MENDOZA: LA DEFENSA DE MIRET.

Contradicciones, excusas y perlitas: así se defendió el juez mendocino acusado de ser cómplice de la dictadura
El camarista federal Luis Francisco Miret presentó un escrito de 32 carillas en el Consejo de la Magistratura para defenderse de las acusaciones en su contra. Entrá a la nota y mirá cuáles fueron los argumentos dados por el magistrado que está en la mira de los organismos de Derechos Humanos.
Luis Francisco Miret salió a defenderse. El juez federal mendocino acusado de ser cómplice y partícipe de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, envió un escrito al Consejo de la Magistratura para contrarrestar los cargos que le endilgan. Y lo hizo con una pieza de 32 carillas, de las que se desprenden varias perlitas que forman parte de sus argumentos y que dejan al camarista mal parado a la luz de los acontecimientos.

Perlita 1. Uno de los hechos que comprometen a Miret fue no haber atendido las denuncias hechas por Eduardo Glogowsky, Ismael Calvo y Blas Armando Yanzón, detenidos por la Policía de Mendoza y sometidos a sesiones de torturas e interrogatorios.

El juez nunca investigó esta situación, e hizo de cuenta que nada había sucedido. Según él, su comportamiento tuvo que ver con un contexto histórico. Así lo explicó al Consejo: “… me llevó a sospechar que no era oportuno hacer oficiosamente una investigación por los delitos supuestamente cometidos, ya que expondría a los detenidos a una policía que mostraba nerviosismo y exaltación”.

En otras palabras, Miret sabía fehacientemente que la policía mendocina era abusiva, pero decidió dejar esos episodios en la impunidad para evitar un mal mayor a las personas que denunciaron los apremios. Y lo aclaró de esta manera: “Demorar la investigación era el mal menor, frente a exponer la integridad”.

Aún así, el camarista, que también enfrenta una denuncia penal por más de cien casos de torturas, desapariciones y asesinatos, se excusó al decir que no había motivos reales para creer en la palabra de los detenidos.

Remarcó que recién en 1985, a partir del juicio a la Juntas, fue verosímil “la narración que hacen las víctimas del terrorismo de Estado. En cambio, en 1975, el sólo dicho de un detenido, de haber sido objeto de un delito, no era ‘per se’ digno de crédito”.

Esa es la primera contradicción del escrito. Primero no actuó para preservar la vida de los denunciantes y luego señaló que tales denuncias carecían, en ese momento, de credibilidad.

Perlita 2.Tiene que ver con la detención y posterior violación de la joven Luz Faingol Casenave. Miret advirtió en su defensa que no se trataba de un adolescente de 16 años, tal como se indicó inicialmente, sino que tenía 17 cuando fue privada de la libertad por efectivos policiales.

“En ningún momento de 1976 la menor hizo referencia a la violación que años más tarde denunciaría”, escribió para señalar que no estaba al tanto del abuso sexual. Y como un atenuante a su favor, completó la idea: “Sólo obran en la causa unos dichos de León Glogowsky, quien dijo al prestar declaración indagatoria que le escuchó gritar a la chica Faingold a los policías que no la ‘ultrajaran’. Me llamó la atención el verbo utilizado por el joven, que lejos está de indicar ‘violación’”.
También decidió su internación en un instituto de menores porque como sus padres estaban separados, nadie la controlaba y actuaba como si fuera una persona mayor y se juntaba con personas sospechadas de formar parte de grupos subversivos.

Perlita 3. Tal vez se trate del caso que más comprometa el futuro del integrante de la Cámara Federal de Mendoza. Luis Miret archivó la causa por el secuestro de Alfredo Manrique y Laura Terrera en julio de 1977. Lo hizo bajo el paraguas legal que daban las leyes de Obediencia debida y Punto Final, aunque estas normas no tenían alcance cuando se trataba del secuestro, retención y ocultamiento de niños.

El día que raptaron al matrimonio Manrique-Terrera, también se llevaron a su hija, Celina Rebeca. Tenía sólo algunos meses de vida, y logró recuperar su identidad y saber que era hija de desparecidos 30 años más tarde.

Para Miret, nunca hubo pruebas que permitieran determinar que el matrimonio y la bebé habían sido víctimas del terrorismo de Estado. Eran desaparecidos y no había ningún testigo que inculpara a las fuerzas armadas. A partir de esta afirmación, resultó llamativo por qué, entonces, decidió cerrar la investigación apelando a las leyes mencionadas. La respuesta fue, por lo menos, llamativa, y desnudó la poca seriedad con la que, supuestamente, trabaja la justicia Federal. Para Miret, todo fue un error; una confusión que surgió al colocar de manera equivocada el ‘caso Manrique-Terrera’ en la misma pila de expedientes a los que sí debían aplicárse las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Perlita 4. Mea culpa y el tiempo borra todo.

“Es chocante que se me juzgue por lo que hice u omití hace 35 años como juez de Instrucción subrogante”, se justificó Miret, al tiempo que desconoció al Consejo de la Magistratura como órgano capacitado para evaluar su comportamiento durante aquellos años.

Sin embargo, afirmó estar a disposición para las acusaciones vinculadas con su accionar durante la democracia. Por eso, se descargó: “Respecto a las últimas imputaciones, considero necesario e indispensable… que ponderen que no prueban ninguna participación o complicidad con delitos de lesa humanidad, sino –en el peor de los casos- errores de interpretación del derecho o en el accionar judicial”.
FuentedeOrigen:http://www.mdzol.com/mdz/nota/226264

Fuente:Agndh

Quinta semana del juicio por la desaparición de personas en San Rafael
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Buscarán archivos de la dictadura en una antigua casa donde actuaba la Policía de San Rafael

Los miembros del Tribunal II de Mendoza buscarán mañana ( por hoy) archivos del antiguo D2 policial que, según un testigo que declaró hace unos días, podrían estar enterrados y tapados con cemento en una antigua casa ubicada en pleno centro de San Rafael. En tanto, siguieron declarando distintos testigos.
El dato fue aportado por el actual director del hospital local Teodoro Schestakow, Armando Dauverné, quien dijo que en una vivienda de la segunda cuadra de calle Comandante Salas podrían estar enterrados documentos de desaparecidos del sur mendocino o algún tipo de documentación.
De comprobarse sus dichos, los archivos podrían brindar importantes datos acerca de los detenidos y desaparecidos, cuatro de los cuales son investigados en este juicio oral iniciado el pasado 1 de julio: Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón, todos integrantes de la Juventud Peronista.
En ese lugar habría funcionado una parte del D2 de San Rafael y, según el testimonio de Dauverné, "era el destino de varios presos políticos que iban a ser torturados".
Además, según declaró el médico la semana pasada, "existiría un pozo donde habrían sido arrojados los expedientes policiales de los desaparecidos, al igual que sus documentos de identidad".
Hoy, durante la undécima jornada del juicio en San Rafael por delitos cometidos durante la última dictadura militar, el testigo voluntario Aldo Sotto, de 63 años, y quien fuera detenido en 1976 y 1977 y fuertemente golpeado en la segunda oportunidad, reconoció a tres de los imputados: el ex teniente Aníbal Guevara Molina; el ex policía Juan Roberto Labarta Sánchez, y el médico Raúl Egea Bernal (apartado de la causa por una severa enfermedad).
Estos tres están imputados por `homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita` junto el ex comisario Martín Mússere, quien era el enlace con los militares; Raúl Ruiz Soppe, ex jefe de la Unidad Regional II de la Policía; y Raúl Egea, quien trabajó como abogado para la Policía.
FuentedeOrigen:http://www.mdzol.com/mdz/nota/226484
Fuente:Agndh