EXCARCELACION A SOLA FIRMA.

En Mendoza salen de la cárcel sólo con la promesa de no escapar. Y en Formosa, el garante es la institución para la que torturaron.
Por Martina Noailles y Gabriela Vulcano
Dureza. Los militantes de derechos humanos reclaman que la Justicia sea más dura a la hora de dar beneficios a represores.

Mucho antes de que la Sala II de la Cámara de Casación Penal otorgara la excarcelación a represores de la ESMA, en otras provincias la Justicia no sólo liberó a militares acusados por delitos de lesa humanidad, sino que además les brindó una mayor flexibilidad para abandonar la cárcel. En Formosa quedaron en libertad gracias a que el Ejército –la misma institución desde donde secuestraron y torturaron– salió de garante de que no se escaparían. En los tribunales de Mendoza, la sola firma del imputado bastó para permitirles esperar el juicio en sus casas. La Sala III de la Cámara de Casación Penal dejó en libertad, entre otros represores, al general Jorge Rearte y al sargento Juan Carlos Camicha bajo "caución institucional", una figura que no existe en el Código Procesal. Los militares retirados no debieron poner sus bienes ni los de terceros para lograr la excarcelación, ya que, por decisión de los jueces, es el Estado, a través del Ejército, quien custodia que no se escapen.Veinte años antes de ser nombrado jefe de la Casa Militar en el gobierno de Carlos Menem, el general de brigada retirado Jorge Rearte fue jefe de Operaciones del Regimiento de Infantería de Monte 29, el principal centro clandestino de Formosa. Aunque está procesado por al menos treinta casos de secuestros y torturas, el represor está en su departamento de Palermo desde mayo de 2007, cuando los camaristas Ángela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi le revocaron la prisión preventiva. La misma Sala III le otorgó ese beneficio a Camicha, uno de los encargados de torturar a detenidos paraguayos en el marco del Plan Cóndor. "Hay tres puntos que hacen aún más grave la medida: fue otorgada en plena tarea investigativa, Formosa es una zona fronteriza y, al ser una ciudad pequeña, algunos represores ejercen presión sobre los testigos", repudió Pedro Velázquez Ibarra, ex detenido-desaparecido y abogado querellante en la causa.La firma para que quedaran libres Rearte y Camicha la puso Edgardo Benjamín Carloni, jefe de Asuntos Humanitarios del Ejército. Este coronel es el mismo que designaba camaradas para hacer de chofer o acompañar a los represores a nadar al Círculo Militar, atribuciones que según la Ley de Defensa Nacional no pueden cumplir las Fuerzas Armadas. Por ese motivo, en agosto pasado, la ministra de Defensa, Nilda Garré, prohibió a los jefes militares que continuaran con esas prácticas. En Mendoza las facilidades son aún mayores. En septiembre pasado, la Cámara Federal de una de las provincias más duras en el régimen de excarcelaciones por delitos comunes otorgó la libertad a los quince represores procesados sin más requisitos que una "caución juratoria", es decir, la promesa de los propios imputados de que se presentarán cuando la Justicia lo requiera. Entre los beneficiados se encuentra el coronel retirado Oscar Dopazo, ex jefe de la División Inteligencia (G2) de la VIII Brigada de Infantería de Mendoza. Los camaristas argumentaron que no existe peligro de fuga ni riesgo de que cometa otros delitos. Lo mismo entendieron al liberar al comisario mayor Eduardo Smaha Borzuk y al oficial inspector Armando Fernández, torturadores del ex Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial. Ambos están procesados, entre otros casos, por el asesinato del escritor Francisco "Paco" Urondo.

(Fuente:rdendh).