Federico Young tiene contratados a varios militares y gendarmes que estuvieron en la dictadura.Imagen: Cico
Otro ex funcionario de la dictadura se suma a la colección del titular de la Agencia de Control Gubernamental, Federico Young. El hombre de Mauricio Macri, que preside del Partido Demócrata porteño –aliado a PRO–, tiene como secretario de su fuerza a Diego María Ibarbia, quien fue nombrado por la dictadura como intendente de Pehuajó. Hombre del campo, al igual que Young, Ibarbia es miembro de la Fundación Juan de Garay, que preside Jorge Zorreguieta, el ex secretario de Agricultura de Jorge Rafael Videla. Desde que Página/12 reveló que Young compartió dos seminarios con Cecilia Pando para reclamar que se juzgue al “terrorismo subversivo” y que contrató en el gobierno porteño a militares y gendarmes retirados con cargos jerárquicos en la dictadura, el funcionario PRO insiste en que no es “procesista”. Sus compañías no parecen compartir ese criterio.
Como secretario del Partido Demócrata, Ibarbia es uno de los hombres de confianza de Young, junto con su tesorero y protesorero, Carlos Pietrobelli y Federico Guillermo Toranzo, ambos coroneles retirados que figuran como contratados en la Agencia de Control.
En el currículum de Ibarbia que aparece en la página de la Fundación Juan de Garay señala que es “miembro de la Junta de Gobierno del Partido Demócrata de la Capital Federal” y “miembro de la Convención del Partido Demócrata”. La Fundación Juan de Garay es una entidad vasco-argentina, que preside Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima, la esposa del príncipe Guillermo de Holanda. Por su participación en la dictadura desde 1976 a 1981, Zorreguieta no pudo asistir a la boda de su hija, aunque dijo que su corazón sensible condenaba los “excesos” en la “lucha contra la subversión”. Ligado al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y a la Sociedad Rural Argentina, Zorreguieta comparte dos características con Ibarbia: es un civil que fue funcionario de la dictadura y un hombre del campo.
Ibarbia apunta en su currículum que es “vocal en el directorio de Sara Braun S. A., empresa agropecuaria” y “socio de diversas sociedades agropecuarias”. Además, se precia de ser “socio y vocal de la Comisión Directiva del Jockey Club, vocal de la Comisión de Vigilancia del Mercado de Hacienda de Liniers” y, por si quedaban dudas, también “miembro de la Asociación de Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín”.
La vocación ruralista la comparte además con Young, que posee 1250 hectáreas, es vocal de la Asociación Rural de Chivilcoy, delegado de Carbap y presidente de la Estancia El Paye. Página/12 informó que la web del Banco Central lo mostraba como “deudor irrecuperable”, que le rebotaron varios cheques de esa estancia y que sufrió dos embargos por cerca de 200 mil pesos. Young sostiene que esas deudas están siendo pagadas, pero nunca difundió ninguna prueba, más que su palabra.
En el mismo currículum en el que Ibarbia destaca que fue “presidente de la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad”, que es “miembro del Círculo Argentino” y “profesor adjunto de la cátedra de Derecho Rural y Recursos Naturales (UMSA)”, también señala que ocupó un cargo en la Administración de Parques Nacionales y apunta que fue “intendente de Pehuajó”, pero omite mencionar en qué período. No es casual: asumió en junio de 1976, dos meses después del golpe de Estado, como interventor designado por la dictadura y continuó en el cargo hasta 1978. En su pago lo recuerdan como un hombre de confianza de los militares. En diciembre de 1976, luego de una extensa operación de inteligencia sobre el periódico y las fábricas locales, hubo un procedimiento del Ejército en Pehuajó que incluyó diversos allanamientos.
Ese mismo año fueron secuestrados y desaparecidos dos jóvenes de Pehuajó, Roberto Ricardo “El Mono” Suárez, de 24 años, y Silvana Benincasa, de 26. Su historia fue recuperada en un trabajo multimedia hecho por estudiantes de una localidad cercana a Pehuajó –Mones Casón– en 2008, que forma parte del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión provincial de la Memoria.
Como secretario del Partido Demócrata, Ibarbia es uno de los hombres de confianza de Young, junto con su tesorero y protesorero, Carlos Pietrobelli y Federico Guillermo Toranzo, ambos coroneles retirados que figuran como contratados en la Agencia de Control.
En el currículum de Ibarbia que aparece en la página de la Fundación Juan de Garay señala que es “miembro de la Junta de Gobierno del Partido Demócrata de la Capital Federal” y “miembro de la Convención del Partido Demócrata”. La Fundación Juan de Garay es una entidad vasco-argentina, que preside Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima, la esposa del príncipe Guillermo de Holanda. Por su participación en la dictadura desde 1976 a 1981, Zorreguieta no pudo asistir a la boda de su hija, aunque dijo que su corazón sensible condenaba los “excesos” en la “lucha contra la subversión”. Ligado al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y a la Sociedad Rural Argentina, Zorreguieta comparte dos características con Ibarbia: es un civil que fue funcionario de la dictadura y un hombre del campo.
Ibarbia apunta en su currículum que es “vocal en el directorio de Sara Braun S. A., empresa agropecuaria” y “socio de diversas sociedades agropecuarias”. Además, se precia de ser “socio y vocal de la Comisión Directiva del Jockey Club, vocal de la Comisión de Vigilancia del Mercado de Hacienda de Liniers” y, por si quedaban dudas, también “miembro de la Asociación de Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín”.
La vocación ruralista la comparte además con Young, que posee 1250 hectáreas, es vocal de la Asociación Rural de Chivilcoy, delegado de Carbap y presidente de la Estancia El Paye. Página/12 informó que la web del Banco Central lo mostraba como “deudor irrecuperable”, que le rebotaron varios cheques de esa estancia y que sufrió dos embargos por cerca de 200 mil pesos. Young sostiene que esas deudas están siendo pagadas, pero nunca difundió ninguna prueba, más que su palabra.
En el mismo currículum en el que Ibarbia destaca que fue “presidente de la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad”, que es “miembro del Círculo Argentino” y “profesor adjunto de la cátedra de Derecho Rural y Recursos Naturales (UMSA)”, también señala que ocupó un cargo en la Administración de Parques Nacionales y apunta que fue “intendente de Pehuajó”, pero omite mencionar en qué período. No es casual: asumió en junio de 1976, dos meses después del golpe de Estado, como interventor designado por la dictadura y continuó en el cargo hasta 1978. En su pago lo recuerdan como un hombre de confianza de los militares. En diciembre de 1976, luego de una extensa operación de inteligencia sobre el periódico y las fábricas locales, hubo un procedimiento del Ejército en Pehuajó que incluyó diversos allanamientos.
Ese mismo año fueron secuestrados y desaparecidos dos jóvenes de Pehuajó, Roberto Ricardo “El Mono” Suárez, de 24 años, y Silvana Benincasa, de 26. Su historia fue recuperada en un trabajo multimedia hecho por estudiantes de una localidad cercana a Pehuajó –Mones Casón– en 2008, que forma parte del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión provincial de la Memoria.
Un equipo de colección
Con Ibarbia, Young suma un ex funcionario de la dictadura en su partido a la lista de militares y gendarmes que tiene contratados. Como informó este diario, el funcionario sumó a su equipo a dos coroneles retirados y miembros de su partido, uno de ellos ex agente de la SIDE en el menemismo y fundador de la agencia de seguridad Acecho S. A. También incorporó a 14 ex militares y gendarmes, que fueron contratados como inspectores y administrativos. Entre ellos, al menos seis ocuparon cargos de jerarquía en el Ejército en la dictadura.
Son el general de Brigada Enrique Santiago Servatico, que fue jefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI de Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un centro de detención clandestino; el teniente coronel Lucio Strazza es ex delegado de la SIDE en el menemismo y en la dictadura formó parte del Batallón de Arsenales 181; el oficial de inteligencia Luis Rogelio Sánchez fue parte del Batallón 601 del Ejército; el coronel Rubén Arturo Ortega fue el jefe de Operación del Regimiento de Infantería de Monte 22 de San Juan; el capitán Juan Jorge Ferreyra, que entre enero de 1976 hasta septiembre de 1979 revistó en el grupo de Artillería 7 (GA 7); y el teniente coronel Enrique Jordana Testoni, que fue director de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu en Rosario. Jordana Testoni fue detenido como partícipe del centro de detención que funcionó allí, pero el juez lo liberó y le decretó falta de mérito por considerar que ningún detenido lo vio. Los organismos de derechos humanos recordaron que la mayoría estaban encapuchados.
Todos fueron confirmados en el cargo por Young. Los organismos de derechos humanos se preguntaron en un comunicado si no está formando un virtual “grupo de tareas en el gobierno porteño”. Por estas designaciones, Young llegó incluso a recibir críticas en una reunión con dirigentes de su partido, insospechados de ser progresistas. “Los mantengo por el servicio que le hicieron a la patria”, les habría contestado. Hasta ahora, no usó ese argumento en público. Macri hizo frente a estas denuncias, lo mismo que hace la ONU con los bombardeos en la Franja de Gaza: nada.
(Fuente:Pagina12-Werner Pertot).
Un periplo por Tribunales
Al ex presidente Carlos Menem lo esperan unos meses agitados en lo que se refiere a sus distintas causas judiciales. A raíz de sus continuas ausencias excusadas en su estado de salud, allegados al juez Ariel Lijo afirman, por lo bajo, que si Menem vuelve a faltar, el magistrado pediría el desafuero de quien es actualmente senador. Menem deberá acudir el 9 de marzo a prestar indagatoria en la investigación por el atentado a la AMIA, acusado de haber ordenado “obstruir la pista siria”. Por su parte, el juez Sergio Torres volvió a convocarlo para fines de febrero para que escuche la acusación por la firma del decreto mediante el cual se autorizó la venta, en 1991 y a “precio vil”, del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. A principios del próximo mes también se reanudará el juicio oral y público que se le sigue a Menem por la venta ilegal de armas.
(Fuente:Pagina12).
Al ex presidente Carlos Menem lo esperan unos meses agitados en lo que se refiere a sus distintas causas judiciales. A raíz de sus continuas ausencias excusadas en su estado de salud, allegados al juez Ariel Lijo afirman, por lo bajo, que si Menem vuelve a faltar, el magistrado pediría el desafuero de quien es actualmente senador. Menem deberá acudir el 9 de marzo a prestar indagatoria en la investigación por el atentado a la AMIA, acusado de haber ordenado “obstruir la pista siria”. Por su parte, el juez Sergio Torres volvió a convocarlo para fines de febrero para que escuche la acusación por la firma del decreto mediante el cual se autorizó la venta, en 1991 y a “precio vil”, del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. A principios del próximo mes también se reanudará el juicio oral y público que se le sigue a Menem por la venta ilegal de armas.
(Fuente:Pagina12).
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