Durante la primera audiencia se leyó la acusación completa. Se abrió el debate y la defensa pidió la nulidad de lo actuado. Rechazo de la fiscalía y querella. Amenazaron de muerte a la familia Villanueva. Repudio de los Organismos de DD.HH.
2012-02-14
Por Katy García
A las 9:50, comenzó la primera audiencia del juicio oral y público que investiga la privación ilegítima de la libertad y los asesinatos de Ana María Villanueva, Jorge Diez y Carlos Oliva, ocurridos el 2 de junio de 1976.
Los jóvenes, militaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), brazo estudiantil de la organización Montoneros. Antes de abrir el debate la secretaria del juzgado, Lorena Castelli, realizó la lectura de la elevación a juicio.
Además de la descripción de los hechos en su contexto, se expusieron el marco conceptual, legal y jurisprudencial existente acerca del Terrorismo de Estado y se subrayó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que tampoco son amnistiables.
Según la extensa lectura de los hechos los jóvenes fueron detenidos, golpeados y asesinados por la patrulla en la zona del Chateau Carreras. Se informó ala prensa como un "enfrentamiento" y luego fueron recogidos y trasladados a la morgue del Hospital San Roque. SEgún pruebas documentales se dispararon 170 balas con diversas armas. El procedimiento en la jerga de los represores se denomina “operativo ventilador”.
Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y Carlos Olivieri, ex miembros del Comando Radioeléctrico, son procesados en el marco de la causa “Menéndez Luciano Benjamín y otros p.ss.aa privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado”. La ausencia de Menéndez en el recinto se debe a razones de salud pero claramente es el hombre de atrás al que alude la teoría de Roxín.
Festival de nulidades
Seguidamente el presidente del tribunal abrió el debate y el abogado defensor Alvaro Gáname que asiste a los acusados Bustos y Woroná solicitó la “nulidad absoluta” del proceso y posible sentencia. Cuestionó al tribunal porque según su criterio no tuvo en cuenta las recusaciones a los jueces Pérez Villalobos y Asís. Advirtió que si no son tenidos en cuenta sus reclamos concurrirá en queja a la Corte Suprema.
Desde la fiscalía Carlos Gonella tomó la palabra y solicitó el rechazo y la continuidad del juicio por considerar que “se trata de una maniobra dilatoria”. “Pocas veces he visto, en un proceso penal, tal cantidad de recusaciones interpuestas sistemáticamente”, consideró. En ese sentido enfatizó que se asistía a un “festival de recusaciones” donde solo falta que se recuse a un juez de casación. Asimismo, expuso que la Unidad de Seguimiento de la Procuración General se expidió ante las “chicanas dilatorias” que las defensas privadas y oficiales utilizan para obstaculizar el proceso.
Por su parte Claudio Orosz adhirió a la posición de la fiscalía y recordó que durante el juicio Videla se había intentado apartar al juez Pérez Villalobo del tribunal y que en esa oportunidad se pidió que se cumpla con el principio de la presencia de un juez natural y ello está garantizado. El incidente se resolverá mañana.
La sala y la calle
El edificio – una casona- donde funciona el TOF 2 posee una sala reducida comparada con la de tribunales federales. Está ubicada en el entrepiso que comunica planta baja y primer piso. Allí se instaló el tribunal presidido por Carlos Julio Lascano y los vocales José María Pérez Villalobo y José Fabián Asís, el cuarto juez Julián Falcucci, las partes y el público.
Frente a los magistrados se ubicaron familiares, funcionarios y demás asistentes. Entre los presentes pudo verse a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, a la ministra de justicia Graciela del Valle Chayeb y los funcionarios de derechos humanos de la provincia y de la nación Jorge Cuetas, Maria Cristina Vázquez, Enrique Asbert y Adrián López, y el ex vice intendente Carlos Vicente.
También estaban Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba y Emilia D'ambra, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas.
Mientras tanto en la calle, la Agrupación HIJOS junto a otras organizaciones estudiantiles y de derechos humanos se movilizó desde la Escuela de Ciencias de la información hasta las puertas del tribunal donde permanecieron hasta que terminó la audiencia. Sobre la calle Crisol se habilitó una sala auxiliar para el público y en la vereda se montó una radio abierta que difundió lo que pasaba en la sala y realizó entrevistas y pasó música.
Para Carolina Scotto “La sed de justicia se apaga con justicia y no con venganza ni olvido. Por eso, venir a reparar una situación tan traumática de violaciones a los derechos humanos como la vivida es algo de lo que nuestro país debe estar orgulloso. Hay otros países latinoamericanos y europeos que no se permiten reelaborar el pasado e indagar. Por eso es tan importante que estos juicios se realicen respetando el debido proceso, con cierta celeridad y con eficiencia”.
“Estamos ante un hecho histórico” expresó el periodista y escritor Cecilio Salguero, quien conoció a una de las víctimas. “Ana María era una compañera inteligente y comprometida”, recordó. En relación al Comando Radioeléctrico afirmó que “desde la época de (Juan Carlos) Onganía fue el organismo más represivo y torturador de la policía provincial. Primero te mandaban a la seccional décima y luego a Encausados. Lograr que 36 años después estos personajes sean juzgados y condenados sin dudas es un logro de los organismos de derechos humanos y de toda la sociedad de córdoba”, concluyó.
En tanto para el abogado de derechos humanos Enrique Asbert “este juicio es la continuidad del juzgamiento de lo ocurrido durante el terrorismo de estado, en este caso en el Comando Radioeléctrico. Además no deja de ser triste escuchar la descripción de la muerte de estos jóvenes compañeros fusilados. Y lo otro es que la justicia se hace presente por fin. Los responsables son juzgados con las garantías que las leyes y la constitución prevén, algo que ellos jamás tuvieron en cuenta”, expresó.
Al mediodía se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 en que se hará conocer lo resuelto sobre el incidente y luego se dará la palabra a los imputados. Está previsto que el jueves declaren cuatro de los diez testigos convocados.
Fotografía Cónclave Político y Prensared
Fuente:www.prensared.com.ar
Envío:CecilioM.Salguero
Repudian amenazas a la familia Villanueva
"...En el banquillo de los acusados hoy se encuentran tres representantes de la Policía Provincial, institución que no fue depurada y cuyas redes de impunidad se mantienen aún en democracia", denuncia el texto. Reclama "esclarecimiento y sanción " y exige al Gobierno Provincial "una profunda democratización de la Policía y el inmediato desmantelamiento del aparato represivo".
2012-02-14
Repudiamos amenazas
"Los organismos de DDHH de Córdoba salimos a expresar con fuerza nuestro más enérgico repudio a las amenazas sufridas por la familia Villanueva, querellante en la causa Roselli, que en el día de la fecha tuvo su primer audiencia oral y pública.
Es evidente que están en juego los intereses de uno de los sectores más turbios de nuestra sociedad. En el banquillo de los acusados hoy se encuentran tres representantes de la Policía Provincial, institución que no fue depurada y cuyas redes de impunidad se mantienen aún en democracia.
Una vez más, así como sucedió durante el desarrollo de la causa Gontero (2010), debemos salir a repudiar las estrategias amedrentadoras con las que pretenden parar toda investigación que los tenga en la mira.
Ante el avance de la justicia, ellos responden cobardemente con un mensaje de texto anónimo: dejá de joder o los vamos a matar a todos.
Nosotros les respondemos que no vamos a parar hasta que haya justicia por cada uno de los 30.000. Que la familia de Ana María Villanueva esperó más de 36 años y el momento de justicia está por llegar. Que las amenazas y las agresiones nunca han servido para disiparnos y hoy más que nunca estamos más que acompañados por un modelo de Estado donde nuestros reclamos históricos se convierten en política pública y son ejecutados con voluntad manifiesta. La memoria, la verdad y la justicia ya están siendo una realidad. Mal que les pese a los impunes mal acostumbrados.
Exigimos el inmediato esclarecimiento de estos hechos y pedimos que los responsables sean identificados y debidamente sancionados.
Exigimos al Gobierno Provincial una profunda democratización de la Policía y el inmediato desmantelamiento del aparato represivo.
Esta misma policía es la que reprime sistemáticamente toda movilización social en todo el país, es la que encarcela y persigue por portación de rostro a los jóvenes de barrios marginados en nuestra provincia utilizando un Código de Faltas inconstitucional y heredado de la dictadura; por ello esperamos una autocrítica sobre el funcionamiento y la calidad de la formación policial.
Sigue figurando en cuadros de honor de la Policía el nombre de quien protagonizó el derrocamiento del gobierno institucional más popular elegido democráticamente por los cordobeses. Queremos abajo el cuadro de Navarro, como en Buenos Aires se bajó el cuadro de Videla en 2004.
En Buenos Aires, la condena de Miguel Etchecolatz costó la vida de Julio López, primer desaparecido en democracia. No vamos a tolerar que se afecte la integridad de los testigos en Córdoba. Sólo gracias a ellos hay juicios, porque el tiempo que pasó fue demasiado y la prueba fundamental es la que aportan día a día declarando en las audiencias. Exigimos al Gobierno Provincial, a través del actual programa de Protección a Testigos que garantice las condiciones para su declaración".
Juicio y Castigo Ya
30.000 compañeros desaparecidos, presentes!
Aparición con vida de Julio López
Nunca menos, ni un paso atrás!
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones políticas de Córdoba
Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba
Asociación de Ex presos políticos Córdoba
H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red nacional
Fuente:www.prensared.com.ar
Envío:CecilioM.Salguero
15 de Febrero .
Crímenes de lesa humanidad .
Comenzó en Córdoba un juicio contra policías fascistas represores .
Con la lectura de la pieza acusatoria, el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2) de Córdoba comenzó el juicio que se le sigue a ex miembros del Comando Radioeléctrico de la policía fascista provincial por el cobarde fusilamiento de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), ocurrido el 2 de junio de 1976, durante la ultima tirania genocida , dirigidas por Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamin Menendez…etc.
El tribunal, integrado por los jueces Dr. José María Pérez Villalobo, Dr. Carlos Lascano y Dr. Fabián Asís, juzga a los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Woroná (65) y José Filiberto Olivieri (67), quienes están imputados como responsables de los asesinatos de los compañeros peronistas revolucionarios Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva, quienes al momento del fusilamiento tenían 23, 20 y 26 años, respectivamente.
Durante la primera parte de la audiencia del cuarto juicio que se lleva a cabo en Córdoba por crímenes de Lesa Humanidad, la secretaria de cámara, Lorena Castelli, procedió a la lectura de la acusación contra los ex policías.
En su trascurso, la funcionaria judicial se refirió al marco histórico en que se produjeron los hechos, durante la dictadura cívico-militar a través del demonizado "operativo ventilador", implementado con la finalidad de "aniquilar la subversión".
El escrito leído por Castelli, califica al terrorismo de Estado como la forma "más aberrante que se pueda concebir, porque quien la ejerce dentro del poder debiera velar por los derechos de los demás".
En la acusación también se brindaron detalles del procedimiento en el cual los militantes de la JUP fueron fusilados alebosamente en un procedimiento en el que se efectuaron 170 disparos.
El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976, a las 10 de la mañana aproximadamente, cuando en la esquina de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto, del barrio Villa Cabrera de la capital mediterránea, se encontraban conversando los compañeros militantes Villanueva, Diez y Oliva, junto a Héctor Ernesto Hunziker quien permanece en condición de desaparecido.
En esa oportunidad, los jóvenes estudiantes observaron a una persona que habría pertenecido al Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia (D2), por lo que decidieron alejarse del lugar.
Hunziker lo hizo caminando, y Villanueva, Oliva y Diez, lo hicieron a bordo del automóvil Fiat 128 de este último.
Apenas puesto en movimiento, el rodado fue interceptado por dos vehículos del Comando Radioeléctrico de la policía de Córdoba y al intentar huir, los jóvenes estudiantes fueron detenidos por los policías fascistas Pedro Nolasco Bustos, Andrés Rojo, Antonio Polakovich, Jorge Worona, Pedro Colazo y José Oliviere.
Posteriormente y tras recibir una dura golpiza por parte de los uniformados, Villanueva, Diez y Oliva fueron trasladados en uno de los móviles policiales a un descampado en inmediaciones del Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, donde fueron cobardemente fusilados.
Según consta en la resolución judicial, en aquella oportunidad se informó que las muertes se habrían producido a consecuencia de un supuesto enfrentamiento armado entre los efectivos de seguridad que realizaban un control vehicular y "extremistas".
Por esta causa, los criminales de lesa humanidad Bustos, Woroná y Olivieri son juzgados por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado".
Luego de la lectura del auto de elevación a juicio, el abogado defensor de uno de los imputados, Alvaro Gáname, solicitó la suspensión de la audiencia y la nulidad del juicio, por considerar que existe una "pérdida de la imparcialidad", a raíz de las recusaciones interpuestas contra los jueces y que fueran rechazadas por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Por su parte, el fiscal Dr. Carlos Gonella, solicitó se rechace lo solicitado por el defensor, al señalar que esta actitud forma parte de la estrategia de la defensa de "dilatar el debate".
"Nunca vi tantas recusaciones interpuestas ante este tribunal; es un verdadero festival de recusaciones", que forman parte de las "chicanas y maniobras para dilatar el debate y obstaculizar el proceso judicial", posición a la que adhirió el abogado querellante, Dr. Claudio Oroz.
Posteriormente, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 15 de febrero a las 9 hs., para resolver los planteos realizados durante la audiencia.
En esta causa también se encontraba imputado el represor fascista, ex militar Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado de la causa debido a que debe afrontar otros juicios que se le siguen por crímenes de lesa humanidad en otras jurisdicciones.
También fueron apartados por fallecimiento los ex policías Andrés Rojo, Antonio Polakovich y Pedro Colazo, que también formaron parte del cobarde operativo policial.
Durante la primera audiencia, estuvieron presentes en la sala de audiencias : la Dra .María Cristina Vázquez, de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
También asistieron la Dra. Graciela Chayep, ministra de Justicia de la provincia de Córdoba; el Dr.Jorge Cuetas, director de DDHH de la provincia, el Dr. Adrián López de la Secretaria de DDHH de Chubut; la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),Dra. Carolina Scotto y la titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres.
Mientras, en la calle , se concentraron integrantes de los organismo de DDHH : Asociacion de ex presos politicos, H.I.J.O.S, Familiares, Serpaj, Abuelas,y los jóvenes de la JUP, universitarios de la FUC, sindicatos y partidos politicos amigos.
Cabe destacar la presencia de Canal 10 y Radio Universidad pertenecientes a los SRT de la Universidad de Cordoba…que cubrio para 10 provincias argentinas todo el històrico acontecimiento.
Despues de 36 años de impunidad lograremos que estos criminales de lesa humanidad , fascistas del Plan Condor , en Cordoba, sean condenados a prisión perpetua..
Fuente:Telam
¡NO OLVIDAMOS ¡
¡BUSCAMOS JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL ¡
¡TODOS UNIDOS VENCEREMOS AL IMPERIALISMO NEOLIBERAL FASCISTA GENOCIDA¡
Envío:CecilioM.Salguero
Córdoba, 14 de Febrero de 2012.
Comunicado de prensa H.I.J.O.S. Regional Córdoba en la Red nacional.
Es evidente que están en juego los intereses de uno de los sectores más turbios de nuestra sociedad. En el banquillo de los acusados hoy se encuentran tres representantes de la Policía Provincial, institución que no fue depurada y cuyas redes de impunidad se mantienen aún en democracia. Una vez más, así como sucedió durante el desarrollo de la causa Gontero (2010), debemos salir a repudiar las estrategias amedrentadoras con las que pretenden parar toda investigación que los tenga en la mira. Ante el avance de la justicia, ellos responden cobardemente con un mensaje de texto anónimo: dejá de joder o los vamos a matar a todos.
Nosotros les respondemos que no vamos a parar hasta que haya justicia por cada uno de los 30.000. Que la familia de Ana María Villanueva esperó más de 36 años y el momento de justicia está por llegar. Que las amenazas y las agresiones nunca han servido para disiparnos y hoy más que nunca estamos más que acompañados por un modelo de Estado donde nuestros reclamos históricos se convierten en política pública y son ejecutados con voluntad manifiesta. La memoria, la verdad y la justicia ya están siendo una realidad. Mal que les pese a los impunes mal acostumbrados.
Exigimos el inmediato esclarecimiento de estos hechos y pedimos que los responsables sean identificados y debidamente sancionados.
Exigimos al Gobierno Provincial una profunda democratización de la Policía y el inmediato desmantelamiento del aparato represivo.
Esta misma policía es la que reprime sistemáticamente toda movilización social en todo el país, es la que encarcela y persigue por portación de rostro a los jóvenes de barrios marginados en nuestra provincia utilizando un Código de Faltas inconstitucional y heredado de la dictadura; por ello esperamos una autocrítica sobre el funcionamiento y la calidad de la formación policial.
Sigue figurando en cuadros de honor de la Policía el nombre de quien protagonizó el derrocamiento del gobierno institucional más popular elegido democráticamente por los cordobeses. Queremos abajo el cuadro de Navarro, como en Buenos Aires se bajó el cuadro de Videla en 2004.
En Buenos Aires, la condena de Miguel Etchecolatz costó la vida de Julio López, primer desaparecido en democracia. No vamos a tolerar que se afecte la integridad de los testigos en Córdoba. Sólo gracias a ellos hay juicios, porque el tiempo que pasó fue demasiado y la prueba fundamental es la que aportan día a día declarando en las audiencias. Exigimos al Gobierno Provincial, a través del actual programa de Protección a Testigos que garantice las condiciones para su declaración.
Envío:Agndh
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