Cuando se comenzó a informar sobre la venta del lote fiscal 37 de Tolloche, en Anta, ya se avizoraba la situación que podría comenzar a presentarse contra algunos campesinos que se resistían a dejar ese lugar.
Ministro Pablo Kosiner.
Pero no se había tenido en cuenta lo que podía suceder con los habitantes de Lorena, paraje de Santiago del Estero, que se encuentran al límite de las tierras entregadas a privados. El miércoles de la semana pasada, cerca de 60 policías entre los que se encontraban uniformados de infantería de Tolloche, Quebrachal y J.V. González, de la Unidad Regional Nº 5 de Anta, avasallaron domicilios de tres personas sobre quienes la jueza correccional de Metán, Carolina Poma, había dispuesto orden de captura por haber cortados unos alambres. Por fuentes judiciales y la presidenta de la Organización de Pequeños Productores de la zona, Alicia López, se pudo saber que el corte que hicieron los campesinos fue sobre las delimitaciones impuestas por la agropecuaria Alba SA, una de las empresas que junto a Quebracho Colorado, compró el lote fiscal de Tolloche. Se afirmó que la policía de Salta habría abusado de sus facultades pues la jueza de Metán había enviado un exhorto a su par santiagueño para que este indique las órdenes y disponga la detención de los campesinos con policías de la vecina provincia. Luego de eso, recién se debía entregar a los detenidos a una comisión policial de Salta para que sean entregados de Poma. Según se indicó, los 60 policías llegaron e hicieron disparos en la comunidad de Lorena y, sin orden alguna de allanamiento, ingresaron a los domicilios disponiendo la detención de tres personas, y en medio de la trifulca habría terminado golpeado un chico de tres años. Solo uno de los detenidos, Ramón Villalba, estaba anotado en el listado de los 9 campesinos que debían ser detenidos. A las fuentes judiciales les sorprendió que el responsable del operativo y segundo de la UR5, de apellido Anachuri, se le haya pasado por alto las normas procedimentales. La hipótesis que suele resultar más creíble en estos casos, es que la policía actúa a favor de los intereses de ciertas empresas agropecuarias de la zona. Para hoy se espera que los campesinos acusados comparezcan ante la jueza, quien ya levantó la orden de captura sobre ellos. Mientras, se supo que desde el Ministerio de Justicia de Santiago del Estero se hicieron los reclamos pertinentes al ministro Pablo Kosiner por el accionar policial. Incluso, los hechos le podrían valer a los uniformados una causa por incumplimiento de sus funciones. Esta no es la primera vez que sucede lo aquí relatado con campesinos santiagueños. Y es que salvo pequeñas diferencias, el caso de asemeja a lo sucedido con los habitantes de Algarrobal Viejo, de Santiago, contra quienes la policía de Anta utilizó similar metodología en una causa en la que se encontraban acusados por los responsables de la empresa Rumbo Norte. Incluso dentro de los terrenos de este emprendimiento agrícola el gobierno de Juan Carlos Romero había autorizado la creación de un destacamento policial exclusivo.
Ministro Pablo Kosiner.
Pero no se había tenido en cuenta lo que podía suceder con los habitantes de Lorena, paraje de Santiago del Estero, que se encuentran al límite de las tierras entregadas a privados. El miércoles de la semana pasada, cerca de 60 policías entre los que se encontraban uniformados de infantería de Tolloche, Quebrachal y J.V. González, de la Unidad Regional Nº 5 de Anta, avasallaron domicilios de tres personas sobre quienes la jueza correccional de Metán, Carolina Poma, había dispuesto orden de captura por haber cortados unos alambres. Por fuentes judiciales y la presidenta de la Organización de Pequeños Productores de la zona, Alicia López, se pudo saber que el corte que hicieron los campesinos fue sobre las delimitaciones impuestas por la agropecuaria Alba SA, una de las empresas que junto a Quebracho Colorado, compró el lote fiscal de Tolloche. Se afirmó que la policía de Salta habría abusado de sus facultades pues la jueza de Metán había enviado un exhorto a su par santiagueño para que este indique las órdenes y disponga la detención de los campesinos con policías de la vecina provincia. Luego de eso, recién se debía entregar a los detenidos a una comisión policial de Salta para que sean entregados de Poma. Según se indicó, los 60 policías llegaron e hicieron disparos en la comunidad de Lorena y, sin orden alguna de allanamiento, ingresaron a los domicilios disponiendo la detención de tres personas, y en medio de la trifulca habría terminado golpeado un chico de tres años. Solo uno de los detenidos, Ramón Villalba, estaba anotado en el listado de los 9 campesinos que debían ser detenidos. A las fuentes judiciales les sorprendió que el responsable del operativo y segundo de la UR5, de apellido Anachuri, se le haya pasado por alto las normas procedimentales. La hipótesis que suele resultar más creíble en estos casos, es que la policía actúa a favor de los intereses de ciertas empresas agropecuarias de la zona. Para hoy se espera que los campesinos acusados comparezcan ante la jueza, quien ya levantó la orden de captura sobre ellos. Mientras, se supo que desde el Ministerio de Justicia de Santiago del Estero se hicieron los reclamos pertinentes al ministro Pablo Kosiner por el accionar policial. Incluso, los hechos le podrían valer a los uniformados una causa por incumplimiento de sus funciones. Esta no es la primera vez que sucede lo aquí relatado con campesinos santiagueños. Y es que salvo pequeñas diferencias, el caso de asemeja a lo sucedido con los habitantes de Algarrobal Viejo, de Santiago, contra quienes la policía de Anta utilizó similar metodología en una causa en la que se encontraban acusados por los responsables de la empresa Rumbo Norte. Incluso dentro de los terrenos de este emprendimiento agrícola el gobierno de Juan Carlos Romero había autorizado la creación de un destacamento policial exclusivo.
(Fuente:Rdendh).
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