“El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene”
Publicado el 27 de Diciembre de 2011
El juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “es un organismo que se toma atribuciones que no tiene” y que “extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero.”
En un reportaje concedido a Radio Nacional Córdoba, el juez afirmó que la sanción obligatoria de esas normas “es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”. Dichos que ratificó también en declaraciones realizadas a la agencia DYN.
“El GAFI recomendó que esa ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta Ley Antiterrorismo”, sostuvo Zaffaroni.
La norma, que fue aprobada en el Senado por 39 votos a 22 en la madrugada del pasado jueves, considera como delito de terrorismo los actos “que sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligue al gobierno nacional o extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Zaffaroni volvió a reiterar lo dicho unos días antes de que se aprobara la ley: “el GAFI nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente”.
El ministro del máximo tribunal fue aun más crítico al sostener que “este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte”.
La semana pasada, antes de la aprobación de la ley, el juez había definido como un “disparate” la llamada Ley Antiterrorista, y considerado que la norma es “una extorsión” por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Consideró que “para nada” la Argentina necesita una norma como la que aprobó el Congreso.
Fue el ministro Florencio Randazzo quien entonces salió al cruce del magistrado: “No conozco la opinión del doctor Zaffaroni, pero está claro que la ley de antiterrorismo era una exigencia del GAFI que tiene precisamente el sentido de establecer delitos que no estaban tipificados en el Código Penal cuando ocurren hechos de terrorismo que van en perjuicio del pueblo”, explicó. Y calificó como “un disparate” la versión de que la Ley Antiterrorista pueda ser aplicada contra los medios de comunicación o protestas sociales.
El funcionario contradijo así al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien había manifestado que la prensa podría ser acusada de hacer terrorismo por difundir información que pueda generar un golpe de mercado.
Randazzo advirtió que en la norma aprobada por la mayoría kirchnerista en el Congreso “está precisamente explicitado en la ley que no se comprende a los Derechos Humanos, los derechos sociales y al resto de los derechos constitucionales como el derecho a la información, y muchos menos vinculada a la protesta social”.
Fuente:TiempoArgentino
La crítica de Actores
Publicado el 27 de Diciembre de 2011
La Asociación Argentina de Actores sumó su voz para expresar su “preocupación por las posibles interpretaciones” de la denominada Ley Antiterrorista aprobada por el Congreso Nacional. “La sola posibilidad de que a criterio de jueces, muchos de ellos cómplices del terrorismo de Estado implementado durante la última dictadura, se pueda calificar de ‘terrorista’ cualquier acción de protesta individual o social, hace que nos expresemos levantando la guardia”, señaló en un comunicado la entidad. “Abogamos por que se pueda dar marcha atrás y derogar esta ley que podría ser usada por otros gobiernos que no dudarían en reprimir a los luchadores populares”, concluyó.
Fuente:TiempoArgentino
Reforma del Código Penal
¿De qué terrorismo hablamos?
Publicado el 27 de Diciembre de 2011
Por Eduardo Anguita Periodista y Director de Miradas al Sur.
Todo indica que ser miembros del G-20 tiene un costo de admisión y una cuota societaria y que el GAFI tiene una manifiesta fidelidad hacia la gran banca privada internacional y al Departamento de Estado estadounidense.
La reciente sanción de una reforma del Código Penal bajo el pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha sido motivo de preocupación de muchos sectores defensores de los Derechos Humanos. Las razones surgen, básicamente, porque se introdujo, a pedido del Poder Ejecutivo, una difusa figura de “terrorismo”. A último momento el proyecto original agregó un párrafo que, a la hora de ser interpretado por un juez o por un gobierno futuro, puede resultar intrascendente. En efecto, basta ver la letra del artículo 41 para comprender que la falta de debate previo llevó a una imprecisión que no conforma ni a tirios ni a troyanos. Así es la redacción del artículo en cuestión: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.” El párrafo que se agregó en Diputados indica que “las agravantes (duplicación de penas) previstas no se aplicarán cuando el o los hechos tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Hoy, con la historia abierta desde el 25 de mayo de 2003, está claro de qué se habla, pero desde la óptica del Poder Ejecutivo Nacional. No puede decirse –sólo por tomar dos casos entre muchísimos– que el gobierno de Mauricio Macri tenga la misma lectura, ni que la jueza que ordenó la represión del Indoamericano hace un año tenga la misma óptica respecto de no reprimir la protesta social.
Todo indica que ser miembros del G-20 tiene un costo de admisión y una cuota societaria y que el GAFI (un foro intergubernamental que reclama normas de persecución al lavado de activos y financiamiento al terrorismo) tiene una manifiesta fidelidad hacia la gran banca privada internacional y al Departamento de Estado estadounidense. No extraña la calificación que hizo del GAFI el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni: “Es un organismo de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas.”
Esta ley aparece en el contexto de la utilización de las sanciones financieras de Israel, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Canadá contra un banco público iraní –el EIH, con sede en Hamburgo– porque según la prensa israelí, norteamericana y británica “esta entidad bancaria apoya la proliferación de armas de destrucción masiva”. ¿Se refiere a que fabrican bombas que son usadas por terroristas para atacar un blanco civil, como todo indica que sucedió con la sede de la AMIA en Buenos Aires en 1994? No, se refiere a que el EIH es un banco en el que, además de transacciones por el gas y el petróleo iraní, también se hacen pagos a empresas que participan del programa nuclear iraní.
Y aquí conviene hacer varias consideraciones. La primera: ¿No hacen terrorismo mediático los diarios de los países centrales que señalan a la bestia de Teherán después de haber matado cientos de miles de iraquíes con la excusa de que la bestia de Bagdad tenía armas químicas y biológicas, cosa que nunca se probó? La segunda: ¿Nadie se acuerda que ingleses y norteamericanos dieron un golpe de Estado en Irán en 1953 y colocaron a un monigote llamado Reza Pahlevi, porque los iraníes estaban a punto de estatizar el petróleo y el gas controlado por empresas norteamericanas y británicas? La tercera: Irán no reconoce tener un programa de fabricación de bombas atómicas, permite las inspecciones de la Agencia de Naciones Unidas para la Energía Atómica y no están probadas las acusaciones.
EL ÁRBOL Y EL BOSQUE. José Nun –honrado por el gobierno como secretario de Cultura pero desaprovechado en su trayectoria como destacado politólogo con diversos doctorados en Economía– acaba de publicar La desigualdad y los impuestos (Capital Intelectual) en el que cita fuentes del Banco Mundial para hablar del lado oscuro de las finanzas. “Entre 1 y 1,6 trillones (1 trillón: 10 elevado a la 18, NdR) de dólares (es) el dinero mal habido que circula anualmente por el mundo.” Uno de los mayores especialistas de lavado de dinero en el mundo es Raymond Baker, presidente de Global Financial Integrity, quien después de haber estudiado los movimientos financieros de 60 naciones, cree que las cifras del Banco Mundial deberían multiplicarse por tres. Lo impresionante es que, según Baker, la mitad de ese dinero proviene de las naciones en desarrollo –o periféricas–. Y cualquiera podrá preguntarse si esa es plata sucia de los carteles de droga o de políticos corruptos. Sí, pero en una proporción que deja helada la sangre: “entre el 60 y el 65% (se debe) a las maniobras ilícitas de muchos particulares y grandes empresas”, mientras que el llamado “crimen organizado” sería responsable del 30% del dinero ilegal y sólo el 3% de la “corrupción política”.
En la Argentina, los delitos de “financiación al terrorismo” estaban contemplados en figuras ya existentes en el Código Penal, pero lo que no está debidamente entendido en la sociedad –y parece que también en buena parte de la dirigencia política argentina es la cantidad de maniobras que hacen las grandes empresas transnacionales para burlar el pago de impuestos. En este sentido, tuvo mucha menos repercusión el tratamiento y sanción en estos días de otra ley que incorpora delitos económicos y financieros para prevenir el lavado de activos, una figura que se había incluido en el Código Penal a mediados de este año. La nueva norma penaliza, por ejemplo, acciones destinadas a afectar el orden económico o financiero. La presidenta habló hace poco de haber conjurado cinco corridas bancarias que, según ella, llevaron al Banco Central a tener que vender 15 mil millones de dólares, una cifra impresionante. Es valiente de parte de la presidenta dar a conocer estos movimientos desestabilizadores, pero sería vital para la sociedad argentina conocer los detalles de todo esto. Se dice –pero nunca se dan los datos concretos con nombres, apellidos y entidades bancarias– que hay más de 100 mil millones de dólares de argentinos en circuitos ilegales, posiblemente la mayoría reciclados fuera del país. Cuando muchos periodistas y académicos reclaman la urgencia de una ley de derecho al acceso de la información no se refieren a los detalles íntimos de una reunión en un ministerio sino a la posibilidad de sostener y alimentar debates públicos con información fundada y no en base a estimaciones. Eso ayudaría al Estado, además, a recaudar más impuestos y también permitiría mejorar las normas tributarias.
No sólo la palabra “terrorismo” pone en guardia a quienes conocen las historias de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y la soberanía de las naciones. “Task force” es otro término, casi complementario de las lógicas de avasallamiento. Es decir, primero la gran prensa aterroriza diciendo que hay terroristas por todos lados y luego llegan las fuerzas de tareas. Es decir, Vietnam, Panamá, Irak, Afganistán. Raymond Baker preside además la curiosa Task Force on Financial Integrity & Economic Development (Fuerza de Tareas para la Integridad Financiera y el Desarrollo Económico) que explica en su página web cinco prioridades para transparentar las finanzas: la reducción y manipulación de los precios de las importaciones y exportaciones; la contabilidad de las ventas, de las ganancias y de los impuestos pagados por las compañías multinacionales país por país; confirmación de los registros bancarios de las ganancias declaradas; información automática cruzada entre los impuestos y las (declaraciones de) aduana; y por último, la armonización de la legislación sobre lavado de dinero (acá podría llamarse fuga de capitales en dólares) focalizada en la transparencia.
Una mirada al respecto desde un punto de vista nacional y popular podría advertir que una serie de académicos y economistas especializados en normas impositivas participaron en el trabajo dirigido por José Nun, uno de ellos es el filoso Jorge Gaggero, del Plan Fénix. También podría decirse que Raúl Scalabrini Ortiz ha dejado una extraordinaria enseñanza respecto de cómo los ferrocarriles y los bancos ingleses limaron la soberanía argentina. Y también que Daniel Aspiazu y Eduardo Basualdo explicaron con claridad en los últimos 25 años cuál es el grado de concentración y transnacionalización de la economía argentina. Nada debe empañar la impronta de este Congreso que sancionó una docena de leyes en tiempo récord. Pero, en algunos casos, velocidad no significa profundidad. Y estos temas merecen debates y también merecen información pública confiable.
Fuente:TiempoArgentino
Derechos Humanos
No a la ley contra el terrorismo
Publicado el 27 de Diciembre de 2011
Por Rodolfo Yanzón Abogado de Derechos Humanos.
La ley antiterrorista de Pinochet -que hoy sigue vigente en Chile- es una clara muestra de que el terrorismo se define por quien ostenta el manejo del Estado y, por lo tanto, es un concepto directamente relacionado con quienes se benefician de las políticas de ese Estado.
Como si sólo se tratara de un debate jurídico, alejado de las vicisitudes de la historia y de las presiones de grupos económicos, el fiscal general de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman, argumentó a favor de la ley antiterrorista sancionada por el Congreso de la Nación. Dijo que con esta ley, la Argentina proseguía su camino de adaptar su legislación a estándares internacionales en la lucha contra el terrorismo, y que cada Estado comprometido en esa gesta le otorgaba sus particularidades, con lo que, desde el inicio, reconoció que no existe acuerdo para definir el terrorismo y que en definitiva será cada uno de los Estados los que le den condimento. Nisman creyó que esos Estados no están atravesados de luchas internas, y que cada uno de ellos tiene buena fe, cuando de combatir al “terrorismo” se trata, y es libre de disponer de su legislación y de su economía. Utilizó el concepto “flagelo terrorista”, el mismo que hasta el hartazgo fue blandido por los dictadores.
La norma recibió críticas de parte de los organismos de Derechos Humanos, especialmente el CELS, que emitió un oportuno comunicado anunciando el serio peligro que conlleva una norma penal de estas características, que repercutirá negativamente sobre el funcionamiento de la maquinaria penal estatal, sobre todo por la falta de una definición clara (y los delitos deben ser sumamente precisos), la inflación punitiva que la ley provoca aumentando penas (cuando el Estado ha hecho bastante poco para cambiar la realidad carcelaria) y el peligro que se cierne sobre organizaciones sociales y políticas, cuyo accionar al frente de reclamos pueden ser catalogados de actos terroristas. A pesar de las justificaciones de Miguel Pichetto y Aníbal Fernández, las leyes deben pensarse más allá de los gobiernos y sus decisiones puntuales, teniendo en cuenta además que cada uno de los jueces y de los fiscales tiene su propia opinión sobre qué considerar como conducta “terrorista”. El Estado no tiene una opinión ni un accionar monolíticos, lo que resulta evidente si se observa que dos funcionarios de la Procuración General de la Nación como Nisman y Alejandro Alagia se pronunciaron en sentido adverso sobre esta ley.
Para aventar las críticas, Nisman dijo que la agravante de la finalidad terrorista no puede ser aplicada por actos que constituyan el ejercicio de algún derecho. Pero ello también dependerá de la interpretación que haga cada actor en cada proceso, con lo que, en definitiva, la gravedad del asunto radica en que la ley abre una puerta peligrosa que generará más de una violación a los Derechos Humanos. Algo similar sucedió con las llamadas “leyes Blumberg”, aprobadas en 2004, por las que se agravaron garantías judiciales y se elevó el máximo de la pena de 25 a 35 años de prisión, lo que quedó irreversiblemente en el Código Penal. Sin embargo, con una pasmosa ingenuidad, Nisman dijo que la expresión es lo suficientemente amplia para garantizar que ello no ocurrirá.
La ley antiterrorista de Pinochet –que hoy sigue vigente en Chile– es una clara muestra de que el terrorismo se define por quien ostenta el manejo del Estado y, por lo tanto, es un concepto directamente relacionado con quienes se benefician de las políticas de ese Estado. Son esos sectores los que en definitiva brindarán el condimento especial, al que Nisman se refirió anodinamente.
Por su parte, Alagia se lamentó que los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura –crímenes llevados a cabo con el argumento de estar combatiendo al terrorismo, justificando la imposición de tormentos y la desaparición, los centros de tortura y exterminio– no hayan sido suficientes para evitar la reiteración de las amenazas absolutas, como la figura del terrorismo persigue, con lo que el legislador echó mano a una vieja fórmula, adorada por dictadores, que es la de cincelar al potencial enemigo para luego limitar su accionar mediante el Derecho Penal de ánimo y de peligro, como normativa del viejo peligrosismo racista. Mediante esta ley, dijo Alagia, el Congreso delegó excesivo poder punitivo en las fuerzas de seguridad y en los jueces, que integran el mecanismo de represión estatal más sofisticado, con su poder selectivo, siempre en contra de los más débiles, de los que reclaman, y a favor de los dueños del capital, sempiternos beneficiados de ese poder. Evocó los miles de procesos abiertos en los que la protesta fue criminalizada, para decir que la norma traerá mayor persecución a esos sectores.
Ni qué decir de las opiniones vertidas por Eugenio R. Zaffaroni, que se despachó contra el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –al que jamás la Argentina debió haber pertenecido– porque extorsiona con éxito a nuestro país y porque su objetivo no es el lavado ni el terrorismo, sino el control del movimiento financiero.
En conclusión, bajo la extorsión de un órgano como el GAFI, se sancionó una ley que agrava irrazonablemente penas, deja en manos de jueces y fiscales la interpretación de lo que es un delito, abre una puerta odiosa a la persecución política, a la que creíamos definitivamente erradicada de nuestra vida política. Un veto presidencial sería una medida por demás auspiciosa.
Fuente:TiempoArgentino
Por Mariano Hamilton
Ni muy muy, ni tan tan
Las sanciones de las leyes de Papel Prensa y Antiterrorista dejaron varios aspectos para analizar. La primera es perfectible, la segunda es muy mala.
Lunes 26 de diciembre de 2011
Como ya todos saben, fueron aprobadas once leyes por la Congreso Nacional, y dos de ellas fueron las más cuestionadas por cierta parte del periodismo: la que libera el papel de diario para todas las empresas editoras de la Argentina y la llamada ley Antiterrorista.
En ambos casos, las críticas vinieron desde la “prensa independiente”, llámese el diario Clarín, el diario La Nación u otros aliados que se sumaron a las voces más duras contra las nuevas normas.
Primero me voy a referir a la ley Antiterrorismo. Es cierto, como ya lo hicieron saber varios actores sociales y políticos respetadísimos, que la ley deja mucho que desear, porque incrementa las penas a los transgresores mediante conceptos abstractos y que carecen del rigor que exige el Código Penal para su correcta y justa aplicación.
En el artículo 41 de la reforma se incorpora la figura de Terrorismo: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Este párrafo dice mucho pero al mismo tiempo no dice nada. Y eso es inadmisible para una ley penal.
Lo curioso del asunto es que los principales matutinos se detuvieron a criticar la norma porque, dicen, es parte del ataque sistemático del kirchnerismo a la “libertad de prensa”, olvidándose de lo más importante: que los conceptos tan vagos aumentan el riesgo de que se use contra la protesta social.
La corporación periodística está bastante preocupada por su ombligo y no puede mirar más allá de sus cuestiones, olvidándose de que esta ley no sólo es riesgosa para los periodistas (en menor medida) sino que lo es mucho más para los ciudadanos de a pie, que en definitiva siempre son los más desprotegidos.
La ley tampoco cuenta con el apoyo de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la calificó como "una extorsión" del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Ese foro había reclamado a Argentina resolver las presuntas deficiencias de su régimen de lucha contra el lavado y el financiamiento al terrorismo, y el Ministerio de Justicia se comprometió a hacerlo antes de febrero. Zaffaroni sostiene que el GAFI “es un organismo de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”.
Respecto de la ley, Zaffaroni dijo que “en Argentina, la muerte de una sola persona en un marco capaz de causar grandes estragos, tiene pena perpetua en nuestro código desde hace 90 años”.
El segundo tema fue la Ley de Papel Prensa, que involucra el reparto equitativo de papel de diario para los medios que así lo requieran y no como es ahora, en donde La Nación y Clarín son los abastecedores de ese insumo discrecionalmente y al precio que deseen.
La norma es un avance inmenso respecto de lo que teníamos desde 1976, no quedan dudas. Pero deja abiertas dos cuestiones discutibles y que ponen en tela de juicio el carácter virtuoso de la decisión.
La primera es el gravamen que se impondrá a las exportaciones de papel, cuando ahora es 0. Si efectivamente Papel Prensa va a salir al mercado con mejores precios, no se entiende la razón de gravar la importación del papel, ya que de esa manera se le complica la vida a aquellas empresas que, libremente, quieran seguir comprando en el exterior, ya sea porque tienen proveedores que les generan beneficios, porque prefieren otra calidad de papel o simplemente porque se les antoja.
En segundo lugar, no parece apropiado que el Ente de Aplicación de Sanciones a la empresa quede bajo la órbita del Ministerio de Economía, es decir del Gobierno. Actualmente esta situación puede ser vista con buenos ojos, pero con otro Gobierno y con otras formas de ver el país, lo que hoy parece una buena idea mañana se podría convertir en un boomerang. No nos olvidemos de que el Ministerio de Economía en este país fue ocupado por José Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo, por citar dos ejemplos que pintan muy bien las calamidades que podrían sobrevenir en caso de que las decisiones sobre el papel prensa quedaran en sus manos.
Lo más inteligente y/o justo habría sido formar una Bicameral para ese menester y no sólo para fijar el precio del insumo (como ocurrirá con la nueva ley) o en todo caso un organismo integrado por personas que conocen el negocio, como también se hizo a modo de junta asesora con representantes de diferentes medios y organizaciones vinculadas a la actividad. Estos son detalles que hacen a una ley que, tranquilamente, podría ser perfeccionada en el futuro cercano.
Por supuesto, de ahí a decir que la prensa libre está en peligro, que el Gobierno va por todo o las miles de paparruchadas que se escucharon por todos los medios opositores al Gobierno, hay un trecho muy largo.
Fuente:DiarioRegistrado
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