El abogado querellante en la causa de la Subzona 14 II, Franco Catalani, y el referente del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Víctor Giavedoni, junto con otros integrantes de esa organización, levantaron ayer un acta ante escribana pública al negarse la Policía a permitir ingresar al archivo de Jefatura.
Si bien hay una ley que permite en los papeles acceder a los archivos públicos con información sobre la época de la dictadura militar, los querellantes se habían reunido a comienzos de septiembre con el jefe de Policía, comisario general Ricardo Baudaux y presentaron una nota para su ingreso. Poco después, se les indicó que podían acceder. El viernes 7 de octubre se presentaron por primera vez y desde la Jefatura le informaron a Catalani -que representa como querellante a Juan Carlos Pumilla, Elida Rodríguez Jara de Perna, el Movimiento Pampeano de DDHH y el Partido Comunista en la nueva causa que investiga los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en La Pampa- que no podía consultar los archivos.
En trámite.
El oficial encargado de informarle le dijo que el jefe de la fuerza había enviado una nota al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Ignacio Rodríguez, para su autorización. Ante la demora, Catalani, Giavedoni y otros integrantes del MPDH se presentaron ayer a la mañana nuevamente en Jefatura. La premura en la consulta de los documentos es la incorporación de nuevos elementos a la segunda causa que investiga secuestros y torturas durante la dictadura militar en momentos en que se están tomando declaración a las supuestas víctimas en el Juzgado Federal en el marco de la instrucción.
Sin embargo, otra vez les informaron que "estaba en trámite" y que el ministro Rodríguez no había contestado la nota. Frente a los querellantes, un oficial llamó desde Jefatura a Bauduax, que se encontraba entonces en General Acha, y éste informó que todavía se esperaba un contestación desde Casa de Gobierno.
Catalani y Giavedoni consideraron entonces que hay una negativa no expresa para acceder al archivo policial y labraron un acta ante una escribana pública dando cuenta de la situación. "Las autoridades se amparan en un trámite burocrático para no permitir el acceso a un documento público, que está permitido acceder por ley. Hay una decisión política de no permitir el ingreso. Esta es una traba del Ministerio de Gobierno y de la Jefatura", indicaron los querellantes. Catalani adelantó además que pedirán ante la Justicia que se permita el acceso a cualquier documentación.
Segunda causa.
La ley 2103 del año 2004 -reglamentada por decreto 842/04- declara en su artículo 1 la "publicidad y la intangibilidad de todos los documentos existentes en la administración pública provincial y municipal, centralizada y descentralizada, vinculados a la represión ilegal y al Terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983".
Los documentos de Jefatura pueden aportar datos para incorporar a la llamada "causa Subzona 14 II", que investiga los secuestros y torturas cometidos por los represores pampeanos contra unas 317 personas señaladas por la fiscal federal Marta Odasso como víctimas de secuestros y torturas. Son los casos que quedaron sin tratar el año pasado en el juicio oral y público contra nueve ex oficiales del Ejército y de la Policía provincial que integraron la Subzona 14 y que fueron condenados por encontrarlos culpables de delitos de lesa humanidad.
Ahora están señalados como posibles autores unos 35 ex militares y ex policías, entre los que están los siete presos en la Unidad Penal 4 y Hugo Marenchino, que recibió el beneficio de la libertad condicional la semana pasada.
Contradicciones de un discurso
El gobierno provincial al no permitir el acceso a su archivos públicos de la época de la dictadura militar está en abierta contradicción no sólo con su propio discurso, sino también con los avances del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner en materia de justicia en crímenes de lesa humanidad y de sus políticas de la memoria.
En su momento, el gobernador Oscar Mario Jorge dijo, por ejemplo, al referirse al hijo de la desaparecida Lucía Tartaglia que su recuperación era "una política de Estado". Aunque hizo bandera con esa cuestión y prometió un "equipo especial" para la búsqueda, nunca más hubo avances.
La mayor contradicción es con el gobierno nacional, con cuyo proyecto dice estar identificado en lo político. Desde la Casa Rosada se ha avanzado con el proceso a los represores de los tiempos de la dictadura militar y también en la recuperación y publicidad de archivos sobre ese período.
FuentedeOrigen:LaArena
Fuente:Agndh
Ya declararon 26 testigos en el juicio de la Subzona 14 II
Sigue el desfile de víctimas de la represión en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Se agregarán más testigos a la lista inicial. Son los casos que no entraron en el debate del año pasado.
Hasta la jornada de hoy, 26 testigos-víctimas declararon en el Juzgado Federal de Santa Rosa, en el marco de la investigación por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en la provincia, bajo la esfera de la Subzona 14.
Las declaraciones de los testigos cotinuarán durante este jueves y la semana próxima. Luego habrá un paréntesis. Terminada la primera tanda de testigos, los responsables de la investigación piensan hacer una pausa de unos días para relevar el contenido de todas las audiencias, porque de los dichos de los testigos surgieron datos para averiguar y nuevas personas para citar. Esa información debe ser organizada antes de resolver.
Las declaraciones la están tomando el juez Pedro Zabala y la secretaria Iara Silvestre.
La investigación derivará en el segundo juicio contra represores en la provincia. Se investigan secuestros y torturas cometidos por los represores pampeanos entre 1975 y 1983.
En principio, hay unas 317 personas señaladas por la fiscal federal Marta Odasso como víctimas de secuestros y torturas. Son los casos que quedaron sin tratar el año pasado en el juicio oral y público contra nueve ex oficiales del Ejército y de la Policía provincial, que fueron condenados por encontrarlos culpables de delitos de lesa humanidad.
Ahora están señalados como posibles autores unos 35 ex militares y ex policías, entre los que están los siete presos en la Unidad Penal 4 y Hugo Marenchino, que recibió el beneficio de la libertad condicional hace un mes.
En el juicio anterior fueron condenados por delitos de lesa humanidad el militar Néstor Greppi y los policías Roberto Constantino (fallecido en prisión), Omar Aguilera, Carlos Reinhart, Athos Reta, Roberto Fiorucci, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo.
Fabio Iriart estuvo ausente por padecer una enfermedad que le impidió estar en el juicio oral, a pesar de que está procesado. Y el ex coronel Luis Baraldini, ex jefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura -entre 1976 y noviembre de 1979-, está prófugo.
Según una fuente tribunalicia, hasta ahora los testigos confirman y ofrecen detalles de los padecimientos que sufrieron. “Prácticamente no hay nada nuevo. Describen el modo de operar de los represores, que sigue una línea de trabajo común, si se puede decir de esa manera”, le contó a El Diario una fuente con acceso al expediente.
Hasta ahora, actúa como abogado querellante Franco Catalani, que representa al Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Juan Carlos Pumilla, la viuda de Oscar Pernas y el Partido Comunista. También inició las gestiones para actuar como querellante la abogada Carina Salvay, quien estuvo entre las querellas del primer juicio.
El Juzgado le había entregado a la Secretaría de Derechos Humanos una lista de 191 personas para que ubique su paradero. Estos serán parte de una segunda tanda de testimonios.
FuentedeOrigen:DiariodeLaPampa
Fuente:Agndh
Denuncia de raquel barabaschi
Un represor suelto en La Pampa
Publicado el 23 de Octubre de 2011
Por Daniel Enzetti
El ex comisario Hugo Marenchino, responsable del Departamento de Inteligencia de La Pampa durante la última dictadura militar y condenado el año pasado a ocho años de cárcel por su participación directa en los secuestros y desaparición de varios trabajadores y militantes políticos, está en libertad desde hace pocas horas. Mediante un extraño cálculo del tiempo que estuvo a la sombra durante el proceso, y antes de esa sentencia, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Santa Rosa, encabezado por los jueces José Mario Tripputi, Armando Márquez y Eduardo Krom, decidió que ya era suficiente, y que unos pocos meses guardado por haber marcado blancos y señalado a víctimas que nunca más aparecieron estaba bien.
Pero lo grave de la resolución no se limita a este caso. A fines de 2010, un histórico proceso llevado a cabo en La Pampa identificó por primera vez en más de tres décadas a los represores que dirigían la tenebrosa Subzona 14, y dictaminó penas de entre ocho y 12 años de prisión no sólo a Marenchino, sino además a los policías locales Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart, sumados al militar Néstor Greppi (edecán del ex presidente Raúl Alfonsín) y a Néstor Cenizo, Athos Reta y Oscar Yorio. Frente al reciente gesto del tribunal de liberar al genocida, sobrevivientes, testigos, abogados de la querella y organismos de Derechos Humanos sospechan que podría pasar lo mismo con todos o con alguno de los demás reos.
De los casi 140 testimonios que dieron cuerpo a aquella acusación, el más importante fue el de Raquel Barabaschi, secuestrada cuando estudiaba en la UTN de General Pico, que por primera vez cuenta detalles del espía en una entrevista con Tiempo Argentino (ver recuadro).
Marenchino se desempeñó como responsable del Departamento de Inteligencia Nº 2 (D2) de la provincia desde 1974, mientras la Triple A diseminaba a varios de sus cuadros por el interior del país. Tras el golpe de Estado de 1976, el ex comisario organizó seguimientos, marcó blancos y estuvo presente en numerosas sesiones de tortura, según las acusaciones que derivaron en su detención. Pero además, fue mencionado por sus propios superiores y compañeros como autor de hechos aberrantes. Durante los ’90, en la provincia lo recuerdan como un violento puntero del PJ. Hasta el mandato del ex gobernador Carlos Verna, que lo recicló como funcionario encargado de repartir jubilaciones y pensiones graciables. La hija de Marenchino también consiguió trabajo con Verna, fue su secretaria personal. Siempre tuvo en el poder algún padrino que le salvó la piel. Como la actual candidata a la gobernación, Norma Durango, que olvidándose de la picana y el submarino seco que Marenchino mandaba a utilizar, dijo hace un tiempo que “esa gente se merecía una segunda oportunidad”, en alusión al genocida.
“Interrogaba arriba”. Según distintos testimonios, el conductor de la patota a la que pertenecía el represor era Humberto Rifaldi, director del D2. A su vez, recibía órdenes directas del jefe de Policía Luis Baraldini (hoy prófugo), quien le daba libertad para organizar como mejor le parecía los secuestros, una vez investigado cada caso e identificada la persona a la que se llevarían.
En los últimos años, Marenchino intentó despegarse de esos operativos, balbuceando que él se limitaba a realizar trámites administrativos. Sin embargo, sus ex camaradas dijeron lo contrario. Un testigo de apellido Contreras recordó que figuraba a la vista de todos como parte del organigrama oficial de los secuestradores. La celadora Stemphelet de Barret, encargada de “cuidar” a los cautivos, también lo señaló como organizador de los operativos. Y otro policía apellidado Otero sostuvo que “interrogaba arriba”. Otero se refería al primer piso de la Seccional 1ª de Santa Rosa, donde funcionaba la sala de tortura del principal centro clandestino de detención de la provincia.
Marenchino aparece hoy como principal responsable de esas operaciones a partir de la palabra de otros sobrevivientes, como Nery Greta Sander de Trucchi (ex empleada del gobierno provincial), Mireya Regazzoli (hija del gobernador destituido con el golpe de Estado de 1976), Luis Barotto (esposo de Barabaschi), Hermelinda Gándara (policía) y las celadoras Nilda Stork y Norma Trouil.
“Stork y otro comisario llamado Guevara Núñez me dijeron que Marenchino me había torturado –recuerda Barabaschi a este diario–, en ese momento yo no lo conocía. Y también lo identificó otra celadora de apellido Alzamendi.
La misión de secuestrar un disco. En 1977, un general pampeano le ordenó a Marenchino viajar a la localidad de Catriló. El objetivo era sacar de circulación un viejo long play con la voz de Alfredo Alcón. En el vinilo el actor recitaba poemas de Federico García Lorca, y según las informaciones que el ex comisario pudo recabar, el disco era usado por Alberto Callaqueo, profesor de teatro que hacía escuchar la obra como parte de sus cursos en pueblitos del interior de la provincia. Marenchino encontró el disco y secuestró a Callaqueo, que después de un mes de permanecer como detenido clandestino pudo salir en libertad.
Uno de los operativos más importantes en los que está involucrado el ex comisario fue el secuestro de Zulema Arizo, una maestra rural de la Escuela-albergue Nº 286 de Paso de los Algarrobos. Los reclamos de Arizo para que los chicos tuvieran más comida y agua potable no le gustaron mucho a la directora del establecimiento, Lidia Fiorucci, que no sólo desconoció el pedido, sino que además pidió al Ejército que desapareciera a la profesora. El 23 de mayo de 1978, durante la madrugada, cuatro hombres vestidos de médicos y enfermeros se llevaron a Arizo en una ambulancia. Estaba embarazada y la tiraron en una celda de la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, donde ahora funciona la Dirección de Accidentología. La soltaron a los tres meses, y hoy recuerda a Marenchino como uno de los disfrazados de la camioneta blanca. La directora que ordenó secuestrarla tenía peso: es la esposa de Roberto Fiorucci, uno de los jefes policiales condenados el año pasado.
“Hasta liberaron la zona –sostiene Barabaschi– como quedó demostrado con el relato de José Domínguez, el portero de la escuela. No dejaron a nadie, y el día que se llevaron a Zulema, a él le dieron franco.”
En otra oportunidad, Marenchino viajó a Victorica para “interiorizarse” sobre el caso de una persona a la que los efectivos pampeanos seguían desde hacía bastante tiempo. Se trataba del estudiante Oscar Di Dío, el único desaparecido pampeano de esa localidad, secuestrado en la Plaza Miserere de la Ciudad de Buenos Aires. También fue señalado como el responsable de la pesquisa que derivó en la desaparición de Liliana Molteni.
En declaraciones telefónicas a El Diario de La Pampa, Arizo sostuvo que “nos sentimos desprotegidos, porque ahora sale él, y después salen los demás. Los vamos a tener entre nosotros, caminando por las calles. ¿Qué pasa con la gente que va a convivir en su pueblo? ¿Cómo se hace para tener de vecino a una persona así?”.
Fuente:TiempoArgentino
“Su libertad es una burla a la sociedad”
Publicado el 23 de Octubre de 2011
–¿Cómo tomaron la excarcelación de Hugo Marenchino?
–Es un cachetazo demasiado fuerte que nos dieron no sólo a las víctimas, sino además a toda la sociedad pampeana, después del esfuerzo sobrehumano que hicimos el año pasado para que, por primera vez en varias décadas, se condenara a los represores de la provincia. La gente no sabe el sacrificio que pasamos para que ese juicio se hiciera. Hubo testigos que llegaban a las audiencias escondidos en el piso del auto, por el miedo que tenían y que todavía soportan.
–¿Pensaban que podía pasar?
–Teníamos algunos temores, sobre todo que los condenados se escudaran en su longevidad, en que son viejos y enfermitos y pidieran detención domiciliaria. Pero esto es el colmo, una barbaridad. Marenchino siempre había intentado zafar, diciendo que él no tenía una responsabilidad directa en los secuestros durante la dictadura, pero eso es mentira. Lo detalló muy bien mi abogado Miguel Palazzani, cuando en su alegato explicó que este represor era el que organizaba las tareas de inteligencia para las posteriores desapariciones de compañeros. El papel de este hombre siempre se ocultó, camuflado de supuestas tareas administrativas. Nunca pensó que el año pasado tendría una sentencia condenatoria, y por eso fue muy importante ese juicio. Además, una vez recuperada la democracia, siguió protagonizando algunos hechos bastante escandalosos.
–¿Qué lugar ocupó?
–No era conocido en el ambiente de los organismos de Derechos Humanos, aunque las labores que desarrolló en inteligencia lo convierten en culpable directo de los secuestros, o como mínimo en cómplice. Cuando se recuperó la democracia fue un histórico puntero político del PJ de la provincia, y durante la gobernación de Carlos Verna era el responsable de un área que se encargaba de distribuir jubilaciones y pensiones graciables. Su hija, incluso, permaneció mucho tiempo como secretaria de Verna en la provincia.
–¿A qué te referís como hechos escandalosos?
–Por ejemplo, el que ocurrió hace algunos años en Eduardo Castex, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Santa Rosa, donde vive Marenchino. Los García son una familia militante muy reconocida en la región, desde la época de Pampero García, viejo luchador contra el sindicalismo de derecha y contra aquellos personajes que después pasaron a integrar los grupos de tareas. Pampero tuvo dos hijos: Sergio, desaparecido después del golpe de Estado, y Carlos. Hace algunos años la esposa de Carlos se presentó como candidata a concejal por una agrupación vecinalista, y en una oportunidad Marenchino la amenazó de muerte, sacó un arma de su auto y le hizo advertencias a toda su familia. Todo el pueblo de Castex repudió el apriete. La única que salió a defender al represor fue Norma Durango, actual candidata a gobernadora. “A esta gente hay que darle una segunda oportunidad”, dijo, defendiendo a Marenchino. Durante el juicio del año pasado, nos dimos cuenta realmente de lo que significaba esta persona en la estructura de la Subzona 14, pero no sólo por las declaraciones de los sobrevivientes, sino además por varios testimonios de sus ex compañeros. Humberto Riffaldi, su jefe en el Departamento Nº 2 de Inteligencia (D2), reconoció las tareas que le encomendaba. Esas órdenes se basaban en el punto 5024 de la Resolución 9.1 del Ejército, titulada “Operaciones contra Elementos Subversivos”. El memorándum establecía que “las actividades de Inteligencia adquirirían una importancia capital, pues son las que posibilitarán la individualización de los elementos subversivos y su eliminación”, y que “del mayor o menor esfuerzo de la actividad de Inteligencia dependería en gran medida el éxito de la misión”. Es decir, era una pieza muy importante para ubicar a los blancos. Secuestraban a los compañeros que ellos consideraban “subversivos” u oponentes, y después los llevaban a los centros clandestinos de la provincia.
–¿Comenzó a trabajar en Inteligencia después de marzo de 1976?
–No, en su legajo consta que ya formaba parte del D2 desde 1974, y desempeñó una tarea fundamental en el área. El D2 funcionaba en la Jefatura de Policía que está en el centro de Santa Rosa, y en el mapa represivo de la Subzona 14, el centro clandestino de detención ocupaba parte de la Seccional 1ª, en las afueras de la ciudad. Marenchino siempre insiste con que “yo hacía tareas de jefatura”, pero no es así, miente. El policía Juan Ángel Bustos declaró en el juicio que “subía y participaba” en los interrogatorios. La sala de tortura estaba en el primer piso. Y Nilda Stork, nuestra celadora mientras estuvimos secuestrados, también contó que lo veía subir a esa zona restringida, donde únicamente estaban los de “la patota”.
–¿De qué manera se preparan para la segunda parte del juicio contra los represores en La Pampa?
–Estamos en etapa de instrucción y uno de los objetivos es incluir como acusados directos a los civiles que participaron en aquella época en la represión, como por ejemplo el ex presidente del PJ pampeano Carlos Aragonés, y varios médicos que nos atendían en la sala de torturas. Hay que aclarar que lo de Marenchino lamentablemente no es nuevo. Ya hubo en nuestra provincia un juicio que fue una burla a toda la sociedad pampeana, después del cual estos represores fueron indemnizados, reintegrados a sus fuerzas y hasta ascendidos de rango. Este personaje llegó a comisario en la Unidad Regional de General Pico a fines de los ’90, desde donde manejaba todas las comisarías de la ciudad. La Pampa fue uno de los lugares donde más se palpó la complicidad del poder político y económico con la dictadura. Y un ejemplo es Carlos Yorio, hoy condenado y durante mucho tiempo gerente de la Cámara de Comercio de Santa Rosa.
Fuente:TiempoArgentino
Opinión
El terrorismo de Estado y la Subzona 14
Publicado el 23 de Octubre de 2011
Por Franco Catalani (*)
En noviembre del año pasado se conoció la sentencia del TOF La Pampa por delitos de lesa humanidad, que condenó a nueve represores (un militar, Néstor Greppi, y ocho policías) a penas que van de los 20 a los ocho años de prisión, por 37 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos, después de 34 años de ocurridos y 26 de proceso penal (“Juicio Subzona 14” o “SZ 14”). Dos militares pudieron escapar de la acción judicial: el indicado como máximo responsable, Fabio Iriart –imposibilitado de trasladarse según los peritos de la CSJN– y Luis Baraldini, prófugo. Como La Pampa formaba parte del I Cuerpo de Ejército, se instruyó completamente en C.A.B.A. y sólo el debate oral del segmento La Pampa se realizó en esta provincia.
Inmediatamente de concluido el proceso se inició una nueva causa penal, que tiene por objeto agregar en la investigación un número mucho mayor de hechos, de víctimas y victimarios que no se incluyeron en el juicio anterior, y que fueron saliendo a la luz a medida que aquel se desarrollaba.
Este nuevo proceso es completamente diferente por varias razones. En primer término, se tramitará totalmente en La Pampa (instrucción y debate); en segundo lugar, es de esperar que no demande 26 años de sustanciación sino 4 o cinco, cuando mucho. Para ello, tanto el Juzgado Federal como la Fiscalía y la querella trabajan prolija y persistentemente.
Por otro lado, hasta el momento se han constituido en querellantes el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, el PC y dos víctimas particulares (en la SZ 14 I eran más de 20). La ventaja es que, al realizarse íntegramente en la provincia, las partes y sus profesionales tendrán un manejo mucho más preciso y fluido del expediente. La desventaja, denunciada por los organismos de Derechos Humanos, es que la fragmentación de los juicios dificulta la investigación y revictimiza a los ofendidos.
Otra novedad es que la querella tratará de probar nuevos delitos como la asociación ilícita y el atentado al orden constitucional –este último, por lo que se sabe, inédito–, además de la participación de las personas a cargo de la inteligencia y que decidían los secuestros, luego ejecutados por la nefasta Subzona 14.
(*) Abogado querellante en el juicio de la Subzona 14.
Fuente:TiempoArgentino
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