Por Diego Martínez
EL EX JUEZ OTILIO ROMANO, PROFUGO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PIDIO REFUGIO POLITICO EN CHILE
Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy
Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.
Por Diego Martínez
Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.
La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.
Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.
Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.
Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.
Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Fuente:Pagina12
Quieren expulsarlo
El abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas, informó que un grupo de legisladores chilenos está trabajando para conseguir la expulsión del camarista mendocino Otilio Romano, acusado por la Justicia argentina en 103 causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Uno de ellos es el diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, quien integra la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja. “No puede este sujeto estar en nuestro territorio. Tiene que ser expulsado a fin de que la Justicia argentina proceda a su ajusticiamiento en conformidad con el Estado”, afirmó Gutiérrez al respecto. Lo acompañarían en el Congreso, en principio, los otros dos integrantes de la bancada comunista, Lautaro Carmona Soto y Guillermo Teillier del Valle. “A la luz del Encuentro Internacional de Derechos Humanos tenemos el especial encargo de los fiscales y jueces argentinos que solicitan al presidente (Sebastián Piñera) que expulse de nuestro territorio a Romano”, agregó Gutiérrez. Salinas remarcó que el propósito es que “Romano vuelva a Mendoza” a enfrentar el juicio.
Fuente:Pagina12
DENUNCIA DEL JUEZ ROZANSKI
Amenazas de muerte
El Presidente del Tribunal Oral Federal 1, Carlos Rozanski, denunció que en lo que va de esta semana recrudecieron fuertemente las amenazas de muerte e intimidaciones que ha venido recibiendo en los últimos meses. El tribunal de Rozanski será el encargado de juzgar a los responsables por los crímenes de lesa humanidad investigados en el marco de la megacausa “Circuito Camps”, que se inicia el lunes, y que cuenta entre sus 26 imputados al ex policía Miguel Etchecolatz y al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich.
“Los llamados y actos intimidatorios tendrían el claro fin de desestabilizar el proceso de juicio en marcha y en especial la megacausa del Circuito Camps”, explicaron en Tribunales. Si bien Rozanski prefiere no dar declaraciones con el objetivo de resguardar la investigación, desde su entorno revelaron que hubo varios actos de intimidación y amenazas en los últimos meses contra el magistrado, pero que en estos días aumentaron de forma similar al 2006, cuando Rozanski estuvo al frente del juicio que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
Las amenazas contra el juez están siendo investigadas por la Justicia Federal, pero también despertaron el interés de dos organismos internacionales que investigan los casos de amenazas a los magistrados y funcionarios judiciales.
El llamado “Circuito Camps” abarca varios centros clandestinos de detención que se encontraban a cargo del jefe militar de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la última dictadura militar, entre los que se cuentan la comisaría 5ª de La Plata, la subcomisaría de Don Bosco llamada “Puesto Vasco”, el centro de operaciones tácticas (COT) I Martínez y la Brigada de San Justo. La unificación de las causas implicaría el acceso a la Justicia para 360 víctimas que pasaron por allí, entre las que están Diana Teruggi, Daniel Mariani y Claudia Falcone. En el juicio también se encuentran imputados el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean, su ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, y el chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario