Uruguay: homenaje a desaparecidos previo a Marcha del Silencio
Se realiza cada 20 de mayo en recuerdo del asesinato en esa fecha de 1976 de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser ultimados.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, realizó hoy un homenaje a los desaparecidos uruguayos en el Memorial del Cerro, en la previa de una nueva Marcha del Silencio, que se llevará a cabo por la noche y que desde el 20 de mayo de 1996 recuerda las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura.
“Como cada 20 de mayo desde que asumimos en la Intendencia de Montevideo realizamos un homenaje en el memorial del Cerro junto a Crisol (Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay) y Famidesa (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos) a nuestros detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado”, escribió Cosse en su cuenta de Twitter.
La funcionaria de Montevideo participó en un breve acto junto a representantes de los organismos de derechos humanos en el que se arrojaron margaritas (el símbolo que identifica a los desaparecidos en Uruguay), se hizo un minuto de silencio y se cantó el himno.
La Marcha del Silencio, que hoy tiene su 28 edición, se hace cada 20 de mayo en recuerdo del asesinato en esa fecha de 1976 de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser ultimados.
Al convocar la víspera la movilización, que se realizará por la céntrica avenida 18 de julio en Montevideo, la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una vez más “por la verdad que las Fuerzas Armadas mantienen secuestrada”.
"La búsqueda de nuestros familiares no puede continuar siendo una búsqueda a ciegas: es necesario que quien tiene información, la otorgue, es urgente quebrar el silencio y romper con la cultura de la impunidad", señaló la agrupación a través de un comunicado, leído en conferencia de prensa por Alba González Souza, madre de Rafael Lezama González, secuestrado en Buenos Aires en octubre de 1976.
"Los avances son lentos e insuficientes, el tiempo corre y seguimos sin saber qué hicieron con nuestros familiares; seguimos con una justicia incompleta, que desoye el reclamo por verdad", añadió el texto.
“Seguimos en la lucha porque no conseguimos nada, pero es evidente que el Estado debe decir qué pasó con nuestros familiares. Siempre estamos pidiendo información y no nos contestan, es como si fuera natural los desaparecidos y no es natural, es algo terrorífico lo que ha sucedido”, señaló González Souza a Télam tras la conferencia de prensa.
Tras el fin de la dictadura en 1986, en Uruguay se aprobó la denominada Ley de Caducidad, refrendada por la ciudadanía en las urnas en el Referéndum de 1989 y en el Plebiscito de 2009, lo que permitió que durante años hubiera una amnistía a los militares y policías, que habían violado los derechos humanos en la dictadura (1973-1985) y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados.
Con el arribo del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época.
A partir de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la aprobación de la Ley 18.831 (Restablecimiento de la Pretensión para los Delitos cometidos en la aplicación del Terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985), ambas de 2011, se permitió ampliar los procesos, que en algunos casos terminaron con condenas de cárcel de hasta 30 años.
Marcha del Silencio por las víctimas de la dictadura
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos exigieron información y que el Estado que "asuma su responsabilidad" por los crímenes cometidos entre 1973 y 1985.
Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de estudiantes y sindicatos se encontrarán, una vez más, en la 28° edición de la Marcha del Silencio que se realiza cada año en Uruguay. Bajo la consigna "¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado", la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, exige "Memoria, verdad y justicia" por las víctimas de la dictadura perpetrada entre 1973 y 1985. Durante toda la jornada habrá actividades en más de 70 puntos del país y, por la tarde, se realizará la movilización con su punto céntrico en Montevideo.
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La primera movilización, en 1996, se llevó a cabo “en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos”. En esa fecha, se conmemoró el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw; y del secuestro y desaparición del Dr. Manuel Liberoff, todos ellos perpetrados en Argentina, en 1976, en el marco de lo que se conoció como Plan Cóndor.
En esta ocasión, la convocatoria se realiza con un Gobierno en alianza con el partido militar (Cabildo Abierto). "Marcharemos una vez más, sosteniendo las fotos de nuestros familiares detenidos desaparecidos, como cada año desde 1996; una vez más, 18 de julio se llenará de personas reclamando por verdad, memoria y justicia", expresaron en el comunicado desde Madres y Familiares.
Allí, hicieron un racconto de lo que fueron los años por pedido de justicia, así en el hecho de que la gran mayoría del pueblo uruguayo abrazó la causa. "En esta oportunidad, volvemos a reclamar por la verdad que las Fuerzas Armadas mantienen al día de hoy secuestrada: en repetidas ocasiones hemos reclamado por una respuesta del sistema político todo", denunciaron, al tiempo que exigieron "con más fuerza que nunca, que se entregue la información". En esa línea, llamaron a "romper el silencio y con la cultura de la impunidad" para que la búsqueda de las y los familiares deje de ser "a ciegas".
"Los avances son lentos e insuficientes, el tiempo corre y seguimos sin saber qué hicieron con nuestros familiares; seguimos con una justicia incompleta, que desoye el reclamo por verdad", manifestaron. En el comunicado que fue leído en la jornada del viernes, Alba González, madre del desaparecido Rafael Lezama, hizo su pedido al Estado: "Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad", pidió e hizo referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el caso de “las Muchachas de Abril, de Oscar Tassino y Luis Eduardo González”. La primera causa, se refiere a Laura Raggio, Silvia Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22, que fueron acribilladas por las Fuerzas Conjuntas del gobierno de facto en 1974 y pasaron a ser conocidas como las "pibas o muchachas de abril"; los últimos dos, se encuentran aún desaparecidos. Respecto a ellos, en noviembre de 2021, la CIDH dictaminó una sentencia que obliga a Uruguay a hacer un acto público de reparación.
"Esta sentencia debe ser cumplida en todos sus puntos; sería un gran avance y demostración de que nuestro país está dispuesto a trabajar para que verdaderamente nunca más haya terrorismo de Estado, un avance que asegure que no queremos que se repita esta oscura página de nuestra historia", dijo González ante la prensa.
"Las alarmas se despiertan ante discursos repetidos que intentan tergiversar la historia, bajo falsos relatos que impulsan la teoría de los dos demonios, u oscuras acciones que intentan beneficiar a criminales de lesa humanidad con la excarcelación", advirtieron desde la organización de derechos humanos. Según denunciaron, en la actualidad, "se dibujan proyectos que homologan los delitos cometidos por particulares con aquellos cometidos por el propio Estado" o que imponen "inauditas" restricciones a la reparación integral de quienes fueron víctimas de la violencia estatal.
Este año, en tanto, el próximo 27 de junio se cumplirán 50 años de la Heroica Huelga General, donde el movimiento obrero y estudiantil resistió 15 días al Golpe de Estado, que se impuso aquel día de 1973. Sin embargo, remarcaron, "el Terrorismo de Estado inició antes": la prohibición de reuniones, la persecución a las personas luchadoras sociales, las torturas, la privación de la libertad, los asesinatos y la desaparición forzada.
"Nos sentimos más cobijados que nunca: porque no estamos solos ni solas, porque nos cobija todo un pueblo que ha tomado en sus manos la tarea de sostener la memoria", celebraron.
Fuente:ElDestape
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