UN ACUSADO ADMITIO QUE DURANTE LA ULTIMA DICTADURA FUNCIONO UN CENTRO CLANDESTINO EN EL HOSPITAL POSADAS
“Yo intenté morigerar la actuación de ellos”
Con la intención de despegarse de los cargos en su contra, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet. Fue en el inicio del juicio por la represión en el Hospital Posadas, que tiene cuatro acusados.
El juicio por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas se inició ayer, luego de dos postergaciones.
En su intento por despegarse de los delitos que se le imputan, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani confirmó ayer la existencia del centro clandestino El Chalet, que funcionó en el predio del Hospital Posadas. El oficial de la Fuerza Aérea, quien ya fue condenado como responsable de secuestros, torturas y asesinatos en Mansión Seré, fue el único de los cuatro acusados que aceptó prestar declaración indagatoria, ante una sala repleta en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. Por guardar silencio optaron el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, y los civiles Luis Muiña y Argentinos, únicos ex miembros del denominado “grupo Swat” que llegaron vivos el juicio. Mientras Mariani aseguraba que ordenó detener a los represores al asumir como jefe de la Brigada Aérea de Palomar, en enero de 1977, Ríos sufrió un dolor en el pecho y debió abandonar los tribunales de Retiro en ambulancia. El proceso oral y público ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 continuará hoy a las 14.
El juicio por delitos de lesa humanidad en el Hospital Posadas se inició ayer, luego de dos postergaciones y a casi tres años desde que el juez Daniel Rafecas concluyera la instrucción de la causa. La audiencia comenzó con la lectura de elevación, en la que se resumen los hechos y las acusaciones, y al mediodía los jueces les dieron la palabra a los represores. Bignone, de 83 años, ex delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social, pasó al frente caminando con bastón sólo para dejar en claro que no iba a declarar. Ríos, de 66 años, que se ganó algunos gritos de “cobarde” cuando entró a la sala con muletas, se limitó a dar sus datos personales, igual que Muiña, de 57 años.
Mariani, de 84 años, reiteró el discurso con el que intentó defenderse durante las indagatorias de los últimos años. Dijo que en enero de 1977 supo “por un anónimo” de la existencia de un grupo parapolicial “al que llamaban Swat”, que hacía “ostentación visible de armas y perturbaba la tranquilidad del hospital” y que “respondía al entonces director del hospital, coronel (médico Julio) Estévez”. “Intenté morigerar la actuación de ellos, pero dijeron que tenían sus propias órdenes a las que atenerse y entonces ordené la detención de todos y los entregué a Inteligencia de la Fuerza Aérea”, declaró Mariani. Aseguró que, una vez trasladados a Palomar, ordenó liberar a todas los cautivos de El Chalet. “No tuve absolutamente nada que ver con ese tema”, intentó defenderse el militar, que a su manera confirmó la existencia del centro de detención en un área militar que el Ejército había delegado a la Fuerza Aérea y que a pesar de múltiples evidencias niega la existencia de detenidos en la base de El Palomar, unidad militar desde la que también partieron vuelos de la muerte, según la investigación del fiscal federal Federico Delgado.
Las certezas de Mariani, igual que en la etapa de instrucción, comenzaron a diluirse ante las preguntas de los fiscales federales Javier de Luca y Guillermo Silva. Indagado sobre el destino de los miembros del grupo de tareas que operaba en El Chalet, el ex brigadier dijo ignorarlo. Sobre los secuestrados, respondió de forma ambigua, invocando la falta de memoria que achaca a sus 84 abriles. “Se los mandó a su casa”, sugirió, aunque dijo ignorar los más elementales pormenores de las supuestas liberaciones. Mariani también insistió sobre una supuesta “confusión histórica” respecto de la orden de operaciones Provincia 2/76, por la cual la Fuerza Aérea se hizo cargo de la “lucha contra la subversión” en la subzona militar 16, que abarcó los partidos de Merlo, Moreno y Morón. El condenado octogenario niega esa delegación de funciones, por la cual incluso las comisarías bonaerenses quedaron bajo su jurisdicción.
El juicio ante el tribunal que integran Pablo Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini continuará hoy con la declaración testimonial del Cristina Pfluger, integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas, que tiene a su cargo actualmente la muestra permanente Construyendo Memoria en el Hospital Posadas. La comisión se reúne en el aula “Los Compañeros” de la Escuela de Enfermería, que desde 1999 y con el lema “Por una enfermería con compromiso social” funciona en la ca-sa de dos pisos donde hace 35 se instaló el centro clandestino El Chalet.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
Empezaron a juzgar los crímenes cometidos en el Hospital Posadas
Año 4. Edición número 179. Domingo 23 de octubre de 2011
Por Leandro Aráoz Ortiz y Luciana Bertoia
El Posadas. Fue inaugurado en la segunda presidencia de Perón. Durante la dictadura fue intervenido.
Dentro de ese establecimiento médico funcionó, hasta enero de 1977, El Chalet, un centro clandestino de detención.
La última dictadura sembró muerte donde había vida. El Policlínico Alejandro Posadas no fue ajeno: sufrió una intervención militar y, tiempo después, empezó a funcionar dentro de su predio un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como El Chalet, por el que pasaron trabajadores del hospital y vecinos del barrio Carlos Gardel, de Haedo Norte. El Tribunal Oral Federal en lo Criminal (TOF) 2 comenzó este jueves a juzgar esos crímenes. En el banquillo de los acusados estarán sentados los próximos dos meses el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex brigadier Hipólito Mariani y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos, por la privación ilegal de la libertad de 22 personas y la aplicación de tormentos a seis de ellos.
El Hospital Posadas empezó a construirse durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón por iniciativa de la Fundación Eva Perón y del ministro de Salud, Ramón Carrillo. Estaba pensado como una institución dedicada para tratar afecciones pulmonares y, especialmente, los casos de tuberculosis. En 1957, durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, se lo denominó Instituto Nacional de la Salud y su actividad quedó centrada en la investigación. “En esa época no se atendían pacientes, se atendían casos”, recuerda Gladys Cuervo, que trabajó desde el ’58 hasta el ’66 en el Posadas y se reintegró en 1973, cuando ya soplaban otros aires.
En 1972 se inauguró el Policlínico y se produjo una incorporación masiva de profesionales y trabajadores jóvenes que pasaban la mayor parte de sus días dentro de la institución. El entonces director, Carlos Ferreyra, era visto como un exponente de la dictadura lanussista. “Había un contexto autoritario, el manejo de los fondos no era adecuado. Eso incidió para que nos organizáramos”, cuenta la trabajadora social Cristina Pflüger. El 14 de junio de 1973, los trabajadores decidieron la toma del hospital y, en asamblea, eligieron a las nuevas autoridades. Los candados que durante años separaron al hospital del barrio humilde que lo rodeaba empezaron a romperse. Las puertas se abrieron y los vecinos empezaron a llegar a atenderse. Pflüger evoca la imagen del director elegido por los trabajadores, Julio Rodríguez Otero: “Se reunía en su despacho con los referentes del barrio Carlos Gardel. Allí se sentaban durante horas y hablaban de las necesidades del barrio y de cómo el hospital podía colaborar para resolverlas”.
La primavera duró poco. En 1974, irrumpió con una guardia armada el médico Arturo Pimentel y se hizo cargo de la dirección. El proyecto de un hospital abierto y no elitista se fue desvaneciendo en el aire, mientras comenzaban a sobrevolar los nubarrones de la Triple A.
La dictadura en el Posadas. El 28 de marzo de 1976 amaneció como una película de guerra para los trabajadores del Posadas. Aviones, tanques, celulares y soldados tiñeron el paisaje de verde oliva. La ocupación fue comandada por el general Bignone, por entonces delegado de la Junta Militar en el Ministerio de Bienestar Social. Como un ejército invasor, los militares tomaron todos los puestos de ingreso al policlínico. Las listas negras cambiaban a cada hora. Había gente que lograba sortear el primer retén pero después era detenida en el interior del hospital. Cerca de medio centenar de trabajadores fueron detenidos, cargados en camiones celulares sin identificación y llevados con destino incierto. Tiempo después, fueron legalizados pero debieron pasar meses en las cárceles de la dictadura.
Con la intervención de Bignone, se hizo cargo de la dirección el coronel médico Agatino Di Benedetto, que después siguió su carrera como director del Hospital Militar de Campo de Mayo. Di Benedetto no será parte en este juicio porque fue declarado insano. El 14 de abril del ’76, el coronel médico Julio Esteves lo reemplazó en la dirección. Los dos dispusieron cientos de despidos e inocularon el terror dentro de los pasillos del hospital. Justificándose en supuestos hechos de inseguridad, Esteves pidió en mayo la designación de una guardia de seguridad interna. Así llego a mediados de julio de ese año un grupo de diez hombres a los que los empleados bautizaron como “los Swat”, haciendo alusión a la serie estadounidense sobre un grupo policial de élite entrenado para resolver emergencias. Los trabajadores empezaron a convivir con los abusos de esta patota, que irrumpía en los servicios buscando supuestas armas e imponía vejatorias requisas a los empleados y a los propios pacientes.
Cerca de noviembre de ese año, la casa del director interino se convirtió en un centro clandestino de detención: El Chalet. Gladys Cuervo es una de las pocas sobrevivientes de ese horror. Era enfermera de Traumatología y antes del golpe militaba en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En la mañana del 25 de noviembre del ’76 recibió una llamada de la dirección. Se apuró. Cuando estaba en la puerta, Juan Copteleza, uno de “los Swat”, la encañonó. Encapuchada fue llevada hasta otra sala del hospital. Ahí empezaron los tormentos. “Mirá que esto es la aceituna del vermouth. Lo bueno viene después”, le dijo con cinismo Copteleza, que falleció este año.
Cerca de las seis de la tarde, los parapoliciales la envolvieron en una manta y la sacaron del hospital. Dieron unas vueltas por el barrio para despistarla y después la llevaron a El Chalet. Las vejaciones, los golpes y el “submarino” duraron varios días. “Yo podría haberme muerto 20 veces por la forma en que me torturaron”, dijo a Miradas al Sur Cuervo, que pasó varios días tabicada, maniatada y encerrada en un placard de El Chalet. Durante su reclusión, la mujer fue “careada” con los médicos Jaqueline Romano, quien después fue liberada, y Jorge Roitman, que sigue desaparecido. Los represores también le nombraron a otros de sus compañeros, pero no pudo verlos.
Cuervo recuerda las visitas de hombres de la Fuerza Aérea, arma que coordinaba la represión en la zona oeste del conurbano. Fueron ellos los que en diciembre de 1976 la sacaron de El Chalet y la llevaron a una casa ubicada en el predio de la Brigada Aérea del Palomar. Recién el 22 de enero de 1977, recuperó su libertad.
Para el 12 de enero de ese año, el centro clandestino El Chalet quedó desmantelado. El mismo Hipólito Mariani, por entonces jefe de la subzona 16 del Primer Cuerpo y de la Primera Brigada Aérea de El Palomar, reconoció que fue él quien ordenó a un grupo de la Aeronáutica ir a detener a “los Swat”. Junto con los parapoliciales, el grupo de tareas de la Fuerza Aérea se llevó a los detenidos que estaban en el chalet. Pero la memoria de Mariani le falló en la indagatoria del jueves para recordar qué pasó con ellos.
El juicio. La escalera conduce hacia un pasillo lleno de imágenes: las fotos del Hospital en los años ’70, los rostros de los once trabajadores desaparecidos, los recortes de diarios que cuentan años de lucha. Jóvenes estudiantes de enfermería recorren ese camino cada día. Estudian en el chalet del hospital Posadas, el mismo que sirvió de guarida de “los Swat”. La comisión de Derechos Humanos del hospital se reúne allí y proyecta cómo llevar adelante el juicio que arrancó.
En este proceso no se juzgan todos los casos de desapariciones en el Posadas. Probablemente, quedará para otro tramo. “No se termina acá la tarea de buscar justicia por los desaparecidos del hospital”, dice en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py el médico Carlos Apezteguía, mientras se despeja el sol de la vista, que promete tiempos mejores.
Fuente:MiradasalSur
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