Entrevista a emilio ginés, del subcomité de la onu
Reclaman que la Argentina sancione un mecanismo de prevención de la tortura
Publicado el 7 de Septiembre de 2011
Por Lucia Alvarez
En 2004, el país aprobó el Protocolo contra la Tortura de la ONU, pero todavía no implementó un instrumento legal que lo haga cumplir.
Desde septiembre de 2004, la Argentina mantiene una deuda significativa en materia de Derechos Humanos. A pesar de haber aprobado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas hace siete años, todavía no ha implementado un mecanismo nacional de prevención que cumpla con sus requisitos y estándares. Ante esta dilación, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó su propuesta ante el Congreso de la Nación, que obtuvo dictamen favorable en tres comisiones y se trataría hoy en el recinto de la Cámara Baja. En su paso por el país, Emilio Ginés, integrante del Subcomité de Prevención de la Tortura, se entrevistó con legisladores de distintos bloques y aseguró a Tiempo Argentino que hay buena voluntad para la sanción.
–¿Cómo se explica el atraso?
–No hay explicaciones y no se justifica, porque la Argentina es un país garantista, un marco de referencia internacional en cuestiones de Derechos Humanos. Aparentemente, no hay otros motivos que los presupuestarios. Fue la inercia parlamentaria, porque el proyecto no tiene oposiciones.
–¿El discurso punitivo pudo haber influido?
–Creo que no, creo que los políticos están sumergidos en otros problemas. Aunque no debería ser así. Estos son temas que se desestiman. Pero la Argentina ratificó el protocolo y siempre estuvo presente en el Comité contra la Tortura. El proyecto puede ser un ejemplo para toda la región: es muy completo, está muy bien elaborado.
–¿Qué características tiene frente a proyectos de otros países?
–Cada país tiene particularidades porque no hay una definición exacta, depende de la complejidad de cada sociedad. El proyecto argentino es un mecanismo que reúne todo lo que el protocolo requiere: marca una independencia funcional, una separación del Poder Ejecutivo y recoge las particularidades territoriales.
–¿Es una ventaja que haya sido elaborado por organizaciones de la sociedad civil?
–Todos coincidimos en que la sociedad civil debe participar de manera activa. En otros países, esto viene impuesto desde arriba para abajo, de una forma muy piramidal. Es una fortuna que en la Argentina se haya elaborado en forma horizontal y se garantice un mejor cumplimiento del protocolo. Estamos de acuerdo en que los mecanismos deben tener participación de la sociedad civil y no deben ser apéndices del Ejecutivo, la fiscalía, la defensoría o cualquier órgano especializado.
–Tres provincias argentinas han elaborado sus propios mecanismos. ¿También son un ejemplo?
–No. Yo creo que los mecanismos provinciales están esperando la legislación nacional. Igual, para las Naciones Unidas el único mecanismo que existe es el nacional: el compromiso es a ese nivel. Lo demás es interno.
–Ha hecho varias visitas a la Argentina desde el último informe del comité, en 2004. ¿En qué situación se encuentra el país?
–La Argentina es un objetivo prioritario en este momento porque sabemos que, sobre estos temas, la situación de los Derechos Humanos es un problema muy serio. Esto lo digo no desde las Naciones Unidas, sino como experto en Derechos Humanos. Es fundamental que implementen el mecanismo, y que este no sea un organismo de denuncia, sino de anticipación, de prevención. La labor preventiva es la más importante para acabar con estos problemas tan relevantes. El mecanismo no es un enemigo, ni un comité que va a estar supervisando directamente. Es una instancia de colaboración y un elemento para poder trabajar en conjunto.
–¿Qué opina de la creación del Ministerio de Seguridad?
–Separar la función de justicia y seguridad es una labor fundamental, propia de un Estado de derecho y garantista.
Fuente:TiempoArgentino
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