Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Lucena y Daniel Rauzzino, los tres principales implicados en las desapariciones en Catamarca durante la dictadura
Tres ex altos jefes militares y policiales irán a juicio por las desapariciones de cuatro ciudadanos catamarqueños durante la dictadura militar.
Los implicados son el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe del Regimiento 17, general Alberto Lucena, y el entonces jefe de la Policía de Catamarca, comisario Juan Daniel Rauzzino.
El fiscal federal Santos Reynoso emitió, días pasados, el dictamen mediante el cual consideró completa la investigación llevada a cabo por el juez Ricardo Antonio Moreno, en relación con las desapariciones de Nelly Yolanda Borda, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce y Genaro Burgos, todos desaparecidos entre los años 76 y 77 en esta provincia.
Acusación
La acusación del fiscal les atribuye a los cuatro imputados, la responsabilidad mediata en el delito de privación ilegítima de la libertad, por los que eventualmente serían juzgados en el Tribunal Oral Federal de esta Capital.
Según se detalla en el dictamen, Menéndez y Lucena tienen en su haber la responsabilidad en todos los hechos, mientras que Rauzzino está implicado solamente en la desaparición de Genaro Burgos y Griselda Ponce, sucedida en diciembre de 1976, en un solo operativo.
Desaparecido
Francisco Gregorio Ponce había desaparecido en abril de ese mismo año, mientras que Nelly Yolanda Borda fue capturada en la ciudad de Belén, en enero de 1977.
Aunque todavía resta que el juez Federal emita su decreto de cierre y elevación a juicio de las actuaciones, desde ya se da por descontado que en los próximos días se dispondrá la medida.
FuentedeOrigen:LaUnionDigital
Fuente:Agndh
Derechos Humanos
Confían en que los juicios a los represores en Catamarca comiencen en noviembre
El abogado del foro local e integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS), Guillermo Díaz Martínez, anticipó que los juicios a los represores de la Masacre Capilla del Rosario, se llevarán a cabo en los meses de noviembre o diciembre del presente año.
El abogado aseguró que el expediente de la causa se encuentra en Tucumán por todas las apelaciones que presentaron los represores, quienes "niegan todos los hechos que se les imputan".
"Estoy seguro que no se le va a dar lugar a los imputados por que las pruebas son contundentes y fehacientes y no hay duda que cometieron un fusilamiento de lesa humanidad en Catamarca”, comentó.
En declaraciones a la prensa, dijo que el juicio se estaría llevando a cabo en noviembre o diciembre próximos, teniendo en cuenta que "la recolección de las pruebas que imputan a los ex-militares está terminada".
En declaraciones a la prensa, dijo que el juicio se estaría llevando a cabo en noviembre o diciembre próximos, teniendo en cuenta que "la recolección de las pruebas que imputan a los ex-militares está terminada".
El abogado expresó que "Catamarca entró en la historia Oficial", con el hecho producido en Piedra Blanca, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, entre el 11 y 12 de agosto de 1974.
Recordó que a partir del año 2004, se abre la causa por el presunto fusilamiento de 16 personas, militantes del Ejército Revoluconario del Pueblo (ERP), quienes previamente habían intentado copar el ex-Regimiento Aerotransportado 17, con asiento en esta capital.
La causa se inició con la ubicación de los cuerpos de cinco de las víctimas quienes estaban enterrados como NN en una fosa común del cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú de la capital.
El Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de las cinco víctimas y logró identificar a uno de ellos, Dardo Rutilio Betancour Roth.
Su cuerpo fue repatriado a Uruguay, ya que era de esa nacionalidad, mientras que los restantes cuerpos pertenecerían a Hugo Cacciavillani –también uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.
El abogado Guillermo Díaz Martínez comentó que la causa tuvo un cambio rotundo con la declaración de Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión en Catamarca, quién brindó un testimonio revelador.
Enterado de que un grupo del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario, intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro Alberto Toro, para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.
“Toro me aconseja que no me meta, aunque insisto en que trate de hacer algo, se pone en contacto con el coronel Eduardo Cubas, Jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía", dijo Marca.
Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general Antonio Vaquero, segundo Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de “aniquilar” y así ocurrieron los hechos, porque "fueron, los rodearon y los mataron”, denunció Marca años después.
Dijo que el juez federal de Catamarca, Ricardo Antonio Moreno confirmó la prisión preventiva para Jorge Acosta, Mario Nakagama y Carlos Eduardo Carrizo Salvadores acusados por el fusilamiento de 16 integrantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo), aunque ese fallo fue apelado y se espera la resolución final.
La decisión fue firmada por el juez luego de que los represores fueran indagados, acusados del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad".
FuentedeOrigen:Telam
Fuente:Agndh
REENVIAMOS INFORMACION DIFUNDIDA EN EL 2009
EL HALLAZGO DE UN DESAPARECIDO
El fin de una historia tupamara que Tabaré no capitalizó
Llegan hoy a Uruguay los restos de Hugo Cacciavillani, ejecutado por el Ejército en 1974. Estuvo sepultado como NN durante 34 años. Martina Noailles.
Martina Noailles
22.11.2008
Un emprendimiento familiar. La reapertura de la causa y la exhumación del cuerpo fueron posibles gracias a la búsqueda de Eduardo Arzuaga (centro), primo del militante fusilado.
En aquel invierno de 1974, Hugo Cacciavillani ya no era Hugo. Desde hacía años había elegido ser “Vicente” y así había partido desde Uruguay para luchar por una “Latinoamérica más justa”. El 11 de agosto de 1974, a los 22 años, perdió la vida fusilado por el Ejército argentino. Ese día, en los montes catamarqueños, perdió además su identidad. Ya no fue Hugo. Tampoco Vicente. Su cuerpo acribillado esperó 34 años sepultado como NN en un cementerio municipal. Hoy, los restos del militante tupamaro fusilado en la “Masacre de Capilla del Rosario” volverán a Salto, su patria chica. Su tumba recuperará su nombre y también su historia. Las autoridades nacionales uruguayas buscaron hacer la presentación, pero no lo habrían logrado.
Hugo Enrique Cacciavillani Caligari fue uno de los 16 guerrilleros de la mítica Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, asesinados el 11 de agosto de 1974, a un puñado de kilómetros de distancia de la capital de Catamarca. El comando, encabezado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), había planeado ingresar al Regimiento de Tropas Aerotransportadas número 17 para conseguir armamento. La Unidad Militar contaba con una dotación de 800 hombres y un poderoso arsenal. La acción salió mal.
Los 42 militantes fueron descubiertos mientras cambiaban sus ropas, subidos a un colectivo escolar. Un hombre alertó a la policía y el combate se precipitó. Parte del grupo logró escapar hacia el monte. Otra fue detenida en las inmediaciones de la ciudad. La tercera corrió la peor suerte. Intentó reorganizarse en el paraje Capilla del Rosario pero fue rodeado rápidamente por 300 efectivos del Ejército. Los guerrilleros entregaron sus armas y se rindieron. Sin embargo, horas después fueron fusilados.
En el grupo había dos jóvenes uruguayos, Cacciavillani y Rutilio Betancourt Roth. Ambos eran tupamaros, miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y, en Argentina, integrantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que organizó la acción. “Vicente” había estado preso en 1970 en la cárcel uruguaya de Punta de Rieles y al salir viajó a Chile para sumarse al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, abandonó el país trasandino y se instaló en Argentina.
“Creemos que antes de ser fusilado estaba viviendo en San Justo con su mamá. Ella había viajado para estar con su hijo y después de la masacre fue detenida en esa casa”, reconstruye 34 años después Eduardo Arzuaga, primo de Hugo Cacciavillani y uno de los familiares que regresó a Salto sus restos.
Nidia Caligari fue víctima del Plan Cóndor. Pasó detenida tres años en los penales de Olmos y Villa Devoto, y en 1977 fue liberada en la ciudad de Colonia del Sacramento (Uruguay) sin documentos. Allí fue secuestrada, llevada a Montevideo y torturada por los militares de la dictadura uruguaya. Finalmente, la mamá de Cacciavillani logró obtener el asilo en Inglaterra, donde vivió hasta 1985.
Eduardo Arzuaga comenzó la búsqueda de verdad y justicia movilizado por la tristeza de su tía Nidia, quien murió hace una década preguntándose dónde estaba el cuerpo de su “negrito”. Un año mayor que su primo, Eduardo había pasado su infancia con Hugo jugando en la casa de sus abuelos maternos. “Era un chiquilín muy querido, de sonrisa fácil y muy solidario. Se había educado en un colegio salesiano y estaba muy vinculado a la idea de la justicia social. Murió en defensa de sus ideales”, se emociona Eduardo.
Treinta años después de la masacre, familiares y organismos de derechos humanos lograron reabrir la causa en Catamarca. Además de investigar sobre los responsables de los fusilamientos de Capilla del Rosario, la Justicia ordenó la exhumación de cinco cuerpos que estaban enterrados en el cementerio municipal y que según se presumía correspondían a los guerrilleros asesinados y luego desaparecidos.
El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a dos de los cinco cuerpos. Eran el de Betancourt Roth y el del santiagueño Alberto Rosales Sánchez. En septiembre, los estudios reconocieron a Cacciavillani. Dos semanas atrás, la familia viajó a Catamarca para recuperarlo y llevarlo de regreso a Salto.
“Fue tremendamente emocionante. Tomamos contacto con personas que estuvieron con él, nos contaron que habían entablado una especial amistad. Ahora es necesario justicia porque los represores están libres. Es la única manera de cerrar un capítulo histórico”, señala Eduardo, mientras organiza la ceremonia que hoy por la mañana acompañará el entierro en el cementerio de Salto, junto a la tumba de su mamá. Su familia y sus compañeros eligieron para ese instante la letra de una canción, la “Milonga del Fusilado”: “No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy”.
Un expediente, dos imputados, ningún detenido
El expediente reabierto en diciembre de 2004 sólo tiene dos imputados y ningún detenido. El juez federal Ricardo Moreno consideró que la Masacre de Capilla del Rosario es un delito de lesa humanidad –y en consecuencia imprescriptible–, e imputó como responsables al ex capitán Eduardo Carrizo Salvadores y al ex subteniente Mario Nakagama. Los militares todavía no fueron indagados pero todo indica que quedarán detenidos luego de declarar, ya que según los testimonios de la causa ellos fueron dos de los asesinos.
Los organismos defensores de derechos humanos lograron averiguar que Carrizo Salvadores vive en San Salvador de Jujuy y que ejerce como abogado defensor de represores procesados por crímenes contra la humanidad en esa provincia. En plena democracia fue nombrado jefe de la policía de Catamarca por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. Una feroz represión contra trabajadores desocupados, que causó dos muertos, lo obligó a renunciar en 2003. De Nakagama sólo se sabe que la dirección postal registrada en el juzgado –la misma a la que se le envían las notificaciones judiciales– es Paseo Colón 250, Edificio Libertador, sede del Ejército.
FuentedeOrigen:CriticaDigital
Fuente:Agndh
07 de Junio de 2009
El juez Federal Ricardo Moreno le otorgó la libertad al coronel retirado bajo caución de 100.000 pesos
Procesaron a Nakagama como partícipe secundario del crimen
Procesado y libre. Mario Nakagama fue el primer procesado por la Masacre de Capilla de El Rosario.
El coronel retirado Mario Nakagama (57) fue procesado como partícipe secundario del delito de "homicidio" por su participación en la conocida "Masacre de Capilla del Rosario" ocurrida en Fray Mamerto Esquiú el 12 de agosto de 1974 y en la que habrían sido abatidos 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Así lo resolvió el juez Federal Ricardo Antonio Moreno quien consideró "improbable" que la suerte de las víctimas haya sido decisión directa del imputado, aunque sí consideró que jugó un papel de colaboración.
En la resolución emitida días atrás, a la que tuvo acceso EL ANCASTI, se resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva, dado que la calificación fue atenuada y no hay elementos para considerarlo procesalmente peligroso. En consecuencia, podrá continuar en libertad una vez que cubra una caución de 100.000 pesos.
Nakagama quedó detenido el pasado 14 de mayo y se convirtió en el primer sospechoso en ser indagado en le marco de la investigación de la "masacre". Junto al ex militar Carlos Carrizo Salvadores -que no se presentó aún- fue señalado por varios testigos como quienes tuvieron a su cargo las tropas del Ejército que se enfrentaron con los insurgentes. Y al ser indagado, se le imputó el delito de "Homicidio doblemente calificado".
Sin embargo, luego de analizar tanto la declaración del acusado -que negó los cargos- y los testimonios incorporados, el juez Moreno decidió atenuar la imputación en su contra. En los fundamentos, señala que "los que comandaban la operación eran los oficiales superiores, en tanto que Nakagama era subteniente, es decir un recién recibido de la Escuela Militar". En otro tramo señala que el hecho fue consecuencia de "disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional relativas a la represión a la subversión (...) además se encontraban en las inmediaciones autoridades civiles, el Jefe de la Policía Federal de Catamarca y de la Policía de la provincia. (...) la presencia de todas estas autoridades llevan a pensar que resulta improbable haya sido el subteniente Nakagama quien decidiera la suerte de los insurgentes". Y señala que en aquel entonces, el imputado revestía el rango más bajo de la carrera militar con 22 años.
Participación
No obstante, Moreno consideró que Nakagama fue un "cooperador" del "accionar de otros que culminaron con la muerte de varios insurgentes". Esta participación, a criterio de Moreno surge de la propia declaración del imputado, quien indicó que el día de los acontecimientos, él sobrevoló en helicóptero la zona para ubicar a los guerrilleros ocultos en el monte. "Nakagama debió conocer que la orden de los mandos superiores era la de aniquilar a los insurrectos", afirma Moreno, quien también indicó que aunque no estuvo en el lugar de los fusilamientos -sino a varios kilómetros sobre la ruta-, "tenía y tiene cabal conocimiento de las situaciones resultando a todas luces complaciente con lo que ocurría". "Nakagama debió conocer que la orden de los mandos superiores era la de aniquilar a los insurrectos". Juez federal de catamarca sobre el procesamiento del militar.
La causa se investiga hace cuatro años y medio
La causa por la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" se inició por una denuncia penal que realizaron en diciembre de 2004 representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos de Catamarca, en el marco de la reapertura de las investigaciones judiciales para determinar el destino final de los desaparecidos en el período comprendido entre 1974 y 1983.
La causa se inició con la ubicación de los cuerpos de cinco de las víctimas de la masacre ocurrida en 1974 que estaban enterrados como NN en una fosa común del Cementerio Municipal. De ellos, tres pudieron ser restituidos a sus familiares.
Al margen de la identificación de los cuerpos, se inició la investigación sobre la posible comisión de delitos de "lesa humanidad" por parte de las fuerzas militares en el enfrentamiento armado con los guerrilleros del ERP - MTP que pretendían robar pertrechos de guerra del R17.
La investigación determinó la responsabilidad de los militares Nakagama y Carlos Carrizo Salvadores. El segundo, hasta el momento, ha logrado evadir el llamado para ser indagado por la masacre.
FuentedeOrigen:ElAncasti
Fuente:Agndh
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