El fiscal Eduardo Taiano pidió que se eleve a juicio oral la causa en la que la ex jueza Emilia Marta García está acusada de integrar la "estructura financiera" de los represores que se apoderaban de los bienes de los prisioneros del centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA.
Fuentes judiciales indicaron el viernes a Télam que Taiano le solicitó al juez federal Sergio Torres que decrete la clausura de la etapa instructoria y remita las actuaciones para que el Tribunal Oral en lo Federal Cinco tramite el respectivo debate oral y público.
El 20 de noviembre de 2007 el juez Torres procesó a la ex magistrada en lo contencioso administrativo, quien renunció cuando avanzaba su pedido de juicio político, al considerarla "prima facie" autora de extorsión y como integrante de una asociación ilícita y le trabó un embargo de 700.000 pesos.
Esta investigación es un desprendimiento de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola y el fiscal Taiano, tras la derogación y declaración de las leyes de obediencia debida y punto final.
En este expediente, la ex jueza aparece imputada de haber colaborado con el dictador Emilio Eduardo Massera, entre otros, formando parte de la "estructura financiera" de los represores que desapoderaban de sus bienes a los prisioneros de la ESMA.
En la causa se investiga el rol que cumplía García en una escribanía -cuyo titular Ariel Sosa Moliné falleció- que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jerarcas navales, entre ellos el hijo de Massera.
Fuentes judiciales indicaron el viernes a Télam que Taiano le solicitó al juez federal Sergio Torres que decrete la clausura de la etapa instructoria y remita las actuaciones para que el Tribunal Oral en lo Federal Cinco tramite el respectivo debate oral y público.
El 20 de noviembre de 2007 el juez Torres procesó a la ex magistrada en lo contencioso administrativo, quien renunció cuando avanzaba su pedido de juicio político, al considerarla "prima facie" autora de extorsión y como integrante de una asociación ilícita y le trabó un embargo de 700.000 pesos.
Esta investigación es un desprendimiento de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola y el fiscal Taiano, tras la derogación y declaración de las leyes de obediencia debida y punto final.
En este expediente, la ex jueza aparece imputada de haber colaborado con el dictador Emilio Eduardo Massera, entre otros, formando parte de la "estructura financiera" de los represores que desapoderaban de sus bienes a los prisioneros de la ESMA.
En la causa se investiga el rol que cumplía García en una escribanía -cuyo titular Ariel Sosa Moliné falleció- que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jerarcas navales, entre ellos el hijo de Massera.
(Fuente:Primerafuente).
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