MENDOZA: OPINIÓN.

La Justicia se va depurando lentamente de los procesistas
El camarista mendocino Luis Miret fue destituido la semana pasada por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación acusado de colaborar con el Terrorismo de Estado. Mientras que en Córdoba, al asesor letrado penal, José Luis Santi parece esperarle la misma suerte.
Por IRINA SANTESTEBAN
Los objetivos de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 fueron la instauración de un régimen de Terrorismo de Estado, para la destrucción de las organizaciones revolucionarias, desatando también una feroz represión contra todas las fuerzas democráticas, sean éstas agrupaciones gremiales, sociales o políticas. Todo ello para que, a través del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se pusiera en marcha un plan económico de entrega del país a manos extranjeras, destrucción de la industria nacional, aumento del desempleo y la pobreza y un brutal crecimiento de la deuda externa. Semejante ataque a las justas aspiraciones populares no se podía llevar a cabo sin la complicidad de sectores del empresariado, la Iglesia y la Justicia.
Sin embargo, y luego de haberse anulado las llamadas "leyes del perdón" (Obediencia Debida y Punto Final), en los juicios llevados adelante por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, son pocos los civiles acusados. Hay algunos integrantes de las patotas, asimilados a los grupos de tareas y que no eran militares, y un ex juez federal, Víctor Brusa, que fueron condenados por su participación en hechos considerados delitos de lesa humanidad.

Denuncias.
Los organismos de derechos humanos denunciaron siempre la participación de jueces y funcionarios judiciales en numerosos hechos que fueron parte del Terrorismo de Estado: negativas a conceder habeas corpus, la no intervención frente a visibles torturas y vejámenes a presos políticos, complicidad frente a fusilamientos disfrazados como "fugas", entre otras acusaciones.
Pero, salvo el caso de Brusa, que ya había cesado como juez al momento de su condena, no había hasta ahora procesos que involucraran a magistrados en actividad.
En la Justicia Nacional, el Jury de Enjuiciamiento analizó el caso del vocal de Cámara de Mendoza, Luis Miret, quien había sido acusado por organismos de Derechos Humanos de esa provincia como colaborador del aparato represor, señalándolo por no haber investigado denuncias concretas de detenciones ilegales y torturas; por haber ignorado que una de la personas secuestradas por los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad era menor de edad; por no iniciar una causa cuando se le informó que esa menor de edad había sido violada; por archivar un expediente relacionado con la sustracción de un bebé; y por haber beneficiado al general Juan Pablo Saá -una de las caras de la dictadura en Mendoza- en el proceso de los juicios por la verdad.
El jurado encontró a Miret responsable de tres de las cinco acusaciones, y por ello la semana pasada decretó su destitución, por no cumplir con su deber como magistrado y haber convalidado acciones del aparato represivo de la última dictadura militar.

Listado.
Al mismo tiempo de esta importante resolución del Jury a nivel nacional, en la ciudad de Córdoba, el lunes 14 comenzó el proceso por la destitución del asesor letrado penal (defensor oficial) José Luis Santi, quien fue denunciado en marzo del año pasado por el Gremio de los Empleados Judiciales cordobeses, ya que su nombre apareció en la lista de los agentes de inteligencia que actuaron desde 1976 hasta 1983 en el ámbito del Batallón de Inteligencia 601. Esta nómina fue publicada por el Ministerio de Defensa, luego que la presidenta Cristina Fernández, a través del decreto 4/2010, permitió la difusión de esa información, que por su naturaleza es secreto de Estado.
Luego de la denuncia, Santi negó ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, su pertenencia a los servicios de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 141 "General Iribarren", dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército, y adujo que en el período que se le imputa esa actuación, había hecho el servicio militar en esa dependencia "redactando sumarios".
El pedido de que se abra el proceso para su eventual destitución fue efectuado por la entonces presidente del TSJ cordobés, Mercedes Blanc, y Santi intentó suspender y dilatar el proceso en su contra, interponiendo todo tipo de recursos. Incluso en la primera audiencia el pasado lunes, a través de su defensor, Justiniano Martínez, quien fuera abogado de Luciano Benjamín Menéndez, pidió la suspensión del debate por razones de salud. Sin embargo, el médico de Tribunales no compartió el diagnóstico invocado por Santi mediante un certificado de un médico particular, y el proceso continuó sin la presencia del asesor letrado.

Testimonios.
Hoy es el último día de los testimonios tanto de la defensa como de la Fiscalía. Se prevé que el viernes será el turno de los alegatos y ese mismo día o el lunes siguiente, se oirá la resolución de los cinco integrantes del Jury: Sergio Busso y Walter Saieg (por el oficialismo), Rodrigo Serna (del Frente Cívico), Miguel Nicolás (por la UCR) y Aída Tarditti (por el TSJ).
Uno de los testimonios fue el del capitán retirado del Ejército, Abelardo Ramos Monso, actualmente residente en Toay, La Pampa, quien fue uno de los jefes que, según el legajo de Santi que fue remitido por la Dirección de Inteligencia del Ejército e incorporado como prueba documental a la causa, lo avaló y recomendó para ser reclutado como personal civil de inteligencia.
En la acusación se le imputa a Santi un obrar que no condice con su calidad de magistrado del Poder Judicial, al haber omitido mencionar, en oportunidad de su examen por ante el Consejo de la Magistratura, su pasado como espía durante el denominado "Proceso".
Frente a ello, una de las estrategias de la defensa será demostrar que si Santi hubiera revelado su pertenencia a los servicios de inteligencia, hubiera violado el secreto al que están sometidos todos quienes se encuentran comprendidos por las leyes del rubro, que en la época de la dictadura era la ley 19.373 del año 1971, y desde el año 2002 la ley 25.520.
Sin embargo, esa argumentación no puede sostenerse toda vez que Santi negó siempre su pertenencia como PCI del Destacamento 141 de Inteligencia, incluso después de que la presidenta hubiera dictado el decreto 4/2010, que lo dispensaba de esa obligación de guardar silencio.

Resolución cantada.
Aún con estos argumentos, quienes están siguiendo este proceso opinan que, si los legisladores hubieran conocido los antecedentes de Santi al momento del tratamiento de su pliego en la Legislatura, nunca lo hubieran aprobado.
Por ello, la suerte de este ex espía, devenido defensor en el fuero penal de los Tribunales de Córdoba, puede ser igual a la del mendocino Miret, y su destitución aparece como lo más probable al momento que los cinco integrantes del Jury dicten su resolución.
Aún cuando sabemos que fueron cientos los jueces y funcionarios que actuaron y fueron cómplices de la dictadura, y aún con 35 años de demora, es una buena forma de conmemorar el 24 de marzo, que dos magistrados judiciales, uno de la Justicia nacional, otro de la cordobesa, sean destituidos por un órgano de la democracia. Es una buena forma de comenzar a depurar esa institución.
FuentedeOrigen:LaArena