todo como estaba.
El Diario pudo hablar en las últimas horas con Parodi, quien ratificó la denuncia contra River y compañía, llevada al Juzgado Federal por un letrado ya conocido en el mundo: Alejandro Sánchez Kalbermatten, el primer denunciante del FIFA Gate, que terminó con varios poderosos presos.
Sin derechos humanos
La presentación judicial no solo se ratificó ante el Juzgado Federal, sino que también se amplió en los últimos días, remarcando una “gravísima violación a los derechos humanos”, con hechos previos que no habían salido a la luz, pero que derivan de la investigación de los profesionales.
En principio, se apunta a un “sufrimiento a las personas de origen boliviano, tanto para los que arribaron a nuestro país como los residentes de la República Argentina”, por “nefandos actos de violencia que encuadran a la perfección en los crímenes de lesa humanidad”.
“El delito se agrava por existir una intencionalidad institucional de humillar al equipo de Jorge Wilstermann por medio de un accionar mafioso y xenófobo, el cual indefectiblemente precisó del encubrimiento de AFA, de la Conmebol y la FIFA”, describe la denuncia, a la que tuvo acceso este medio.
“En otras palabras, el Club Atlético River Plate ideó una estrategia en base a la xenofobia y la llevó adelante mediante un conjunto de acciones, tanto para acoquinar a los jugadores y cuerpo técnico del conjunto rival mediante el ingreso de sus barrabravas (brazo ejecutor) al Hotel Sheraton, como para agredir, con manifiesta servicia, a las personas de origen boliviano que estaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para asistir al estadio donde se disputaría el mentado partido de fútbol. Es palmario el accionar xenófobo y racista de esta mafia para obtener el resultado que tanto anhelaban”, agrega el escrito, de 27 páginas.
“Lesionar, amedrentar, con inmensa abyección, a los ciudadanos bolivianos que estaban con el plantel” del Wilstermann, son algunos otros términos que se utilizan en la denuncia.
En ese contexto, se involucra a las fuerzas de seguridad que “otorgaron zona liberada a los mafiosos barrabravas”, mencionando que “sospechosamente se produjo una idéntica situación al partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores del año 2018”, ante Boca. Así lo informó El Diario.
Citando pactos de convenciones internacionales para argumentar la gravedad de la denuncia, los abogados sostienen que hubo un entramado mafioso y actos con severos antecedentes en otras partes del mundo, por lo que fue más allá de un simple partido de fútbol.
En ese sentido, se apunta a “hechos repugnantes” donde quedan a la vista “el desprecio, odio y rechazo hacia personas migrantes provenientes de otras naciones”.
Premeditación
En la presentación judicial se indica que “hubo premeditación, entendiendo que un club de la talla de River no puede perder, bajo ninguna circunstancia, contra un equipo de origen boliviano. Asimismo, existió alevosía, donde se valieron del estado de indefensión de un grupo reducido de hinchas bolivianos para agredir y degradarlos, con un odio ininteligible”.
En ese sentido, en otra parte de la denuncia se argumenta que “hubo, cuanto menos, negligencia (estatal), sumado a otros factores mafiosos que deben urgentemente indagarse”.
“Debe concluirse que al conjunto boliviano lo hicieron perder por medio de la coacción y el amedrentamiento, lo cual, lógicamente, derivó en una clara merma en su rendimiento deportivo, tal como públicamente lo denunciaron las víctimas indefensas (dispuestas a declarar) de este ataque xenófobo y racista, connatural al CARP”, añade el escrito de Parodi y Kalbermatten.
Los letrados piden “llegar a la verdad y de esa manera llegar a una solución que se asemeje al concepto de justicia, marcando un hito en el deporte para darle un mensaje a esta gravilla de delincuentes”.
Junto a Parodi aparecen también como denunciantes Raúl Olivares, arquero de Wilstermann, y el presidente de la institución, Grover Vargas, además del técnico de entonces, Jorge Mosquera.
El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien patrocina a Parodi, es nada menos que el hombre que destapó la olla en el FIFA Gate.
La denuncia va también contra los políticos, al menos por negligencia. Mauricio Macri, Evo Morales y Patricia Bullrich, entre los apuntados.
“Alguna vez se va a saber la verdad”, dijo hace meses el arquero de Wilstermann, Raúl Olivares.
Fuente:InfoProvincia
Una diputada de Milei prometió clausurar Télam: "Adoctrinamiento, curros y montoneros"
Victoria Villaruel criticó contundentemente a la agencia nacional de noticias por estar "dirigida por la hija de una montonera y esposa de otro montonero", y adelantó que si Milei gana las elecciones, la van a cerrar.
Victoria Villarruel, diputada libertaria afiliada al partido La Libertad Avanza y que naturalmente responde a Javier Milei, ha prometido cerrar la agencia de noticias Télam si el "león" resulta electo en los inminentes comicios presidenciales. Villarruel considera que Télam es un espacio para el "adoctrinamiento" y pidió poner fin a los "curros".
Con fuertes declaraciones, la legisladora criticó a la directora de Télam, Bernarda Llorente, por ser "hija de una montonera y esposa de otro montonero", para luego referirse peyorativamente a este último: "Taiana, ministro de indefensión".
"Es hija de una montonera y esposa de otro montonero, Taiana, el ministro de indefensión. Gente linda que vive del Estado para difundir su ideología y adoctrinamiento, pero que lo hacen con el dinero de todos", sentenció Villarruel.
Este no es el primer ataque que sufre la agencia nacional de noticias. Desde su fundación en 1945, Télam ha sido objetivo de varios intentos de clausura, siendo el último más reciente el de Mauricio Macri, que en su gestión ordenó el despido de más de 300 empleados del medio, a quienes luego la Justicia reubicó nuevamente en sus puestos y a los cuales tuvo que indemnizar. Esta infructuosa operación le terminó costando más de 100 millones de pesos a las arcas del Estado.
El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, salió en defensa de Télam, asegurando que el gobierno no permitirá su cierre, mientras que Gustavo Cirelli, gerente periodístico de la agencia, explicó que Télam se pensó como una construcción de una narrativa nacional contrahegemónica de las agencias internacionales y que hoy es una usina de información con una mirada nacional que otros medios no tienen.
Fuente;NuevoDiario
El juicio político a los miembros de la Corte Suprema
Ahora Diputados analizará el desmanejo de la Obra Social del Poder Judicial
Mientras que la guerra dentro de la Corte Suprema continúa profundizándose, la comisión de Juicio Político se prepara para meterse de lleno en la causa que aviva el fuego de la interna cortesana: las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. Finalizada la etapa del 2x1a los genocidas, la comisión que preside Carolina Gaillard se reunirá el próximo martes para una nueva audiencia testimonial que girará en torno a las denuncias por licitaciones sospechosas, deterioro en los servicios, ausencias de balances contables y manejo irregular de fondos. Entre los convocados se destaca el exdirector de la Obra Social, Aldo Tonón, un hombre de Juan Carlos Maqueda que renunció hace dos semanas en medio de la crisis por los desmanejos de la prestación. Si bien Maqueda está en el centro de la tormenta, ya que fue el encargado de supervisar la prestación durante más de 10 años, la investigación ahondará también sobre las responsabilidades de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz cuando estos fueron presidentes de la Corte.
Originalmente, el cronograma pautado por la comisión de Juicio Político era otro. Luego de la causal del 2x1 --que partía de la hipótesis de que el fallo que abrió la puerta a conmutar penas de genocidas había sido negociado entre el gobierno de Cambiemos y Rosenkrantz--, la idea era comenzar a tratar el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los sismos que el propio juicio político estaba generando al interior de la Corte terminaron modificando el plan de trabajo. Primero fue la fría aceptación del Máximo Tribunal a la renuncia de Aldo Tonón a la dirección de la Obra Social. Luego, el secretario administrativo de la Corte, Héctor Daniel Marchi (cercano a Lorenzetti), recusó a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en un juicio que tiene contra Elisa Carrió bajo el argumento de que los magistrados tenían la defensa "acérrima" de la líder de la Coalición Cívica. En paralelo, Lorenzetti difundió una carta en la que denunciaba irregularidades en la Obra Social y, a modo de respuesta, la tríada Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda lo acusó de haber intentado violar el Reglamento para la Justicia Nacional.
En resumen: la guerra feroz desatada dentro de la Corte Suprema volvió prioritario comenzar a tratar, cuanto antes, la causal que investiga las irregularidades en la Obra Social. Los desmanejos denunciados incluyen, por un lado, el deterioro en el servicio de Salud de la prestación y, por el otro, contrataciones sospechosas, descontrol en materia informática, faltantes de medicamentos, vacancias en la dirección, ausencia de balances contables, tranferencias irregulares de fondos y, fundamentalmente, una falta general de supervisión. Hay, incluso, un mail redactado por el propio Maqueda que admite los desastres ocurridos en la Obra Social y que actualmente forma parte de la prueba documental que está recabando la comisión.
Los testigos
El martes a las 13, la comisión recibirá a seis testigos que testificarán sobre las diversas irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial. El plato fuerte es la citación de Aldo Tonón, principal responsable de la dirección de la institución hasta que renunció hace dos semanas. Según pudo saber Página/12, Tonón solicitó excusarse debido a que está siendo investigado penalmente por este mismo motivo en una causa que tramita Ariel Lijo y que, de comparecer, podría autoincriminarse. La presidencia de la comisión, sin embargo, le respondió que estaba obligado a comparecer y que, en todo caso, podría optar por negarse a responder las preguntas que consideraba que podrían autoincriminarlo. Así lo hizo el exministro macrista de Justicia, Germán Garavano, en la última reunión de comisión.
También fue citada la contadora Melisa Solana, quien renunció de manera abrupta a la Obra Social del Poder Judicial. "Estuvo dos días, vio el caos que era y renunció", precisaron desde la bancada oficialista. La médica María Cristina Interlandi y Oscar Fernández, mientras tanto, serán citados para dar cuenta de una auditoría que ordenó la propia Corte en 2021. Esta auditoría, que analizó el funcionamiento de la Obra Social entre 2008 y 2021, llegó a conclusiones catastróficas: no había sistema formal de contabilidad, licitaciones irregulares con empresas (como Farmandat), vacancias, inexistencia de manuales de procedimientos, entre otras irregularidades.
Por último, serán citadas dos trabajadoras judiciales afiliadas a la Obra Social del Poder Judicial --Laura Coulin y Liliana de Brito-- para dar cuente del deterioro del servicio de Salud en los últimos años.
Fuente:Pagina12
Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ
En un nuevo capítulo del caso Mackentor, el abogado Juan Carlos Vega, apoderado de la compañía y las víctimas de delitos de Lesa Humanidad, presentó una denuncia penal contra las integrantes del jury de enjuiciamiento de la Justicia provincial, cuatro legisladoras y una vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Dice el escrito al que accedió ENREDACCIÓN que la investigación debe extenderse a todos los que “con sus conductas y actos hayan colaborado en el encubrimiento de este crimen de Lesa Humanidad en los términos del Artículo 25 del Estatuto de Roma”.
La presentación judicial se origina en la falta de acción del organismo frente al pedido de investigación de la conducta de la jueza Verónica Francisca Martínez, que declaró la Quiebra de Mackentor, “en pleno conocimiento de que los créditos por los cuales se pedía la quiebra estaban originados en crímenes de Lesa Humanidad”. Es decir, emitió un fallo sabiendo que se trataba de delitos imprescriptibles y que, por lo tanto, su accionar fue ilegal.
Se trata de una presentación que cuenta con el patrocinio del abogado Francisco Lavisse. El escrito reclama investigar las responsabilidades de la presidenta del Jury, la legisladora Julieta Rinaldi (PJ), las legisladoras Silvia Paleo (Juntos por el Cambio), Daniela Gudiño (Juntos -UCR) y Victoria Busso (PJ), y la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti.
Cabe recordar que el Jury es el órgano encargado de investigar y juzgar la actuación de los jueces y fiscales en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Luego, se produjo, por parte de la Justicia Federal, una fenomenal cobertura del accionar de Zamboni Ledesma y otros funcionarios, un proceso que continúa hasta el presente.
LA DENUNCIA CONTRA EL JURY
La denuncia demanda investigar la comisión de los posibles delitos de abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público, entre otros que puedan surgir de la investigación, a la par que “incluye en el pedido de investigación, la previsión del Estatuto de Roma sobre el delito de colaboración y encubrimiento”.
Señala el escrito que lleva la firma de lavisse que “nuestra denuncia hace a las conductas de los integrantes del Jury y no de la jueza denunciada. Los integrantes del Jury han paralizado la investigación ordenada por el más alto Tribunal de América en DD.HH. de investigar un Crimen de Lesa Humanidad. Esa situación conforme la legislación nacional y supranacional puede calificar su conducta como encubrimiento”.
También indica que “conforme nuestro Código Penal vigente, puede calificarse a su vez como omisión de deberes de funcionario público. Esto es así desde que el Tribunal de Jury debe “funcionar” y no dilatar; muy especialmente en casos de Lesa Humanidad como el planteado”.
Expresa más adelante que “su decisión puede gustar o no, puede ser materia opinable pero nunca puede ser una no-decisión puesto que de este modo se niega el derecho de peticionar, con la consecuencia paralela de permitir (que) sigan produciéndose efectos del delito de Lesa apuntado”.
Dice que “la declaración de Quiebra de Mackentor es la última etapa de una “persecución masiva de personas” en los términos del art. 7 del Estatuto de Roma. Iniciada por el genocida Menéndez en el mes de abril de 1977. Con 26 víctimas y 4 desapariciones forzadas de personas”.
Y cierra planteando que “lo que Menéndez no pudo lograr, lo hizo la justicia de la provincia de Córdoba al declarar la Quiebra de Mackentor”.
¿Qué es lo que debe investigar el Jury?
Vega realizó en agosto de 2022, una presentación para que el Jury se expida sobre el accionar de la jueza Martínez por su responsabilidad en la sanción que la CIDH le impuso a Argentina por violar los derechos humanos en el caso Mackentor.
Expresó en esa oportunidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de fondo (equivalente a un fallo de nuestra Justicia) en contra del Estado argentino por la violación de Derechos Humanos de las víctimas secuestradas, torturadas y desaparecidas en el caso de la constructora Mackentor. Los hechos ocurrieron en Argentina durante la Dictadura cívico-militar de 1976 y sus efectos se prolongan, por la inacción de la Justicia, hasta el presente. Se trata de una resolución que es de cumplimiento obligatorio para el gobierno nacional. Dice, en ese sentido, que la CIDH ordena al Estado argentino investigar y reparar y afirma que “corresponde declarar la nulidad de la quiebra”.
Natalio Kejner. (Foto: Gentileza La Voz).
Explica el escrito que obra en poder de la Justicia que “desde la primera presentación que hizo Mackentor en el proceso de la quiebra, la Jueza Martínez sabía que el origen de los créditos provenía de crímenes de Lesa Humanidad en los términos del art. 7 del Estatuto de Roma”.
Detalla que “los créditos por los cuales se peticionó la quiebra de Mackentor eran honorarios provenientes de una declaración de prescripción en juicios por crímenes de Lesa Humanidad imprescriptibles”
Recuerda que “los peticionarios de la quiebra de Mackentor eran los fiscales federales de Córdoba Luis Roberto Rueda, Carlos Otero Álvarez y Humberto Vidal, beneficiarios de la regulación de honorarios por la prescripción de crímenes imprescriptibles”.
El dictador Jorge Rafael Videla junto a Menéndez, en uno de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad.
Agrega posteriormente, que “la Comisión Interamericana en su Informe de Fondo 293/21 tiene por reconocidas las violaciones a los DDHH de la Convención generadas por actos judiciales que por una parte rechazaban los pedidos de las víctimas de Mackentor y, por otro lado, declaraban prescriptos los crímenes de los genocidas Videla y Menéndez”. Esto es, que el punto dejó de ser materia opinable.
UN JURY PARALIZADO
“Desde agosto de 2022, el Jury de Enjuiciamiento ningún trámite nos ha notificado y ninguna decisión ha tomado, en relación a este mandato internacional de investigar la conducta judicial en la Quiebra de Mackentor”, plantea la denuncia del abogado Vega.
Afirma luego que “sabemos que el Jury de Enjuiciamiento no tiene plazos legales para pronunciarse, pero rige en este caso el art. 8.1 de la Convención que consagra el “plazo razonable”. Y todo plazo razonable en un Crimen de Lesa Humanidad que lleva 40 años, está vencido”.
“Hemos interpuesto el equivalente a un pronto despacho en el trámite del Jury pero ninguna respuesta hemos tenido”, detalla el documento.
Por último, dice que “sabemos que este es el primer caso que se plantea ante el Jury en relación a Crímenes de Lesa Humanidad. Nunca antes el Jury recibió un mandato de investigar conductas de los jueces por imperio de una decisión del más alto tribunal de América en DD.HH.”. Por eso, resalta que “los Informes de Fondo de la CIDH tienen valor jurídico vinculante para los Estados y que la Convención Americana tiene rango constitucional y es operativa (en Argentina)”.
🟠[VIOLENCIA INSTITUCIONAL]
Una particularidad de la presentación, es que encuadra la conducta del Jury de Enjuiciamiento de jueces y fiscales de la Provincia, en la categoría de “violencia institucional”.
Explican Vega y Lavisse que “a nuestro juicio (la violencia institucional) se trata de una violencia ejercida o amparada o protegida desde el poder del Estado”.
Detallan que “a diferencia del Terrorismo de Estado, en el cual el Estado se apropiaba y ejercía el terror para disciplinar a sus adversarios políticos, en las democracias la violencia estatal adquiere otras características. Ya no existe el terror ejercido por el Estado de manera grosera y brutal. Ha sido sustituido por prácticas estatales de encubrimiento de delitos de parte de funcionarios del Estado”.
Por eso, apuntan que “en las democracias, violencia institucional significa encubrir o silenciar responsabilidades estatales que comprenden a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, legislativo y judicial). Este es el verdadero alcance que debe darse a la figura de violencia institucional”.
Más adelante, recalcan que “cuando el Estado de derecho, a través de sus propios órganos, pretende encubrir responsabilidades de funcionarios de los tres poderes del Estado, (…) se configura la violencia institucional”.
Así desembocan en que al “ignorar los derechos de las víctimas, y de manera particular víctimas de crímenes de Lesa Humanidad, se configura violencia institucional. Cuando el Estado pretende silenciar las responsabilidades de sus funcionarios en el iter crimins de una persecución masiva de personas, se configura violencia institucional”.
La Cámara Octava del Crimen, que integran Juan Manuel Ugarte, Marcelo Jaime y Eugenio Pérez Moreno. (Foto: Laura Lescano / Télam).
Recuerdan para ello, como ejemplo, la sentencia dictada por la Cámara 8va del Crimen en el Caso Blas Correas. “En su parte dispositiva ordena ampliar la investigación penal hasta los máximos funcionarios en la cadena de mando. Y va más lejos la sentencia cuando ordena investigar las responsabilidades en el Crimen de Blas Correa en el Tribunal de Conducta Policial. (…) Ese tribunal de conducta tiene la función de investigar las conductas policiales en las hipótesis de delitos o mal desempeño; es la misma competencia que tiene el Jury de Enjuiciamiento en relación a los jueces de la Provincia de Córdoba”.
Concluye la presentación, diciendo que “entendemos que esta teoría argumental de la Cámara 8va es válida y sirve como precedente a nuestro pedido de investigación de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento”.
Fuente:EnRedaccion
Los decretos leyes de los gobiernos de facto en territorio bonaerense
Perón y Eva Perón: en la Provincia también estaba prohibido nombrarlos
El trabajo de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa expuso las normas dictadas por la Revolución Libertadora contra el peronismo como una adaptación provincial de los decretos nacionales.
La dictadura militar iniciada en 1955 ancló sus objetivos bajo una premisa: hacer desaparecer al peronismo. La provincia de Buenos Aire no fue ajena a ese accionar y decretó normas, prohibiciones y expropiaciones con el fin de borrar el legado de Juan Domingo Perón. La obsesión con lo simbólico llevó a la imposibilidad de bautizar con el nombre Eva Perón a una escuela o a que el Parque Pereyra Iraola dejase de portar el nombre del líder peronista.
Días atrás Buenos Aires/12 publicó el trabajo que viene desarrollando la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa desde la Cámara de Diputados bonaerense, bajo las instrucciones del intendente de Adolfo Gonzáles Cháves, Marcelo Santillán. Más de 2.000 decretos leyes de distintos períodos dictatoriales fueron evaluados y están en proceso de derogación. Restan algo más de mil que siguen vigentes en la provincia, más allá de que su aplicación fáctica resulte casi nula. “Hay que desmantelar la estructura jurídica que dejó la dictadura, remarcó Santillán. Esa labor fue consensuada con el gobernador, Axel Kicillof, y ya se encuentra en pleno desarrollo.
La provincia de Buenos Aires, entre 1955 y 1958, dictó medidas con el fin de propiciar la desaparición de la simbología y bienes de la estructura política liderada por Juan Domingo Perón. Bajo el decreto ley N° 12.103, el 18 de julio de 1956 dictaminó la transferencia de los bienes de los “ex partidos peronistas”, tanto masculino como femenino, al patrimonio provincial.
En este sentido, la norma creó una Junta de Recuperación de Bienes que debía inventariar las propiedades de, según expresa el texto, “la ex agrupación”. Autorizó al nuevo ente a valerse de la fuerza pública en caso de ser necesario, crear una cuenta en el Banco Provincia para disponer de lo recaudado, y solventar los gastos de su funcionamiento a través de lo obtenido por la liquidación de los bienes incautados. El 29 de abril 1958, a sólo dos días de entregar el mando a un nuevo gobierno democrático, el decreto ley 6.774/1958 daba por finalizada las tareas de la Junta “habiendo dado término a la labor asignada”.
Si hubo una mecánica enlazada a una obsesión por parte de la Revolución Libertadora fue la de barrer con los nombres de Perón y Eva Perón. Tal es así que desde la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa detectaron una serie de decreto leyes que exponen la mera intención de evitar que los nombres y apellidos de los líderes populares prevalecieran en el discurso cotidiano del pueblo bonaerense.
- 53/1955 y 13055/1956: Este último ratifica el Decreto 53/1955 sobre la derogación de la Ley 5686 que designa con el nombre de Eva Perón a una escuela de cada distrito y con el de Evita a un aula de primer grado en todas las escuelas.
- 701/1955: Este Decreto Ley modifica el Artículo 1 de la LEY 5.444 y establece que se redacte de la siguiente manera: “Denominase parque "Pereyra Iraola" al actual parque “Presidente Perón”, ubicado en los partidos de Quilmes y La Plata, expropiado por el Poder Ejecutivo por Decretos números 1.465 y 4.393 de flechas 28 de enero y 11 de marzo de 1949, respectivamente.”
- 3930/1955: Derogó la ley 5799 que establecía la eximición de impuestos a bienes del acervo sucesorio de Eva Duarte de Perón,a las acciones llevadas a cabo por la Fundación Evita o la Fundación Eva Perón.
- 236/56: Derogó la Ley provincial N° 5793 y el Decreto 5948/1955. Estas normas derogadas autorizaban al Poder Ejecutivo para entregar al Ministerio de Hacienda de la Nación, la suma de pesos 10.038.000 como contribución de la provincia de Buenos Aires, para la construcción de las sedes de los poderes ejecutivos de las provincias Presidente Perón (Chaco) y Eva Perón (La Pampa). Asimismo, demandaba el reintegro de esas sumas.
Antiperonismo: una cuestión de deseo
El peronismo fue señalado por el gobierno nacional comandado por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas como como un partido que “se identificó prácticamente con el Estado Totalitario y sirvió en forma incondicional a todas las desviaciones, violaciones y arbitrariedades del ex gobernante”. Así rezan las consideraciones del Decreto Ley N° 3.855, del 24 de noviembre de 1955.
En su primer artículo, la norma redacta el puntapié que institucionalizó la imposibilidad de optar libremente por 18 años en la Argentina. Con el particular encabezado que disponía la nulidad del Poder Legislativo y delegaba esa función en el presidente, el decreto declara la disolución de los Partidos Peronistas Masculino y Femenino en todo el territorio de la República. En 1956, la profundidad de los objetivos fue absoluta. El decreto ley 4161 de aquel año dictaminó en su primer artículo que quedaba “prohibida en todo el territorio de la Nación la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista por cualquier persona”. La prohibición era total.
En su obra “Vencedores Vencidos. El antiperonismo y la ‘Revolución Libertadora’”, María Estela Spinelli traza la línea que unió a los autodenominados antiperonistas a consolidad una unidad que fue más allá de todas sus representaciones partidarias. Siempre primaron, cuenta la autora, dos premisas que pueden resultar muy actuales en los discursos de sectores de la oposición: el valor de la República y el rechazo al populismo.
La constitución del antiperonismo ha sido materia de estudio, como expone Spinelli. Pero el historiador Ezequiel Adamovsky lo define como una creencia que va más allá de una cuestión partidaria. Considera que se puede estar en contra del peronismo, algo que incluso, con certeza, lo entiende como algo legítimo y lógico. A fin de cuentas, se puede estar en contra de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista o del Movimiento Popular Neuquino.
Ahora bien, y cómo se percibe en las normas dictadas por el gobierno de Aramburu y Rojas, Adamosvky sostiene que el antiperonismo se nutre de “la creencia según la cual el peronismo es una deformación política y cultural monstruosa, el causante central de todos los males de la Argentina”. Y agrega: “se caracteriza por el deseo íntimo de que Perón y sus partidarios desaparezcan de la faz de la tierra”.
Con estas guías ideológicas, la persecución en el territorio bonaerense pergeñó distintas herramientas. El decreto ley 4323/1955 creó la Comisión Investigadora de la provincia de Buenos Aires para, consecuentemente, investigar “la conducta de ex magistrados, legisladores, funcionarios y empleados del Estado Provincial y las Comunas” con la excusa de tener vinculaciones con negocios públicos. En un gobierno dictatorial, la comisión contaba con la potestad de incautar o intervenir los libros y contabilidades de entidades públicas o privadas. También podía intervenir las cuentas bancarias y solicitar el auxilio de la fuerza pública a demanda.
Es ilustrativo del funcionamiento dictatorial el dato que indica que la Comisión Investigadora dependía del Ejecutivo y exigía a la Corte Suprema le rindiera cuentas. En el tercer artículo del decreto, se especifica que “La Corte Suprema de Justicia, la Intervención en la Legislatura, los ministerios, las municipalidades y las entidades autárquicas” deberán designar sus propias comisiones para investigar. “Determinada sumariamente la persona o personas responsables elevaran los antecedes a la Comisión Provincial”, remata la norma.
Las libertades para el ejercicio y la participación política estuvieron cercenadas por distintas normas que esperan su derogación definitiva. El decreto ley 16591/1957, por ejemplo, declaró ilegales paros y toda otra medida de fuerza que disponga el personal de la administración provincial con posibilidades de sancionar. En esa línea, también se dictó el Nº 196/195 que prohibía la actividad política partidaria a todo el personal de la administración pública de cualquier jerarquía.
En 2016 se halló armamento en un supermercado del empresario
Revocaron el sobreseimiento de Alfredo Coto por el arsenal y podría ir a juicio
Casación hizo lugar a un recurso que presentó en primera instancia la fiscal del caso, Paloma Ochoa, y mantuvo luego el fiscal ante la Cámara, Ángel Agüero Iturbe.
La Cámara Federal de Casación anuló el sobreseimiento del supermercadista Alfredo Coto y su hijo Germán y ordenó volver a analizar su situación en la causa por el hallazgo de un arsenal en los sótanos de uno de sus comercios en septiembre de 2016.
La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país que entendió que hubo un análisis "parcial" de los hechos por parte de la justicia de primera instancia y de la Cámara Federal porteña, donde se habían confirmado los sobreseimientos, según el fallo de 77 carillas.
Casación hizo lugar parcialmente a una apelación de la fiscalía y dispuso "anular la resolución impugnada en torno al dictado del sobreseimiento de los imputados Alfredo Coto, Germán Coto, Cristian Javier Oscar González y Estelita Eufracia Herrera, y reenviar las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento" en base a los lineamientos que se dieron en su sentencia.
En la causa se investiga el hallazgo de armamento que usan fuerzas de seguridad en un depósito de un supermercado Coto en Paysandú al 1800 de la ciudad de Buenos Aires, en septiembre de 2016.
Los empresarios habían sido sobreseídos al entender que no podían estar al tanto de todo lo que ocurría en sus locales, en base a la magnitud de la empresa. Pero Casación entendió ahora que se incurrió en "un análisis fragmentado de la prueba obrante en la causa", al hacer lugar al recurso que presentó en primera instancia la fiscal del caso, Paloma Ochoa, y mantuvo luego el fiscal ante la Cámara, Ángel Agüero Iturbe.
La voz de los jueces
Los jueces de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo cuestionaron la fundamentación de las decisiones que sobreseyeron a los imputados y entendieron que debería avanzarse hacia la etapa de juicio oral. "Con relación a la situación de Alfredo Coto y Germán Coto, asiste razón al recurrente en torno a la fragmentada valoración probatoria efectuada", sostuvo la sentencia.
Las evidencias "permiten alcanzar el umbral probatorio suficiente como para poder avanzar con el proceso penal en contra de los nombrados", afirmó en su voto e el juez Hornos.
Entre ellas, "se destaca que ambos eran responsables del usuario colectivo "Coto CICSA" ante la Anmac, lo cual genera, como toda suscripción de este carácter frente a la institución que controla el flujo de armas y otros elementos peligrosos para la seguridad común, obligaciones respecto de los materiales bajo su esfera de custodia".
"Cabe concluir que tanto la resolución recurrida como la de primera instancia que fue confirmada por ella, sostienen de manera prematura y sin fundamentos suficientes la desvinculación definitiva del proceso" ante lo cual "no puede ser considerada un acto jurisdiccional válido", agregó por su parte el camarista Borinsky.
Un arsenal
En el procedimiento se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases MM RIOT CS SMOKE, 27 armas de fuego, dos armas de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos. Parte del material "era de la Policía Federal Argentina Guardia de Infantería" y otras de uso de Prefectura Naval.
"Fue constatado, además, que la tenencia de 29 armas encontradas no podía reputarse lícita en virtud de que al usuario colectivo [Coto] se le habían vencido los permisos concedidos por el Anmac", agregaron.
El material "se clasificó como arma de uso exclusivo de las instituciones armadas y fue determinado que las granadas anti tumulto son de descarga continua para control de disturbios".
Dólar diferencial para economías regionales
Los productores quedan afuera
Con diferencias según la estructura de cada sector, en general el beneficio del dólar agro para productos regionales quedará concentrado en grandes exportadores, con escaso impacto en las cuentas de la mayor parte de productores, que son quienes sufrieron las consecuencias de la sequía.
Con el correr de los días fue quedando claro quiénes son los verdaderos beneficiarios en las economías regionales del Programa de Incremento Exportador: las empresas exportadoras y no necesariamente el productor que es quien sufrió directamente el impacto de la sequía. Además se sabe que la recaudación mayoritariamente provendrá de las exportaciones del complejo sojero (6.000 de los 9.000 millones de dólares que se estiman cobrar) mientras que difícilmente aumente en volúmen la exportación de productos regionales.
En cambio, se observan riegos inflacionarios si el cumplimiento de la condición de abastecimiento al mercado interno en las áreas donde se verifique la posibilidad de destinar paerte de la oferta a la exportación.
Sin beneficios para los tambos
“En el caso del sector lechero existen tres perfiles de empresas básicamente. Las firmas de capital nacional con importante participación en el mercado interno y algo de producción para exportar, que destinan entre el 60 y 80 por ciento al mercado interno”, menciona Roberto Socin, coordinador de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprol-SAFE). Se trata de Mastellone, Verónica, la ex Sancor, Ilolay, Milkaut (recientemente comprada por Savencia), García Hermanos, Noal, etc. Estas conforman el Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL) y en suma procesan cerca del 68 por ciento de toda la leche del país.
“Otro grupo son las empresas netamente de capital extranjero; como Adecoagro, Saputo, Savencia, Corlasa (perteneciente al grupo peruano Gloria) y Nestlé. Estas exportan el 70 por ciento de su producción y el 30 por ciento lo destinan al mercado interno. Y por último se encuentran las PyME de la industria láctea que procesan el restante de lo trabajado por el CIL”.
El interés de la industria lechera no es el de los productores. Los productores son los tambos, que paulatinamente han ido desapareciendo, en especial los más pequeños que no pudieron diversificar la producción con ganado o agricultura. Los tambos fabrican la leche cruda que es la principal materia prima y costo de la industria: “explica entre el 48 y 55 por ciento del costo final”, aclara Socin. “El segundo costo en relevancia es el financiero, el tercero el de logística y cuarto la mano de obra”, agrega. La industria lechera se beneficiará con el dólar agro, la que exporta todo y la que lo hace en parte pero ahora tiene incentivos a reasignar más producción al mercado externo, y solo en contados casos parte de ese beneficio llegará al productor.
En el caso de la leche, como en muchas otras economías regionales, el mecanismo de formación de precios está concentrado en el último eslabón de la cadena, en la industria manufacturera que suele estar integrada verticalmente con canales de distribución propios para la posterior comercialización del producto.
“El abastecimiento interno de leche este año se ve amenazado por la reducción de forrajes para alimentar las vacas dada la sequía, por los mayores costos que supuso el dólar soja 1 y 2 y por la falta de reservas propia de la actividad tambera”, advierte Socin. Si a eso sumamos la reorientación de la producción hacia el mercado externo fruto del dólar agro, el riesgo puede ser mayor.
En tanto, aclara el experto, “el CIL proyecta que la producción caerá este año un 5 por ciento", por lo cual "para mantener el abastecimiento per cápita actual (de 200 litro per cápita) en Argentina, las exportaciones del sector deberían caer en vez de aumentar”.
Otro corolario de estas medidas de dólar diferencial es el aumento del costo de alquiler de los campos, ya que compiten con los nuevos precios de la soja. Son todos factores inflacionarios que suman a una dinámica ya acelerada de precios.
La producción de vinos
En el caso del sector vitivinícola el impacto de la sequía fue mayor, ya que de acuerdo a lo estimado por Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) la producción caería este año un 23 por ciento. No obstante es un sector con capacidad de stockeo para abastecer al mercado interno. De acuerdo a estimaciones del Observatorio de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) existen unas 650 bodegas exportadoras que podrían verse alcanzadas por el nuevo dólar agro y el impacto en materia de dólares generados sería récord, si bien aclaran que la medida por tener un relativamente corto plazo de validez no alcanzará para que se ganen nuevos mercados.
“El beneficio es individual y opcional para cada empresa, es decir que cada bodega evaluará sus costos y beneficios para acceder al PIE”, indicó a Página 12 Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola de Coviar. De acuerdo a sus estimaciones “si la empresa destina al mercado interno el 75 por ciento de su producción y un 25 por ciento al mercado externo, está en condiciones de verse favorecida por participar del PIE”. Salvo en el caso de bodegas muy pequeñas que muchas veces destinan todo a exportación, la distribución habitual es que se exporte entre el 20 y 25 por ciento del total producido de vinos.
“El éxito de la medida dependerá también de la posibilidad de adelantar exportaciones que tengan las bodegas, es difícil imaginar un cambio estructural en el volúmen exportado”, aclara también.
El lobby y la rosca interna del campo para reclamar un dólar agro más alto
El club de los devaluadores
Demorando ventas, en grupos de WhatsApp e incluso desde la Mesa de Enlace, pulsean con el Gobierno asegurando que el dólar a 300 pesos es poco y debería llegar a 350. Quiénes agitan la idea y las ganancias récord que ya tuvieron con una temporada entera de retenciones cero.
El nivel de liquidación de dólares tomando el beneficio del dólar agro (300 pesos por dólar) que dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa, pasó su primera semana a un ritmo más lento del habitual. Una parte de la explicación del por qué son las modificaciones técnicas que el Gobierno impuso en los trámites de aperturas de cuentas, pero el grueso se justifica en una pulseada que un sector del campo tiene con el Estado para forzar una devaluación que les dé (aun) mayores ganancias. Al Ejecutivo el contexto no lo ayuda a tener espaldas para dar la pelea completa, sobre todo porque necesita de esas divisisas que el campo primario tiene en los silos y, en consecuencia, el sector empezó a jugar muy fuerte. Tanto en conversaciones públicas de la Mesa de Enlace como en charlas reservadas de productores a las que accedió Página I12, se viene deslizando que el tipo de cambio de 300 pesos por dólar es insuficiente y que lo ideal sería "entre 330 y 350 pesos", una manera elegante de presionar por un dólar libre y una devaluación.
Toda esta información circuló esta semana en reuniones privadas de las cuatro entidades de Enlace (CRA, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria Argentina) -únicos actores del sector que no fueron al evento de dólar agro que armó Massa- y en los grupos de WhatsApp Gurú Agro y Gurú Ganadero, que nuclean a productores autoconvocados cuyas bases responden el bullrichismo.
Esa situación, como era de esperar, no sólo tensiona la cuerda con el Gobierno sino que le pone los pelos de punta a toda la cadena y a la industria, que no está dispuesta a pagarle al productor un dólar más caro porque ya, en este escenario, las ganancias de los productores, sobre todo de soja, son récord. Antes de entrar en el detalle de cómo se gesta esa idea del dólar retrasado, los datos de ganancias del agro por los tipos de cambio diferenciales que manejan en el sector privado muestran, por caso, la siguiente foto: en la primera versión del dólar soja, en septiembre del 2022 y con los precios de ese momento, tuvieron 30 por ciento de ganancias no esperadas. En la edición dos, ganaron más de 35 por ciento porque la industria se vio obligada, además, a subir los precios más allá de su capacidad de pago. Y ahora el nivel de ganancias será similar o mayor.
Hay un dato aun más elocuente. Antes de este último dólar agro la tonelada de soja se pactaba en 85 mil pesos, y luego del beneficio pasó a valer 120 mil. Pero ya este precio no es alto, sino altísimo. Consultas de este diario en el sector sobre cuál sería un precio razonable con margen suficiente redundaron en, números más o menos, la siguiente respuesta: hoy, la tonelada de soja en 95 mil o 98 mil pesos es más que razonable y le permite al productor una ganancia en términos netos del 27 por ciento, en relación al costo de producción real del poroto para cosechar. En pocas palabras, es como si el Gobierno le hubiese dado a los sojeros una rebaja en las retenciones del 33 por ciento habitual a un 5 por ciento. Sin contar aquí que si se toman sólo los meses del año que son de campaña agrícola, el sector se vio beneficiando con retenciones cero en casi todo el año desde que se inició el primer dólar soja.
En síntesis, en un escenario de extrema sensibilidad social donde los ingresos caen contra la inflación y la pobreza crece, los más beneficiados por ganancias récord deciden jugar la propia y quemar los puentes de un Gobierno que está urgido de divisas en pleno año electoral. Una disputa de corte netamente político, a sabiendas de los números de ganancias antes reflejados.
La génesis de la presión
Hay entre los productores dos chats muy masivos en los cuales juegan fuerte productores autoconvocados, politicos opositores y empresarios de la zona núcleo. El nombre de los mismos es Gurú Agro y Gurú Ganadero. Hace unos días, uno de los usuarios subió a esas charlas un video del consultor Salvador Distéfano, uno de los que trabaja para el sector. "Bravo, esta es la idea", celebró un dirigente rural en las interlocuciones. No es el único ni tiene gran relevancia el caso particular pero sí la idea, que es generalizada, y fue respaldada por otros economistas y productores que chatean en ese WhatsApp.
En ese video se especifica que el dólar agro que ofreció Massa es "amarretísimo". Y recomiendan que "como están los créditos a tasas tan bajas" es mejor "sacar un crédito y esperar el dólar soja 4". "No vamos a vender nada, que esperen", agregó otro comentarista. Es algo parecido a lo que le dijeron, en reserva, los dirigentes de la Sociedad Rural Nicolás Pino y su vice y presidente del Cicyp, Marcos Pereda Born, a Javier Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las reuniones que mantuvieron esta semana en la sede palermitana de la entidad. Les pidieron retenciones cero, una ecuación a la que sólo le puso freno el radical Gerardo Morales, conciente de que desfinanciaría el Estado. El resto apoyó el pedido, forzados por un lobby feroz y cara a cara. Massa, al tanto de la jugada conjunta, decidió hace una semana aislar a la Mesa de Enlace, que entiende está jugando a la política partidaria, pero seguirá recibiendo, de todos modos, metralla del lado privado para que el dólar sea más caro.
En los chats antes mencionados, otro consultor subió un gráfico de barras que muestra por qué, según su prisma, no hay que vender granos a 300 pesos (el resto de la economía comercia a un dólar de 215). Tiene calculados cuánto deberían haber costado los dólares soja actualizados por inflación. Para la primera edición, un dólar soja a 200, querían un dólar de 226 a 237 pesos. En la edición 2, con el dólar soja a 230, pedían un dólar de 249 en el inicio y de 293 hacia fines del año 2022. Mientras que en ese mismo gráfico de barras muestran que, actualizado por inflación, tendrían que pelear porque el dólar de 300 pesos actual sea de casi 350 pesos.
No es la primera vez que en esos grupos hay recomendaciones de no vender para no hacerle el juego al Gobierno. Pero en este contexto de inflación y pobreza, donde los más necesitados le reclaman al Estado la posibilidad de llegar a la canasta básica, es a todas luces un lobby que no adquiere ninguna lógica.
Economías regionales
Los aliados juegan a favor de Massa
Este lunes la secretaría de Agricultura publicará en el Boletín Oficial la Resolución que pondrá en marcha el plazo de 90 días de beneficio de tipo de cambio diferencial para las Economías Regionales. Según información a la que accedió Página I12, ni bien se ponga en marcha el beneficio de 300 pesos por dólar, entrarán a usufructuar el mismo 21 sectores de todo el país.
La referencia es para los rubros de pesca, limón, legumbres, miel, ajo, tabaco, te, ciruela, arándanos, cereza, frutas secas, olivicultura, maní, vinos, forestales, girasol confitado, lana, jojoba, productos orgánicos, concentrados protéicos y maíz pisingallo.
Cabe destacar que, al igual que la agroindustria, que estima empezará con liquidaciones de procesados de granos ya existentes esta semana, los actores que están activos aprovechando el beneficio estuvieron en la foto donde Massa presentó el dólar agro.
Para Economía, el éxito de la gestión del dólar agro se verá en volúmen gracias a estos sectores, mientras busca aislar políticamente a los intentos de desestabilización que hacen la Mesa de Enlace y los autoconvocados.
Interna del Frente de Todos
Daniel Scioli ratificó que competirá en las elecciones y asegura que es el candidato del "consenso"
Lanzado a la carrera presidencial, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, aseguró que es quien representa "el consenso, el sentido común" y "la unión de los argentinos". Además, afirmó tener "la capacidad de hablar con todos los sectores políticos, sociales, empresarios y con el mundo". Respecto a las diferencias internas del Frente de Todos, el exgobernador bonaerense sostuvo que las PASO van a "revitalizar" a la coalición y sobre una eventual candidatura del presidente Alberto Fernández, pidió "respetar sus tiempos" para tomar esa decisión.
Como en 2015, Scioli pretende volver a pelear por la presidencia. Con el traje de candidato ya puesto, remarcó que viene a "construir sobre lo construido". Asimismo, cuestionó las posiciones más extremas de la oposición que se expresaron esta semana en La Rural en la frase "hay que semi dinamitar todo" del expresidente Macri. Para el embajador es preciso "generar las condiciones" para cancelar la deuda con el FMI, como se hizo durante la gestión de Néstor Kirchner. Además, explicó que hay sectores estratégicos a desarrollar con la incorporación de nuevas tecnologías para el riego, la minería y el cobre.
Fuente:Pagina12
"La sequía es un game changer", repite Sergio Massa. El minisitro está renegociando todo el acuerdo con el FIM directamente con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. La jefa del fondo aterrizó en Washington para conducir personalmente las negociaciones. En el juego político del organismo ella hace de "policía buena", mientras su segunda Gita Gopinath, encarna la línea más inflexible del staff.
Por eso, la aparición de la búlgara en este tramo de las negociaciones es un indicio fuerte que el acuerdo se va a modificar, como viene planteando Massa. En su viaje anterior al ministro no le fue bien porque Kristalina decidió irse a Africa y dejar las negociaciones en manos de Gita que refleja las posiciones de la burocracia del Fondo, sin contemplar los marcos políticos. Ahora la jefe del Fondo apareció.
El ministro explicó a Kristalina que la sequía obliga a volver a discutir metas y desembolsos. En su equipo estiman que ahora vendrán dos semanas de negociaciones. La magnitud del impacto de la sequía está en el centro de la discusión. Economía estima una pérdida de 18.000 millones de dólares y el FMI un tercio de ese monto, como dijo públicamente la propia Georgieva
El FMI ya había aceptado aflojar la meta de reservas para este año, pero ahora es todo el acuerdo el que está en discusión que incluye metas de déficit y de emisión. Y el paquete de medidas para alcanzar esos objetivos, como la quita de subsidios de energía y la reducción de la moratoria jubilatoria.
Todavía no están claros los ejes de la renegociación, pero fuentes al tanto de las conversaciones hablan de remplazar los números fijos de las metas por ecuaciones. Allegados a Massa no confirmaron esa posibilidad.
Lo que sí está confirmado es que Massa está planteando la necesidad de construir un "puente" para llegar d manera ordenada a las elecciones presidenciables de Octubre. Esto serían fondos frescos que podrían provenir de los organismos multilaterales, como el propio FMI, el Banco Mundial y el BID.
La negociación tiene un importante componente geopolítico que favoreció la flexibilidad del FMI. El Departamento de Estado entiende que la estabilidad de Argentina es clave para la estabilidad de la región y está interesado en evitar un colapso antes que asuma el próximo Gobierno.
"El FMI y Estados Unidos atrás del FMI es lo que sostiene este Gobierno", afirmó a LPO uno de los funcionarios con mayor acceso a Alberto Fernández. De hecho, el principal pedido del Presidente a Biden durante la cumbre que mantuvieron en la Casa Blanca fue ese: ayuda para terminar de manera ordenada su mandato.
Estados Unidos a cambio pide tomar distancia de China y la administración de Alberto Fernández a través del canciller Santiago Cafiero viene haciendo gestos en esa dirección, como invitar al país al funcionario de Biden encargado del área nuclear, para que visite las instalaciones de la CNEA. No es una visita menor, la mayor preocupación de Estados Unidos es la colaboración nuclear de Argentina con China, que tiene asignada la construcción de la cuarta central de Atucha, una posibilidad que Estados Unidos quiere cancelar.
Fuente:LaPoliticaonline
ELECCIONES 2023
25 de mayo: se espera que Cristina sea la única oradora y defina su futuro electoral
El acto será en la 9 de julio y la expectativa es que sea masivo. La apuesta de los dirigentes que forman parte del Grupo de Ensenada. El apoyo a la reelección de Kicillof en Provincia.
16/04/2023
La maquinaria kirchnerista ya se puso en marcha para armar el acto del 25 de mayo en la 9 de Julio en el que se espera que Cristina Fernández sea la única oradora y en el que podría comunicar la definición de la estrategia electoral. Este lunes por la tarde se volverá a reunir la llamada «mesa kirchnerista» en Ensenada para empezar la organización y garantizar masividad como marco.
Si bien todo el pancristinismo tiene las esperanzas puestas en que su jefa política sea la candidata, luego de la hendija abierta que dejó esta semana, cerca de la vicepresidenta aseguran que se mantiene firme en su decisión de no exponerse a las jugarretas del Poder Judicial.
La declaración que hizo este miércoles ante un grupo de sindicalistas («los que piensan que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, que se olviden») dejó la puerta abierta a la ilusión de las organizaciones y militantes que pretenden que se postule para la a presidencia. Esto, más allá de la sentencia en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fueron diez los sindicalistas de la CTA y la CGT que armaron la mentada comisión para realizar el pedido formal ante la vicepresidenta en el Senado. Son los mismos que se vienen reuniendo en la mesa kirchnerista de Ensenada junto a dirigentes territoriales.
Allí escucharon algo que no les gustó. El nombre de Sergio Massa se puso sobre la mesa como posible candidato del espacio. Este grupo de sindicalistas –Sergio Palazzo, Roberto Baradel, Sonia Alesso, Vanesa Siley, Omar Plaini y Hugo Yasky, entre otros– es el que insiste con la implementación urgente de la suma fija, herramienta que el Ministerio de Economía descarta por considerarla «inflacionaria».
Entonces la vicepresidenta los tranquilizó y lanzó su resonada frase de que no se retirará a ejercer un abuelazgo excluyente de su tarea política. Si bien esas palabras dieron un aire de esperanza a dirigentes que se ilusionan con salir a la calle a militar por una candidata que sienten propia, la vicepresidenta está lejos de encarar una candidatura en un año en el que, según evalúan, Estados Unidos tiene una injerencia mayúscula en la definición del futuro electoral argentino.
Sin embargo, la eventual candidatura de Massa, resistida por algunos sindicalistas de militancia antineoliberal, tiene otro escollo que no lo impone la dirigencia sino la realidad. El lapidario índice del 7,7% de inflación otra vez marcó un ascenso acentuado de los alimentos y bebidas. Tiempo pudo confirmar que desde Economía se preparan dos anuncios: el «rebalanceo del programa con el FMI» y un «super» plan contra la inflación. Massa se encontró este sábado con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en Washington para las «reuniones de primavera», que sostiene año a año el organismo. Y logró el aval para ambos anuncios que tendrán lugar esta semana.
El desconcierto y la pelea por la recomposición de los ingresos de los y las trabajadoras se da al interior del gobierno y se traslada a la pelea electoral. Por eso desde la mesa kirchnerista están preocupados por la falta de un candidato o candidata que represente las demandas de los sectores populares.
Ese es el marco que alimenta el fantasma de que el peronismo pueda quedar afuera de un eventual balotaje, en un posible escenario electoral de tercios.
Una fuente que integra la mesa de Ensenada confió a Tiempo que Cristina evaluó las consecuencias de la decisión de Mauricio Macri, quien se bajó de toda candidatura y perdió el poder de armado electoral del partido que una vez fundó. De hecho Horacio Rodríguez Larreta enfrentó su estrategia electoral. «El que no juega, pierde poder para meter nombres en las listas«, sintetizaron.
Por eso este sábado Yasky, uno de los voceros del grupo de Ensenada, sostuvo que «si la inflación sigue golpeando los bolsillos y vaciando las heladeras hay que tener una política concreta» para dar vuelta la situación. El sindicalista afirmó: «Como central obrera lo vamos a plantear y si hay que pasar de las palabras a los hechos, para dar respuesta a la recomposición del ingreso, lo haremos».
Por lo pronto, en ese escenario adverso en la arena nacional, las fuentes confirmaron el visto bueno de la vicepresidenta a la candidatura de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, que tendría chances de resguardar el territorio incluso bajo un escenario de derrota nacional. El vínculo de Kicillof con los intendentes comenzó a aceitarse cada vez más como modo de preparación de un periodo de gobierno bajo asedio desde un eventual gobierno opositor nacional.
Si bien hasta el momento todo son especulaciones –de hecho, el factor sorpresa es marca registrada del kirchnerismo– hay dos datos nuevos que empiezan a despejar la niebla: habrá acto el 25 de mayo y Cristina hablará. Algunos esperan que ese día defina la estrategia electoral. Otros que sea antes. Este lunes, a eso de las siete de la tarde, cuando caiga el atardecer en Ensenada, se empezará a definir.
CRÓNICA DESDE HUAMANGA
Mamás de Ayacucho: 40 años de lucha por memoria, verdad y justicia
Perú tiene sus Madres y su Museo de la Memoria. Los tiene en uno de los departamentos más castigados del país. Ellas piden justicia por sus familiares, víctimas del terrorismo de Estado y de las guerrillas. Preparan un gran encuentro para septiembre y aspiran a sumar a las Madres de Plaza de Mayo.
16/04/2023
«Vivos los llevaron. Vivos los queremos». La frase está tatuada sobre la fachada del Museo de la Memoria. Se puede apreciar en el mediodía lluvioso de marzo, en el corazón de Ayacucho, ciudad del centro-sur peruano, colgada de los Andes, a 2761 metros sobre el nivel del mar.
El mural muestra a un grupo de mujeres de pollera marchando con sus carteles memoriosos. Piden justicia por sus familiares, víctimas del terrorismo de Estado y de las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru durante los años ochenta y noventa. En el mural también puede leerse otra máxima: «Para que no se repita».
Según el Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2003, las dos décadas de violencia dejaron un saldo 69.280 muertos y desaparecidos en el país andino-amazónico. Ayacucho fue el departamento más castigado, con 20 mil víctimas. En Huamanga –como también se conoce a la provincia– el profesor de Filosofía, Abimael Guzmán fundó Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas enviadas por los presidentes Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), Alan García (1985-1990) y el dictador Alberto Fujimori (1990-2000) ejercieron el terror contrainsurgente. Dos tercios de las víctimas eran de origen indígena, campesino y quechua hablantes. En quechua, Ayacucho significa el rincón de los muertos. También, el lugar donde moran las almas.
Coraje y polleras campana
«Llevamos décadas buscando verdad, justicia, reparación digna, memoria para nuestros familiares. Esa es nuestra lucha», dice con voz firme pero serena Lidia Flores en el salón principal del museo, sede histórica de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). La estoica señora de acampanada pollera, manto de alpaca y tradicional sombrero huamanguino es la presidenta de la Anfasep. La acompañan la vicepresidenta Adelina García Mendoza y la primera vocal, Eudosia Conde Huamani. Son las Mamás de Ayacucho, corajudas mujeres que ponen el cuerpo en la organización de Derechos Humanos parida durante los años del sangriento conflicto interno.
Las Mamás cuentan que andan atareadas: preparan actividades para el próximo septiembre, cuando conmemoren sus cuatro décadas de lucha. Sueñan con sumar a las Madres de Plaza de Mayo al encuentro. Adelina suspira, mira un instante fotos de viejas marchas que cuelgan en el museo, viaja al pasado: «Nuestra historia empieza con la violencia de los dos lados, militares y Sendero. Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. Mamá Angélica fue la fundadora, le llevaron a su hijo de 19 años en julio de 1983 y empezó a caminar en búsqueda de justicia. Sendero asesinó a las autoridades de mi pueblo. Luego llegaron los militares, creíamos que íbamos a estar mejor, pero no fue así. Comenzaron a matar y a desaparecer. A mi esposo Zósimo Tenorio Prado lo sacaron de nuestra casa el 1 de diciembre de 1983. Así me sumé a Mamá Angélica y comencé esta lucha».
Los militares también secuestraron al marido de la señora Flores: «Entonces nos desplazamos de las comunidades para pedir justicia. Las autoridades nos llamaban ‘terrucos’, terroristas. No nos daban importancia cuando íbamos a Lima, pero nosotras marchábamos. Ni local teníamos».
Eran decenas de mujeres peregrinando por las fiscalías. Preguntaban por el paradero de sus hijos, nietos y esposos secuestrados por los Sinchis, los escuadrones de la muerte. El Estado las apaleaba, la jerarquía de la Iglesia las ignoraba, la sociedad peruana miraba para otro lado. Hablaban de «guerra entre indios».
¿Hasta cuándo tu silencio?
«Hasta cuándo, hijo perdido, hasta cuándo tu silencio…», ese era el canto que entonaban las Mamás cuando peregrinaban por las empinadas calles de Ayacucho. En la génesis, Leonor Zamora, alcaldesa de Huamanga, les brindó un espacio en el municipio para que realizaran sus primeras reuniones. Zamora fue asesinada por el Servicio de Inteligencia fujimorista en 1991. Los abogados Zósimo Roca y Emilio Laynes impulsaron a las mujeres para que conformaran la asociación a mediados de los ’80. Fueron perseguidos de por vida. El sindicato de maestros huamanguinos les cedió un local en 1984. El líder del gremio docente Alcides Palomino fue asesinado por militares en 1989. En la Casa del Maestro funcionó el primer comedor para miles de hijos de desaparecidos y asesinados desplazados por la violencia.
Eudosia hace memoria: «Puras mujeres salíamos, a los hombres se llevaban, a los jóvenes. Nosotras entonces nos organizamos». Para mediados de los ’80, las fosas comunes, los campos de concentración y las violaciones de los Derechos Humanos comenzaron a cobrar estado público.
En 1985, las Mamás recibieron la visita de Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz las acompañó en su primera marcha masiva y entregó un informe crítico al presidente García. El papa Juan Pablo II también estuvo en Ayacucho ese año. Las Mamás lo esperaron en el aeropuerto con una cruz de madera que llevaba escrita dos palabras: «No matar». No fueron recibidas por el Papa polaco.
En los tiempos del fujimorismo, Anfasep compró con donaciones un espacio propio, mudó el comedor –bautizado Adolfo Pérez Esquivel– y recibió mil y un golpes. Fujimori acusó a Mamá Angélica de ser «embajadora del terrorismo», luego de un viaje a Francia para un encuentro organizado por la ONU. Tuvo que pasar dos años en la clandestinidad, hasta que el Poder Judicial se dignó a desestimar la acusación del tirano neoliberal.
En los años que siguieron a la caída del dictador, surgió la Juventud de Anfasep y la organización colaboró activamente con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En 2005 inauguraron el Museo de la Memoria y su trabajo llega hasta el presente.
Lidia habla pausado, piensa cada palabra para relatar su caminata hasta este mediodía, reflexiona: «Hace 40 años llevamos esta carga. Mamá Angélica y muchas compañeras murieron sin saber del destino final de sus hijos y maridos. Seguimos caminando. Por eso el museo, los sitios de la memoria, nuestro trabajo. Para que la historia no se repita y el Estado cumpla con su obligación de justicia y asistencia a los familiares».
Para las Mamás, la historia se repite como tragedia en el presente del Perú. En diciembre, la represión en Humanga se cobró diez vidas, 72 heridos y decenas de encarcelados. La cúpula del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), organización campesina y vecinal, fue acusada de terrorismo: siete miembros fueron trasladados entre gallos y madrugadas a Lima, donde siguen presos. Doña Flores es clara: «Nos hace acordar al pasado. El gobierno mata, viola los Derechos Humanos, acusa de terrucos a los que protestan. Son asesinos, ¿cómo puede ser que maten a nuestros paisanos?».
Nunca más
Roberto Sulka Rafael es un joven antropólogo, miembro activo de la Juventud de Anfasep. Los militares secuestraron a su papá, Alipio Sulka Condori, el 28 de febrero de 1985, en la localidad de Allpachaca. Roberto todavía estaba en la barriga de su mamá Narcisa: «Era campesino y dirigente comunal. Lo llevaron a la base de Sachabamba, que era un campo de concentración. Nunca más supimos de él».
Roberto oficia de guía por el museo que narra la historia de la «violencia socio-política» en el Perú. La historia de un país, de miles de familias. Un bellísimo retablo ayacuchano pone en escena el devenir del conflicto y la lucha de las Mamás. Una celda y una fosa común recuerdan los horrores que sufrieron las víctimas. En un recodo, hay zapatos, chompas, pantalones y decenas de prendas de los desaparecidos. Muy cerca, la cruz que nunca recibió Juan Pablo II y pilas de platos de plástico, cucharas y ollas que alimentaron a los niños en el comedor Pérez Esquivel. Roberto creció en ese comedor: «Era todo un peso ser hijo de desaparecido. No podíamos contar nuestra historia en la escuela, porque nos discriminaban, nos señalaban, nos decían terrucos. Hasta el día de hoy, los fujimoristas nos siguen diciendo terroristas».
Las fotos de las madres cuelgan en el salón postrero del museo. Roberta las admira un buen rato: «Actualmente son 120. Muchas murieron sin saber el destino de sus familiares. Hay una gran deuda en este país. La Comisión de la Verdad entregó un informe de ocho tomos con las víctimas, pero dejó un noveno dando indicaciones al Estado peruano, para que cumpla con los familiares. Educación, salud, vivienda… No cumplió ningún gobierno. Por eso las Mamás siguen pidiendo justicia».
Fuente:TiempoArgentino
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