Crímenes de lesa humanidad
Ayer indagaron a Rossi y Gil Puebla. Hoy es el turno de Moreno Recalde, Leyes y Calderón
San Luis (Pelr) 09-06-10.
Fuentes cercana a la causa, en la que se investiga a acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, durante la dictadura que gobernó el país desde 1976, y que están siendo investigados tras la compulsa efectuada del primer juicio a los genocidas realizado en San Luis, pasado el mediodía de ayer, la fiscal federal Mónica Spagnuolo, tomó declaración indagatoria al ex oficial de la Policía de San Luis, Armando Gil Puebla y al ex capitán Ricardo Alfredo Rossi.
Para la jornada de hoy, posiblemente también después del mediodía, está previsto que el turno de las indagatorias sea para el ex médico policial Vicente Moreno Recalde, además de Marcos Calderón, Rafael Enrique Leyes y Andrés García Calderón.
Salvo el ex oficial de la Policía Federal, Santo Tomás Palma, quien por razones de salud, por ahora no será llamado, están en lista de espera para días sucesivos Omar Lucero, Juan Amador Garro, Jorge Félix Natel, Horacio Daniel Danna, Guillermo Albizu y Enrique Manuel Ortuvia Salinas.
Por su parte, Carlos Alberto Ozarán, Oscar Nicanor Aguirre y Celso Juan Ángel Borzalino, tienen orden de captura nacional e internacional, para que comparezcan ante Spagnuolo para sus respectivas indagatorias.Cabe aclarar que todos están en libertad, por haber sido beneficiados por la eximición de prisión, medida que sería apelada por la fiscal federal de San Luis.
Informe: Carlos Rubén Capella
FuentedeOrigen:http://www.periodistasenlared.info/
Fuente:Rdendh
HISTORIAS CLÍNICAS DESTRUIDAS EN EL MOLAS
Malestar del TOF y de las víctimas
La destrucción de las historias clínicas de algunas víctimas del grupo de tareas que funcionó en la Subzona 14 durante la dictadura provocó un enorme revuelo luego de que fuera revelada por El Diario. Las historias clínicas, que estaban en el subsuelo del edificio viejo, se arruinaron con la inundación del 8 de marzo pasado. El Tribunal Oral Federal había solicitado la documentación el 22 de febrero, pero no le respondieron en forma inmediata.
En el TOF había un enorme malestar por la suerte que corrió la documentación. Raquel Barabaschi, una de las víctimas disparó contra la Secretaría de Derechos Humanos: “Funes no justifica ni el sueldo que cobra”, dijo por la falta de acción de ese organismo para preservar la documentación que está en manos del Estado Provincial.
Esto se produce a dos meses del inicio del juicio que juzgará a dos militares y ocho policías provinciales por las violaciones a los derechos humanos en La Pampa durante la dictadura.
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa pidió al Hospital Dr. Lucio Molas las historias clínicas de las víctimas Ana María Martínez y Héctor Zolecio. La primera fue llevada en el año 1976 al Molas luego de ser traída desde Buenos Aires por un grupo de militares. Era novia del arquitecto e historiador pampeano Hugo Chumbita. Estaba embarazada y varios testimonios de las celadoras que declararon mencionan esa circunstancia, además de precisar que la llevaron a Maternidad.
Héctor Zolecio fue otro de los torturados que tuvieron graves secuelas físicas. Después de una de las sesiones de picana fue llevado al hospital.El TOF pidió las historias clínicas Martínez y Zolecio el 22 de febrero. No hubo respuesta inmediata. El 14 de marzo, desde el hospital requieren más precisión en los datos filiatorios de Martínez con el argumento que es un apellido común.Unas 48 horas después, el TOF precisó que se trataba de Ana María Martínez Roca. Pero a pesar de la precisión no hubo respuesta desde el Molas.Finalmente el TOF intimó el 6 de abril a Molas, y desde allí respondieron que las historias clínicas de Martínez y Zolecio se habían destruido en la inundación del 8 de marzo. Acompañaron ese oficio con una denuncia policial sobre la inundación.“Para qué nos contestaron pidiendo precisiones de qué Martínez se trataba si la documentación estaba destruida”, dijo un funcionario judicial del Tribunal Oral Federal.
Pero el caso desnudó la inacción del Gobierno Provincial en relación a la preservación de pruebas fundamentales para un juicio histórico. Además desde el TOF suman otro desplante del Gobierno de la Pampa: la despreocupación por conseguir un edificio acorde para la sustanciación del juicio que se terminará realizando en un edifico privado, el Colegio de Abogados de La Pampa.
FuentedeOrigen:http://www.eldiariolp.com.ar
Fuente:Rdendh
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