Atentado contra Fernando Londoño era para asesinar el Marco Jurídico para la Paz
Por Juan Alberto Sánchez Marín
En Colombia, tan comunes como son los atentados de cualquier tipo, llámense terroristas o no, son los apresuramientos para lanzar hipótesis al respecto. Apenas se dispara la bala o estalla la bomba, se esparcen conjeturas sobre la sangre y los escombros.
Pero no se trata de cualquier tipo de suposiciones. Son acusaciones fríamente calculadas. Tanto, que a veces le hacen a uno pensar que quienes las sueltan con tal desfachatez saben algo más de lo que dicen, o, incluso, que son arte y parte del tenebroso asunto.
O, por lo menos, siendo lo que se dice bien pensados, que son expertos en el arte de pescar en río revuelto. Un oportunismo de maravilla, que atiza fuegos a discreción.
Salió buscando cámaras y micrófonos el ex vicepresidente Francisco “Pacho” Santos de la Clínica El Country, luego de visitar al aún aturdido ex ministro uribista Fernando Londoño, víctima de una bomba al norte de Bogotá, para afirmar que esa era una prueba de que las FARC no querían el Marco Jurídico para la Paz. Las FARC…
¿o él y sus allegados? Allegados… ¿o aliados?
Algo diciente, aunque triste, es que el pintoresco ex vicepresidente colombiano, que tan presto cayó en la cuenta de atacar el proyecto legislativo, nunca tuvo palabras en su agitado Twitter para expresar su solidaridad con las víctimas. Ni una.
Cuando a muchas fuerzas en este país no les va tan bien disparando al frente, pues empiezan a disparar al lado. Entonces no se respeta clase, ni orillas, ni figuras. Si encaja con los propósitos más altos, que no se vayan a confundir con designios dignos, sino egoístas, de clan mafioso, pues se vuelan algunas fichas del tablero de un manotazo.
El asesinato de uno de los suyos o el amedrentamiento de un peón no es nada grave. Como no lo es la conformación de grupos paramilitares para “limpiar” regiones enteras a sangre y fuego. Ni los genocidios. Ni las masacres. Ni las matazones. Ni los desplazamientos masivos.
La ultraderecha colombiana está acostumbrada a freírse en su salsa de sangre. Algo connatural a partir de las alianzas que adelanta con el diablo, siempre en bien de alguna innoble causa superior: La tenencia de la tierra y el control territorial, la ampliación de las fronteras ganaderas o agrícolas, la explotación minera o de los hidrocarburos, el control extendido de negocios o comercios, la repartición y expoliación de perímetros urbanos en el corazón de las grandes ciudades.
Nunca se supo en este país quién mató a Álvaro Gómez Hurtado. Ni siquiera supimos quien voló en pedazos hace poco la estatua de su padre, el amargo ex presidente Laureano Gómez, treinta años después de muerto. Las investigaciones por esclarecer ambos hechos siguen y seguirán sin llevar a ninguna parte.
Porque en este país la justicia sólo opera para justificar los remoquetes que los poderosos siembran en los medios, y esa es la visión del mundo y de las cosas que todos debemos seguir. No puede obrar cuando conduce a involucrar altos mandos militares, o empresariales, o mafiosos de la misma orilla.
Mejor dicho, a los afines al difunto, a los de la misma clase del muerto, que con tal de fregar a un gobierno incómodo, de crear caos o alterar el curso de los acontecimientos, busca deshacer el país en titulares escandalosos y de espanto.
Es una derecha que sabe cómo ponerle trabas y sabotear lo que no le conviene. Sean políticas, sean leyes, sean negociaciones, sea la paz misma. Si una investigación avanza, se desvía, se le inventan testigos, se efectúan falsas acusaciones, se miente. Y que sabe mucho acerca de endilgar culpas.
Las guerrillas han cometido actos terroristas, es cierto, y así lo han reconocido. Pero una buena parte de esos reprochables actos han sido llevados a cabo por la oligarquía colombiana, por los militares, por las transnacionales, por el propio estado, y por todos estos en connivencia.
Pero no sólo por la razón obvia de la generación de las condiciones de desigualdad extremas, de las injusticias sociales, de la falta de oportunidades para el grueso de la población, que son un caldo de cultivo para el florecimiento y permanencia de las guerrillas, sino porque es su propia mano la que jala los gatillos o prende las mechas.
En este país, en el que los medios ven la realidad en blanco y negro, las circunstancias muestran que el blanco está manchado y que el negro no lo es tanto como algunos quisieran.
Sin embargo, los mayores interesados en la guerra y en la degradación del conflicto siguen empeñados en hacernos ver las cosas al contrario de lo que son y en caliente pregonan las culpabilidades que les conviene y eximen a quienes se les ocurre.
"A nadie más se le puede atribuir y tenemos los elementos para poder decir lo que estamos diciendo” (1), afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, atribuyendo a las FARC el atentado al ex ministro Londoño.
Entonces cabe preguntarse: Al cabo de unas cuantas horas sabe el general a qué grupo pertenecían unos motociclistas de los que nadie da razón, ni siquiera las cámaras, a no ser el hecho de que llevaban puesto un disfraz que no dejaba verles ni la cara.
Y si era que se sabía desde antes quiénes eran, como se dio a entender cuando se afirmó que a Londoño lo seguían los criminales desde hace tiempo, ¿por qué no se hizo algo al respecto y a tiempo? La razón es sencilla: es pura charlatanería mediática, otra vez para pensar lo mejor y no creer que el policía es inepto o cómplice.
Es muy extraño que siempre en estos casos se sabe más recién sucedido el atentado terrorista que a medida que transcurre el tiempo. Segundos después se afirma sin lugar a dudas que fueron las FARC. Unas horas después ya se duda o francamente no se sabe.
Por lo menos así lo reconocen algunos honestos. Independientemente de que sea o no el grupo subversivo el autor del hecho, lo que prende las alarmas es la vociferación casi preventiva de que la agrupación es la culpable.
Y que además se les endose el rechazo al Marco Jurídico para la Paz, un proyecto que si bien de seguro no resulta de su preferencia, al menos no ha sido el centro de sus pronunciamientos ni ataques, como sí lo ha sido del principal encargado de hacer las apresuradas acusaciones: Álvaro Uribe Vélez.
El ex presidente se opone a cualquier mecanismo que conduzca a una salida negociada al largo conflicto colombiano. Es la posición asumida por buena parte de la ultraderecha del país, que pretende doblegar a las organizaciones armadas a través de las armas y la guerra. Un camino demencial que ha causado la muerte de miles de colombianos, soldados, guerrilleros y civiles, durante más de sesenta años, pero que tiene beneficiarios muy poderosos.
“Yo no creo que al país le convenga ablandar la seguridad por buscar la negociación con el terrorismo”, ha afirmado Álvaro Uribe (2), quien desde puntos de vista distintos terminó sentado en la misma butaca de su discrepante José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, atacando el proyecto.
Uribe anhela un proyecto nada beneficioso con la guerrilla y muchísimo más favorable con los militares. Vivanco lo desea menos conveniente para ambos. Lo que ambos pretenden en la aparente disensión es que no exista ninguna condición para buscar la paz. Del mismo modo que los voceros de la derecha vieron en el atentado su ocasión para bombardearlo (3)
El proyecto no es una panacea. Al contrario, no puede ser bueno si partió del congresista Roy Barreras. Pero tampoco puede ser tan malo toda vez que es atacado con tanta vehemencia por Álvaro Uribe. A esto hemos llegado.
Un tanto confuso, bastante redundante, indeterminado, se enmarca en una justicia transicional, pero tampoco se lo ve como excepcional, resulta contradictorio en esencia, en fin. Tal vez por eso mismo puede ser un punto de partida en un país que no se entiende sin esa esencia leguleya.
El ex presidente Uribe se queja de que este marco jurídico es “amnistía, indulto y elegibilidad para los terroristas”. Tal vez le duele tanto porque fue precisamente eso lo que él quiso y logró para el paramilitarismo, que se afianzó en el poder económico del país y se incrustó en todas las esferas de la política nacional durante los ochos años de su gobierno.
Sea cual sea la realidad de los acontecimientos recién vividos, que nunca sabremos a ciencia cierta a pesar de los reiterados y acalorados anuncios de investigaciones exhaustivas, el recién importado director de noticias de Caracol Luis Carlos Vélez se quedó con los crespos hechos en Cartagena.
La bomba en Bogotá quemó las serpentinas por el TLC con los Estado Unidos en el puerto del Atlántico y de pronto por eso escribió con tanta rabia el periodista en su cuenta en Twitter: “No vaya a ser q estos terroristas del carro bomba de hoy en Bogotá, vayan también a recibir los beneficios del "marco jurídico para la paz". (4)
Todo esto permite pensar que el execrable atentado contra Fernando Londoño era para asesinar el Marco Jurídico para la Paz, pero salió herido el ex ministro e ileso el proyecto de Acto Legislativo, que ha sido aprobado en su sexto debate en la Cámara de Representantes y sigue camino a convertirse en Ley de la República (5).
Notas:
1) El Espectador: “Policía atribuye a las Farc el atentado contra ex ministro Londoño”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/KqYktn
2) Confidencial Colombia: “Una bomba que agudiza la disputa Uribe-Santos”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/JEejSR
3) Portal La Silla Vacía: “La derecha ve en atentado contra Fernando Londoño oportunidad para hundir Marco para la Paz”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/JtrqJj
4) Idem.
5) El Tiempo: “Niegan proposición para archivar el marco jurídico para la paz”. 15 de mayo de 2012. http://bit.ly/K2CiJn Juan Alberto Sanchez Marin es periodista, analista y realizador de cine y televisión colombiano.
Fuente:Argenpress
miércoles, 16 de mayo de 2012
Periodismo en debate en Colombia
ANNCOL
Con el fin de mostrar la otra cara de la moneda, desde el seno del movimiento guerrillero, se alzaron otras voces. Las de quienes dan su visión y dejan bien marcado su posicionamiento, explicando los por qué de ese estado de confrontación armado que ya lleva varias décadas, porque en Colombia cambiaron las caras de la clase gobernante, lo que no cambió es el fin que persiguen, la necesidad imperiosa de que esa guerra continúe y de que el pueblo sea el que sigue poniendo las víctimas.
Seguimos insistiendo en la necesidad imperiosa de un profundo debate con participación del campo popular nacional e internacional. Un debate que tenga como eje central la terrible problemática que padece un pueblo y que con voluntad política verdadera podría cambiar lo que hasta el momento parece un destino señalado.
Ningún ser humano nace para matar, tampoco ninguna guerra se plantea como una cuestión mágica y espontánea. Hay situaciones que empujan a que hermanos, hijos de la misma tierra, dejen a un lado las palabras reemplazándolas por el rugido de las bombas y las ráfagas de ametralladoras.
Aquí tenemos la contratara de todo lo que se viene diciendo desde el poder, esta vez habla el pueblo y como tal tiene derecho a ser tenido en cuenta. Luego, cada cual sacará sus propias conclusiones.
Las dos campanas repican, ojala este cercano el día en que todos y todas hablen el mismo idioma, para ello es imprescindible escuchar los dos tañidos.
Abajo publicamos un aporte de este debate abierto en la página de ANNCOL de Pablo Catatumbo, integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP que analiza y polemiza contra otro colega destacado, el escritor y columnista de la Revista Semana, Antonio Caballero. Es así, en la “Batalla de las ideas”, como dice Fidel, que el futuro de Colombia debe construirse.
Fuente:Argenpress
miércoles, 16 de mayo de 2012
No todo lo del pobre es robado
Por Pablo Catatumbo
Disquisiciones en torno al artículo “A medias” de Antonio Caballero (1).
Como a esta selva casi todo llega tarde, hace poco recibí la revista Semana del 5 de marzo de 2012 en la que el columnista Antonio Caballero plantea unas observaciones sobre la decisión de las FARC-EP de cesar las retenciones de civiles con fines financieros. Su lectura generó diversas reacciones en las tropas farianas que me acompañan, cuyas conclusiones y observaciones pretendo plasmar en esta nota, saludando y respetando, a pesar de las diferencias, la postura de Caballero, así como la de todas las diversas corrientes de opinión que han llevado a que la paz sea otra vez asunto de debate público en la Colombia de hoy, que no se resigna a ver el tema embolatado en los enormes bolsillos del Presidente.
Plantea Caballero que los militares privados de la libertad son llamados por nuestra organización prisioneros de guerra. Clarificar este punto resulta clave, pues en realidad el que denomina prisioneros de guerra a ese colectivo humano es el Derecho Internacional Humanitario, DIH, en tanto son integrantes plenos de un ejército en contienda que resultan capturados en medio de acciones bélicas. Esa denominación no es ni invento, ni capricho de nuestra organización. Lo demás, es querer tapar el sol con las manos.
La guerra es infelizmente una situación indeseable, límite, que implica la comisión de acciones incómodas, casi todas penosas y dolorosas. El DIH ha sido seguramente un intento inspirado en el altruista espíritu de civilizar y disminuir el sufrimiento implícito en estas crueles circunstancias, a pesar de las talanqueras que se le imponen a conflictos asimétricos internos como el nuestro, donde a los ejércitos insurgentes se les desconoce su carácter de parte beligerante, pero se le exige el cumplimiento estricto de todos los protocolos.
Lamentablemente se pretende de modo maniqueo que el DIH lo cumpla y aplique la insurgencia, aunque el Estado colombiano histórica y sistemáticamente viole todos y cada uno de sus protocolos. Sigue en total impunidad torturando, recurriendo al asesinato metódico de líderes sindicales y de la oposición, a la desaparición forzada y a toda clase de crímenes de lesa humanidad, como lo constatan las miles de investigaciones que hoy reposan en la Fiscalía, así como los informes de diversas ONGs, la ONU y demás organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sobra decir que el DIH tampoco rige para que lo cumplan las grandes potencias, como los Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y países satélites como Israel o Arabia Saudita.
Caballero y otros periodistas plantean un pretendido ritmo mastodóntico en nuestra toma de decisiones.
Presentamos las excusas pertinentes frente a la criticada lentitud en la toma de las decisiones al interior de nuestra organización. A diferencia del Ejército oficial, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en las FARC-EP no nos podemos dar el lujo de comunicarnos con la inmediatez de los teléfonos celulares o de las videoconferencias de las oficinas capitalinas. Para una decisión nacional requerimos de la activación de un complejo aparato conspirativo que logre burlar los muros que pretende imponernos el enemigo. Sin embargo, podemos comunicarnos, discutir colectivamente y sacar conclusiones de cara al país, como lo demuestra este mismo documento.
Volviendo al tema, quiero dejar claro que al igual que frente al punto de los prisioneros de guerra, el secuestro no es ni invento ni patrimonio exclusivo nuestro. En Colombia también secuestran la fuerza pública, los servicios de inteligencia del Estado, sus socios paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común, incluida la de cuello blanco, etc. El país requiere de una justa medida sobre este tema, pues mucho se habla de él, sin objetividad, sin un real trasfondo, y de confiarse la opinión pública en las disparatadas y poco confiables estadísticas de la oenegé de extrema derecha Fundación País Libre, las conclusiones a las que se habrá de llegar serán, cuando menos, absurdas.
De nuestra parte, el país puede tener la certeza del compromiso de todos y cada uno de los integrantes del Estado Mayor Central, quienes fungiremos de veedores de la realización de lo que nos compete en cada uno de nuestros frentes y columnas, dentro de lo señalado por el comunicado que hizo público el Secretariado Nacional a principios de marzo.
En él se anuncia la derogación de lo relacionado con las retenciones financieras autorizadas por la Ley 002, promulgada por el Pleno del Estado Mayor Central del año 2000, y que no fue ningún capricho del comandante Jorge Briceño como equivocadamente señala Caballero. Nuestra guerra de resistencia, infelizmente hay que decirlo, requiere de finanzas. Las FARC-EP no podemos esperar subvenciones de organismos multilaterales ni apoyo militar de Estado alguno. Dependemos de la solidaridad de nuestro pueblo y de los internacionalistas del mundo entero, así como de nuestra propia audacia en la consecución de recursos para el cumplimiento de nuestras tareas político-militares.
Lo que me interesa destacar, y la columna de Caballero nos sirve de ejemplo, es que para algunos nada de lo que hagamos las FARC-EP va a ser de buen recibo, porque falta sindéresis, falta objetividad en el análisis. Si atendemos el clamor nacional y las peticiones de algunas oenegés y organizaciones de mujeres frente a la liberación de los prisioneros de guerra, la respuesta es que somos unos mentirosos y unos pérfidos. Si llamamos al diálogo es que estamos acorralados y al borde de la derrota o de la desaparición física. Si dirigimos exitosas acciones militares por la geografía nacional, como lo estamos haciendo, resultamos siendo unos terroristas desesperados que damos los últimos coletazos, etc.
La pregunta es, entonces, ¿qué quieren la gran prensa y el poder mediático que hagamos las guerrillas revolucionarias de Colombia? ¿Qué cometamos un acto de suicidio colectivo masivo? ¿Que simplemente desaparezcamos de la vida nacional, sin luchar por los cambios estructurales que toda Colombia reclama? ¿Que renunciemos a nuestra historia y nos transformemos en camaleónicos trepangos de la corrompida vida política del país, como ocurrió con los ultra revolucionarios de antaño, hoy correas de transmisión del sistema?
La guerrilla revolucionaria en Colombia se sustenta históricamente en la existencia de un régimen político oligárquico autoritario, excluyente y violento, esencialmente corrupto, profundamente antidemocrático y en un orden económico inequitativo. Régimen político que se manifiesta en la ausencia de un escenario político verdaderamente democrático y participativo. Ha de quedar claro, y no descansamos en nuestro propósito de que quede efectivamente claro, que nosotros no iniciamos esta guerra, y eso lo sabe muy bien el columnista. Por el contrario, nos vimos obligados a participar de ella como ejército de resistencia ante la agresión del Estado contra el campesinado y contra la oposición revolucionaria.
Por ello no negamos nuestra intención de alcanzar una verdadera paz, duradera y democrática. Ello no es síntoma ni de rendición ni de derrota. Insistimos en ello desde la Marquetalia heroica, insistimos en ello en La Uribe, insistimos en ello en Caracas y Tlaxcala, y volvimos a insistir en El Caguán.
Pero parece que para algunos sólo hemos sido unos mitómanos sistemáticos, unos profesionales de la mentira, como si el peso de esta guerra desigual e infame que nos ha tocado soportar y enfrentar, para nosotros solo fuera un paseo. En mi opinión, de lo único que pueden acusarnos en lo relativo a la paz, es de ser unos tercos, unos incansables proponentes de una paz con justicia social a lo que los poderosos le tienen pavor.
Esto se ha de conectar con otro debate nada descartable: ¿Cuál es el papel del periodismo en la Colombia de hoy? Nos asalta la pregunta en momentos en que vemos cómo el poder mediático azuza una nueva campaña de mentiras contra nuestra organización. Los medios nacionales registran falsedades diarias contra nosotros, sin ninguna objetividad y sin ninguna verificación. Veamos algunos ejemplos.
Los medios regionales del suroccidente registraron hace unos meses a un oficial de artillería que escondía sus tanques detrás de los bienes de civiles en Caloto, en clara infracción al DIH. Pero los violadores al derecho internacional terminamos siendo nosotros. Él, que fue dado de baja, terminó siendo un héroe, por aquello de que mientras las bombas del Ejército son humanitarias las nuestras son terroristas. Un labriego del mismo municipio resulta presuntamente obligado a poner un burro bomba, en una zona donde estos animales son una rareza, a sólo 20 metros del puesto la III División, y los responsables resultan ser misteriosamente los miembros del Sexto Frente de las FARC-EP. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y todas las emisoras acuden al testimonio de unas presuntas desmovilizadas de las FARC, desconocidas en nuestros frentes y columnas, que proceden a hablar de unos crímenes que a la par de profunda indignación, despiertan risas a nuestras muchachas guerrilleras, conocedoras de su absoluta falsedad.
Conocemos de la invaluable labor de periodistas y columnistas honestos, independientes, que enfrentan día a día la censura y las presiones de los medios de comunicación que nada tienen que ver con la cacarea da prensa libre. Indudablemente todos ellos han de jugar un papel clave en la construcción de un nuevo país, de una Colombia distinta, más justa, más incluyente y más democrática, como la que queremos todos. A los demás no está demás pedirles que por lo menos acepten que no todo lo del pobre es robado.
Montañas de Colombia, 15 de abril de 2012
Pablo Catatumbo es integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP.
Nota: 1) A medias, Por Antonio Caballero http://www.semana.com/opinion/medias/173120-3.aspx
Fuente:Argenpress
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