El caso Papel Prensa, al fuero porteño
Publicado el 13 de Mayo de 2011
El juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, se declaró incompetente para seguir actuando en la causa que investiga la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa, durante la última dictadura cívico-militar, a los propietarios de los diarios La Nación, Bartolomé Mitre, y Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.
Corazza hizo lugar a un pedido que le hicieron hace varias semanas los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, cuando calificaron como “un crimen de lesa humanidad” el traspaso de las acciones que le pertenecían a David Graiver, y solicitaron que las actuaciones sean remitidas al juez federal, Daniel Rafecas. El juez Corazza entendió después de casi un año de investigación que “los hechos de la causa sucedieron casi en su totalidad en la Capital Federal”, según dijo una fuente judicial.
“Las presuntas amenazas, presiones y diversas reuniones y asambleas que culminaron con el traspaso accionario de la empresa sucedieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo el juez al hacer lugar al requerimiento fiscal de enviar a la jurisdicción porteña el expediente de Papel Prensa.
Corazza estimó pertinente, de acuerdo a lo dictaminado por los fiscales, “que sea el juez del lugar donde habrían ocurrido los hechos quien investigue, para así cumplir con las exigencias de economía procesal, celeridad e inmediatez que debe tener cualquier investigación”.
El 29 de abril, la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó como “un crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977” y pidió al juez Corazza que se declare incompetente en esa causa y la remita al fuero federal porteño.
Los fiscales Rodolfo Molina y Hernán Schapiro destacaron que “las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos”. Las transferencias de acciones, explicaron los fiscales, “fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado nacional con la presunta colusión (pacto entre dos personas u organizaciones para perjudicar a un tercero) de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón”.
El cuerpo principal del expediente que se tramita en La Plata cuenta con unas 1800 fojas, en nueve cuerpos, sumado a sus veinte anexos y cinco efectos (libros, CD), que totalizan sesenta cuerpos más (12 mil fojas).
En el dictamen, los fiscales destacaron que el contexto de la dictadura “resultó propicio para la comisión de delitos de índole económico con la intervención de civiles”, hechos que iban “desde la apropiación de bienes de desaparecidos hasta grandes operaciones que significaron una enorme modificación regresiva de la estructura social argentina”.
“Es este el contexto en el que se debe leer la narración de las circunstancias de la causa”, argumentaron.
Sostuvieron que “la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A., de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado ‘Grupo Graiver’ a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar y la participación de los civiles denunciados”.<
Se reedita la investigación de Tiempo
Publicado el 13 de Mayo de 2011
Tiempo Argentino publicó el 24 de agosto de 2010 un informe especial que bajo el título “Papel Prensa. La verdadera historia” reveló con detalle la maniobra que le permitió a los diarios Clarín, La Nación y La Razón apropiarse de las acciones de la compañía que pertenecía a David Graiver.
El documento reconstruyó el secuestro de la familia del empresario, los tormentos a los que fue sometida su esposa Lidia Papaleo y la forma en que fue presionada para firmar el traspaso accionario, en un contexto represivo que puso de relieve la complicidad cívico militar en los delitos de lesa humanidad.
Este domingo, Tiempo cumple su primer año en la calle y para celebrarlo reeditará la investigación periodística sobre el caso, a cargo de Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, pero le agregará las producciones posteriores que la ampliaron.
Será, en consecuencia, la reproducción completa del trabajo, para que los lectores cuenten con una herramienta informativa que les ayude a seguir las alternativas de un caso que les permitió a los dos medios sacar provecho de su posición monopólica en la producción del insumo básico de los diarios.
FuentedeOrigen:TiempoArgentinoFuente:Agndh
EL JUEZ SE DECLARO INCOMPETENTE EN PAPEL PRENSA
Un expediente que viaja a Capital
Por Irina Hauser
La causa penal en la que se investiga la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón durante la última dictadura, podría pasar a manos de un juez federal porteño. Así lo pidió el juez de La Plata, Arnaldo Corazza, quien estaba a cargo del expediente, pero resolvió declararse incompetente en función de un planteo de la Unidad Fiscal que integran Hernán Schapiro y Marcelo Molina. En su dictamen, los fiscales señalaron que la transferencia accionaria de la empresa que manejaba el Grupo Graiver fue “compulsiva”, se hizo “con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles” dueños de los diarios, y los hechos que la rodearon se deben analizar como “delitos de lesa humanidad”. Lo que sucede, explicaron, es que las “amenazas”, “presiones”, “maniobras extorsivas” y reuniones ocurrieron en el ámbito de Capital Federal, y ahí debería tramitar el caso.
Los fiscales iniciaron su investigación hace un año, a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Concluyeron que la operación de venta forzosa de Papel Prensa se hizo “en el marco de una persecución por motivos políticos, económicos y religiosos, desatada desde el aparato terrorista estatal, que tuvo entre sus víctimas a los miembros del Grupo Graiver”, que incluso tras el despojo de la empresa fueron secuestrados y torturados, y luego sometidos a un “inconstitucional Consejo de Guerra”.
Las privaciones ilegales de la libertad y el asesinato de Jorge Rubinstein, mano derecha de David Graiver, son juzgados en La Plata en las causas sobre los centros clandestinos del llamado “circuito Camps”. Lo que atañe a Papel Prensa, dijeron los fiscales y ahora respalda Corazza, no es ajeno a todo eso: incluso sería crimen de lesa humanidad, pero es un hecho diferenciado. “La transferencia presuntamente compulsiva” se reflejaría en “acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad de Buenos Aires”: reuniones, aprietes, asambleas, intimidaciones varias “impregnadas por espurios intereses económicos”.
La lógica, sostuvieron, es que la causa pase al juez federal porteño Daniel Rafecas, quien había intervenido a raíz de una denuncia de un juez comercial que tuvo en sus manos los testimonios que habían dado Lidia Papaleo (viuda de Graiver) y Rafael Ianover, testaferro, ante la Secretaría de Comercio. Pero Rafecas también se declaró incompetente en su momento y mandó las actuaciones a La Plata. A su vez, los diarios ya anunciaron que apelarán la decisión de Corazza de desprenderse de la pesquisa, lo que los ayudaría a estirar los tiempos. La decisión sobre la competencia la tendrá la Cámara Federal platense.
“Cualquiera sea el juez que intervenga, es evidente que tendrá que llamar a indagatoria enseguida a los imputados, porque ya hay suficientes pruebas”, dijo a Página/12 Luis Alén, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos. “Me refiero –precisó– a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, los Peralta Ramos, a (Jorge Rafael) Videla, (José Alfredo) Martínez de Hoz y Raimundo Podestá, que actuaron en sociedad, para desapoderar a los Graiver y quedarse con Papel Prensa.”
Fuente:Pagina12
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