Comunicado de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
11 de mayo de 2011
En el último mes se ha desatado una enorme discusión en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La discusión sobre esa norma opaca la discusión sobre el gran tema de fondo, que es la impunidad. Es a esto a lo que nos queremos referir, porque entendemos que tal como se está discutiendo, el grave problema de la impunidad se unilateraliza, se caricaturiza, se banaliza y genera aún más confusión en la opinión pública. La ley de Caducidad es una de las fuentes de impunidad, pero no es la única.
Desde que detuvieron y desaparecieron a nuestros familiares, hemos tenido siempre la misma lógica y primigenia aspiración: saber que fue de ellos.
Durante la dictadura sólo se nos mintió y desinformó. Luego, ya en un Estado de Derecho, nuestras simples preguntas fueron ignoradas o recibieron evasivas y se pusieron obstáculos para no investigar. El Estado siguió incumpliendo con sus obligaciones, que no son obligaciones meramente morales o declaraciones de buenas intenciones: son obligaciones jurídicas, exigibles y ejecutables nacional e internacionalmente.
Estos obstáculos fueron múltiples y de diferente tipo: desde la indiferencia gubernamental, pasando por la negligencia burocrática hasta la aprobación por el Parlamento, con las mayorías de la época, de la inconstitucional Ley de Caducidad. No debe dejarse pasar por alto, que la ley de Caducidad contraría además a una Ley que la precede en pocos meses, votada por ese mismo Parlamento: la Ley de Amnistía (Nº 15.737) del 8/03/85 que dice “Artículo 5º.-Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas. Esta exclusión se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aun por móviles políticos, por personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”. Dicha ley invoca e incorpora –además- a los instrumentos regionales e internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
Todos los obstáculos fueron puestos en el marco de una campaña política que a veces atemorizaba a la población con un eventual golpe de Estado; a veces la embelesaba con la idea de de que se estaba llevando adelante un original “cambio en paz” o se la sermoneaba con la reiterada frase “no hay que tener los ojos en la nuca”.
Fue en ese período que el encubrimiento y la impunidad se hicieron política de Estado más allá de lo jurídico. Fue el período en que el Estado se puso de rodillas ante el poder militar. Nunca, durante esos gobiernos, se buscó la verdad, nunca se cambió nada de las FFAA. Se promovió a oficiales con responsabilidad en torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. No se realizó ningún cambio a la doctrina institucional ni en la educación de las Fuerzas para adecuarlos a las necesidades de un Estado Democrático de Derecho. No hubo críticas ni exigencias. Es más: todo se desarrolló en un entorno más cercano a la complicidad que con la necesidad de verdad y justicia de víctimas, familiares y de toda la sociedad uruguaya.
La ley de Caducidad es perversa, pero su aplicación, en esa época, fue aún peor.
Por otra parte, importa recordar que la forma represiva de la desaparición forzada contempla la impunidad desde su ejecución (además de los aparatos represivos habituales; grupos de oficiales actuando clandestinamente y en colaboración con paramilitares; seudónimos; vehículos con matrículas falsas; vuelos de aeronaves no declarados y centros clandestinos de tortura y detención, etc.). Los criminales ocultaban sus fechorías no sólo para que estas fueran más terroríficas, también para no asumir, ni en ese momento ni después, su responsabilidad. Ahora, terminada la represión, se escudan en la ignorancia y en ese ignominioso silencio que llaman “deber de lealtad entre camaradas”.
Uruguay, el Estado no propició ninguna comisión investigadora como en Argentina o en Chile, dos países hermanos y tan ligados a nosotros en este tema por el Plan Cóndor.
Los primeros gobiernos post dictadura apostaron a la dilución del problema, a nuestro cansancio, al olvido, al paso del tiempo, a la minimización del crimen. Los proclamados “grandes estadistas”, con su complicidad privaron a nuestra patria de la dignidad. Lo saben: es su peor mancha. Eso no lo pueden disimular aplicando, como ahora, las artes del camaleón.
los primeros 20 años de retorno a la democracia, jamás el Estado –salvo el tardío esfuerzo de la Comisión para la Paz de recabar información- hizo algo profundo, exigente, en serio…Ese era y es su deber. No había antes ni hay ahora ley alguna que impida el cumplimiento de, al menos, su obligación de investigar e informar la verdad.
Así se asentó la impunidad, así se cristalizó el statu quo de permitir continuar con la desaparición de aquellas personas para las que no hay respuesta. Así el Estado sigue teniendo zonas de no-control sobre parte de sus funcionarios, que están al servicio del pueblo uruguayo y no de interés corporativo alguno. Así se le mintió al Presidente Vázquez; así se llevó a que grupos de ciudadanos deban investigar, excavar…para lograr pedacitos de verdad mientras los que realmente saben qué pasó, callan. Así, ahora, tiene que ser una sentencia internacional la que, para nuestro bochorno, le recuerde al país sus obligaciones incumplidas… Así se llega a esta situación compleja en la que aún no hemos podido comenzar calma, firme y consecuentemente el camino de restituir plenamente el derecho.
Por todo esto es que deseamos transmitir, como lo hacemos desde 1985, algunas de nuestras convicciones:
No hay camino a la verdad sin una investigación profunda. Ella requiere de una seria, confiable y correcta relación con la población. También requiere una enérgica y eficiente coordinación de diversos organismos estatales y no-estatales, nacionales y extranjeros. Requiere de un equipo articulador capacitado, dedicado y con iniciativa. Así, desde hace un año, lo estamos planteando a la Presidencia.
Requiere, como dice la sentencia de la Corte Interamericana, a propósito del caso planteado (pero que tiene validez para todos los casos similares), la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Requiere que se logre información procedente de dependencias militares y policiales, lo cual implica un cambio de actitud de los jerarcas políticos y de los mandos profesionales. Leamos bien y completamente la sentencia.
Nosotros nunca alentamos la venganza ni el irrespeto a las normas del derecho que rigen en nuestra sociedad y en el mundo. No son palabras, es nuestra trayectoria. Tratamos de llevar sinceramente, con sencillez y sin dobleces, nuestro pensamiento a nuestros compatriotas. Nunca hicimos caudal político, religioso, personal ni de ningún tipo de nuestra lucha con la cual –además de trabajar contra la desaparición forzada- pretendemos contribuir en la construcción de un país más respetuoso de los deberes y de los derechos de todas las personas y de la sociedad. No tenemos tapujos ni intenciones aviesas.
No nos engañemos, la grave y compleja situación en que hoy estamos es jurídica; es también política y afecta compromisos internacionales. Es todo eso, pero es más que eso, es un problema de decencia. Esto no se arregla “cortando el nudo”, tomando el atajo de soluciones en el papel, imponiendo olvidos ni levantando polvaredas para echar tierra a los ojos ciudadanos.
Desde el fondo de nuestros corazones creemos que hay que apelar a lo que tal vez muchos piensen que es un imposible: a generar un nuevo clima que ayude a lograr que la verdad se abra camino.
Empecemos a reconocer que estamos frente a un problema nacional. Es más que un problema del gobierno o del partido de gobierno. No partidicemos un problema de Estado, no se puede responsablemente seguir acumulando idas y venidas, malentendidos y entredichos.
¿A dónde se está llevando al país?: hay una norma que todos los poderes del Estado reconocen que es inconstitucional, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un vacío aberrante de investigación. ¿No se puede solucionar este problema?
Sabemos que la mayoría de los parlamentarios, fuera y dentro del partido de gobierno, honradamente quiere que el país salde esta deuda de una vez por todas. A algunos los conocemos desde la época del “voto verde”: Son los legisladores que, en este mismo período, votaron que la ley es inconstitucional.
El Parlamento, ¿qué va a hacer?, ¿van a seguir los unos, “balconeando” el empantanamiento de las soluciones propuestas y pegándose, de hecho, con el cogollo de políticos que desde siempre optaron por la impunidad de los terroristas de Estado?, ¿van a seguir los otros, empecinados en una propuesta con problemas evidentes? Sería trágico que quedaran ellos y nos dejaran a todos, aprisionados por estas circunstancias.
La sentencia de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado -incluyendo al cuerpo electoral- a cumplir las obligaciones internacionales; como “hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél” pg 238. Nos obliga a todos nosotros. Esto lo tiene que comprender el sistema político y consecuentemente asumir su función más esencial: conducir al país de acuerdo a los principios democráticos y republicanos, a las normas nacionales e internacionales que nos rigen. Esperamos que se halle una solución. Es necesaria para resolver globalmente el problema de la impunidad.
Hay mucho para hacer:
explicar claramente a los ciudadanos que están alejados del tema, que esto nos incumbe a todos.
despejar la enorme confusión y decepción que hoy afecta a muchos compatriotas.
de una vez por todas, poner todos los recursos humanos y materiales por parte del Estado para investigar a fondo y en serio la situación de las personas detenidas-desaparecidas.
trabajar con los actuales miembros de las FFAA; que comprendan que este caprichoso silencio que hoy mantienen no es parte de ningún combate: que es sólo maldad, lisa, pura, llana e innecesaria. Maldad para con los jóvenes que fueron secuestrados de niños y aún no saben quiénes son; para con la sociedad que habiendo sido víctima en múltiples formas durante la dictadura, aspira a mejores niveles de convivencia; para con nosotros. Los mandos de las FFAA pueden y deben contribuir a erradicar las viejas doctrinas de los tiempos de la guerra fría, para llevar a sus filas el aire de respeto y humanitarismo con sólidas raíces en los ejércitos artiguistas y propias de las nuevas concepciones democráticas de las fuerzas militares. Entonces, en ese nuevo clima, esta odiosa postura de silencio de hoy no sería de recibo.
Todo esto requiere una necesaria rectificación de la doctrina y la formación democrática de las instituciones armadas.
A veces, cuando la razón oscurece, el corazón ilumina.
Entonces, si todos trabajáramos en ese sentido, comenzaríamos a poner a nuestro país en el camino de la dignidad perdida, comenzaríamos a generar las condiciones para la reconciliación y coherencia institucional.
Entonces… tal vez comprenderíamos aquello tan viejo y tan actual de que “la verdad nos hace libres”.
Los invitamos el 20 de mayo a las 19 hrs. a marchar, en todo el país, bajo la consigna
Verdad y justicia:
derechos de todos, responsabilidad del Estado
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Tel: -598-2-9291625
Nicaragua 1332 apto. 205
Montevideo-Uruguay
www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com
Web: www.desaparecidos.org.uy
Fuente:Agndh
URUGUAY-DDHH-RECURSO
PIDEN DESARCHIVAR CASO DE MILITANTE COMUNISTA MUERTO EN PRISION
Montevideo, 11 de mayo (Télam).- Familiares de un militante comunista uruguayo muerto en prisión durante la dictadura (1973-1985) presentaron un recurso ante la Presidencia para desarchivar el caso, amparado bajo la Ley de Caducidad, que en 1986 dio impunidad a militares y policías que violaron los derechos humanos durante el régimen.
El escrito fue presentado por Lille Caruso, viuda de Alvaro Balbi, fallecido en 1975 en el centro clandestino de detención "300 Carlos" o "El Infierno Grande", ubicado en los fondos del Batallón de Infantería número 13 de Montevideo, informó hoy el diario La República, citaron Prensa Latina y Ansa.
El recurso, presentado por el abogado Pablo Chargoñia, solicita al Poder Ejecutivo revocar, "con efecto retroactivo", la disposición por la cual se declaró en 1988, bajo la presidencia de Julio Sanguinetti, el caso amparado por la Ley de Caducidad.
Un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el Estado uruguayo "debe garantizar" que la Ley de Caducidad "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos".
Fuente:Telam
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