martes, 14 de agosto de 2012
La impunidad y la responsabilidad de Oyarbide y el gobierno
Por Mesa de Investigacion y Accion contra la Triple A
Esta declaración fue entregada en mano al nuevo Secretario de DDHH de la Nacion, Martin Fresneda, el 31 de julio del 2012, en la sede del Espacio para la Memoria, en el ex Centro de Torturas de la ESMA, durante el homenaje que se lleva a cabo todos los años al asesinado diputado nacional, Rodolfo Ortega Peña. Copias de la misma tambien fueron entregadas a los 150 personas presentes, muchos de ellos funcionarios del gobierno, abogados, juristas, compañeros, familiares y amigos de Ortega Peña. La actividad estuvo precedida por la proyección del documental “Parapolicial Negro” del director V.J. Diment. A la pelicula le siguió un panel de oradores. Hasta el dia de la fecha, esta declaración no ha tenido respuesta oficial.
“En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Cristina Fernandez de Kirchner
• Hay que terminar con la impunidad de los asesinos de Ortega Peña y otros 1.500 intelectuales, activistas sindicales, dirigentes políticos. La responsabilidad del juez Oyarbide y el Gobierno
Rodolfo Ortega Peña defendía presos políticos de la dictadura militar de Lanusse y de los gobiernos Peronistas que le sucedieron en 1973. Era un revolucionario que denunciaba el pacto social y el programa neodesarrollista que implementaba el gobierno en cuyas listas electorales había sido elegido diputado. No dudo en formar un bloque unipersonal. Era un hombre, un militante, que no dudo en romper con las exigencias de la verticalidad para hablar con la verdad sobre los responsables de las bandas fascistas de la Triple A.
El 30 de mayo de 1974, Ortega Peña hablo en el sepelio de los obreros socialistas fusilados en Pacheco por la Triple A y responsabilizo a la burocracia sindical y al gobierno por la actuación de esta. Ortega Peña sostenía que la izquierda, los activistas sindicales y los revolucionarios debían unirse para defenderse y vencer a las bandas fascistas. Eso le costaría la vida, pero era un hombre apegado a la verdad.
La Triple A lo asesino el 30 de Julio de 1974. Sus asesinos permanecen impunes hasta la fecha, como lo son los responsables de mas de 1.500 asesinatos y desapariciones del terrorismo de estado de los gobiernos Peronistas entre 1973-76, el que precedió al mas extenso y profundo terrorismo de la dictadura militar (1976-1982).
A pesar de contar con un expediente con mas de 60 cuerpos con múltiple evidencia contra centenares de asesinos, la Causa Triple A, en manos del juez Dr. Norberto Oyarbide esta detenida y siendo descuartizada judicialmente para evitar la investigación y castigo de todos los responsables, muchos de los cuales luego pasaron a revestir en los Grupos de Tareas de la dictadura militar.
¿A quien se defiende? ¿Que se defiende?
El juez Dr. Norberto Oyarbide escribió pedidos de extradición defectuosos que impidieron hasta ahora traer al país a Isabel Peron. Mantuvo inactivo los expedientes y cuando fue censurado en dos oportunidades por la Camara procedió primero a producir un centenar de “incidentes” repetitivos e innecesarios (como pedir de nuevo a los querellantes que ratificaran sus denuncias) para ganar tiempo y finalmente procuro la detención de siete sospechosos sexagenarios, entre ellos el ex “periodista” Jorge Conti y Julio Yessi, el ultimo yerno de Lopez Rega y cabeza de la JPRA, una de las ramas de la Triple A.
Sin embargo hay fundadas sospechas de que no intenta juzgarlos sino mantenerlos en el limbo judicial, tal vez excarcelaros a sus domicilios, como ya lo hizo con Almiron, Rovira y Morales quienes nunca fueron juzgados y murieron de viejos. Mucho menos esperan los cientos de querellantes en la causa que se juzgue a los centenares de responsables directos e indirectos de esos crímenes de lesa humanidad.
Oyarbide ha desmembrado a la Triple A pervirtiendo no solo la justicia sino tambien la historia. Si bien reconoce por escrito que la Concentracion Nacional Universitaria (CNU) o la Juventud Sindical Peronista (JSP) o la Juventud Peronista de la Republica Argentina (JPRA), y otras organizaciones de derecha semejantes, cometieron actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad las ha declarado arbitrariamente como “no tributarias” de la Triple A cuando es publico y notorio, y existe abundante evidencia en contrario, derivando las acusaciones sobre estas organizaciones a otras jurisdicciones deteniendo la justicia y dificultando las causas de los querellantes en grado extremo. Con este método, Oyarbide ha desechado testigos y querellantes arbitrariamente. Busca con esto que cunda el desanimo y los acusadores desistan de sus esfuerzos.
La Triple A era una confederación de grupos de derecha, politicos, sindicales, militares y policíales que incluía a la Concentracion Nacional Universitaria (CNU); la Juventud Sindical Peronista (JSP), la JPRA, el CdeO, COR y otros grupos, junto a matones sindicales y miembros de las policías y las FFAA que, como en el caso de Cordoba actuaban bajo el nombre de Comando Libertadores de America u otros similares.
Esta confederación de derecha usaba el titulo genérico de Triple A y era protegida, armada y dirigida desde el estado, desde varios ministerios, secretarias y otras instituciones del estado, así como por sindicatos, la propia CGT, gobernaciones e intendencias del país.
El grupo de asesinos comandados por los Comisarios Morales, Almiron y Rovira alrededor del entonces Ministro Lopez Rega era solo una unidad de esta confederación terrorista de estado que se ocupaba de los blancos “VIP” (Ortega Peña ; Silvio Frondizi,; el Padre Mujica; Troxler y otros). La Triple A también inauguró, antes de la dictadura militar, campos de concentración como Automotores Orletti y llevaba a cabo los primeros pasos del llamado “Plan Condor.”
Desde la Masacre de Ezeiza a la Masacre de Pasco; desde la Masacre por la muerte de Ernesto Piantoni en Mar del Plata a la Masacre de socialistas en La Plata y de esta a la Masacre durante el llamado “Navarrazo” en Cordoba o en Villa Constitucion contra los trabajadores metalúrgicos, la Triple A es la expresión del terrorismo de estado sobre la que se monto la posterior operación de genocidio de la dictadura.
Oyarbide intenta culpar solo a Lopez Rega y un circulo a su alrededor del ex Ministro de unas 20 personas por todos los crímenes de la Triple A. Como la mayoría de esta veintena de personas han muerto, o se espera su fallecimiento en cualquier momento como los que han sido arrestados hace poco, la impunidad reinara al final del proceso judicial que marcha a paso de tortuga.
Una somera revision de los hechos y pruebas acumuladas bastaria para observar que varios Presidentes del pais (Menem y Duhalde entre ellos), candidatos presidenciales, gobernadores, intendentes, ex Ministros, altos dirigentes sindicales y oficiales policiales y militares de alta jerarquia mantuvieron estrechas relaciones, participaron, colaboraron y/o protegieron a los asesinos de la Triple A y se beneficiaron de sus crimenes para avanzar sus carreras y asentamiento en el poder.
Oyarbide se ha negado a indagar a Hugo Moyano y muchos otros potenciales responsables con la excusa de que militaban en organizaciones que, aunque ejecutantes de actos terroristas de lesa humanidad, no era tributarias de la Triple A. Oyarbide de hecho ha actuado en relacion al dirigente sindical mas como defensor del mismo que como juez. Cualquier juez honesto, con la evidencia a la vista, hubiese investigado el caso de Moyano y el de muchos otros dirigentes sindicales comprometidos.
Le ha permitido Oyarbide a estos sospechados de crimenes de lesa humanidad plantar testigos falsos que, cometiendo perjurio, han embarrado la cancha judicial – incluso a contramano de la evidencia incontrastable en su poder Oyarbide ha apoyado esos testimonios apócrifos - y también ha pasado por alto Oyarbide – como es común intentarlo por las defensas en los juicios contra los militares del “Proceso”- que los acusados traten de bastardear evidencia y desprestigiar testigos de cargo. Todo esto lo ha hecho el juez de la causa rescribiendo una y otra vez la teoría ya rechazada judicialmente de los “Dos demonios”.
El juez Oyarbide se ha negado a proteger testigos y no ha cumplido casi ninguna de la líneas investigativas propuestas por la fiscalía en la Causa.
Muchos miembros de la Triple A tienen hoy puestos prominentes en la política y el sindicalismo y esto es lo que se protege el juez de la causa – que incluso se ha mostrado públicamente en funciones sociales con algunos de ellos y por estas razones debe ser desplazado de la causa y esta entregada a un juez probo, dispuesto a llegar hasta el final en la investigación y el castigo de los responsables.
De lo contrario se implementara en nuestro país una de las mayores denegaciones de justicia de nuestro país contra víctimas del terrorismo de estado.
Las responsabilidades del gobierno
El actual gobierno nacional ha hecho de los DDHH, según sus propias declaraciones, “una política de estado.” Esto ha permitido la sanción de leyes anulando los perdones, amnistías, punto final y obediencia debida y abierto el cauce del juzgamiento de algunos militares genocidas y a un numero limitado de civiles. En nombre del estado se ha pedido perdón a la sociedad Argentina por esos crímenes de lesa humanidad de las FFAA y sus cómplices.
En un discurso reciente, la Presidenta ha dicho: “En 1974, algunos dirigentes se dedicaban a cazar zurdos. El archivo fotografico es implacable. Es implacable.” Sabemos que se refiere a la responsabilidad de aquellos que formaron parte y colaboraron con la Triple A y sabemos del archivo fotografico porque nosotros lo hemos construido con nuestras investigaciones.
Una política integral de DDHH demanda un tratamiento de todos los crímenes de lesa humanidad, no solo aquellos que son convenientes políticamente. Los crímenes de la Triple A deben ser investigados y sus culpables castigados:
El gobierno debe pedir en nombre del estado, perdón por los crímenes de lesa humanidad del periodo 1973-76;
Debe asegurar que la causa Triple A se movilice y los responsables de los crímenes sean investigados aportando para ello las pruebas existentes en los archivos en poder del estado y Impulsar el reemplazo del Dr. Oyarbide la causa y reemplazarlo por un juez y fiscales dispuestos a terminar con la denegación de justicia y protección de los culpables que imperan hoy.
El gobierno tiene los mecanismos legales para hacerlo incluyendo la Procuraduria General, la Secretaria de DDHH de la Nacion y el Consejo de la Magistratura, así como también le asiste el derecho de integrarse a las causas como parte y en el caso especifico de la Triple A impulsar su investigación. El gobierno también posee los archivos de inteligencia de la DIPBA, Prefectura, la Armada, el Ejercito y la Aeronautica y otros en donde figuran muchos de los mencionados como autores materiales y lideres políticos responsables de los crímenes de lesa humanidad de la Triple A.
A los querellantes y testigos comprometidos con la verdad les faltan los medios materiales para enfrentar esta tarea cíclopea y es responsabilidad del estado garantizar que las pruebas e investigaciones que han realizado estos, y que están a disposición de la justicia para cuando esta se decida a actuar – tengan su apropiado curso en los estrados de la justicia.
Actuar con firmeza le significaría a Ortega Peña y a los centenares de víctimas de la Triple A el homenaje mas honesto y pertinente, el de que se haga justicia en sus casos. Nosotros expresamos nuestra disposición a hacer nuestra parte, la estamos haciendo, para que se impute por sus crímenes a los responsables.
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont
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