Otro que, impune, muerde el polvo
Murió el represor Gerácimo Dante Quiroga, ex miembro de la Plana Mayor del Comando de Artillería 141
La lentitud en el trámite de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, permitió que muriera impune uno de los miembros de la Plana Mayor del Comando de Artillería 141. Se trata del coronel Gerácimo Dante Quiroga, quien luego del golpe del 24 de marzo de 1976 se desempeño como secretario general de la Gobernación de San Luis, secretaría de la cual, entre otras funciones, dependían la totalidad de los medios de comunicación oficiales, todos ellos sometidos a una férrea censura. Quiroga, junto a los también coroneles Daract, López y Moreno, fueron acusados por el condenado teniente coronel Carlos Plá de la autoría material del homicidio de Graciela Fiochetti, aunque luego el mismo Pla se encargó de desmentir esa coartada, adjudicándole la invención a su ex abogado defensor.
El coronel fallecido el pasado sábado, a pesar de que en otra causa el juez federal Juan Carlos Maqueda el año pasado le dictó la falta de mérito, figura en la lista de 26 compulsas extraída por el tribunal oral federal de San Luis luego del juicio por los homicidios de Fiochetti, Ledesma y Alcaraz, cuya ronda de declaraciones indagatorias comenzó ayer por la tarde.
En su declaración testimonial ante el tribunal oral, Quiroga reconoció que junto a Daract y Moreno se reunieron con Carlos Plá cuando este se encontraba prófugo de la justicia, y que luego se reunieron con el coronel Fernández Gez. Por su parte Fernández Gez -condenado junto a Pla y otros tres imputados por las muertes de los tres jóvenes y por las torturas a Víctor Fernández- acusó durante un careo a Quiroga, Daract y Moreno por los homicidios, y aseguró que cuando los tres coroneles fueron a visitarlo a su departamento la visita no fue de cortesía, sino que, complotados, fueron a presionarlo para que se hiciera cargo de los asesinatos ocurridos en Salinas del Bebedero la madrugada del 23 de septiembre de 1976.
Indagatorias
Ayer a la mañana la fiscal federal de San Luis, Mónica Spagnuolo, tenía previsto indagar a los primeros cuatro represores de una lista de 17, pero un súbito cambio de planes determinó que el trámite fuera realizado en horas de la tarde, debido al temor a los disturbios y los escraches mostrado en otras ocasiones por la funcionaria. El cambio en la hora de los comparendos resultó innecesario debido a que todos los represores citados han vivido los últimos treinta años en la ciudad de San Luis sin aparentes contratiempos. Moreno Recalde, salvo algún repudio aislado, ha ejercido la profesión de médico sin obstáculos y en los ratos libres ha paseado tranquilamente en su bicicleta de carreras por todos los recovecos de la serranía puntana. Omar Lucero luego de retirarse como comisario de la Policía se dedicó a conducir sin molestias un taxi y tiene su parada en la céntrica esquina de Junín y Rivadavia, frente al Banco Hipotecario. Andrés García Calderón disfruta todas las mañanas del apacible paisaje de los cafés de la Peatonal en compañía de su esposa, con quien comparte interminables horas de lectura en medio del ir y venir de los presurosos transeúntes. El temor de Spagnuolo ha quedado plasmado en, además de las permanentes gambetas a los periodistas y militantes, una malla metálica que ahora cubre la totalidad del blindex de la planta baja del edificio de la calle Colón.
Para hoy está previsto que declaren el ex comisario Mario Luis "Cuotita" Calderón, el ex médico militar Andrés García Calderón y el ex comisario Rafael Leyes. "Cuotita" Calderón fue señalado por el testigo Jorge Velázquez, entre otras imputaciones, de haber sido uno de los partícipes del secuestro de Santana Alcaraz de una de las aulas de la UNSL. "Este es otro que se va a morir dijo Calderón agitando la libreta universitaria de Alcaraz" declaró Velázquez ante el juez González Macías en 1986.
Andrés García Calderón (que no es pariente de "Cuotita", pero sí es cuñado del coronel Juan Carlos Moreno, ex jefe del GADA 141) durante la dictadura fue funcionario de la UNSL y director del Policlínico Regional San Luis, en cuya morgue fueron efectuadas las autopsias a los cadáveres de Graciela Fiochetti y Santana Alcaraz. García Calderón solicitó por nota a Fernández Gez que ordenara la inmediata sepultura de los cadáveres debido a una presunta falla en la refrigeración. Los dos cadáveres fueron sepultados como NN, a pesar de que los represores ya conocían la identidad de uno de los cuerpos.
Rafael Leyes durante la dictadura estuvo a cargo del área Patrimonio de la Policía. Cuñado del "Japonés" Becerra, Leyes fue dado de baja en la primera purga policial ordenada por Adolfo Rodríguez Saá con la vuelta de la democracia, pero luego reincorporado a principios de los 90.
Especial para Periodistas en la red Gustavo Heredia
Fuente:Rdendh
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