Año 5. Edición número 228. Domingo 30 de septiembre de 2012
Por Martín Rico.
Abogado querellante por la Secretaría de DD.HH. de la Nación lesahumanidad@miradasalsur.com
Opinión.
Pasados ya 40 años de lo que se conoció como la masacre de Trelew, la semana pasada concluimos la etapa de los alegatos. Esperamos la sentencia, desde un lugar histórico diferente, del que iniciamos este proceso. Hoy, sin lugar a dudas, podemos afirmar que el juicio puso en evidencia que los hechos investigados son constitutivos de violaciones a los derechos humanos y que, por lo tanto, dichas conductas no pueden ser admitidas bajo ninguna circunstancia.
Revelar la verdad de lo ocurrido el 22 de agosto de 1972, en la base Almirante Zar en Trelew, reconociéndolo como moral y jurídicamente reprochable, servirá seguramente para que esos sucesos no se repitan. Fundamentalmente, la revisión y la crítica nos servirán como sociedad para reafirmar la vigencia de ciertos valores, como la aceptación ideológica y política del otro. El camino no ha sido fácil. Entre 1971 y 1973 funcionó la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (la Cámara del Terror o el Camarón), creada por la Ley 19.053 y complementada por alguna norma secreta.
Este denominado “fuero antisubversivo” está considerado hoy como uno de los momentos más vergonzantes de la historia del poder judicial de nuestro país, porque con su implementación quedó en evidencia la existencia de una política estatal de persecución de militantes contrarios a las ideas del poder ilegítimo que regía por ese entonces.
El elenco de atropellos a la Constitución Nacional no se agotaba ahí. Como decía Eduardo Luis Duhalde, en oportunidad de prologar el libro La patria fusilada, de Paco Urondo: “Trelew es por un lado, la piedra fundacional del terrorismo de Estado que conocimos en todo su cruel desarrollo a partir del golpe de Estado de Videla”.
En ese sentido, ya hoy nos quedan claros los conceptos de “pedagogía del terror”: “Restablecer mediante el terror el principio de autoridad”; “no asunción de la autoría del hecho criminal” o “el pacto de sangre”, entre otros. No sólo desde lo jurídico, sino desde los hechos de la historia, podemos afirmar que la masacre se decidió entre las cúpulas de las tres fuerzas, sin que ningún oficial hiciera oír su voz para manifestar su desacuerdo.
Es necesario rescatar en ese punto actitudes valientes y comprometidas con el estado de derecho, como las de Julio César Urien. Cuando un Estado convierte en su doctrina de acción la aplicación de la “ley de fugas”, como se hiciera luego reiteradamente durante la dictadura, no hacen sino convertir el accionar estatal en un accionar genocida que se sustenta en la necesidad de la supresión física de los militantes populares.
Al momento de reflexionar sobre estos hechos, para la construcción del alegato, nos vimos en la circunstancia de tener en nuestras manos la oportunidad histórica de hacer justicia para los fusilados de Trelew, para sus familiares que vivieron estos años entre la clandestinidad y la lucha, para sus hijos e hijas que son hoy adultos, para sus padres que no llegaron a verlos.
Tenemos en claro que los imputados no son más que las caras visibles –en grado de coautores, autores mediatos o encubridores– de la maquinaria de terror del Estado. Los pedidos de penas de prisión perpetua, inhabilitación especial absoluta y perpetua, no son más que una deuda histórica que este Estado vine a resarcir para con la sociedad toda.
El debate político, jurídico e histórico iniciado en 2003 nos colocó en esta instancia. Es la posibilidad de reconstruir juntos qué pasó.
Reconocer que el Estado utilizó en numerosas oportunidades sus herramientas para atentar contra la vida y la seguridad de sus miembros. que eso no es un accidente ni un acto irracional sino que es un delito, y que por sistemático y generalizado es de lesa humanidad. Trelew aguardó paciente 40 años.
Trelew nunca dejo de pedir justicia.
Trelew hoy desea la verdad.
Fuente:MiradasalSur
Masacre: el fallo se conocerá el lunes 15 de octubre
Terminaron los alegatos y el miércoles 10, los marinos acusados por los fusilamientos del ´72 en Trelew dirán sus últimas palabras.
El miércoles 10 de octubre, los 5 marinos acusados de ejecutar la Masacre de Trelew tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal que los juzga. Será la última audiencia del proceso y tras escuchar toda la evidencia en su contra.
Tras esa instancia y si no hay contratiempos, la histórica sentencia por los 19 fusilamientos del 22 de agosto de 1972 se leerá el lunes 15 de octubre en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson.
Así coincidieron todas las fuentes consultadas por este diario. Aunque los jueces Enrique Guanziroli, Juan Velázquez y Nora Cabrera de Monella tienen 5 días hábiles para dar a conocer su decisión, prefieren terminar antes de escribir sus votos para no trabajar apremiados por plazos legales.
Tras 40 años, así se sabrá qué sucedió aquella madrugada en los calabozos de la Base Almirante Zar de Trelew. Y qué papel jugaron Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista. Todos enojados Ayer fue el último día de alegatos.
De nuevo hubo muy fuertes discusiones entre fiscales, querellantes y defensores. Se escucharon insultos en voz baja, acusaciones cruzadas y objeciones sinfín. Guanziroli, presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, debió llamar al orden a las partes.
Lo imitó la jueza Monella, mucho más enojada con lo que consideró “faltas de respeto”. “Parecen chicos”, dijo alguien sin advertir que el micrófono estaba abierto. “Hubo mala fe y deslealtad procesal”, aseguró el fiscal federal Fernando Gélvez.
“No se lo voy a permitir de ninguna manera”, casi gritó Gerardo Ibáñez, defensor de Jorge Bautista. Las escenas así se repitieron. La parte final del juicio dejó ánimos calientes y enojos mutuos. Último alegato Más temprano habían alegado Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, la dupla de defensores de Paccagnini.
El dúo aseguró que si en Trelew hubo 3 sobrevivientes fue gracias a que su cliente, exjefe de la Base Zar, llegó a los calabozos para detener la matanza. Y que incluso si hubo una orden del presidente Alejandro Lanusse, los acusadores no demostraron ni a quién se la transmitió ni quién fue el militar que se la comunicó a Paccagnini.
“De ninguna manera hay ni un mínimo elemento ni de cómo habría llegado ese mensaje a mi cliente y a quién se lo ordenó el presidente”. En caso de ser condenado, los abogados pidieron que siga en libertad hasta que el fallo esté firme. Y que no vaya a cárcel común.
La primera aclaración del alegato fue que el marino –sobre quien pesa un pedido de prisión perpetua- no era el jefe de toda la Fuerza Aeronaval 3 sino sólo de la Base. “El Batallón de Infantería de Marina no tenía nada que ver con él y era totalmente independiente del Comando de Aviación”.
Según el alegato, Paccagnini fue el primero en llegar a la escena del crimen y de inmediato ordenó atención médica para los 6 heridos. “A esto no lo refutaron, ¿o ustedes creen que un conscripto de 18 años o un suboficial le podía ordenar a Sosa que pare de disparar? Fue el jefe de la Base”.
Según Gabalachis, es “altamente probable” que Paccagnini no haya estado en la Enfermería para chequear que los heridos sean atendidos. “Pero sí ordenó la atención médica”. “Guste o no, los detenidos estaban en el ámbito del Poder Judicial, bajo el control jurisdiccional del juez Jorge Quiroga –añadió-.
Aunque su actuación hoy no resista el análisis de un Consejo de la Magistratura como el actual, era la autoridad de ese momento y la situación en esa época era muy distinta. Es como que dentro de 40 años alguien revise la actuación del tribunal de este juicio”.
Por su parte, Latorre advirtió que en la historia argentina “quedan muchas heridas por cerrar” y en ese sentido aseguró que el tribunal que preside Guanziroli “no tiene competencia ni potestad alguna para juzgar la historia. Hay que tener cuidado porque mirar todo con el prisma de la ideología nos puede conducir a la ilegalidad”.
Una clara alusión a los presuntos móviles políticos del juicio. El defensor aseguró que aún si se acepta que el 22 de agosto hubo un fusilamiento, “las pruebas son altamente insuficientes para endilgarle ninguna responsabilidad a Paccagnini”.
En su repaso de testigos, recordó que los exconscriptos de la Base “reflejaron que Infantería y Marinería (donde el imputado era jefe) eran dos mundos aparte y sólo compartían el espacio físico de la unidad”. Según Latorre, ninguno dijo que su jefe era Paccagnini: todos mencionaron a Sosa, Fernández y Roberto Bravo.
Querellantes y fiscales “necesitan imperiosamente probar que hubo una orden para que el crimen sea de lesa humanidad”. En este sentido aseguraron que “hay una absoluta orfandad probatoria” ya que “nunca dijeron cómo fue esa comunicación directa de Lanusse con mi cliente, cosa que desconocemos”. Sutil, Latorre derramó responsabilidad en Sosa: “¿Quién se puso al frente de la situación en el aeropuerto, parlamentó y negoció con los guerrilleros?, ¿quién formó una guardia especial para los calabozos?, según los testigos, ¿quién estaba presente luego del 22 en esas reuniones para difundir la versión oficial?, ¿quién tuvo ese protagonismo? ¿Paccagnini? No, Sosa”.
Calificó a la acusación contra el exjefe de la Base como “un salto al vacío realmente temerario” que sólo es creíble “si se desnaturaliza todo el contexto de la época”. Latorre aseguró que Paccagnini, a diferencia del resto, no desapareció de Trelew. “Siguió como jefe hasta el ´74 y si se sigue la lógica de los acusadores, para quienes los culpables se escaparon, esto lo desincrimina”.
Histriónico
Muchos testigos recordaron a un Paccagnini destruido anímicamente tras el 22 de agosto, sin entender lo sucedido.
“Alberto Camps, uno de los sobrevivientes, dijo que se salvaron porque intervino gente de la Base que no estaba involucrada en la operación”. Para sus defensores, su cliente era parte de esta gente. “Si la orden era fusilarlos, ¿por qué iba a estar tan abatido y procuró sanarlos?
A menos que tenga una personalidad histriónica que desconocemos y haya montado una escena por si acaso lo enjuiciaban 40 años después”, ironizó Latorre. De acuerdo al alegato, son los acusadores quienes deben demostrar que los 3 heridos que murieron después no recibieron atención.
Y que si esa madrugada hubo uniformados que no debían estar en los calabozos, como Emilio Del Real, lo deben explicar ellos y no Paccagnini. “El tribunal no tiene elementos para la certeza de que esa presunta orden de fusilamiento pasó por mi cliente.
Y según todos los testimonios, si es que vino de afuera fue a través de la Infantería y no del jefe de Base”
“Una intervención imprudente y desatinada”
Para su defensor, Sosa fue un “imprudente” que generó una balacera involuntaria. Pero no más que eso: negó el fusilamiento.
En su alegato de la noche del jueves, Sergio Oribones, que defiende a Luis Sosa y a Emilio Del Real, subrayó que “este juicio nunca debió realizarse” ya que los imputados ya fueron juzgados y además los beneficia la amnistía del expresidente Héctor Cámpora.
“No se los puede volver a juzgar porque ya fueron indagados y sumariados”, remarcó. Por eso pidió la absolución de ambos, acusados de apretar el gatillo el 22 de agosto. Sobre ellos pesa un pedido de prisión perpetua.
“No se demostró una situación de fusilamiento y no me interesa la calificación penal que se le pueda poner porque el delito está prescripto y este procesa vulnera principios básicos del Derecho”, agregó. Incluso explicó que la misma legislación que usaron querellantes y fiscales, bien leída en realidad sirve para exculpar a los marinos.
También advirtió que a los imputados que defiende se los acusa de “tormento” aunque nunca antes se mencionó esa imputación en el proceso. “Cuando se los indagó no fue por ese hecho, que es absolutamente incorrecto. Los acusadores quieren meter por la ventana una calificación distinta a la original, pero está prohibido”.
Sus clientes están acusados de ser autores materiales de los homicidios en esa madrugada de 1972. “No se trata de un crimen de lesa humanidad ni hubo un plan sistemático, que sí comenzaría después.
Los acusadores acuden a esto porque es la única manera que tienen de evitar que el crimen se declare prescripto y que no opere la amnistía para los acusados”, explicó. Y aunque concedió que en la época de la Masacre “hubo excesos que vulneraban derechos individuales” en todo el país, aseguró que “eran procedimientos legales”.
“Sosa nunca habló de un intento de fuga –recordó el letrado-. Es cierto que la Base no era un lugar adecuado de detención, pero era el único que había”. Oribones graficó que el año de la Masacre, la unidad militar estaba en construcción, rodeada por un alambre de tres hilos.
“Era permeable en términos de seguridad y había una tensión evidente entre militares y presos”. Para su defensor, por su actuación en la toma del aeropuerto el 15 de agosto, Sosa asumió que tenía la “suficiente confianza” con los guerrilleros para intentar calmarlos.
“Pero no es cierto que haya disparado porque ningún testimonio dice haberlo visto. Los querellantes dicen que todos dispararon, pero la cantidad de armas que hubo esa noche no es suficiente; su versión es inconsistente”. En este sentido, consideró que al ir a los calabozos, el capitán Sosa que es símbolo histórico de la Masacre “no tuvo más que una intervención imprudente y desatinada”.
Esta conducta arriesgada, sumada a una “guardia nerviosa” por la tensión con los presos, inició una balacera que “ya no se pudo controlar”. Mientras oía el alegato de su defensor, Sosa asentía con la cabeza, sentado de espaldas al recinto para evitar las fotos de su rostro.
“Tampoco es cierto que fue premiado y que se escondió: sucedía que lo iban a matar”, completó. El abogado también desmintió que la matanza haya sido una venganza luego de que Chile se negara a extraditar a los 6 líderes guerrilleros fugados de la Unidad 6 de Rawson.
“El juez Jorge Quiroga se los había pedido al gobierno extranjero y se los negaron, pero recién 3 días después de los hechos de Trelew. Esto desbarata esa idea”, argumentó, mostrando el documento que lo prueba.
Según Oribones, desde el análisis político tampoco es posible suponer que el presidente de facto Alejandro Lanusse haya ordenado fusilar a los 19 presos. “En marzo del ´72 llamó a elecciones y el país iba rumbo a la institucionalización en el marco del Gran Acuerdo Nacional.
El 7 de julio de ese año tuvo una cena de camaradería para explicar cómo sería la salida democrática y la retirada ordenada. Trelew fue una estocada fatal para los planes de Lanusse.
O sea que fue una época violenta pero de ningún modo existía un plan sistemático”. Según su visión, varios de los testigos que desfilaron por el tribunal “muchas veces sólo opinaron de lo poco que sabían”.
FuentedeOrigen:LaJornada
Fuente:Agnddhh
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