CÓRDOBA: COMPLICIDAD DE LOS JUECES FEDERALES.

"justicia federal conocía cómo se trabajaba en el departamento de informaciones policiales”
Un represor denunció que varios jueces sabían de las torturas pero se callaronPublicado el 25 de Julio de 2010
Por Gimena Fuertes y Gerardo Aranguren

El juicio oral contra Videla y otros treinta militares que se realiza en Córdoba develó la complicidad de algunos miembros del Poder Judicial con los delitos de lesa humanidad. Un ex jefe policial señaló al actual juez Luis Rueda.
El represor Carlos Yacinelli acusó a jueces, fiscales y secretarios, durante una de las audiencias en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba. “La justicia federal sabía cómo se trabajaba en el Departamento de Informaciones Policiales (D2)”, dijo un ex agente del D2 que declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba, que –entre otros– enfrenta el ex dictador Jorge Rafael Videla.

A partir de este y otros testimonios, el juicio histórico que se desarrolla en esa provincia desnudó la trama de impunidad con la que se movían los represores en complicidad con la justicia. Si bien es un hecho conocido, varios de los acusados prefirieron no callar estos vínculos y salieron a la luz nombres como el del juez Luis Rueda, integrante de la Cámara Federal de Córdoba, los ex jueces Miguel Ángel Puga y Carlos Otero Álvarez o el fallecido Adolfo Zamboni Ledesma.

“El juicio contra Videla estuvo listo en 1987, pero no se elevó la causa junto con el Juicio a las Juntas por las implicancias que tenía en el poder judicial”, señaló a Tiempo Argentino María Elba Martínez, una de las abogadas querellantes por los fusilamientos de presos políticos de la UP1. “Ningún represor niega los hechos, sólo niegan su participación.

Los hechos han ocurrido tal como están descriptos. Que haya habido una orden no los exonera de la responsabilidad ya que no son órdenes lícitas.

No pueden justificar que es un acto de servicio cuando cometen delitos de lesa humanidad, no le pueden decir “vaya usted y torture””, aseguró Martínez.En paralelo a la causa contra Videla, el juez federal Nº1 de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, encabeza la investigación sobre la complicidad de esos magistrados y de funcionarios judicial durante la dictadura militar, que se inició con la denuncia de los abogados Miguel Ceballos y Rubén Arroyo.

En esta última causa sólo están acusados el ex juez de la dictadura Miguel Ángel Puga y los ex fiscales Antonio Cornejo y Ali Fuad Ali. Los tres están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que “omitieron” investigar las muertes de los presos políticos José Moukarzel y Miguel Mozé.

El primero militaba en el PRT-ERP y murió en el Hospital Militar luego de sufrir tormentos en la UP1. Mozé era integrante de Montoneros y fue asesinado en un intento de fuga fraguado.

Según lo investigado, los jueces acusados conocían los hechos, ya que habían sido notificados. Algunos testigos contaron que Puga visitó el penal y no escuchó las denuncias de torturas y asesinatos de los presos políticos, incluso habría llegado a secuestrar las capuchas que les ponían a los detenidos.

La querella consideró al fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma como el principal cómplice de la justicia con la dictadura, por lo tanto, también reclaman que se impute al ex juez Carlos Otero Álvarez, quien fue su secretario en esa época.

“La justicia federal consentía la salida de los presos hacia campos clandestinos donde se los torturaba, cuando tenían total evidencia de que la finalidad era tomar declaraciones a través de las torturas”, señaló la abogada Martínez, quien también es querellante en esta causa. La letrada además recordó que hay documentación “sobre irregularidades en los procesos judiciales y hechos graves, como homicidios dentro de la cárcel, que no tuvieron respuesta de parte de estos funcionarios”.

Si bien la causa que lleva Piedrabuena es la única que se abrió contra estos jueces cordobeses, otros magistrados que fueron nombrados durante el juicio oral a Videla serán investigados por el Consejo de la Magistratura.

El presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Luis Rueda, acusado por el ex agente del D2 Yanicelli de haber trabajado “para los servicios de inteligencia”.

Entre 1978 y 1979, Rueda fue secretario del juzgado de Puga. Además, el secretario de Derechos Humanos de la Ciudad, víctima de las torturas en la UP1, acusó ante el Consejo al ex juez Carlos Otero Álvarez y consideró que “la justicia fue coautora de los crímenes de la UP1”.

FuentedeOrigen:TiempoArgentino

Fuente:Agndh