Año 3. Edición número 155. Domingo 8 de mayo de 2011
Por Ana Valentina BenjamÍn
No existe en la historia de la Humanidad un solo pueblo que no haya honrado a sus muertos, ya sea en la ejecución de rituales mortuorios o en el resguardo de los cuerpos en sitios de memoria. En Grecia y Roma el entierro era un tema profundamente sagrado, por nombrar sólo dos de incontables culturas milenarias. Nada ha cambiado desde entonces, salvo que quienes tienen a su muertos en tumbas seguras puedan no comprender la angustia que implica la incertidumbre sobre el póstumo domicilio de un ser querido.
Desde el siglo XIX existe en la actual localidad tucumana de Tafi Viejo un pozo de alrededor de 40 metros que fuera en su momento construido por los ingleses para abastecer de agua a la actividad ferroviaria. En el siglo XX, en la nefasta década de los ’70, en dicho pozo fueron arrojados cuerpos sin identificar. Así lo atestiguaron decena de testigos de la zona, cuando se animaron a hablar.
A mediados de 2001, un viejo militante peronista, Juan Carlos Díaz, luego de seguir ciertas pistas, obtuvo el dato preciso de la ubicación del pozo. Junto con Pedro Mercado, militante de derechos humanos, encontraron a los vecinos dispuestos a testimoniar ante la Justicia. En 2002, familiares de desaparecidos se constituyeron como querellantes en la causa y el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (Giaat), en calidad de peritos de la Justicia Federal, inició sus tareas para verificar las denuncias en relación con la existencia de un espacio de inhumación clandestina. En 2004, el Giaat registró la presencia de restos óseos humanos. Y si bien el caso recibió colaboración local, de la Universidad Nacional de Tucumán entre otros, las excavaciones se enfrentaron con dificultades técnicas específicas del perfil del pozo.
Un ingeniero de enorme prestigio, consultado por esta cronista, detalló respecto de las dificultades puntuales que “quizás el mayor problema haya sido la discontinuidad en las excavaciones, o sea, la detención del bombeo de agua que hubiese sido y es necesario realizar en forma permanente para mantener el pozo seco y fuera de peligro de derrumbe”.
Marta Rondoletto, una de las querellantes, perdió a su familia entera en la dictadura militar y supone que los restos de su hermana están en el pozo. Igual que la Antígona de Sófocles, que lucha porque su hermano obtenga su sepultura, Rondoletto es una incansable militante pero que no sólo persigue un objetivo personal sino que busca un objetivo jurídico: ubicar al Pozo de Vargas en el contexto del plan sistemático de la represión. “La maquinaria desaparecedora no está a la vista”, dice Marta y por ello la dificultad de lograr que la Justicia la vea, en todos los sentidos.
Sin embargo, hace unos días, el juez de la causa, Mario Rancedo, elevó un informe que reconoce esta primera fosa clandestina del país vinculada al terrorismo de Estado. Rancedo adelantó a Miradas al Sur que, en una causa vecina, Arsenal de Azcuénaga, se han hallado restos humanos. Desde 2005, el organismo Familiares de Desaparecidos de Tucumán y querellantes particulares vienen denunciando la existencia de un centro clandestino de detención que habría operado en la ex compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, unidad militar emplazada en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y en cuyos predios testigos aseguraban la existencia de fosas comunes donde habían sido enterradas víctimas de la represión ilegal. El informe del juez da un giro positivo en las causas tucumanas, en un paisaje nacional que sigue sumando nietos y sentencias a sus secuestradores y genocidas del ’70.
En este contexto casi festivo, también festejan profesionales un asunto más puntual pero no menos clave: las disciplinas aledañas a las causas relacionadas con derechos humanos pueden tanto aportar como obstaculizar. Víctor Ataliva, perito de las causas mencionadas y miembro del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (Camit), equipo a cargo actualmente de la intervención en el Pozo de Vargas, lo expresa claramente: “La relevancia de la arqueología en estos escenarios radica en que sus aportes deberían generar herramientas discursivas tendientes a revertir la realización simbólica del genocidio. Es decir: los resultados de las intervenciones arqueológicas en el marco de causas sociales están llamados a enfrentarse a la negación de que algunos espacios estaban integrados estratégicamente a las prácticas genocidas”.
La negación se convierte lentamente en un inapelable sí. Un sí que llega en 2011 pero con aval milenario: a lo largo de la historia, la muerte era calificada exclusivamente por las circunstancias en que se producía. La muerte “mala” en la antigüedad clásica se relacionaba con la muerte sin sepultura; y en la Edad Media, con la muerte imprevista y clandestina. Ya no es sólo la moción local la que mueve el asunto; la Historia de la Humanidad justifica desde su remotísimo origen el trabajo infatigable del deudo que necesita a su amado difunto en una tumba y no en el fatídico no-lugar del desaparecido.
Restos en el Pozo de Vargas
Jue, 05/05/2011
Hay novedades en las causas Pozo de Vargas y Arsenal de Azcuénaga, de San Miguel de Tucumán. Hace unos días el juez de la causa, Mario Rancedo, elevó un informe que reconoce al Pozo de Vargas como la primera fosa común clandestina del país vinculada al terrorismo de Estado. Marta Rondoletto, una de las querellantes, ha perdido a su familia entera durante la dictadura militar y supone que los restos de su hermana están en ese lugar. El juez Rancedo también informó a Miradas al Sur que en la ex-Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, unidad militar emplazada en las afueras de Tucumán, también se han hallado restos humanos.
Fuente:MiradasalSur
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