Piñera quiere liberar a los militares que violaron los Derechos Humanos
Publicado el 10 de Marzo de 2011
La propuesta fue rechazada de inmediato por movimientos de centro izquierda y por organismos sociales. Al menos 65 miembros de las Fuerzas Armadas están condenados y otros 700 están siendo procesados en distintos juicios.
Para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles chilenas, el presidente Sebastián Piñera dijo que su gobierno mandará a cumplir condenas a sus casas a varios militares detenidos por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
La propuesta, pedida por sectores del oficialismo y rechazada por la oposición de centro izquierda, sería presentada dentro de una iniciativa general que estipula liberar a unos 10 mil presos en cuatro años. “Cuando se habla de razones humanitarias, no se debe hacer ninguna distinción entre un civil y un militar. Todos son seres humanos que se encuentran sujetos a razones humanitarias”, declaró Piñera en España. “Vamos a conversar en el Congreso la posibilidad de que (los presos) mayores de 80 años, o los que sufren enfermedades terminales, puedan pasar sus últimos meses no en una cárcel, sino recluidos en sus domicilios”, dijo el mandatario, quien en su campaña se reunió con cientos de ex militares procesados por violaciones a los Derechos Humanos.
Cuando se le preguntó su opinión al comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, el general dijo: “No me voy a referir al proyecto, pero todos los chilenos tenemos una condición de igualdad ante la ley y es un principio constitucional interesante para tener siempre a la vista.”
De ser aprobada la iniciativa en el Parlamento, varios militares verían aliviadas sus condenas, entre ellos el general Odlanier Mena, ex jefe de los servicios represivos de la dictadura de Pinochet (1973-1990), en la que más de 3000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y 50 mil torturadas.
La propuesta oficialista fue criticada de inmediato. “Es un descaro y una inmoralidad (…), pero no nos sorprende (ya que) desde el primer día de este gobierno, donde siguen habiendo sujetos que fueron parte de la dictadura, venimos viendo este tipo de actitud”, exclamó indignada la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. La dirigente recordó que “las Fuerzas Armadas siguen pagando los honorarios de los abogados de estos criminales”.
Pizarro fue enfática al aclarar que los violadores de los Derechos Humanos no sufren hacinamiento en los penales militares y planteó que su organización no se opone en cambio a un indulto para los presos comunes detenidos por delitos no violentos.
La iniciativa busca resolver el hacinamiento que sufren los presos en las cárceles de Chile, el país con la tasa más alta de encarcelados por habitante de América Latina. Las condiciones “inhumanas” en las que se encuentran los convictos chilenos, como las calificó la Corte Suprema, cobraron notoriedad luego de que en diciembre murieron carbonizados 83 detenidos en un penal de Santiago.
En el país trasandino hay 318 presos por cada 100 mil habitantes y un 50% del total de 55 mil detenidos está recluido desde hace más de diez años. Otras 50 mil personas cumplen penas alternativas o con sistemas de reclusión parcial, según cifras oficiales.
Entre la población penal chilena hay 65 condenados por violaciones a los Derechos Humanos que cumplen reclusión efectiva y otros 700 están procesados en diversos juicios. Según estadísticas del Ministerio del Interior, en noviembre había 802 ex agentes de la dictadura procesados o condenados.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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