Primer paso para evitar que prescriban delitos de la dictadura
Las cartas están sobre la mesa, y hoy comienza a escribirse el primero de dos capítulos de la historia final del proyecto de ley (cámaras de Senadores y Diputados) que restituye la pretensión punitiva del Estado para los delitos de terrorismo de Estado en la dictadura.
MARCELO MARQUEZ
Si no existe ningún imprevisto, el Senado, con los votos del Frente Amplio y la oposición del Partido Nacional y del Partido Colorado (el Partido Independiente no tiene representante) se pronunciará en esta jornada a favor de la iniciativa que establece que los delitos cometidos durante la dictadura no prescriben.
Para varios juristas, la posibilidad de investigar y someter a juicio a los responsables con la actual legislación, vencería a principios de noviembre, y de allí la premura por sancionar rápidamente el proyecto.
Ayer el Senado aprobó que el tema se comience a tratar desde la hora 9.30 de hoy hasta antes de las 20.00 horas, para permitir que el asunto pueda analizarse el miércoles en la Cámara de Representantes.
Desde las barras, las organizaciones defensoras de los derechos humanos estarán pendientes de la deliberación, mientras que estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República decidieron ocupar sus instalaciones desde hoy hasta el día 31 "en señal de repudio a la prescripción de los crímenes de la dictadura".
En la víspera, los partidos comenzaron a delinear sus estrategias para el debate, en donde los informantes serán Rafael Michelini (FA), Francisco Gallinal (PN), y Ope Pasquet (PC). En el FA, la batuta la llevará Michelini pero se escucharán los aportes de la mayoría de los legisladores. Uno de los argumentos que esgrimirá el FA es la necesidad del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman en donde se insta a Uruguay a quitar todo obstáculo que impida las investigaciones. Michelini ha insistido una y otra vez que si no se legisla "lo que va a ocurrir es que llegarán a la Corte Interamericana todos los casos y los iremos perdiendo uno tras otro", afectando la imagen del país.
También insistirá en que "la Ley de Caducidad, en forma ilegítima, privó a los familiares de las víctimas de un derecho legítimo". La bancada de senadores del Frente Amplio acordó ayer, además, que las intervenciones de los legisladores oficialistas esté acotada, pera lograr que el proyecto se apruebe antes de las 20.00 horas. En tanto, el PN emitió una declaración a través de su Directorio presidido por Luis Alberto Heber. Por la misma se "rechaza una vez más todo intento de violentar y modificar la voluntad popular a través de una ley, como se promueve en el proyecto a estudio del Senado de la República en el que se deroga, con efecto retroactivo, la Ley de Caducidad". Agregan que "el Uruguay, al adherir al Tratado de Roma en el año 2002 con el voto del PN, incorporó a nuestro Derecho los delitos de lesa humanidad así como su imprescriptibilidad, correspondiendo a la SCJ definir en el caso concreto, el alcance de la aplicación de dicho Tratado".
A su entender "la Ley de Caducidad no impide ni coarta la búsqueda de la verdad sino que por el contrario, la incorpora a texto expreso". A juicio del PN "es obligación del Estado uruguayo cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Justicia, respetando en todos los casos el ordenamiento constitucional nacional".
En tanto, el Partido Colorado cuestionará duramente el emprendimiento. A través de su twitter, Pedro Bordaberry se refiere a la sesión del Senado "por ley de desconocimiento del voto de los uruguayos". En su columna, Pasquet cuestiona: "La actuación del FA en este tema nos trae a la memoria una frase terrible atribuida a Perón: 'A los enemigos, ni justicia'".
Articulado
El proyecto de ley que se promueve expresa textualmente:
"Artículo 1º. Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.
Artículo 2º. No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.
Artículo 3º. Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Artículo 4º. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo".
Mayoría ajustada
La norma que restituye la pretensión punitiva del Estado para los delitos de terrorismo de Estado en la dictadura solo será votada por el Frente Amplio en ambas cámaras, alcanzándose la mayoría necesaria, pero ajustadamente.
En la sesión de hoy, en el caso de estar todos presentes, será aprobada por dieciséis voluntades sobre quince legisladores (Partido Nacional, incluyendo a Jorge Saravia, y el Partido Colorado).
En Diputados, con un poco más de aire, el FA cuenta con 52 votos sobre 47 del PN, PC y Partido Independiente.
Mesa del FA: apoyo verbal
La bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) definirá hoy la estrategia que llevará adelante en el plenario de la Cámara de Representantes mañana, cuando se trate el proyecto de imprescriptibilidad.
El diputado Aníbal Pereyra del MPP señaló que en principio la idea es que el proyecto se trate mañana de mañana en la Comisión de Constitución y por la tarde en el plenario. Subrayó que no está definido si el oficialismo presentará un informe al comenzar el tratamiento del proyecto, o directamente argumentará a favor del articulado, al ser mínimo el tiempo que tendrán los legisladores. No obstante, aclaró que el tema se definirá hoy. Pereyra ratificó que el Poder Ejecutivo promulgará la ley antes del 1º de noviembre. Entre tanto, la Mesa Política del FA decidió ayer trasmitir verbalmente a los legisladores de la coalición el respaldo de la fuerza política a la iniciativa y la seguridad de que será aprobado. Si bien en la sesión de ayer se analizó la posibilidad de emitir una declaración de apoyo a la labor de los parlamentarios, se optó por hacerlo telefónicamente ante la objeción de algunos asistentes, que entendieron que un texto podría interpretarse como una "presión". El tema del proyecto estuvo atado además al hallazgo de restos óseos en el Batallón 14. El delegado de base del Interior, Alejandro Arismendi, indicó que los representantes de todo el Interior se reunieron el sábado para reafirmar la necesidad de que se apruebe la norma.
Por otra parte, en la coalición se mantiene la idea de promover una declaración en la Asamblea General que señale que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
Ese bicho no existe
24.11.11
El país del domingo 23 de octubre dedica su editorial a atacar al partido de gobierno por varias razones. Entre ellas, por su intención de hacer aprobar un proyecto de ley que ponga de manifiesto la disposición legislativa de cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay.
Quien fuera el vocero oficial del Terrorismo de Estado durante el siniestro período que vivió nuestro país se siente en condiciones morales de dar lecciones de democracia y constitucionalidad a la ciudadanía.
Siguiendo la línea argumental de los profesionales que defienden a quienes ya se encuentran procesados por su participación en los exquisitos crímenes seriales, hacen caso omiso a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman vs Uruguay. Para ellos, las normas internacionales de derechos humanos no existen, salvo que beneficien a delincuentes como los hermanos Peirano. La Corte IDH menos.
Uruguay ratificó la Convención Americana de DDHH.
En abril de 1985, al retornar a la institucionalidad democrática, por unanimidad de todos los parlamentarios, Uruguay suscribió, libre y soberanamente, la Convención Americana de DDHH, también conocida como Pacto de San José, en referencia al lugar en que se aprobó dicho instrumento en noviembre de 1969.
En consonancia con la Declaración Universal de 1948, para los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), dicha convención es el documento que establece los derechos de los ciudadanos, las garantías legales y las obligaciones ineludibles de los Estados para asentar y consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, basado en el respeto de los derechos esenciales en un marco de instituciones democráticas.
Los Estados se comprometieron a respetar los derechos y las libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas sujetas a sus jurisdicciones.
La Corte IDH es el máximo órgano.
Al suscribir la Convención Americana, nuestro país aceptó que la Corte IDH es el máximo órgano jurisdiccional en materia de DDHH. Así lo dispone el artículo 68.2 de la misma.
La Corte IDH es el máximo tribunal y sus fallos son definitivos e inapelables. Es obligatorio para quienes suscribieron la Convención dar cumplimiento a sus sentencias de buena fe y de manera integral.
La Ley de Caducidad ya fue anulada por la Corte IDH.
Los juristas que nunca faltan cuando de defender a los terroristas de Estado se trata, han señalado que la iniciativa a estudio del Parlamento es inconstitucional pues deroga tácitamente la Ley de Caducidad.
Quienes aducen este disparate intencionado, olvidan que el 24 de febrero de este año, la Corte IDH ya anuló la Ley de Caducidad pues violenta los compromisos asumidos por el Estado uruguayo al suscribir la Convención Americana de DDHH.
Según la sentencia, la Ley de Caducidad carece de efectos jurídicos. Alcanza con haber pasado por la puerta de la Facultad de Derecho para saber que una norma legal que no tiene efectos jurídicos, no existe y por lo tanto no puede ser derogada.
Tal como afirmara el catedrático Dr. Alberto Pérez Pérez que algo sabe de estas cuestiones, ante la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, no se puede derogar una ley carente de efectos jurídicos: no se puede matar a un muerto.
La Suprema Corte es un problema para la justicia.
El fallo de la Corte IDH que liberó al Poder Judicial de la supeditación al Poder Ejecutivo impuesta en diciembre de 1986 por la ley ya anulada, es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del Estado uruguayo.
Hasta el momento el único órgano del país que ha desconocido flagrantemente el fallo del máximo tribunal americano, paradójicamente, es la Suprema Corte de Justicia.
Algunos operadores del sistema han actuado en sus fallos y resoluciones en total armonía con las normas constitucionales y las disposiciones del derecho internacional. Quienes debieran dar el ejemplo y liderar la implementación, los integrantes de la SCJ, han desconocido vergonzosamente el texto explícito de la sentencia, con la sola excepción del Dr. Leslie Van Rompaey.
Con la enorme autoridad moral que le confieren las décadas de actuación en defensa de los DDHH de quienes eran torturados, privados de su libertad, asesinados y desaparecidos por el régimen militar, Amnistía Internacional (AI) ha cuestionado seriamente el proceder de la SCJ, instándola públicamente a que corrija su conducta prontamente para no seguir siendo un obstáculo para la justicia que debería efectivizar.
Nunca Más terrorismo de Estado.
Como no podía ser de otra manera, el senador Pedro Bordaberry y su partido se ha puesto al frente de la oposición a que se cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte IDH. Quiere impedir que la justicia pueda seguir avanzando y que se restablezca la verdad de lo ocurrido durante el proceso represivo que se inició en junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad para enfrentar a los trabajadores, sofrenar sus luchas y reprimir salvajemente al movimiento sindical y estudiantil.
La transición democrática iniciada en 1985 fue obstaculizada durante la vigencia de la Ley de Caducidad que impuso la cultura de la impunidad, impidió la plena aplicación de las normas constitucionales y el acceso a la justicia a miles de uruguayos que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor.
El cumplimiento a cabalidad de la sentencia de la Corte IDH por parte de los poderes del Estado, tal como reclaman las organizaciones defensoras de los DDHH lideradas por el Pit-Cnt, es de fundamental importancia para superar las tragedias del pasado terrorista por parte del Estado. Es un paso decisivo para afirmar la democracia, la independencia del Poder Judicial y las normas internacionales de DDHH como base esencial de la convivencia civilizada y plena.
Como lo estableció la sentencia de la Corte IDH con respecto a lo ocurrido en Uruguay, la tortura, la privación agravada de la libertad, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios políticos y la desaparición forzada de personas, fueron, son y serán siempre delitos de Lesa Humanidad. El sistema político, los partidos comprometidos con la democracia, deben confirmarlo en esta instancia parlamentaria.
FuentedeOrigen:gastongrisoni.blogspot.com
Envío:CecilioM.Salguero
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