Para Pérez Pérez, proyecto por prescripción "no es inconstitucional"
El catedrático Grado 5 en Derecho Constitucional, Alberto Pérez Pérez, aseguró que el proyecto de ley del Frente Amplio (FA), por el cual se pretende declarar imprescriptibles los crímenes de la dictadura, se ajusta a la norma constitucional. "El proyecto no tiene ninguna inconstitucionalidad", dijo Pérez Pérez.
Pérez Pérez, ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), director del Instituto de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar, afirmó que el proyecto "no tiene ninguna inconstitucionalidad" y es una manera de cumplir el fallo de la Corte IDH contra el Estado, en la causa "Gelman vs Uruguay".
"Es una manera de cumplir una parte muy importante de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman, donde se dijo, con toda claridad, que la Ley Nº 15.848, 'Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado', era manifiestamente incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica, por lo cual carece de efectos jurídicos", expresó Pérez Pérez a LA REPÚBLICA.
"En consecuencia, el Estado está obligado y debe hacer lo necesario para que la ley no siga constituyendo un obstáculo para la investigación de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, la identificación de los responsables y su eventual castigo", agregó Pérez Pérez.
En este sentido, el catedrático destacó que el proyecto del FA tiene como "base" el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado uruguayo, para lo cual el artículo 2 del texto propuesto "es fundamental". El artículo afirma: "No se computará plazo proceso alguno en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos" perpetrados por el accionar represivo del aparato estatal en dictadura. Sin embargo, el catedrático recomendó aclarar en el texto que dentro del concepto de plazos procesales se incluye el plazo de prescripción, como forma de evitar interpretaciones que atenten contra el espíritu de la norma.
En tanto, Pérez Pérez aseguró que el artículo 1, por el cual se restablece la pretensión punitiva del Estado, "es innecesario", por cuanto "la Ley Nº 15.848 carece de efectos jurídicos". "No puede ser derogada porque es nula, por ser manifiestamente incompatible con las normas internacionales", agregó.
En tanto, el artículo 3 también sería innecesario porque su contenido se desprende de la sentencia de la Corte IDH, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado. "No está mal que se diga, pero puede decirse o no", señaló. "En mi caso propondría un texto que diga, en forma resumida, que el Estado uruguayo, por intermedio de todos sus órganos, debe cumplir y hacer cumplir la sentencia de la Corte IDH, en el caso Gelman vs Uruguay".
Empero, el catedrático defendió el proyecto del oficialismo e insistió en que el mismo no vulnera ni violenta ningún aspecto de la Constitución de la República, ni siquiera el principio de irretroactividad de la ley penal, como afirmaron otros juristas.
Pérez Pérez recordó que, en atención del fallo de la Corte IDH, el Estado tiene el "deber" de disponer la inaplicabilidad de cualquier excluyente de responsabilidad penal, como prescripción o irretroactividad de la ley penal, para juzgar los crímenes de la dictadura. La sentencia "es obligatoria e inapelable", concluyó Pérez Pérez.
"NO DESCONOCE VOLUNTAD POPULAR"
* El catedrático en Derecho Constitucional Alberto Pérez Pérez afirmó que el proyecto del oficialismo no procura "desconocer la voluntad popular sino aplicar la sentencia de la Corte IDH, que condenó al Estado uruguayo". "El fallo es obligatorio y, al igual que lo hizo la Suprema Corte de Justicia en el caso Sabalsagaray, la Corte IDH afirma que hay temas que no se pueden someter a plebiscito", agregó Pérez Pérez.
No apoyó el texto interpretativo
* Alberto Pérez Pérez se manifestó en reiteradas oportunidades sobre la obligación del Estado uruguayo de cumplir con el fallo de la Corte IDH en el caso "Gelman vs Uruguay". Sin embargo, oportunamente manifestó que el texto interpretativo de la Ley Nº 15.848 promovido por sectores del oficialismo era un camino "no idóneo" para lograr el objetivo de "dejar sin efecto" la norma.
"Lo que me temo es que la ley interpretativa no sea idónea para lograr el objeto que se busca", por cuanto los jueces y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberán interpretar si corresponde su aplicación, no pudiéndose saber cómo se unificará la jurisprudencia. El Estado "no tiene que decir que la Ley Nº 15.848 carece de efectos, sino aplicar la sentencia" de la Corte IDH, dijo Pérez Pérez. Ahora, el catedrático defiende el actual proyecto del oficialismo.
EN SENADO Y DIPUTADOS. LA OPOSICION EN CONTRA
Prescripción: solo el Frente votará iniciativa
Con los votos a favor del Frente Amplio y la oposición de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, el Parlamento cuenta con las mayorías necesarias a los efectos de aprobar el proyecto.
El lunes a partir de la hora 16 será el turno del plenario del Senado, en donde en caso de la concurrencia de la totalidad de sus miembros, el Frente Amplio (FA) obtendría su objetivo al contar con la mayoría de los votos (dieciséis voluntades) sobre quince (Partido Nacional con el legislador Jorge Saravia incluido, y el Partido Colorado).
Desde el FA, Enrique Rubio destacó la unanimidad del respaldo de la bancada de senadores.
"Hemos analizado constantemente la evolución del país en materia de derechos humanos, tenemos compromisos que los hemos manifestado tanto en la campaña electoral como después, y nos encontramos con que llegó el momento de dar un giro importante y trascendental por razones de derecho internacional, derecho interno, por razones que tienen que ver con la justicia y la verdad, y por el componente ético que tiene toda esta cuestión", evaluó Rubio.
El senador Eber Da Rosa expresó que Alianza Nacional "está estudiando algunos de los artículos pero en principio tiene una posición negativa". Personalmente, Da Rosa indicó a LA REPÚBLICA que "en términos generales replantea los mismos temas de fondo que se expusieron durante la discusión de la anulación de la Ley de Caducidad, valen en este caso los mismos argumentos con los cuales no estuvimos de acuerdo".
En tanto, Jorge Saravia (Concertación Republicana Nacional) manifestó que "tenemos la misma postura que con la Ley de Caducidad". "Entendemos que se trata por vías indirectas de violar la expresión del pueblo soberano en 2009 el Frente Amplio tuvo mayorías legítimas en las urnas pero mayorías circunstanciales, intentar incidir por la vía parlamentaria en la Justicia, que es un Poder independiente", puntualizó.
El Partido Nacional definirá su postura definitiva en el Directorio del próximo lunes. "Vamos a votar en contra, en realidad, por lo que hemos votado en contra todos estos proyectos que tienen como objetivo básicamente modificar la voluntad popular en materia de la Ley de Caducidad", dijo a LA REPÚBLICA el senador José Amorín (Partido Colorado).
Diputados
En tanto, el proyecto será analizado y aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles 26 de octubre, 48 horas después que lo apruebe y remita el Senado.
El coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Cámara baja, el diputado José Bayardi, relató a LA REPÚBLICA que en este caso el proyecto de ley cuenta con el apoyo "de todos los sectores" que conforman la bancada oficialista.
Son 50 legisladores y, según los últimos sondeos, serían los únicos votos positivos que tendría esta iniciativa.
Blancos, colorados e independientes anunciaron ya su disconformidad con el articulado del gobierno argumentando que el mismo encierra y contiene un nuevo "desconocimiento" a la voluntad popular de no modificar el alcance legal de la vigente Ley de Caducidad.
Los diputados Víctor Semproni y Hugo Dávila, Congreso Frenteamplista y Partido Comunista, respectivamente, les comunicaron a los coordinadores de la bancada oficialista que respaldan el proyecto de ley.
ESPECIALISTAS
* Hoy la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibirá a varios catedráticos especialistas en materia constitucional para que den a conocer sus puntos de vista sobre la norma proyectada.
Entre ellos concurrirán Gonzalo Aguirre y Martín Risso, a pedido del Partido Nacional, así como Diego Abal.
El grupo parlamentario que preside Francisco Gallinal (PN) se reunirá a partir de las 14.30 horas en la Sala Martín C. Martínez.
DENUNCIA. CUESTIONAN A JUECES Y FISCALES
Militares procesados recurren a la Corte de DDHH de OEA
Por LORELEY NICROSI
El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Corffaa), coronel retirado Jorge Puente, dijo a LA REPÚBLICA que se decidió recurrir al organismo internacional para que se pronuncie sobre la forma en que se realizaron los procesamientos judiciales.
En el mismo organismo que condenó al Estado uruguayo por mantener vigente la Ley de Caducidad, tras la demanda presentada por Macarena Gelman, los militares acusados por la desaparición de su madre, María Claudia García en 1976, presentaron el recurso. Más de 20 militares y policías retirados fueron procesados por delitos de violación a los derechos humanos.
El único oficial en actividad procesado es el general Miguel Dalmao, quien cumple la pena en Coraceros.
Puente sostuvo que en el texto se especifican las actuaciones de jueces y fiscales que intervinieron en las distintas causas y los fallos a los que arribaron.
El presidente de Corffaa subrayó que en todos los casos "se procesó por convicción" en lugar de hacerlo por "semiplena prueba". Indicó que el documento presentado ante la OEA fue firmado por la mayoría de los detenidos en la cárcel de Domingo Arena, y se trata de un "voluminoso" recurso.
Si bien la demanda la promovieron los mismos procesados, los centros de retirados fueron el medio para que la denuncia llegara a la Corte Interamericana.
La presentación se realizó días atrás, antes de que el Frente Amplio decidiera promover un proyecto de ley para evitar la prescripción de los delitos ocurridos durante la dictadura.
Puente consideró que con la nueva iniciativa legal que impulsa el oficialismo se realiza "un atropello a la Justicia, a la Constitución y a los dos plebiscitos, en los que la ciudadanía se pronunció por dar vuelta la página".
"No nos asombra nada que se insista con el tema. Después se llaman demócratas y republicanos", indicó en alusión a los legisladores del partido de gobierno.
Remarcó que pese a la decisión del Frente Amplio, la Suprema Corte de Justicia tipificó a los delitos de esa época como "homicidios especialmente agravados", pero no de lesa humanidad.
El militar dijo que los retirados "hacen suya" la posición de la Suprema Corte respecto a que hasta el año 2006, la figura de la "desaparición forzosa", no estaba contemplada en la legislación del país.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
No hay comentarios:
Publicar un comentario