Mazzoni reconoció que hubo numerosas denuncias por apremios ilegales entre 1975 y 1976
Roberto Mazzoni está acusado de no denunciar detenciones ilegales durante los años 1975 y 76 cuando era secretario del Juzgado Federal de Resistencia.
Ante esto, dijo que pudo haber omitido algunas presentaciones de hábeas corpus que recibía en su lugar de trabajo. Se lo acusa de encubrimiento por infracción de deber de denunciar delitos: omisión de dar cuenta de una detención ilegal, entre otros cargos.
El exsecretario del Juzgado Federal y exfiscal general, Roberto Domingo Mazzoni, continuó ayer su declaración indagatoria en la Justicia acusado de estar vinculado a los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar, en Chaco, por estar presente en algunos casos y no actuar como funcionario público.
El doctor Mazzoni comenzó su descargo el viernes pasado y dado lo avanzado de la hora, (habló frente al juez Carlos Skidelsky por más de dos horas) continuó ayer durante la mañana de ayer.
En esta oportunidad se refirió acerca de cuál fue su función dentro de la secretaría y, a pesar de que afirmó que todo se realizó en el marco legal, sí reconoció que se tramitaron numerosos habeas corpus por apremios ilegales entre el 1975 y 1976, en los cuales él pudo haber cometido un error involuntario de omisión en algunos hechos ante la gran cantidad de denuncias de la época. Por esto, afirmó que no tuvo intención de encubrir los casos.
Cabe recordar que Mazzoni está involucrado en la causa Caballero 2 o Residual, donde se investiga básicamente la complicidad del sector civil con el gobierno de facto de 1976, ante las detenciones ilegales contra presos políticos, torturas y hasta violaciones que se cometieron en dependencias policiales de la provincia.
Ayer, en su declaración negó que haya estado presente en el momento de una detención ocurrida en septiembre de 1975 de un preso político, asegurando que ese día tuvo a su cargo otro procedimiento. No obstante, la fiscalía considera que entre ambos hechos existe un vínculo clave para saber que allí radica la relación del funcionario con el secuestro de presos políticos.
Se espera que el jueves a las 10 concluya con su descargo ante Skidelsky y comience a responder las preguntas de los fiscales.
Se debe resaltar que la imputación contra Mazzoni fue realizada por la Fiscalía Federal de Resistencia, hace más de diez días, presentada por el doctor Patricio Sabadini, (fiscal federal) y Diego Jesús Vigay, (fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos) y fue lo que dio lugar a su detención.
El exsecretario de la fiscalía es indagado por: encubrimiento por infracción de deber de denunciar delitos (Art. 277 CP), en diez hechos en concurso real: omisión de dar cuenta de una detención ilegal (Art. 143, Inc. 6, del Código Penal), cuatro hechos en concurso real: omisión de promover la persecución y represión de delincuentes (Art. 274 C.P.), diez hechos en concurso real (cinco hechos de omisión de investigar tormentos, cinco hechos de omisión de investigar privación ilegítima de la libertad: incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 248 C.P.), cinco hechos en concurso real.
Para el fiscal Vigay, el esquema sistemático de detenciones ilegales, tormentos, vejámenes, homicidios y desapariciones forzadas de personas durante la década del 70 “contó con el aval y el apoyo del Poder Judicial de la Nación en esta Provincia”, y entre los funcionarios que se hallaban ejerciendo su función, figuran el ya fallecido Carlos Eduardo Flores Leyes (secretario del Juzgado Federal de Resistencia, y exfiscal federal en tiempos de democracia) y Domingo Reska; en tanto que los que aún están con vida son Roberto Domingo Mazzoni, así como Luis Ángel Córdoba (exjuez federal).
Incumplimiento de los funcionarios
El letrado aseguró además que “se han reunido elementos suficientes para afirmar, con el grado de conocimiento que se requiere en esta etapa procesal, que su actuación fue determinante para que, en su conjunto y sin perjuicio de la determinación de responsabilidad individual de cada uno de sus miembros, el Poder Judicial Federal de esta provincia evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron”.
Dicha afirmación está basada en un hecho considerada incontrovertible, debido a que “pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/u homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales, entre otros numerosos delitos que se cometieron durante aquellos años, no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos hechos en cabeza de los hoy requeridos”.
FuentedeOrigen:PrimeraLinea
Fuente:Agndh

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