Por primera vez, civiles serán juzgados en un proceso por delitos de lesa humanidad
26.12- Lo dijo uno de los abogados querellantes. El juicio oral y público tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad y durará unos dos meses. Serán sometidos a proceso tres ex militares y los titulares de una quinta utilizada como centro clandestino de detención.
Marañón formará parte de la querella como representante de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Azul, en tanto que su par César Sivo actuará como particular damnificado en nombre de los familiares de Carlos Alberto Moreno. A ellos se sumará la Secretaría Provincial de Derechos Humanos.
Tal como se adelantara la semana pasada, el juicio se iniciará el venidero 9 de febrero y se extenderá hasta finales de marzo.
En diálogo con El Eco Multimedios, Marañón explicó que “se prevé que el debate se realice los días jueves y viernes de cada semana, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro”.
El tribunal oral de Mar del Plata, integrado por los doctores Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, decidió trasladar su sede a Tandil para la realización de este juicio.
El letrado local explicó que “la privación ilegal de la libertad de la víctima, el doctor Moreno, se produjo en Tandil, al igual que su fallecimiento”.
También aclaró que “no forma parte de los juicios por la verdad, que a veces se confunde. Hubo toda una etapa en la que regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en la que no se podían aplicar penas y mediante una resolución se hacían juicios de conocimiento, es decir, para saber qué era lo que había ocurrido, sin la potestad de sancionar”.
Por lo tanto “éste será un juicio penal común en el que el tribunal escuchará los argumentos de las partes y dictará una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria”.
La víctima
Al momento de trazar un perfil del letrado fallecido, Marañón dijo que el abogado laboralista Carlos Moreno “estaba radicado en Olavarría y representaba a obreros que trabajaban en empresas vinculadas principalmente a cementeras y canteras. Fundamentalmente, era representante de AOMA”.
Acotó que “además era militante de la Juventud Peronista y tenía una actividad social intensa por aquellas épocas. Por ese motivo, sobre todo por estar vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores, fue uno de los blancos u objetivos de estos grupos que se dedicaban a identificar personas que pudieran tildar como subversivas”.
Moreno fue privado “ilegítimamente de la libertad en Olavarría, en plena vía pública, de noche. Actuó personal militar vestido de civil que lo interceptó y lo subió a un auto”.
De acuerdo a la información posterior “el procedimiento era de los que se hacían habitualmente, con métodos que tenían preestablecidos. Los detenidos eran encapuchados, colocados en el asiento de atrás con la cabeza abajo y trasladados a un centro clandestino de detención para el interrogatorio bajo tormento”.
En el caso de Moreno “tras ser privado de la libertad en Olavarría, terminó en un centro clandestino de detención de Tandil, conocido como Chacra de Méndez, que estaba ubicada frente al club Los Cardos”.
Del sumario se desprende que “allí estuvo privado de la libertad, fue interrogado y objeto de torturas. Finalmente, le dieron muerte un mes después”, dijo Marañón.
Los imputados
El abogado tandilense resaltó que el juicio en cuestión “es el primer caso en el que llegan dos civiles imputados, a sentarse en el banquillo de los acusados, por haber tenido alguna participación en el ilícito”.
Existen tres militares imputados (Julio Alberto Tomassi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda), en tanto que los civiles –que llegan acusados de una participación secundaria- son Emilio y Julio Méndez “a quienes les atribuyen el haber facilitado a las fuerzas militares un predio de su propiedad, que era la chacra en la que estuvo cautivo Moreno, sabiendo lo que se realizaba allí”.
Marañón enfatizó que “desde la acusación se sostiene que al poner a disposición de las autoridades militares el predio, se lo hacía para colaborar, sabiendo y conociendo qué era lo que se realizaba en ese lugar”.
El abogado añadió que “los centros clandestinos de detención tenían ubicaciones geográficas específicas, precisamente para poder mantener la clandestinidad. Se buscaban lugares de fácil acceso por varias vías, alejados del caso urbano y, en lo posible, ocultos entre montes, arboledas y cerros, para poder disimularlos de la pasada de la gente y de las rutas”.
Enfatizó que “la Chacra de Méndez cumplían con esos requisitos, que eran específicamente buscados por los represores para instalarlos”.
Todas las garantías
Durante el juicio se pretende “establecer la responsabilidad en base a la prueba que se produzca y la defensa de los imputados goza de todas las garantías y los derechos de plantear lo que considere conveniente para esclarecer la situación de los asistidos”.
En cuanto a la reconstrucción de los hechos, Marañón dijo que “hablamos de un plan sistemático, es decir, que las fuerzas estatales clandestinas operaban de una manera estructurada en base a órdenes secretas, a decretos y normas que se retransmitían desde las más altas esferas hacia abajo”.
Consideró que “el funcionamiento de los centros clandestinos de detención era de la misma manera en cuanto al ingreso de las personas, un procedimiento de ablande, las sesiones de torturas permanentes y los interrogatorios. Luego había distintas alternativas: podían matar al detenido dentro del centro clandestino y devolver los cuerpos fraguando algún enfrentamiento o podrían desaparecerlos directamente, como es el caso de 30 mil personas”.
Especificó que “a Moreno lo mataron dentro del centro clandestino de detención, su cuerpo apareció y fue entregado por policía en la ciudad de La Plata, el 29 de mayo de 1977, con el argumento de que había sido muerto en un enfrentamiento”.
Moreno “tenía un disparo de arma de fuego y diversos golpes. Lo interesante de su historia es que en un momento, a principio de mayo, logró fugarse y llegó a una casa vecina a dar noticias de lo que le estaba sucediendo. Fue perseguido por personal militar a los tiros, hasta que fue recapturado”.*
Un caso con sus particularidades
Para Manuel Marañón, en el caso “hay muchísimos elementos que indican cómo fue el itinerario de Moreno. Luego apareció el fallecimiento en ese enfrentamiento que, entendemos, como tantos otros fue inexistente”.
Es que por la fuga “se labraron actuaciones judiciales y de la policía local. Es más, hubo un militar aprehendido, un secuestro del arma de fuego y después –por órdenes militares superiores- la persona fue liberada, el arma restituida y todo quedó como un simple antecedente de una causa penal iniciada”.
Dicho proceso “con la caída de la dictadura, sirvió como uno de los elementos de prueba más importantes para la investigación de lo que le había ocurrido a Moreno. La causa se tramitó hasta la llegada de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que obturaron el avance de toda investigación”.
Pero su derogación, en 2007, y el reinicio de las investigaciones de todos los casos “hizo que se pudiera avanzar hasta tener ahora por lo menos un juicio de probabilidad positiva de la existencia del hecho de Moreno y de los posibles autores”.
Más procesos
Consultado acerca de otros posibles juicios, Manuel Marañón explicó que “se sigue el tramitando en el Juzgado Federal de Azul la causa caratulada como ‘Secretaría de Derechos Humanos su denuncia’, que tiene a su cargo la investigación de todos los hechos ocurridos en la época de la represión en la zona (Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores), en la que hay identificados diversos centros clandestinos de detención”.
Indicó que “hay una multiplicidad de víctimas que ya han declarado y hay otros militares imputados que están en instancia previa al juicio oral, como es el caso de quienes estaban a cargo del centro que funcionaba en Monte Peloni (Olavarría). En esa causa hay un requerimiento de elevación a juicio para cinco militares que están imputados”.
Además, hay otros lugares, como son la Brigada de Investigaciones de Las Flores y La Huerta en Tandil.
Marañón dijo que “la causa está estructurada por centros clandestinos de detención. El primero que se ha concluido parcialmente es el de Monte Peloni. Suponemos que seguirá luego La Huerta y después la Brigada de Investigaciones de Las Flores. Cada uno tendrá la determinación de hechos respecto de las víctimas que hay en esos centros y se juzgará a los que eran responsables de los centros”.
Tras marcar que una hermana del abogado Carlos Moreno viviría en Tandil, el letrado dijo que “tiene dos hijos mayores y la esposa, que son parte del proceso y están como querellantes particulares, al igual que nosotros -la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Azul- y la Secretaría de la Provincia”.
Fuente:ElEcoDigital
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